ANÁLISIS | Perspectiva
Por Osvaldo Cado y Nicolás Bridger (*)
Estaba claro que había dos posibles rumbos que podía tomar la actual administración en el contexto de la crisis global. Confiando en el pragmatismo que había caracterizado al oficialismo durante su primera gestión, la apuesta era a favor de una salida que, aunque seguramente no muy elegante, implicaría una vuelta a una relativa racionalidad.
También, con algo de preocupación, Mercado había expuesto hace poco un segundo escenario. El track record reciente del Gobierno obligó a teorizar sobre lo que podríamos llamar una “profundización populista”. Básicamente, teniendo en cuenta el horizonte político de corto plazo que caracteriza a la clase dirigente doméstica, se advertía en la situación actual la excusa perfecta para tomar medidas “populares” que recorten el crecimiento de mediano plazo y generen volatilidad.
El 20 de octubre el Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para poner fin al sistema jubilatorio de capitalización individual nacido en 1994. Esto implica, en resumidas cuentas, la apropiación por parte del Estado de un stock neto de aproximadamente US$ 10.000 millones y un flujo anual de US$ 4.000 millones a cambio de una deuda futura de difícil cuantificación.
Independientemente de lo que termine resolviendo el Congreso, de cuya decisión depende la participación accionaria en importantes empresas y gran parte del escaso financiamiento que posee la economía, el daño más importante ya está hecho: la confianza, tanto en la marcha de la economía como en el Gobierno, se hizo pedazos.
La sensación de que no existe un límite institucional para cada ocurrencia del oficialismo, terminó de destruir las pocas expectativas que había sobre la economía conduciéndola a un sendero casi irreversible donde ya se habla de un posible default e incluso sobre la posibilidad que el próximo paso sean los depósitos privados en el sistema financiero.
Esta psicosis general no está fogoneada por una mente siniestra detrás de alguna conspiración, sino que resulta de un análisis retrospectivo totalmente racional. Una herencia histórica de saqueos al sector privado no empresario, sumado a una serie de medidas desafortunadas desde la asunción de Cristina Fernández cuyo paradigma fue la resolución 125.
Promesas incumplidas en todos los ámbitos imaginables, constantes cambios en las reglas de juego, destrucción de diques de contención institucional, una retórica violenta y la increíble improvisación que ostentó el Gobierno en cada decisión tomada en los últimos 10 meses, es un cóctel difícil de digerir para cualquier individuo medianamente racional. Una improvisación que sólo se justifica en la desesperación por obtener el dinero que evite llevar a cabo los cambios estructurales necesarios que le permitan pagar los US$ 40.000 millones de vencimientos e intereses durante los próximos dos años.
Por más que uno quisiera enviar un mensaje tranquilizador teniendo en cuenta una “foto” que, en principio, no justificaría la ocurrencia de un escenario delicado, en este contexto no tiene sentido hablar de números. En economía todo gira alrededor de las expectativas y la confianza. Las decisiones se toman siempre teniendo en cuenta sus perspectivas futuras, y el panorama no es para nada alentador.
Aunque el impacto de una crisis de confianza sobre la economía es impredecible, sin dudas estaremos en presencia de un escenario complejo, signado por una desaceleración importante de la inversión y el consumo. La tendencia ya era preocupante antes de esta medida (crecimiento magro, inflación de dos dígitos y 31% de pobreza). Ahora no puede más que profundizarse.
El peor escenario posible
En este contexto, la comparación con Brasil es inevitable, sobre todo teniendo en cuenta las políticas implementadas durante el último lustro que indudablemente posicionan a ambos países de manera diferente frente a la crisis.
Las principales diferencias se ubican en torno a la política monetaria/cambiaria, a la inflación, a los números fiscales y, en última instancia, a las consecuencias de la interacción de dichas variables sobre los indicadores sociales, fin último de la economía.
El ciclo comenzado a principios de 2003 estuvo caracterizado por una liquidez excepcional, fenómeno que provocó alzas importantes en los precios de todos y cada uno de los activos de la economía global. Fueron años de vacas muy gordas, sobre todo para los países emergentes. El consumo en los países en desarrollo creció de manera exponencial, los términos de intercambio alcanzaron los máximos históricos (1909, 1948 y 1974), abundaba el dinero barato y sobraba el tiempo, fruto del comienzo de la fase expansiva del ciclo económico posterior a la crisis de las “puntocom”. Fueron cinco años óptimos para la construcción de bases sólidas para el crecimiento sustentable. ¿Qué hicieron Brasil y la Argentina en este contexto?
Brasil: casi perfecto
Con el objetivo claro de mejorar la competitividad “real” de su economía, dedicó tiempo a alargar los horizontes de planeamiento y a reducir al mínimo la incertidumbre endógena de la economía. Para ello, mejoró notablemente sus guarismos fiscales, encuadrándose en un contexto de inserción en los mercados internacionales y mayor calidad institucional en el manejo de la política económica. Casi inevitablemente se produjo una mejora en el perfil de deuda, logrando reducir gradualmente los niveles de endeudamiento y ganando una reputación de buen pagador.
La contracara fue una entrada impresionante de capitales, que se tradujo en una apreciación del real del orden de 50%. Esto, lejos de impactar negativamente en la industria, la potenció al favorecer la inversión, haciendo más rentable la producción de bienes de capital y durables. Es cierto, el BNDES jugó un rol fundamental otorgando créditos de largo plazo a tasas en torno a 6%, pero esto sólo fue posible gracias a las mismas políticas descritas. No quedan dudas, la productividad/ competitividad brasileña se incrementó notablemente. Coyuntura que, a fin de cuentas, favoreció la creación de empleo y la destrucción de la pobreza que se redujo a niveles cercanos a 20%.
Luego llegó la crisis. Muchos trabajos analizaron ya las consecuencias de la misma que, en el mejor de los casos, implicará una desaceleración del crecimiento mundial. Esto repercutirá en reacomodamientos de todos y cada uno de los jugadores del globo. En este contexto, hay dos formas de ajuste: a través del precio (tipo de cambio) o de las cantidades (producto bruto).
Brasil depreció su moneda 50% en los últimos dos meses. Queda clarísimo, entonces, el camino elegido por las autoridades del país vecino: ajustar sus precios relativos para reducir el impacto en el nivel de producción, evitando consecuencias no deseadas sobre los indicadores sociales. Este uso “alegre” del tipo de cambio es fruto de una inversión que se mantuvo dinámica en los últimos tres años destinada a ampliar la capacidad instalada con lo cuál, prácticamente, no se observarán efectos sobre la inflación actualmente en torno a 6%.
Políticas regresivas
La situación argentina es diametralmente opuesta. Uno a uno se destruyeron los diques institucionales que permitían el control sobre el poder ejecutivo. Paralelamente, la escasez de ideas innovadoras y diferentes a las aplicadas durante la primera gestión del oficialismo, acortó el horizonte temporal en la medida en que se fueron retrasando ajustes en los precios relativos de una economía cada vez más distorsionada, y acumulando los subsidios. Aumentó notablemente la percepción de un ajuste en forma de shock, vía los mecanismos darwinianos del mercado.
Los números macroeconómicos tampoco ayudaron. La Argentina muestra cuentas fiscales endebles y dependientes de variables exógenas. Extrayendo de los ingresos fiscales las retenciones, el superávit primario se reduce ostensiblemente. Esto quiere decir que, a contramano del sentido común, los “recursos extraordinarios” obtenidos en los últimos tres años de precios de materias primas “inusualmente altos” se gastaron por completo.
Con una escasa capacidad ociosa y la inflación en niveles delicados, es imposible realizar una depreciación competitiva tal como lo hizo Brasil. Una medida de este tipo conllevaría inevitablemente a una estanflación. De este modo, la variable de ajuste serán inexorablemente las cantidades. Léase: la producción.
El desempleo, en el mejor de los casos, se mantendrá en el actual 8%. Esto implica un crecimiento en la cantidad de personas desempleadas por el simple crecimiento de la población económicamente activa, aunque, en el contexto de las últimas medidas tomadas por la actual administración, las probabilidades de un escenario de destrucción de puestos de trabajo son altas. Se profundizaría, de esta manera, el deterioro sobre los indicadores sociales. En los últimos dos años, dos millones de personas pasaron a la pobreza, número que podría crecer un millón más en 2009, alcanzando a 14 millones de personas (34,6% de la población).
El Gobierno ha elegido el camino de “profundización populista”. No hay dudas, esto no es una buena noticia, aunque mirando el vaso medio lleno podemos decir que se han comenzado a despejar algunos interrogantes respecto al futuro de la economía para los próximos dos años.
(*) Osvaldo Cado y Nicolás Bridger son economistas y analistas de Prefinex.
