lunes, 1 de junio de 2026

    Un momento oportuno para resucitar a la CGE


    Daniel Millaci

    La sigla se asocia a un nombre que es ícono del movimiento empresario,
    José Ber Gelbard, un inmigrante polaco que, de vendedor ambulante en
    Catamarca, en 1950 pasó a formar junto con pequeños y medianos
    comerciantes lo que sería la simiente de la organización empresaria
    más poderosa de la primera mitad de los 70.
    Gelbard fue uno de los principales interlocutores de Juan Domingo Perón
    durante más de 25 años y le ofrendó en 1953 la CGE para
    contrarrestar a la opositora Unión Industrial Argentina de entonces.
    Fue el ministro de Economía de Héctor Cámpora y el artífice
    del pacto social firmado por su amigo al frente de la CGE, Julio Broner, y el
    líder metalúrgico José Ignacio Rucci.
    Un veterano sobreviviente de aquellas lides, Duilio Brunello, suele ser convocado
    al despacho del actual presidente de la CGE para reconstruir con las anécdotas
    la otrora arrolladora mística de la entidad.
    La CGE, integrada por 500 cámaras de todo el país, viene de estar
    largamente intervenida y partida luego en dos por una superposición de
    dirigentes, hace dos años, que tuvo que dirimirse en la Justicia. De
    aquel coqueto edificio céntrico de avenida de Mayo entre Salta y Lima
    (con salida a Rivadavia) pasó a compartir un piso en San Telmo con la
    Cámara de Autotransporte de Pasajeros, cuyo titular, Daniel Millaci,
    también es el actual presidente de la resucitada central empresaria.
    Brunello no sólo cargó con historias el interior de estas paredes,
    bastante más modestas, que albergan ahora la sigla CGE. Le entregó
    al abogado peronista que conduce la organización un distintivo de oro
    con las tres letras que usaban Gelbard y Broner en la solapa de sus sacos y
    que rescató de la furia de las brigadas de represión.
    Otro legado no menos significativo obra ahora en poder del delegado colectivero:
    un encendedor de oro que había comprado Gelbard para reforzar su decisión
    de dejar de ser un fumador empedernido. Este sucesor de cuatro décadas,
    que afirma parecérsele en el vicio, confiesa estar guiado por idéntico
    propósito.

    De Rucci a Moyano
    –¿Dirigentes como Millaci o Moyano cuentan en estos días
    con un poder equivalente al de un Gelbard o Rucci para garantizar los acuerdos?

    –Hoy es Moyano el líder de la CGT como antes lo era Rucci. Uno
    era del 73 y el otro de 2008. La institución es la que pone el apellido
    o el sector al dirigente que la representa. Gelbard es un ícono más
    allá de los nombres. Como antes los metalúrgicos, actualmente
    los transportistas tienen el poder de paralizar a un país. El sindicalismo
    conjuga diferentes características en el contexto de un poder que se
    comprobó que es pasajero desde que el país recomenzó, tras
    la crisis de 2001.

    –La CGE nació como una alternativa nacional y popular
    a la Unión Industrial Argentina, mientras que hoy la central fabril está
    más cerca del Gobierno para suscribir el pacto social…

    –La CGE y la CGT son históricas en este tipo de acuerdos, han nacidos
    juntas en el país. Los empresarios que componen la CGE están más
    cerca de los trabajadores en relación de dependencia, en el supermercado,
    en el comercio, en la chacra. Son “laburantes” que invierten a riesgo
    su patrimonio. Por eso nos entendemos bien con la CGT. La CGE es la que mejor
    comprende que la distribución del ingreso pasa por una mejora salarial,
    en consonancia con la propuesta de este Gobierno.

    –Precisamente, la UIA no parece compartir esa línea, sino
    más bien vería en el pacto un freno a las demandas salariales…

    –La solución no pasa por discutir intereses sectoriales dentro
    de un acuerdo social, sino que se trata de sentar un marco con base en una discusión
    más amplia que abarque los precios, educación, cultura, equilibrio
    fiscal, seguridad jurídica.

    –¿Tendría validez institucional un pacto como el
    de la Moncloa o el de Irlanda, sin la presencia de los partidos políticos?

    –Los pactos sociales son muestras a las sociedades de que los actores
    están de acuerdo en dejar de lado las peleas y sentarse a discutir políticas
    públicas en serio. No está claro cómo se van a definir
    los participantes institucionales. Los partidos políticos se encuentran
    en crisis. Al pacto de la Moncloa se lo toma de ejemplo sobre cómo juntar
    a los que piensan diferente a discutir un modelo de país, pero la situación
    no es la misma y tampoco los eventuales integrantes. En España se venía
    del franquismo y fue novedoso que se sentaran las distintas expresiones y resolvieran.
    Hasta hubo rebajas salariales y aumentos de precios. En el caso de Irlanda,
    de una economía agrícola se pasó a potencia industrial
    en 1983. El pacto se celebró para terminar con los enfrentamientos, los
    partidos no actuaron sino a través de grados de representación
    en organizaciones sociales, de empresarios, sindicalistas y Gobierno.

    El peso del membrete
    –¿La representatividad gremial se mide siempre por la relación
    con las bases o por la proximidad con el poder? Hay casos como el de la Coordinadora
    de Actividades Mercantiles, que a diferencia del ala comercial de la CGE, tiene
    una ventaja en la agenda de contactos de Osvaldo Cornide…

    –Los empresarios creen que si se agrupan en centrales podrán defender
    beneficios propios, dada la cercanía con el poder, para obtener soluciones
    globales. Hay entidades personalistas que ni siquiera tienen cámaras,
    o sea, sin bases, que explican la representatividad en su capacidad de influencia.
    Mientras la CGE estuvo intervenida, otras entidades pudieron mantener sus estructuras
    para la defensa de sus intereses sectoriales. Las divisiones en el movimiento
    empresario beneficiaron a los Gobiernos. A veces se otorga más importancia
    a la que da el membrete que a mirar a quiénes representan. La pluralidad
    es la que da el poder para consensuar.

    –En los años 70, el pacto social se echó en contra
    al campo por la amenaza de la ley agraria y ahora el conflicto es por las retenciones
    y precios máximos, ¿cómo puede encararse un diálogo
    amplio con estas marginaciones?

    –El problema del campo es que lo llenaron de retenciones y esto lo convierte
    en la fuente permanente de financiamiento de la economía. Es un caso
    complejo y habrá que sentarse con grandeza para un diálogo amplio,
    como amigos, sobre el rol del campo en el desarrollo nacional. Habría
    que asumir el compromiso de dejar de lado el pasado y el presente para actuar
    con patriotismo. Las Pyme también hemos sido discriminadas.

    –¿Qué le hace pensar que la CGE integrará
    la mesa del acuerdo social, cuando viene de un proceso de normalización
    que dejó muchos heridos?

    –Se cumplieron todos los requisitos judiciales y la elección de
    agosto fue limpia y representativa. Así y todo, un sector minoritario
    que usurpara hace tres años la oficina de conducción decidió
    abrirse. Pero las federaciones del interior en pie son las bases de la CGE,
    cuyos objetivos tradicionales se han rescatado. Encontramos receptividad en
    el Gobierno, entre los colegas: pesan los 70, Gelbard, Broner, la ideología
    que defendían en la construcción de un modelo nacional de crecimiento
    con justicia social.