Por Javier Rodríguez Peteresen
El texto regula la actividad de toda la medicina privada, que incluye a prepagas, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Como salió de Diputados, le da al Ministerio de Salud el rol de autoridad, con lo cual es responsable exclusivo, entre otros puntos, de fiscalizar el cumplimiento de la ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones (sólo atendibles por aumentos de costos).
También ratifica que las compañías están obligadas a brindar como mínimo las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO) y que deben hacerlo “sin períodos de carencia o espera”, que no pueden rechazar afiliados por enfermedades preexistentes o edad, y que las mayores cuotas que podrán cobrar por eso deben ser autorizadas por el Ejecutivo.
A los usuarios, les permite rescindir el contrato en cualquier momento, y a las prestadoras, cuando haya mora de tres meses en las cuotas. Y “obliga” al Estado a “fijar los aranceles mínimos obligatorios” que las compañías deben pagar a hospitales, clínicas y otros prestadores públicos y privados.
Además, fija la obligatoriedad de una “reserva técnica” para “garantizar la continuidad de cobertura”. En las prepagas, esa reserva debe ser igual a la facturación promedio de un mes, y la mitad debe estar constituida por instrumentos líquidos.
Las quejas
Distintas fuentes del sector privado afirman que la ley es inviable y que quedará en letra muerta, hará que las prestaciones caigan en calidad hasta perder su diferencial o, directamente, quebrará el sistema. Sostienen que se trata casi de una “estatización”, ya que el Estado regula el producto, los costos y los ingresos. Y afirman que la reserva técnica establecida les impedirá seguir reinvirtiendo en tecnología.
El texto genera críticas, más blandas, incluso en el segmento de las mutuales, que sostiene que no están suficientemente diferenciados los muy distintos operadores del sistema privado de salud.
Las réplicas
Además de escuchar a los ahora regulados, Mercado habló con legisladores, asesores y expertos en gestión de la salud ajenos a la medicina privada. Las apreciaciones cambian sustancialmente entre todos.
El texto que aprobó la Cámara baja está fundado en un proyecto oficialista, aunque incorporó modificaciones propuestas por otros bloques. Más allá de la defensa kirchnerista, contó con un importante nivel de consenso legislativo: fue aprobado en Diputados con 187 votos positivos y una abstención.
Desde los principales bloques opositores dicen que es el mejor proyecto que se pudo consensuar, niegan que haya una estatización y aseguran que las modificaciones apuntaron, entre otros puntos, a garantizar “la iniciativa privada”. También reconocen que el buen funcionamiento de la norma dependerá en gran medida de que el Ministerio de Salud esté a la altura de las circunstancias.
La síntesis
Varios actores resaltan como “necesario” que los prestadores estén obligados a tener un fondo de contingencia, aunque debería haber un estudio profundo sobre la magnitud de esa reserva.
A favor de los argumentos de las prepagas, está el hecho de que mientras éstas deberán esperar a que los aumentos en las cuotas sean autorizados por el Ejecutivo en base a un índice de costos vinculado al Indec, las obras sociales no tienen ese problema porque incrementan sus ingresos automáticamente cuando suben los sueldos (actualizados a un ritmo más cercano a la inflación real).
Un experto independiente reconoce que el hecho de que el Estado imponga las prestaciones básicas y regule lo que deben cobrar y pagar las empresas “resta mucho margen de maniobra, porque la única variable que les deja es la calidad”.
Mientras, las dos cámaras que agrupan a las empresas de medicina prepaga pintan un panorama sombrío. Desde CIMARA (que aglutina a las más grandes del sector), sostienen que el proyecto “tornará en inviable al sector” y hará que “cuatro millones de argentinos” vuelvan “a los hospitales públicos saturados, con el consiguiente aumento de costos para el Estado y la disminución de ingresos” fiscales.
Pablo Giordano, presidente de ADEMP y Staff Médico
Sombras, nada más
El titular de la cámara que reúne a las empresas “chicas” de la medicina privada anticipa un futuro complicado. Pinta un panorama de costos crecientes, afiliados que bajan de planes o abandonan el sistema y regulaciones burocratizantes y poco estudiadas. Y se queja de la demagogia del Estado.
Pablo Giordano es presidente de Staff Médico y de la Asociación de Empresas de Medicina Privada (ADEMP, la cámara de las empresas “chicas” del sector). Está en el grupo de los que rechazan el calificativo de “prepagas”. También, en el de los que cuestionan “la compulsión normativa del Estado”.
Comparte con otros las críticas a que la actividad dejara de “tener independencia para diseñar los contenidos de sus planes”, a partir del Plan Médico Obligatorio (PMO), y a la falta de un “cálculo previo sobre el costo que insumirá” la inclusión de las prestaciones.
–¿Cómo describe la situación de las empresas de medicina privada?
–Es caótica. La actividad enfrenta costos crecientes e ingresos decrecientes y se profundiza la concentración. Las principales causas del aumento del gasto son la mayor tasa de uso de los servicios, la incorporación de tecnología y fármacos, el envejecimiento poblacional, el aumento de aranceles y los incrementos de salarios y honorarios. El Estado, con demagogia, incorpora más prestaciones a brindar, no sólo médicas sino también sociales y tratamientos no contemplados en el PMO, sin el necesario cálculo de costos. Paralelamente, aumentan la posibilidad de litigios y los amparos sin un asesoramiento científico que los justifique. Y los ingresos tienden a caer porque los usuarios no pueden solventar los aumentos de cuotas y cambian a planes básicos o cancelan su adhesión.
–¿Cómo evolucionaron los principales indicadores?
–La cantidad de afiliados, que se había reducido por la crisis de 2001/2002, se fue recuperando hasta 2006 y en los últimos dos años creció levemente. Estamos, en promedio, 10% por encima de la población de 1998, aunque, con los aumentos de este año, se prevé una caída.
Los costos se multiplicaron. Pero, además, pasamos de una situación de valores de las prestaciones deprimidos por la sobreoferta a valores con crecimiento exponencial por la demanda insatisfecha. La falta de camas para internación, por ejemplo, no se resolverá en el corto plazo; es un problema similar al de la energía, donde no existe un panorama alentador para invertir.
La facturación creció menos que los precios por la baja de planes de los afiliados. Esto y el aumento de costos generan una reducción o desaparición de los márgenes de utilidades. Muchas entidades subsisten por el rendimiento financiero de sus reservas técnicas o por su utilización.
–¿Cuál es entonces el panorama?
–Las mayores complicaciones están dadas por el crecimiento exponencial de los costos, el atraso de aranceles, sueldos y honorarios y la imposibilidad futura de los usuarios de soportar el aumento de las cuotas. Si sumamos el comportamiento demagógico del Estado, delegando obligaciones sin transferir recursos, podemos inferir que el sistema corre riesgo de ir a la quiebra. En un país con un sistema de salud quebrado, existen posibilidades de revertir esta situación por la vía de la complementación pública privada. Por la vía de la oferta de planes parciales de cobertura (como en Estados Unidos y Europa) o la administración privada con controles de los hospitales públicos (España), la Argentina tiene muchas oportunidades.
–¿Cómo es la relación con el Gobierno?
–No cambió en los últimos 20 años. El Estado no cumple con su deber constitucional de brindar salud, nos delega sus obligaciones sin subsidios y nos carga de impuestos mientras que exime a actividades superfluas. Nos oye, pero no nos escucha. Tampoco nos convoca para debatir sus proyectos. La asistencia sanitaria en el país está más enferma que la población y el Estado no es un médico idóneo para curarla.
