ESTRATEGIA | Alta gerencia
Ian Davis, director gerente de McKinsey & Co., sostiene que el Estado es todo un desafío. “En tanto es muy fácil centrarse en el sector privado como nódulo de actividad económica, no es tan frecuente encarar del mismo modo al sector público y su productividad. Simplemente, no se la ve como un desafío social, al menos en países centrales. Es un error”.
Por cierto, todo Gobierno en el mundo –salvo excepciones como algunos países africanos– afronta “un conjunto de problemas en la década entrante (2011/20) nada fáciles. El reciente fracaso de una cumbre en el grupo de los 20 lo pone de manifiesto. En adelante, las vías de resolución serán claves para la estabilidad y la prosperidad globales”.
Basta volver los ojos al comienzo del siglo 20 para advertir que ambas condiciones distaban y distan de estar implícitas. “Hacia 1910, la gente de los países industriales creía que el auge iniciado a fines de siglo 19 duraría por siempre. Pero se apoyaba en la ‘paz armada’ y nadie imaginó hasta 1907 que acabaría en la Gran Guerra de 1914/18. También era impensable la devastación en ese conflicto y la Segunda Guerra Mundial. Pero ocurrió”.
En el cuadro actual, Davis afirma que “es preciso generar diálogos sobre cómo resolver las nuevas crisis en el sector público. No como cuestiones partidarias o ideológicas, sino como políticas de Estado”.
Amenaza doble
Los desafíos esenciales para cualquier Gobierno son dos: globalización y densidad demográfica. El primero parece prometer sólido crecimiento pero también comporta desafíos. En la década 2001/10, cree el analista, “el producto bruto mundial se expandía a razón de 5% anual. Pero la corriente de intercambio era más intensa (7,5%) y la de capitales (casi 11%) la desbordaba. Entretanto, los flujos de datos se incrementaban exponencialmente”.
Sin duda, el planeta se halla interconectado como nunca. Más bienes, servicios, capital –incluso especulativo–, personas e información cruzan las fronteras geográficas. Sin ir más lejos, “¿quién habría supuesto en 1990 que el euro, una moneda aún nonata, llegaría a US$ 1,45 este año y circularía a su par? ¿O que China devendría la segunda economía del mundo en PBI y figuraría entre los máximos exportadores de tecnología? Obviamente, el mundo de 2010 es completamente distinto al de 2000, y también lo será en 2020”.
Los Estados nacionales siguen en general mal equipados para afrontar problemas que superan cada día más sus propias fronteras. Pero los Gobiernos deben hacerse cargo sea como fuere, especialmente cuando se traducen en cambios de naturaleza rupturista. Por ejemplo, inquiere Davis, “¿cómo responder en escala local a los efectos laborales dañinos de la tercerización transnacional, esto es la exportación de mano de obra calificada? ¿O cómo resolver desafíos todavía más globales?”. Entre ellos, emisiones de carbono (dióxido, monóxido), normas de propiedad intelectual o, por desgracia, el déficit de mercados financieros efectivos o transparentes.
La peor amenaza
Pese a todo, lo que involucra a los gobiernos es otra amenaza, la demográfica, sin duda más insidiosa y frustrante. En las economías centrales, señala el ejecutivo de McKinsey & Co., “la creciente masa potencial de jubilados eventualmente desbordará la capacidad estatal –y privada, en ciertos casos– de pagar beneficios preexistentes o mantener prestaciones médicas”. Este último trimestre, Grecia, Portugal, Francia, España y Gran Bretaña han padecido disturbios sociales por haber elevado dos o tres años el piso jubilatorio.
El fenómeno tiene un costado fiscal en Japón, Estados Unidos, Surcorea o gran parte de Europa occidental. Se trata de “impuestos que debieran doblarse o más para cubrir los actuales niveles de jubilaciones, dado el aumento de la relación beneficiarios/aportantes”. Esto viene usándose en EE.UU., desde la época de Alan Greenspan, como argumento contra cualquier reforma que implique –como la de Barack Obama– disminuir los 40 millones de clase baja hoy fuera del sistema de seguridad social.
Los pactos explícitos o implícitos entre Gobiernos y ciudadanos (o sea votantes) sobre remuneraciones o prestaciones “corren peligro de ser imposibles de cumplir. Algo o alguien –opina Davis– deberá ceder. No sólo en las economías prósperas. En contextos emergentes o menos desarrollados, los dilemas aparecen en el otro extremo de la pirámide etaria, donde un vigoroso crecimiento vegetativo (años 70, 80 y 90) multiplicó una masa que, ahora, ingresa en tropel al mercado.
Esto genera exceso de oferta laboral y subraya el imperativo consiguiente: acelerar la expansión económica. Por ejemplo, el PBI de China (1.340 millones de habitantes) necesita subir a razón de 8% anual desde 2011, sólo para absorber mano de obra nueva”.
Déficit de infraestructura
Los Gobiernos de economías emergentes –también los de EE.UU. o la Eurozona– habrán de proveer no sólo infraestructura física y social para manejar el crecimiento vegetativo. Además, precisarán nuevas redes de seguridad para contener a quienes queden fuera del sistema.
“En India, la falta de infraestructura suele ser citada como el mayor obstáculo al desarrollo. Por supuesto, el país (1.100 millones de habitantes) crecería más rápido si hubiese mejores redes eléctricas, hídricas, camineras o ferroviarias y menos gastos militares. Según el Banco Mundial, el industrial promedio indio pierde 8% anual en ventas debido a cortes de energía”.
El tipo de iniciativas que los Gobiernos adopten para encarar esos problemas determinará tanto la forma como el ritmo del crecimiento económico general durante los próximos decenios. Más aún, modificará el papel y el propósito del Estado. “Estamos en un punto axial de tiempo. Cualquier paso en falso ahora podría fácilmente llevar a un escenario de mayor proteccionismo –tabú para Davis– y menor expansión”.
Por eso, “el sector privado debe ayudar al gubernamental a evitar la tentación de abroquelarse y cerrarse en lapsos críticos. Sería una respuesta errónea y se perderían oportunidades de reinventar al sector público con vistas al futuro”. Parece una ironía, entonces, que la última cumbre del G-20 (Gyeongju, Surcorea, 11 y 12 de noviembre) apuntase en dirección contraria a la de este informe.
Contradicciones
Lo primero y lo mejor para evitar crisis del sector público es continuar promoviendo lo mismo en el campo privado. No sin ciertas aprensiones, el BM y el McKinsey Global Institute (MGI) lo creen posible abriendo las economías. Ambas instancias, la Organización de Cooperación pro Desarrollo Económico y otras sostienen que los países globalizados funcionan mejor que los otros.
Entusiasmado, Davis afirma que, en esas “economías inteligentes”, la prosperidad incrementa ingresos fiscales y reduce la necesidad de complejas redes de seguridad social. Al respecto, el BM estima que, en 2011/30, si el crecimiento sigue como se proyecta, el PB por persona de los países en desarrollo será el doble que en 2001/10 y cientos de milllones saldrán de la pobreza.
Mientras que las tareas requeridas parecen obvias, “a menudo es más fácil hablar que hacer. Por cierto, dadas la tasas expansivas corrientes, resulta casi inevitable olvidar el papel crucial de los Gobiernos en crearlas o sostenerlas”. Para el experto, esos deberes consisten en levantar barreras comerciales –no sucede en EE.UU. ni la Unión Europea en materia agrícola– y mejorar las políticas monetarias o cambiarias. El fracaso en Seúl muestra lo opuesto.
Aun en un entorno idealmente abierto, “es difícil recordar lo fácil y rápido que es volver al proteccionismo. Hoy sus manifestaciones siguen fuertes. De lo contrario, la ronda Dohá, abierta en 2001 por la Organización Mundial de Comercio, no se habría congelado hasta hoy –justo 10 años– por profundas desavenencias sobre subsidios y el futuro del libre intercambio”. En realidad, Seúl puede acelerar la extinción de la OMC.
Sin embargo, al mismo tiempo mejora la productividad del sector público en varias partes del mundo. En la última década, se han visto avances también en el sector privado occidental, que duplican los indicadores de los años 90 en materia de tecnología informática y procesos de negocios. Ello permite a las empresas ser no sólo más productivas, sino ofrecer al cliente mejor nivel de servicio a menor precio. Este fenómeno empieza a percibirse en las áreas privadas y públicas de economías emergentes.
Para concluir, Davis argumenta: “Productividad es un concepto más amplio que el adoptado por los círculos de Gobierno. Mucha gente lo parangona a ahorros y despidos. Pero no es exactamente así. La definición abarca al mismo tiempo elevar esa productividad y disminuir costos, no en forma separada”.
