ANÁLISIS | Perspectiva
Por Ignacio Chausis
Finalmente, la Cámara de Diputados convirtió en ley –tras ratificar lo actuado por el Senado– el proyecto que pretende promover la producción de artículos electrónicos en Tierra del Fuego al subir un impuesto para los fabricados fuera de ese territorio. Según el cálculo de los importadores, el impacto consecuente sobre el precio de esos productos sería de hasta 35%.
El nuevo tributo afectará a los celulares, cámaras de fotos digitales, y de video, equipos GPS, monitores, heladeras, congeladores, calentadores, estufas eléctricas, televisores y microondas.
En el Senado, además de una modificación sobre la que Diputados decidió no insistir, la mayoría oficialista premió a los dos senadores fueguinos del ARI, José Martínez y María Rosa Díaz, que poco antes votaron a favor de la ley de medios que impulsó el Gobierno. La nueva normativa elimina la exención de impuestos internos (26%) y duplica el IVA (de 10,5 a 21%) a los productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen ni se ensamblen en la provincia austral.
La intensa polémica sobre desarrollo y defensa de la industria nacional, por una parte, y acusaciones de proteccionismo por la otra, recién empieza. Pero el debate es de larga data.
Intereses afectados
La medida fue ampliamente criticada por la mayoría de las cámaras empresariales del sector importador, que aseguran que encarecerá los productos. Por el contrario, quienes defienden la nueva legislación sostienen que provocará un proceso de sustitución de importaciones que logrará mayor empleo argentino.
Subsiste cierto escepticismo en cuanto a la capacidad de los polos de promoción industrial en general, y el de Tierra del Fuego en particular, en cuanto a la contribución a la escala de valor agregado. Y esto se debe a que los regímenes de promoción industrial no procuraron ni promueven aún la innovación y el desarrollo de las actividades de la industria electrónica. Tierra del Fuego continuará siendo –dicen los críticos–, de persistir las actuales condiciones, un pequeño territorio con grandes industrias ensambladoras, no productoras.
Los investigadores de la Universidad de San Andrés, Hernán Galperín y Raúl Katz, llegan a la conclusión de que el nuevo régimen propuesto contradice los legítimos objetivos redistributivos que lo inspiran.
“Un aumento de cargas impositivas en estos productos tendrá un impacto negativo en la adopción de tecnología. Nuestro análisis del impacto de la suba de precios en el mercado de telefonía móvil indica que un incremento de precios de 6,3% podría resultar en una reducción de la penetración de entre 3,7% y 7,5%. Esto representa una reducción de entre 1.648.000 y 3.296.000 líneas móviles activas, dependiendo de la estimación de la elasticidad, y que sin duda se concentrará en los sectores demográficos más bajos”.
Las ventajas impositivas para los productos fabricados en Tierra del Fuego no tendrían los efectos deseados ya que el sector manufacturero de equipamiento informático y de telecomunicaciones en la Argentina es significativamente bajo en relación a la demanda. “Proteger a un sector relativamente pequeño de la economía a costa de aumentar precios al conjunto de los hogares y empresas que consumen tecnologías de la información y las telecomunicaciones como insumo productivo conllevaría efectos sistémicos negativos en el largo plazo”, afirman.
En la visión opuesta se alistan quienes sostienen que se percibirá un gran beneficio en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo.
Norberto Capellán, presidente de CICOMRA
Con más impuesto no se desarrolla una industria
La medida encarecerá los productos, según la Cámara de Informática y Comunicaciones, y desde su perspectiva es un retroceso en el desarrollo de las tecnologías de la información en el país, que compromete los adelantos de los últimos años. El argumento de imponer mayor gravamen a “artículos suntuarios” se considera ridículo.
Norberto Capellán
El titular de la Cámara, Norberto Capellán no se queda corto en su rechazo a la nueva ley.
–¿Qué opinión mantiene CICOMRA frente a la sanción de la ley que prevé un aumento de impuestos para todos los productos electrónicos que se fabriquen fuera de Tierra del Fuego?
–Manifestamos en reiteradas oportunidades que tenemos un total desacuerdo con esta iniciativa porque se va a traducir inmediatamente en un aumento de precios de hasta 34% en una serie de productos tecnológicos que la norma incluye.
Es una ley muy inconveniente y un retroceso en todos los avances que se han logrado en los últimos años en la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Argentina. De hecho, nuestro país está teniendo una posición de liderazgo en América latina en lo que respecta a la adopción de estas tecnologías, ya sea que lo midamos por el uso de Internet, el avance de la banda ancha, o por la adopción de la telefonía móvil.
–¿Cuál considera son los puntos más cuestionables?
–En la introducción del proyecto se dice que ante una situación de crisis económica global se propone lograr que aquellos que mayor capacidad contributiva tengan, aporten recursos financieros para enfrentar esta situación, y entonces dispone cambiar una serie de posiciones arancelarias bajo el argumento de que teléfonos celulares, monitores de computadoras, cámaras digitales, etc. son elementos suntuarios. Claramente, nosotros pensamos que los teléfonos móviles, los monitores de computadoras y muchos otros dispositivos tecnológicos no son bienes suntuarios. En el caso de la telefonía móvil, y esto lo quiero recalcar porque es una clara visión de la contradicción con la cual nos enfrentamos, es la tecnología que ha llegado a absolutamente a todas las capas de la población, incluso a aquellas de menores recursos. Si se va a producir a partir de esta ley un aumento de precios de hasta 34% en distintos productos, que en el caso de la telefonía móvil sería cerca de 30%, se estará penalizando a los que menos tienen.
–¿Cómo se enmarca esta medida en el contexto regional?
–Ante la misma circunstancia de tener una situación macroeconómica de alguna complejidad muchos países están adoptando medidas para promover la adopción de estas tecnologías. Están bajando impuestos, dando reintegros para facilitar que la gente y las empresas accedan a estas tecnologías, entendiendo que la mayor adopción de las mismas produce mayor integración social, mayor productividad en el sistema productivo. En definitiva, eso se traduce en mayor actividad económica, y luego también en la mayor captación de recursos del Estado. Acá se está proponiendo exactamente lo contrario.
–¿En que países se refleja este camino distinto?
–En esta misma circunstancia, países como China, Turquía, Australia, Portugal están bajando los impuestos, reduciendo el impuesto al valor agregado, o facilitando a través de reintegros la adopción, la compra, la posibilidad de que la gente pueda disponer de estas tecnologías. Para tomar un par de ejemplos más cercanos, en Uruguay están concluyendo el plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Ceibal), el cual consiste en darle una notebook a cada alumno del sistema educativo, en lo que es un claro ejemplo de una política pública que está facilitando la adopción de estas tecnologías porque se estima que son positivas.
En Brasil hay una propuesta de inversión de alrededor de US$ 5.000 millones aportados por el Estado en conjunción con el sector privado para lograr que todo el país pueda tener acceso a banda ancha.
–Quienes respaldan la ley sostienen que beneficiará a la industria nacional.
–Se tendría que haber establecido un debate más amplio para discutir esto en mayor profundidad y no ha ocurrido. Si realmente estamos hablando de promover la industria nacional, en realidad tendría que haber sido a través de un plan. No conocemos ningún ejemplo en el cual se haya desarrollado una industria nacional solamente a partir del aumento de un impuesto.
–Se sostiene que esta nueva legislación generará una mayor cantidad de puestos de trabajo.
–En realidad, Tierra del Fuego es una provincia que hace décadas tiene un programa de promoción industrial. Ya cuenta con una serie de beneficios impositivos: la exención del IVA, y también la del impuesto a las ganancias; tampoco paga derechos de importación, entre otros beneficios. Esto que se ha propuesto es algo adicional. En los últimos meses de 2008, la cantidad de personal empleado por las empresas de electrónica en Tierra del Fuego disminuyó. Cuando se dice que se van a generar nuevos puestos de trabajo en realidad lo único que se va a hacer es recuperar puestos que se eliminaron desde octubre de 2008.
–¿Qué opinión le merecen los polos de promoción industrial? Entre quienes apoyan este impuesto tecnológico sobrevuela el ejemplo de Manaos, en Brasil.
–Manaos es un conglomerado donde hay más de 500 empresas. Existe allí una integración vertical donde se fabrican componentes. Y donde hay una integración con el mundo académico, con una cantidad de universidades que están radicadas y que proveen los recursos humanos que le dan sustento al sistema. También hay una escala que permite hacer las inversiones necesarias para llevar adelante estos procesos. Nada de esto se planteó en la discusión de esta ley.
–Se habla de sustitución de importaciones…
–Lo claro es que el costo en dólares que insume traer un producto terminado o traer las partes en un proceso donde no hay un valor agregado es igual cantidad de dólares. Incluso, en muchos de los casos, implica más dólares traer las partes que el producto terminado. Con lo cual, desde el punto estricto de la sustitución de importaciones, esto no va a ocurrir: se va a invertir la misma o mayor cantidad de dólares en traer las partes para hacer un mero ensamblaje, que en traer el producto terminado.
–¿Cuál cree usted será el impacto en los precios?
–Los aumentos que están planteados por su definición son impuestos que están dirigidos al consumidor final. Como hablamos de aumentos de más de 30%, ninguna empresa puede absorber ese porcentaje, de modo que en todo o en parte deberá trasladarlo a precios.
Además, como combinación con esta ley, hay otra medida que está en curso: la limitación de las importaciones a través de las licencias de importación no automáticas. En las grandes cadenas de distribución como Frávega o Garbarino ya hay menos variedad y disponibilidad de productos de televisores de LCD de lo que había tres meses atrás. Un televisor de LCD de 32 pulgadas hace 60 días se podía conseguir probablemente –con los descuentos– en un valor de entre $2.800 y 3.100. Hoy, con la expectativa que generó esta ley y con las restricciones a la importación, los televisores están en el orden de los $4.000. Más de 30% de aumento en un producto que Tierra del Fuego ya viene proveyendo desde antes. Por lo tanto, el planteo de que con esta ley no habrá aumento de precios es inconsistente con la demostración práctica de lo que ya pasó, y eso cuando la ley era solo una expectativa.
Alejandro Mayoral, presidente de Afarte
“También se crean las ventajas comparativas”
Es falso asumir que ahora habrá un impuesto al acceso a toda la tecnología. Lo que se grava son productos de tecnología intermedia, como un microondas, sostienen los fabricantes de electrónica. Además, no hay nuevo impuesto –sostienen–. Solamente un aumento del gravamen. No es cierto –argumentan– que la nueva norma agrande la brecha tecnológica.
Alejandro Mayoral
El debate en torno a esta ley, que ha resucitado el antiguo debate sobre políticas de promoción y desarrollo industrial, proteccionismo y apertura sin cortapisas, encuentra renovados argumentos. Así como las cámaras que nuclean a los importadores formularon serios cuestionamientos, la defensa de los beneficios para Tierra del Fuego encuentra también sólidos defensores.
Esta es la versión de Alejandro Mayoral, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
–¿Qué tiene de positivo y qué de negativo la legislación recientemente sancionada de promoción de la industria tecnológica en la provincia de Tierra del Fuego?
–De malo no se me ocurre qué cosa criticarle que sea nociva ya sea para la población, para la distribución del ingreso, para el empleo, para la sustitución de importaciones, para el crecimiento industrial, es decir, no le encuentro contraindicaciones.
En primer lugar, ha sido mal llamada “impuestazo tecnológico”. Pretende que se gravan bienes tecnológicos dando a entender que hay una especie de ataque a productos de alta tecnología. Acá estamos hablando de productos que tienen cierta tecnología, pero que son bienes de consumo; o sea, son bienes de consumo durables, tales como un horno microondas. Todo producto de consumo tiene su nivel tecnológico de investigación y desarrollo incorporado, pero de esta ley están excluidos todo lo que sea hardware o software de computadoras. Lo que creo que se pretende con eso es inducir a un error, es decir “ahora va a venir un impuesto que va a gravar el acceso a toda la tecnología”, lo cual es falso.
En segundo lugar, se dice que hay 130.000 personas involucradas entre quienes defienden el interés opuesto. Diría que debe haber 130.000 personas ocupadas en Brasil, México o Tailandia, pero en la Argentina… es una falsedad absoluta. Aquí los importadores tendrán ocupadas 300 ó 400 personas, porque son oficinas de importación, es decir, todos los que se quejan no tienen ninguna fábrica, ninguna planta, ningún taller en la Argentina. Por lo tanto, es falso que se van destruir 130.000 empleos.
–¿Qué puede decir sobre los productos que la ley grava y los que deja de gravar?
–Hay productos que ya están gravados por los impuestos internos, por lo tanto, decir que algunos productos como el LCD van a aumentar de precio por los impuestos internos es otra falsedad, porque ya lo pagan. Un LCD, ciertos televisores, un horno microondas, ya paga 21% de IVA y alrededor de 21% de impuestos internos. Cuando se dice que con esta ley los LCD están aumentando de precios es otra falsedad total y absoluta porque ya están gravados por impuestos internos.
Lo que hace la ley es simplemente subir impuestos, lo que produce el efecto promocional para Tierra del Fuego. Los importadores están importando de lugares similares a Tierra del Fuego.
Los bienes de consumo como estos se producen en zonas francas, en todo el mundo. En México donde está la maquila, o en Manaos, o en la zona franca de China. Podrá haber diferencias menores, de tamaño o de alguna exigencia regulatoria, pero como concepto es lo mismo. Entonces, lo que hace la ley de impuestos internos es ponernos en igualdad de condiciones con el subsidio que recibe el exportador. Si tuviéramos que haber ido por otro camino, tendríamos que haber abierto una investigación por subsidios a los importadores y demostrar que las tesorerías de los países exportadores ponen plata para que ellos puedan exportar, ya sea en la zona franca o en los mecanismos de exportación. Y eso sí hubiera sido un conflicto en serio con un país, sin sentido alguno.
–¿Qué opinión le merecen los polos de promoción industrial?
–Ninguna industria se ha desarrollado en ningún lugar del mundo en ningún momento sin algún tipo de promoción. La cuestión es que los incentivos vayan en la dirección correcta, es decir, no sean contra natura. Los incentivos que son de orden regionales, u horizontales me parecen que son buenos. Si un país tiene incentivos que son universales, que son de todo tipo (institucional, impositivo, crediticio) que cualquiera los puede tomar, me parece bien. Si hay incentivos que benefician a una región, como es el caso de Tierra del Fuego o como en su momento fueron los regímenes de promoción industrial regionales, podrá criticarse si se manejan bien o mal, pero me parece bien por que es una cosa que está limitada, que es objetiva y favorece a una región de menor desarrollo relativo.
–El espejo de Manaos…
–El hecho de que en Brasil hayan pasado 30 años haciendo las mismas cosas, quiere decir que la Argentina, lamentablemente a lo largo de los últimos 30 años ha tenido cambios de política drásticos en una dirección o en otra mientras que Brasil no los tuvo. Ahora bien, el producto final es imposible hacerlo acá o en Brasil. Hay cosas que no tiene el menor sentido que la Argentina se ponga a desarrollar.
Si se trata de desarrollar un avión para fumigar cosechas en la Argentina, yo digo que tiene sentido desarrollar la mejor tecnología. Lo mismo que desarrollar proyectos de energía nuclear, porque tenemos grados de avances importantes en ello.
Ahora, la Argentina y Brasil, con las necesidades que tienen, ¿van a invertir US$ 5.000 millones anuales durante tres años a los efectos de desarrollar un procesador o es más lógico decirle a Intel que nos lo venda? Es decir que el hecho de que se produzca todo en un país no pasa por la cabeza de nadie. Los países que desarrollan mucha de esta tecnología ni siquiera la producen en su propio país. Las ventajas comparativas son una gran cosa, es una teoría muy explicativa, lo que pasa es que las ventajas comparativas también se crean, no son solo estáticas.
–En concreto, ¿cómo afectará la medida a la creación de empleo en la provincia?
–Calculamos entre 1.200 y 2.000 personas dependiendo de algunos factores. Uno de ellos que va con la ley es la sustitución de importaciones. Al sustituir importaciones se genera trabajo. En realidad, este proceso genera más trabajo que lo que sustituye en divisas. Tal vez sustituye US$ 200 millones anuales de divisas pero genera ocupación para 1.200 personas. Y una cosa es que el mercado crezca como hace 2 ó 3 años a 10 ó 15% anual y otra cosa es que esté parado. Hay un mínimo de gente que va a ser tomada, que son esas 1.200 personas, y que pueden ser 2.000 si el mercado entra en crecimiento.
–Uno de los argumentos de los importadores es que habría cierta “injusticia” en un proyecto de ley así, en el sentido de que está muy bien ayudar a una provincia que atraviesa cierta dificultad pero eso no puede ir en detrimento de empresas que invirtieron en otros puntos de la Argentina.
–Si hubiera una fábrica de aparatos de aire acondicionado en Salta o una de televisores en Jujuy o una de monitores en San Luis, yo diría no hagamos esto, porque al fin y al cabo va a tener un efecto neto cero, un beneficio cero. Pero no hay ninguna fábrica de estos productos fuera de Tierra del Fuego. Entonces, entre que esté desempleado un mexicano o un brasileño –por cierto tampoco quiero que esté desempleado– o que esté desocupado un argentino, prefiero que esté desempleado alguien en otro país.
–¿Cuál será el impacto en los precios?
–Los impuestos se trasladan al precio dependiendo de la elasticidad de la oferta y la demanda. Por lo tanto, depende del margen que se tenga y de la elasticidad de la demanda. Se trasladará más o menos impuesto al precio. Los importadores en general tienen márgenes, hoy, de 29%, por lo tanto tranquilamente pueden absorber parte del impacto impositivo.
