INFORME |
Pablo San Martín
Para SMS los cambios que se produjeron en el sector luego de la caída de Arthur Andersen (una de las entonces Big Five) no fueron suficientes. La sanción de la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos y la conformación de las normas de calidad International Standard on Quality Control (ISQC) 1, marcaron solo el principio de un cambio mucho más profundo que recién está empezando. Actualmente gran parte del debate sobre la transformación del sector gira en torno a la publicación del “Libro Verde”, que publicó la Comisión Europea, y que impulsa, entre otras cosas, un fuerte control sobre la actividad por parte de los Gobiernos nacionales.
“En este negocio hay cuestiones que se están modificando para bien. Lo que estamos viendo hoy es el pasado, no hay mucha certidumbre de cómo va a cambiar, pero sí sabemos que el cambio es inevitable, principalmente porque hay muchos cuestionamientos. A los auditores se nos exige demasiado, pero es natural porque si bien nosotros llamamos cliente al sujeto auditado, en realidad nuestro verdadero cliente es la comunidad, es la jubilada que tiene sus ahorros puestos en acciones”, dice Pablo San Martín, socio director de SMS.
Según la compañía, las soluciones que aporta la Comisión Europea, que apuntan a que el Estado sea quien designe, contrate y pague al auditor, no es en todo caso una respuesta inteligente a los problemas. Se trata más bien de un manotazo desesperado frente a los fuertes reclamos de los ciudadanos que se vieron perjudicados con la última gran crisis.
“No creo que la injerencia del Estado mejore la auditoría. Todos estos controles que se fueron agregando desde Enron a esta parte no mejoraron la calidad. El Green Paper que preparó la Comisión Europea para mí es un poco inocente y torpe. Si uno sigue el razonamiento de ese trabajo sin conocer el desarrollo y las necesidades de la práctica de la auditoría, podría concluir en que la solución podría estar directamente en estatizar el sector, como proponen algunos políticos de Inglaterra, y así los auditores se transformarían en inspectores”.
“Claramente no es así. El problema es que no dan los tiempos, el debate es largo y mientras tanto hay un jubilado tratando de tirar la puerta abajo al Primer Ministro de Irlanda; por eso creo que lamentablemente la auditoría va a cambiar desde la política y no desde la profesión”, dice San Martín.
El alto grado de concentración dentro del sector es señalado como uno de los principales problemas. El argumento es –se sostiene– que le resta transparencia a la actividad. Este escenario además no facilita el camino para que las soluciones lleguen desde las firmas auditoras, ya que es muy difícil que las Big Four, que acaparan más de 80% del mercado, cedan participación a favor de las compañías de menor escala.
“El problema que tiene este sector es que se generó una concentración incómoda. Es muy difícil pedirles a las Big Four que se autodepure, por eso creo que hay cambios que vendrán desde los Gobiernos y de una manera brutal, simplemente por falta de conocimiento. Tenemos que dar respuestas urgentes ya sea con un control de calidad externo o con un registro obligatorio de auditores. Hay que intentar que más firmas puedan mostrar una credencial de calidad y lograr que haya más players. En Europa se habla de que tiene que haber por lo menos 20 firmas auditoras a escala de las más grandes, pero eso se logra con tiempo”, afirma San Martín.
Responsabilidad limitada
Otro importante debate dentro del sector es la responsabilidad del auditor frente a la posibilidad de un fraude en una organización. El pensamiento generalizado es que el contador público en su función de auditor externo no tiene responsabilidad en la detección o no de un acontecimiento delictivo. La técnica de la auditoría no está desarrollada para esas situaciones, está pensada para la validación de la información financiera pero no para investigar hechos fraudulentos.
“La comunidad reclama que el auditor sea responsable por los fraudes que se pudieran cometer dentro de una organización. En una mirada más a largo plazo creo que, por el reclamo de la comunidad y por la cercanía que el auditor tiene con la administración de una empresa, la profesión se tendrá que involucrar en estos temas. Si bien muchas auditoras tienen áreas forenses que se especializan en detectar fraudes, la postura actual claramente es no hacerse responsable de estos hechos”, concluye San Martín.
