ANÁLISIS | Perspectiva
Por Javier Rodr íguez Petersen
Entre 1990 y 1991, la Argentina logró el autoabastecimiento de combustibles. Y mantuvo esa situación de independencia durante dos décadas en las que las ventas de energía al exterior llegaron a representar una parte importante de la balanza exportadora y una porción significativa del superávit comercial.
Sin embargo, hace cinco años volvió a importar gasoil. Y esas compras vienen aumentando a la par que se retomaron las de fueloil y hasta las de naftas de alto octanaje. Tanto, que la balanza de combustibles acumuló el año pasado un saldo negativo de US$ 249 millones (a noviembre, según un informe de la consultora IES). Mientras, el horizonte de reservas viene achicándose a pasos acelerados.
“Hay un paciente energético que está en terapia y con pronóstico reservado”, diagnostica, en diálogo con Mercado, el ex secretario de Energía Daniel Montamat. “En estos años de gestión kirchnerista, el sector energético, que no escapa a las generales del país, se ha descapitalizado”, añade el ex funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa.
Montamat y otros siete ex secretarios de Energía plasmaron su crudo análisis de la situación hace ya casi dos años en un documento en el que reclamaron “Una política de Estado para el sector energético”. “El sector energético afronta serios problemas estructurales sin soluciones a la vista; para resolverlos se debe formular una política de Estado a largo plazo; la Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto”, comenzaba sin medias tintas ese texto consensuado.
El documento causó bastante ruido –ayudó que les cancelaran la presentación que iban a hacer en la Facultad de Ingeniería de la UBA porque tenía “connotaciones políticas”– y fue en cierta forma la presentación del grupo de ocho ex funcionarios que después volverían a escribir juntos para, por ejemplo, cuestionar las importaciones de fueloil, reclamar la regularización de los organismos de control del sector o pedir la sanción de una nueva ley de energía.
Desde que los ex secretarios Jorge Lapeña (1986-1988), Roberto Echarte (1988-1989), Raúl Olocco (1989), Julio César Aráoz (1989-1990), Montamat (1999-2000), Emilio Apud (2001), Alieto Guadagni (2002) y Enrique Devoto (2002-2003) presentaron ese primer documento conjunto –varios ya venían haciendo públicas sus preocupaciones por separado–, la situación parece haber empeorado.
Marea baja
Según Montamat, la descapitalización se traduce, entre otras cosas, en los cortes de energía que se estuvieron registrando en los picos de consumo (hasta que empezaron a notarse, desde el Gobierno cuestionaban a los “agoreros” que pronosticaban problemas energéticos) “porque hay un sistema que opera sin reservas y con máquinas viejas”.
Pero no es el único problema que detecta en el paciente: “Otro fenómeno es que estamos importando cada vez más. (Néstor) Kirchner recibió las reservas de gas natural en 16 años y ahora hay siete, con una caída inédita (en siete años se consumieron nueve de reservas). Y esto se traduce, primero, en que la exportación a Chile pasó a ser testimonial. Luego, en la importación de gas natural de Bolivia. Pero eso no alcanzó y debimos importar gas licuado por barco. Las importaciones ya son 10% de la demanda y pasamos de una situación de exportación a un déficit”.
Para mayor complicación, al menos desde la óptica del ex funcionario, “falta cada vez más gasoil porque al campo, el transporte y los autos gasoleros se ha agregado un nuevo demandante que son las usinas térmicas que no tienen gas natural y entonces trabajan a gasoil, que es mucho más caro incluso que el gas licuado”.
La caída en las reservas de petróleo fue menor que en las de gas (ahora el horizonte es de unos nueve años). Pero el que la caída sea menor se debe en parte a que cambió el divisor de la ecuación: del pico de producción de 48 millones de metros cúbicos de 1998 se pasó, el año pasado, a poco más de 36 millones de metros cúbicos (un recorte de casi 25%). Y como lo que se produce por año es menos, una misma cantidad de reservas implica más años de producción.
El diagnóstico de Montamat es similar al que hacen sus colegas. Como IES, el Instituto General Mosconi tiene datos que indican que el año pasado la balanza de combustibles fue deficitaria. “Este déficit comercial es estructural, vino para quedarse”, le dijo Lapeña –director del Mosconi– hace poco a Clarín.
“La Argentina ha agotado un modelo energético y está perdiendo el autoabastecimiento de petróleo y gas. Desde fines de los 80 hasta hace unos años, vivió la etapa de la energía exportada, abundante y barata. Ahora, entró en una etapa muy difícil de energía importada, cara y escasa”, sintetizaba Guadagni en una entrevista con el diario El Litoral.
Daniel Montamat
Hidrocarburodependencia
La matriz energética argentina tiene un fuerte componente de gas y petróleo: 90% a nivel primario –cinco puntos porcentuales más que hace cinco años– y entre 60 y 65% en la generación de electricidad. Esto no es muy distinto a lo que pasa en el resto del mundo, ya que se calcula que en todo el globo la energía depende en 24% de carbón, 21% de gas y en algo más de 40% de petróleo.
Pero sí son distintas, según Montamat, las tendencias: mientras a escala global –tanto por seguridad energética (para no depender de los países gasíferos y petroleros) como por el cambio climático– se busca cómo reemplazar al gas y el petróleo y hay una leve diversificación, dice el analista, “la Argentina agravó su dependencia de los hidrocarburos a través de la necesidad de construir a las apuradas, para proveer energía eléctrica (secundaria), centrales térmicas que funcionan con gas o gasoil”.
Lo que se hizo
Pese a su crudo diagnóstico, Montamat reconoce que “algunas cosas se hicieron”. Y destaca “el Plan Federal de Transporte para articular el sistema de distribución, alguna ampliación en el sistema de gasoductos de gas natural y algunas obras de ampliación del sistema de generación eléctrica, casi todas térmicas más la terminación de Yacyretá y Atucha II, que en realidad son obras heredadas” por la administración kirchnerista.
Hubo, recientemente, algunos anuncios que cambiaron el panorama global y local. El primero fue la irrupción del tight y el shale gas (que se extraen de arenas compactas o roca madre) en Estados Unidos. El descubrimiento modificó el horizonte de reservas en el país del norte que empezó a transformar estaciones regasificadoras de gas licuado importado en plantas de licuefacción para envasar y exportar el nuevo gas. Eso, a su vez, presionó a la baja los precios internacionales.
El segundo, de impacto local, fue el descubrimiento de un yacimiento tight y shale en Neuquén que, según el Gobierno, ampliaría a 16 años las reservas de gas (en rigor, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que permitirían abastecer el consumo interno por 50 años).
Pero a diferencia del descubrimiento en Estados Unidos, aquí el entusiasmo fue menor entre los expertos. El propio subsecretario de Energía de Neuquén, Héctor Mendiberry, aclaró enseguida que como esas reservas son costosas de explorar y extraer, aún no estaba en condiciones de certificar que el volumen fuera el anunciado. En su momento, Lapeña calificó la información que dio YPF como “imprecisa”; Apud considero “muy aventurado decir que hay 16 años más de reservas cuando no se hicieron los estudios serios que confirmen la presencia de semejante volumen gas”; y Olocco lo consideró “una falta de seriedad total y una especulación que hace mucho mal a los argentinos”.
“El anuncio –sigue opinando hoy Montamat– fue medio suspicaz, porque dijeron ‘está, pero no con estos precios’”. “Puede ser que la Argentina tenga reservas de shale y eso ayude a mejorar el horizonte de reservas, pero no con esta política energética y estas señales de precios. Cuando lo anunciaron, ya dijeron que había que tomar como referencia los precios de Bolivia. ¿Por qué no lo hicieron si con el Gas Plus era posible? Porque tienen miedo de que ese gas nuevo, tarde o temprano, se lo imputen como gas viejo (a menor precio), porque el tema no es solo de oferta sino también de demanda, porque hay una demanda vieja que necesita precios bajos y una oferta vieja que es cada vez más chica”.
El peor postor
En la charla de Mercado con el ex secretario de Energía, la política de precios se convierte en un tema recurrente –el otro será el de entender a los hidrocarburos como un negocio de renta–.
Según el informe mensual de Montamat y Asociados, los precios locales de petróleo y derivados son 70% del valor promedio regional; los de gas natural, 20%; los de la energía eléctrica, alrededor de 33%. Para equiparar los niveles regionales, entonces, los precios de la electricidad deberían multiplicarse por tres y los del gas, por cinco.
“No se puede mantener por mucho tiempo una relación de precios de la energía que no cubra los costos de exploración, producción, generación, distribución ni transmisión y pensar que no va a pasar nada”, le decía Guadagni a El Litoral al tiempo que cuestionaba “un sistema de subsidios que son irracionales desde el punto de vista de conservación y aliciente a la producción energética y regresivos desde el punto de visto social y regional”.
“Otra política de precios –reconoce por su parte Montamat– implicaría, claro, precios más caros, que cubran los costos”. “Pero con otra política habría más inversión y seguridad energética. El suministro importado, por más que lo consideremos seguro, se compra a los precios internacionales. Entonces, cuando más se dependa de las importaciones, más fuertes van a ser los subsidios presupuestarios, y el presupuesto no va a aguantar. Ergo, hay que cambiar”, no duda el ex secretario y desafía: “No sé si el populismo energético es de izquierda o derecha. Pero Evo Morales, en Bolivia, tuvo que subir lo precios del petróleo. E Irán tuvo que aumentar los de la energía y electricidad porque los subsidios se llevaban 10% del presupuesto. Nosotros ya estamos en 3 ó 3,5%. Y no somos Irán”.
“Obviamente hay que hacerlo gradualmente porque del otro lado está el impacto social, pero hay que dar señales claras en cuanto a la política de precios de la energía. Hay costos políticos, pero si no se hace, se van a afectar las cuentas externas y las cuentas públicas. Lo otro es tocar lo mínimo (los precios) para no tener problemas en el presupuesto, pero ahí va a seguir sin haber inversiones”, agrega.
Estrategia
Junto con la política de precios, hay otros dos reclamos coincidentes. Uno, que plantearon los ocho ex secretarios en una carta, es el de una nueva ley nacional que actualice la vigente (17.319). “Hay que remozarla porque muchos capítulos son vetustos. El capítulo principal era el dominio nacional, y hoy el dominio es provincial. Hay que actualizarla en lo que se refiere al estado de las artes, a las áreas y sus medidas, cuánto tiempo se pueden retener, en qué condiciones se pueden renovar. Y hay que conciliar una política nacional con el dominio provincial, con un plan general para el mar continental y teniendo en cuenta las cuentas provinciales”, argumenta Montamat.
El segundo punto es el de la planificación estratégica y las señales de largo plazo, pensando, por ejemplo, en qué obras privilegiar –varios coinciden en criticar que se hayan privilegiado las de Condor Cliff y La Barrancosa, que figuraban detrás de más de una veintena en el orden de prioridades de la Secretaría de Energía– e incluso en a qué energías deberían canalizarse las inversiones para ir reemplazando la matriz actual.
Montamat resalta en ese sentido que la Argentina tiene “un potencial hidroeléctrico a desarrollar que no tienen otros países, con una capacidad de generación cuatro veces mayor que la actual”. También “un acervo nuclear que aprovechar”. Pero reconoce que “todo eso depende mucho de los recursos públicos, la financiación y la planificación”. Ahí, dice Guadagni, “hay un gran problema que lo tendrá el próximo Gobierno, ya que hacer energía hidroeléctrica o nuclear tiene un costo de inversión del triple que la energía térmica”.
Encrucijada
Montamat asegura que con las actuales señales institucionales y de precios “se puede acelerar” la caída en el horizonte de reservas porque se trata de un negocio de renta y las empresas, “cuando les acortan el horizonte y no hay señales, tratan de acelerar la renta, sobreexplotan lo que está en producción y cancelan la exploración”.
Al mismo tiempo, deja una ventana para el optimismo si cambian las señales porque, dice, “los petroleros son empresarios que toman mucho riesgo, casi gamblers, y una vez que les das señales de renta, exploran”. “Y yo creo que, además del posible shale, hay también más gas convencional y petróleo. No vamos a ser Irán o Venezuela, pero tampoco hemos llegado al pico de producción. La maldición geológica no existe. Lo que nos ha tirado abajo las reservas es la maldición institucional”, insiste.
De todos modos, advierte que “como mínimo” va a haber “una transición de 10 años en los que la brecha (entre demanda y oferta) va a ir creciendo y a seguir impactando en el presupuesto y las cuentas externas”.
Para el futuro, dice, “hay dos caminos: seguir haciendo populismo energético o buscar los consensos para una política de Estado con 10 temas que deben ser balizas de largo plazo”. “Si somos capaces de transitar este camino –concluye–, nos tocan años difíciles para recapitalizar el sector”.