La política de privatizaciones recorre América Latina con un vigor nunca antes registrado en la aplicación de otras recetas económicas. Virtualmente todos los países grandes y medianos de la región (con la solitaria excepción de Ecuador) se han lanzado a la tarea de “achicar el estado”.
Muchos de los gobiernos empeñados en la ejecución de estos programas provienen de movimientos políticos tradicionalmente identificados con el nacionalismo de centroizquierda. Tal es el caso del peronismo argentino, la social democracia venezolana, el PRI mexicano y el Movimiento de Izquierda Revolucionario del presidente boliviano Jaime Paz Zamora. Pero la cruzada privatizadora no marcha al mismo paso.
Todos los gobiernos invocan la necesidad de aumentar la eficiencia y sanear las finanzas públicas, pero algunos han utilizado abiertamente este método para reducir sus deudas externas.
Otros se abstienen de seguir esta orientación forzados por restricciones legislativas (como Brasil) o inspirados por una decisión política explícita.
Lo que sigue es una breve descripción del estado en que se encuentran los procesos privatizadores en los principales países de la región. No se incluye aquí el caso argentino, para el que una mirada a este multifacético espejo puede resultar, sin embargo, aleccionadora.
BOLIVIA.
BARAJAR Y DAR DE NUEVO.
Tras haber anunciado el año pasado la decisión de avanzar aceleradamente hacia la transferencia de empresas estatales al sector privado, el gobierno boliviano se inclinó finalmente por un enfoque dual de la cuestión.
A mediados de junio, un decreto presidencial puso en marcha un proceso que durante los próximos dos años conducirá a la venta, disolución o transformación de 60 de las 150 empresas en poder del estado. Las condiciones de cada operación se determinarán caso por caso.
En los sectores estratégicos del petróleo, minería y telecomunicaciones, una docena de grandes corporaciones continuarán en manos públicas, pero se abrirán a la inversión privada, local o foránea, mediante contratos que fijarán metas acordadas con el gobierno y operarán bajo el sistema de riesgo compartido.
Con este esquema, la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL, que administra todas las minas nacionalizadas) se convertirá en una compañía holding que confiará a intereses privados las actividades que el sector público no pueda financiar. La aerolínea nacional, Lloyd Aéreo Boliviano, solicitó los servicios de una empresa consultora estadounidense para que evalúe sus activos y explore las opciones de inversión y las posibilidades del mercado.
BRASIL.
AGENDA ATRASADA.
Según el cronograma presentado un año atrás por el gobierno de Fernando Collor de Mello, las operaciones de privatización tendrían que haberse puesto en marcha en noviembre. Sin embargo, una maraña de restricciones legales y conflictos políticos viene demorando el proceso.
El Congreso ha retenido el derecho de vetar cualquier venta de empresas estatales durante un plazo de 60 días a partir del anuncio oficial, y prohibió la modalidad de canje de deuda externa por acciones para la compra de activos del sector público. Las reglas de juego vigentes permiten a los extranjeros adquirir hasta 40% de las acciones con derecho a voto de las empresas a privatizar.
Otro beneficio buscado por Brasilia es la cancelación de la enorme deuda interna de las empresas públicas y la obtención de nuevos recursos fiscales. Se estima que el proceso permitirá recaudar alrededor de US$ 17.000 millones.
En la codiciada área de las telecomunicaciones, la Constitución impone el control exclusivo del estado sobre el sector. Sin embargo, un decreto del anterior gobierno de José Sarney abrió un resquicio para que empresas nacionales y extranjeras emprendan operaciones de telefonía móvil y
comunicaciones por satélite, reservadas hasta entonces a las compañías estatales Embratel y Telebras.
Los sindicatos del sector denunciaron que esta decisión estuvo orientada a favorecer específicamente a Roberto Marinho, propietario de la poderosa red de televisión Globo y socio en las empresas Viacom (comunicaciones por satélite) y NEC (teléfonos portátiles).
COLOMBIA.
REORIENTAR RECURSOS.
A diferencia de lo que parece ser la tendencia generalizada en el resto de la región, el estado colombiano se propone desprenderse de activos para recaudar fondos destinados a nuevas inversiones. El gobierno anunció este año su decisión de vender la participación del estado en 26 compañías en las que el Instituto de Fomento Industrial (IFI) había inyectado fondos. Los US$ 30
millones que se espera obtener de estas operaciones serán invertidos en otros proyectos de promoción industrial.
El año pasado se concretaron dos ventas importantes: una participación de 70% en la fábrica de papel Papelcol, adquirida por la compañía norteamericana W. S. Grace, y las acciones estatales en la planta ensambladora automotriz Sofasa, a la que ingresaron la francesa Renault y la japonesa Toyota.
La empresa telefónica estatal, Telecom, también será privatizada, y el gobierno quiere desprenderse, además, de cinco bancos: el de los Trabajadores, el de Colombia, el Tequendama, el Banco del Estado y el de Comercio.
También ha anunciado su intención de vender su participación en la Corporación Andina de Fomento, el brazo financiero del Pacto Andino.
CHILE.
PRIMEROS RESULTADOS.
El régimen de Augusto Pinochet fue el precursor de las privatizaciones en América Latina, lo que otorga particular interés al caso chileno. Entre las ventas más importantes se destacaron CAP (siderurgia), CTC y Entel (telecomunicaciones) y Endesa (electricidad). La última operación de este
tipo fue la transferencia de 51% de las acciones de la aerolínea nacional LAN-Chile, en agosto de 1989.
Desde su privatización, ambas empresas de telecomunicaciones han cambiado de dueño. El magnate australiano Alan Bond se vio obligado a vender a la compañía Telefónica de España su paquete mayoritario de acciones en CTC. A comienzos de este año también debió retirarse de Entel un inversionista inicial, la empresa Longovillo.
Pero tanto CTC como Entel han aumentado su rentabilidad y mejoraron el servicio. CTC invirtió US$ 38 millón en un sistema celular avanzado y planea duplicar el número de líneas a 1,3 millones en 1992. En el caso de Entel, el valor de sus acciones en la Bolsa se incrementó en 241%.
Corfo anunció que todavía puede realizarse un par de privatizaciones importantes: el resto de las acciones del estado en LAN-Chile y 49% de participación en el complejo hidroeléctrico de Colbun Machicura.
MEXICO.
EL VERBO ES “DESINCORPORAR”.
La lista de las grandes empresas vendidas a intereses privados por la actual administración es sobresaliente. La nómina incluye a Mexicana de Aviación (la aerolínea más importante del país), la Compañía Minera de Cananea (que aporta 3% de la producción mundial de cobre), la telefónica
Telmex, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Diesel Nacional (camiones) y cuatro importantes fábricas de maquinarias y equipos pesados.
Está prevista, por otra parte, la privatización de los 18 bancos nacionalizados en 1982, el conglomerado siderúrgico Sidermex, y una red de televisión con más de 60 estaciones. No serán vendidas, en cambio, las mayores empresas públicas restantes: Pemex (petróleo), CFE (electricidad) y
Conasupo (distribución de alimentos).
En diciembre, el grupo nacional Carso, en asociación con Southwestern Bell y France Cable et Radio, adquirió el control de la empresa.
La mayor parte del paquete accionario fue exitosamente colocado a fines de mayo en el mercado bursátil internacional, en una operación que permitió ingresar US$ 1.790 millones en las arcas del estado mexicano. La consigna es “desincorporar”.
PERU.
EL DILEMA DE FUJIMORI.
Tras haber rechazado, durante la campaña electoral, las radicalizadas ideas de su competidor Mario Vargas Llosa acerca de un programa masivo de privatización, el presidente peruano Alberto Fujimori se enfrenta ahora a la admitida necesidad de desprenderse de la mayoría de las 180 empresas estatales para paliar el severo déficit fiscal.
En la primera lista de ofertas aparecieron los bancos asociados del Estado, por los que el gobierno espera recaudar US$ 400 millones.
En cuanto al importante sector energético, las autoridades han declarado que la condición estratégica de Petroperú impide su privatización, pero se está considerando la transferencia de algunas de sus subsidiarias.
PARAGUAY.
DIFICULTADES A LA VISTA.
El gobierno de Asunción se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a reducir la participación del Estado en varios sectores, básicamente acero, cemento, alcohol, transporte aéreo y marina mercante. En diciembre promulgó una ley que autorizó la primera venta de una empresa
pública: la Administración Paraguaya de Alcoholes (Apal).
La empresa ferroviaria española Renfe ha mostrado interés, por otra parte, en la adquisición del ferrocarril Carlos Antonio López (FCAL). Otra corporación estatal de España, Iberia, mantiene conversaciones sobre la posible compra de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP). También se proyecta la
venta de Aceros del Paraguay (Acepar) y de la Industria Nacional del Cemento (INC).
URUGUAY.
HASTA AHORA, SOLO UN BANCO.
Un vasto plan oficial de reducción del aparato estatal tuvo su primera expresión concreta en octubre de 1990, con la venta del Banco Comercial, el más antiguo del país. La institución, que había caído en la insolvencia tres años atrás, quedó bajo el control mayoritario de un consorcio formado por los bancos Crédit Suisse, Chemical y Deutsche Sudamerikanische.
Las primeras empresas públicas destinadas a la venta son la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), que se convertirá en un emprendimiento mixto; la aerolínea nacional Pluna, Alcohol y Portland, Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (Anute), que perderá su monopolio, y la Administración Nacional de Puertos, donde el Estado sólo mantendrá su papel
regulador.
VENEZUELA.
COMIENZO PRUDENTE.
De las 64 empresas que debieron privatizarse en 1990, sólo un banco llegó efectivamente a venderse. Lo que ocurrió fue que, ante la proximidad del vencimiento del monopolio por 25 años otorgado a la telefónica estatal, CANTV, el gobierno venezolano decidió concentrar todos sus esfuerzos en esta operación. La oferta inicial para la privatización de CANTV abarca 30% del paquete accionario. El resto será colocado en la Bolsa de Valores dentro de dos años.
La inminente privatización de la aerolínea venezolana Viasa ofrece una participación de 60% a inversionistas locales y extranjeros. El Estado retendrá 20% y el 20% restante quedará en manos de los empleados. Entre los postulantes se destacan Iberia, KLM de Holanda, la norteamericana United
y JAL de Japón.
En marzo de este año el gobierno vendió el Banco Italo Americano por US$ 63 millones a un consorcio financiero local. Pero la atención internacional se concentra ahora en la apertura de sectores estratégicos (básicamente el petróleo) donde la participación extranjera ha sido restringida hasta ahora en el límite de 20%.
Informe: Latin American Newsletters.
