viernes, 3 de abril de 2026

    Es riesgoso ignorar dos contratos sociales: el formal y el informal

    En efecto, “las actitudes pasivas –señalan Sheila Bonini,
    Leonard Mendonça y Jeremy Oppenheim, los autores de esa publicación
    en el sitio de la consultora, enero de 2006– son peligrosas. Las fuerzas
    sociales pueden, sí, alterar el paisaje de cualquier sector o torpedear
    reputaciones (firmas, marcas), pero asimismo pueden crear oportunidades detectando
    nuevos requerimientos y preferencias del consumidor”.
    La clave reside en que las empresas incorporen conciencia sociopolítica
    sistémica en sus procesos decisorios de alto nivel. Deben, pues, desarrollar
    planes coherentes, no simples acciones aisladas. Mucho menos, gestos para quedar
    bien con algún interés creado.
    Por cierto, los negocios nunca fueron independientes de lo social ni de lo político.
    La diferencia, hoy, radica en la creciente presión, la complejidad y
    el ritmo de los cambios. También influye el activismo. Empero, mientras
    el contrato social evoluciona a ojos vista, las reacciones habituales del sector
    privado son cada vez más lentas.
    Por supuesto, las empresas siempre han tenido un contrato con la sociedad. Éste
    cubre no sólo grupos de interés directo (consumidores, personal,
    proveedores, reguladores, accionistas), sino un conjunto más amplio.
    Por ejemplo, comunidades donde actúan las compañías, medios,
    intelectuales y organizaciones sin fines de lucro.
    Parte del contrato, entonces, se formaliza vía leyes y normas, cuya transgresión
    acarrea efectos jurídicos. Pero otra parte es informal e implica expectativas
    públicas que, no satisfechas, pueden desencadenar reacciones drásticas.
    Casi todas las multinacionales estadounidenses, por ejemplo, deben mantener
    ciertas pautas laborales en el exterior, aunque ninguna ley lo exija. Violarlas
    puede perjudicar reputación y ventas. Como pasó en su momento
    en casos como Nike o Wal-Mart.
    El contrato social es por naturaleza fluido (ya se lo decía Dénis
    Diderot a Jean-Jacques Rousseau). A menudo, cuestiones que generan leyes empiezan
    en expectativas informales. Por lo mismo, algunos aspectos del contrato social
    suelen estar autorregulados. Así, las empresas de Europa occidental deben
    mantener afuera ciertas garantías laborales no escritas, aunque se hayan
    flexibilizado.
    Más arduos son temas “fronterizos” que aún no entran
    en contratos formales ni informales pero, que con el tiempo, pueden generar
    expectativas sociales (aunque las empresas no se den cuenta). Por ejemplo, la
    obesidad. Al respecto, se suponía que esto era cosa de las personas o
    sus médicos, no de quienes fabrican alimentos grasos o venden comida
    chatarra. Hoy la responsabilidad pasa a las compañías. El impulso
    cobrado por el problema es tal que, en cualquier momento, aparecerán
    leyes y normas restrictivas.

    Expectativas crecientes
    La capitalización de una empresa a largo plazo (acciones, marca, recursos
    humanos, nexos) depende cada día más de expectativas crecientes
    en torno de RSE. Ahí chocan dos fuerzas: un nuevo grupo de megatendencias
    sociales o comunitarias y grupos de interés paulatinamente más
    influyentes.
    Entretanto, se desdibujan los límites entre leyes y responsabilidades.
    Es cada vez menos claro quiénes deben cubrir servicios sociales básicos
    –jubilación, salud, educación–, regular los negocios
    (¿lo harán por sí mismos o lo hará el Estado?) y
    amparar derechos, bienes y recursos públicos.
    Por otra parte, la confianza en organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos
    ciudadanos o Internet (bloggers inclusive) sube inexorablemente, en
    tanto flaquea la fe en las empresas, sacudida por casos como Enron, WorldCom,
    Halliburton, etc. Este fenómeno no se limita a Estados Unidos y tiende
    a globalizarse, pese a los aspectos negativos o contradictorios de la RSE.
    Claro, el sector privado se sorprende al afrontar mala prensa o grupos de interés
    hostiles. Al cabo, sus compañías fabrican buenos productos u ofrecen
    servicios adecuados y baratos, amén de emplear a millones. Pero las crecientes
    expectativas imponen a las empresas adelantárseles e incorporarlas a
    sus estrategias.
    De ese modo, en el sector financiero los bancos convencionales han sido desbordados
    por demandas más complejas y criticados por prestar a empresas que dañan
    o contaminan el ambiente. Algunos ya restringen ese tipo de créditos.
    A menudo, las firmas están a la defensiva porque el CEO y su equipo no
    consiguen ejercer lo que Joseph Nye llama “formas blandas de poder”.
    Vale decir, tratar con operadores, como las ONG, que juegan con estados de ánimo.
    En verdad, la preparación profesional de los ejecutivos superiores es
    deficiente en asuntos sociopolíticos que impliquen “activos reputacionales”.
    Los irritan los argumentos de grupos de presión y su escasez de pruebas.
    Sin duda, los programas de estudio habituales no abordan esos temas.
    Cómo manejar estas fuerzas
    Los analistas de McKinsey recomiendan aplicar un planteo estratégico
    triple a la agenda sociopolítica. En primer lugar, esas fuerzas pueden
    alterar el paisaje de cualquier negocio. Así, en farmoquímica
    las preocupaciones sociales sobre costos y contraindicaciones han endurecido
    el entorno regulatorio en los últimos diez años.
    En segundo término, los efectos de corto (ingresos) y largo plazo (reputación)
    de decisiones sociales contraproducentes pueden ser vastos. De esa manera, Monsanto
    perdió apreciable valor de mercado al causar una reacción general
    contra organismos genéticamente modificados en la Unión Europea.
    Exxon Mobil pagó US$ 5.000 millones vía demandas y 2.000 millones
    por la limpieza de un derrame en Alaska (provocado por el Exxon Valdez).
    Tercera y finalmente. Nuevos productos, servicios o estrategias de mercado pueden
    surgir de esas mismas fuerzas sociales y políticas. El éxito de
    Toyota con el Prius (con motor híbrido) se debe al creciente interés
    en productos favorables al ambiente. La oferta de productos innovadores, hecha
    por Unilever (como el detergente Wheel en India) fue una respuesta a consumidores
    de bajo poder adquisitivo.
    En escala práctica, una compañía puede adoptar una serie
    de recaudos para tornar en estratégica la RSE. Puede, por ejemplo, desarrollar
    sistemas de “alerta temprana” de riegos y oportunidades, controlar
    el rango de opciones disponibles para afrontarlos y asegurarse de que toda la
    estructura participe en esfuerzos sostenidos y coherentes.
    A veces, los problemas sociopolíticos y regulatorios parecen salir de
    la nada. Pero el éxito de emprendedores como Whole Foods Market demuestra
    que una firma puede detectar nuevas tendencias y señales de cambio en
    pautas de consumo. Obviamente, no todo cambio modifica el contrato social. Sin
    embargo, percibir de antemano las preocupaciones de las ONG y los grupos de
    interés permite a las empresas ingresar al debate antes de que se vuelva
    contra ellas o, por lo menos, prepararse para turbulencias.
    Los negocios que acaban peleándose en público con sus grupos de
    interés arriesgan la marca y la moral del personal. Es mucho mejor probar
    con una leve incursión estratégica que ser llevado a una guerra
    total. En rigor, este estudio sostiene que muchos ejecutivos ya conocen la necesidad
    de anticipar eficazmente las presiones sociales.
    A su criterio, esos gerentes deben emplear métodos sistémicos,
    inclusive técnicas tan fiables como el análisis econométrico
    y el planeamiento de contingencias, para evaluar los efectos de tendencias sociopolíticas.
    Así, si las compañías hubiesen previsto a tiempo el eco
    mediático de la obesidad, podrían haber tomado medidas ya a mediados
    de los años 90.

    Pro y contra

    En los hechos es un concepto que involucra cosas muy distintas

    Cuestionar actitudes responsables de las empresas parece extraño. Pero,
    en verdad y según sostienen sus críticos, el mismo concepto se
    usa a menudo para sacar patente de buena conducta cívica: la beneficencia
    da réditos, no siempre intangibles. Especialmente cuando se trata de
    no mentir al personal ni al gobierno, no sobornar y mirar más allá
    del cortísimo plazo.

    En un extremo aparecen las políticas que cualquier compañía
    bien organizada debe tener en lo tocante a ética de negocios o buen management.
    En el otro, surgen medidas más ambiciosas, que diferencian entre líderes
    y rezagados en la carrera por la RSE. Por ejemplo, gran insumo de tiempo y recursos
    en beneficencia, inversiones en lo social o protección del ambiente,
    más allá de lo que prescriben las instancias reguladoras.
    La cuestión de fondo, empero, no es si esas actividades tienen sentido
    en sí mismas. No. La clave reside en si merecen la etiqueta de RSE y
    los elogios que ésta suele generar. A primera vista ¿qué
    hay de malo con la beneficencia privada, las medidas ambientales o la promoción
    del desarrollo sostenible? Depende. Muchos actos de buena conducta cívica
    tienen, sí, sentido en términos de negocios, bien público
    o ambos a la vez. Otros, no.
    En ocasiones, las políticas de RSE se originan en preocupaciones reales
    o en la idea de que una empresa debe ganarse la “licencia para operar”.
    Hay presidentes ejecutivos generosos y los hay con remordimientos de conciencia
    o vanidad. Éstos disfrutan de la atención que les confiere la
    RSE. Todos esos grupos tienen una cosa en común: argumentos engañosos
    sobre qué debe hacer el sector privado para justificar su existencia.
    Por tanto, cabe formular dos preguntas sobre civismo empresario. ¿Mejora
    la rentabilidad de la compañía en el largo plazo?, ¿promueve
    el bien público?
    Los buenos ejecutivos logran ambos fines al mismo tiempo, sólo con manejar
    un negocio rentable. En la óptica mercantilista, efectivamente, una cosa
    lleva a la otra.
    Algunas de sus prácticas suelen etiquetarse como responsabilidad social
    empresaria, pues mejoran utilidades y bien público en forma simultánea.
    Así ocurre con la honestidad hacia trabajadores, proveedores y clientes,
    que define un tipo ganador de RSE, llamado “buena gestión”.
    Volviendo a las dos preguntas, pueden tener otras respuestas posibles. Algunas
    clases de RSE minan las ganancias, pero mejoran el bienestar social y podrían
    definirse como “virtud prestada”. También existen la RSE
    perniciosa, –eleva utilidades pero reduce el bienestar– y la ilusoria,
    que deteriora ambas cosas al mismo tiempo.

    Bueno vs. virtuoso
    En lo atinente a la categoría “buena gestión”, muchos
    ejecutivos del movimiento RSE merecen crédito por ensayar prácticas
    novedosas y obtener buenos resultados. Sus propuestas pueden no ser aplicables
    a la mayoría de los negocios. Pero, en casos específicos, sus
    éxitos son impresionantes.
    Uno de ellos es el de Marc Benioff, gurú en esa clase de RSE. En su libro
    (Compassionate Capitalism), explica cómo el buen management
    puede atraer, retener y motivar la mejor mano de obra disponible en todos los
    niveles y geografías.
    En lo tocante a la “virtud prestada” –reduce utilidades mientras,
    se supone, mejora bienestar social–, se manifiesta en donaciones directas
    a obras de caridad. Algunos creen que dedicar ganancias a la beneficencia pública
    es la RSE más noble. No lo es tanto. En primer lugar, existen ventajas
    para el negocio, pues las donaciones son una forma de publicidad.
    En segundo término, ciertas empresas o sectores (petróleo, tabaco,
    farmoquímicos) tienen una mala imagen tan extendida entre el público
    que precisan hacer generosas donaciones para equilibrar cargas.
    Muy bien, pero ¿qué hay de malo en que una firma entregue parte
    de sus ganancias para ayudar a víctimas de alguna catástrofe natural?
    Veamos: debe recordarse que la beneficencia empresaria implica plata ajena y,
    por tanto, no es filantropía.
    Los gerentes –dicen los críticos– cultivan la caridad no
    a costa suya, sino de propietarios y accionistas. Se trata, pues, de una transacción
    éticamente dudosa, otra forma vicaria de “virtud prestada”.
    Por supuesto, los grandes filántropos del mundo no se gastan las utilidades
    de sus compañías, sino las propias. El mayor de ellos, la fundación
    William & Melinda Gates emplea fortunas personales –ahora también
    la del megainversor Warren Buffett– y se asegura que su dinero sea bien
    empleado por los beneficiarios.

    Juzgar por los efectos
    Evaluando acciones por sus efectos, no ya por sus motivos o su lógica,
    las peores clases de RSE son la perniciosa y la ilusoria. Vale decir, políticas
    y prácticas que en realidad deterioran el bienestar social, algo que
    sucede con demasiada facilidad.
    Posiblemente, el grueso de RSE sea ilusorio –o sea, reduce ganancias y
    bienestar–, sólo que en general el costo es bajo. Obviamente, casi
    toda la RSE tiene un precio, aunque sea vía un modesto crecimiento de
    la burocracia interna en la firma. Por ende, la beneficencia que se limita a
    dar pasos formales, sin brindar recursos a buenas causas ni mejorar la imagen
    de la empresa ante empleados o clientes (o empeorándola), implica un
    deterioro en el bienestar social.
    Considérese como ejemplo el actual entusiasmo por reciclar basura. Sin
    duda, hay áreas donde será buen negocio, por lo cual entran en
    la categoría “buena gestión”. Pero el punto es que
    reciclar no resulta gratis. Por el contrario, exige esfuerzos y recursos.
    Los desechos deben recogerse, transportarse y procesarse antes de volver a un
    ciclo productivo. Esos costos suelen ser substanciales. Si acaban superando
    los ahorros, las utilidades serán castigadas y, con ellas, el bienestar
    social.
    Los abogados del reciclaje, particularmente en organizaciones no gubernamentales
    (ONG), sostienen que estas críticas son miopes e incorrectas, pues pasan
    por alto la necesidad de conservar recursos naturales. La escasez de materiales
    –como papel de diario– y su fuente, los bosques, no se refleja (afirman)
    en sus cotizaciones.
    Por lo tanto, las estimaciones empresarias de costos y beneficios no alcanzan.
    Las utilidades privadas, o sea ingresos menos costos, descartarían el
    reciclaje. Mientras tanto, un cálculo “social” más
    amplio de costos y beneficios daría un resultado muy distinto. Puesto
    que existe un interés colectivo en conservar recursos naturales, no reflejado
    por los precios de mercado en la mayoría de insumos primarios, el reciclaje
    reduciría ganancias pero mejoraría el bienestar general.
    Es un principio liminar de RSE, pero la realidad de los mercados es otra. Por
    de pronto, señalan los objetores de ese criterio, el actual ciclo macroeconómico
    largo –iniciado hace cuarenta años– apunta a la baja, aun
    con tropiezos, de las materias primas.
    Finalmente, aparece la RSE perniciosa, que eleva ganancias pero disminuye bienestar.
    Empresarios con formación económica –no abundan– sostienen
    que, si la RSE aumenta utilidades, debe necesariamente hacer igual con el bien
    público.
    Debiera ser cierto, pero casi todos los partidarios de la responsabilidad social
    lo son también del “desarrollo sostenible”, otro principio
    del movimiento RSE, con énfasis en lo ecológico y las obligaciones
    comunitarias en países subdesarrollados. Para ellos y casi todas la ONG,
    las compañías occidentales deben hacer más que pagar salarios
    de mercado y cumplir con normas locales sobre salud y seguridad.
    En rigor, suelen exigirse niveles y condiciones imperantes en las propias economías
    centrales de donde provienen las empresas. Eso es lo verdaderamente pernicioso
    (e ilusorio), porque es imposible.

    ¿Una contradicción
    en sus propios términos?

    Así sostienen varios críticos de una RSE insuficiente,
    como se la practica hoy. En su óptica, las compañías
    son psicópatas manipulativas, incapaces de remordimiento y, en
    tanto dañan el ambiente o el interés común, se niegan
    a hacerse responsables. Por cierto, estas duras críticas vienen
    del fondo de la historia capitalista.
    Las grandes empresas, claro, “no sirven bien a la humanidad cuando
    persiguen el lucro mediante estrategias que degradan el planeta, cuando
    transgreden leyes sociales o laborales, ponen la salud en peligro y socavan
    el bien común. Sin embargo, en general sus gerentes son personas
    decentes y hasta pilares de la sociedad. Se ocupan de la gente y quieren
    ser buenos ciudadanos. Pero los abusos no se originan en ellos, sino en
    fallas de las normas según las cuales operan las compañías”,
    sostienen la psicóloga institucional Lois Levin y el experto en
    derecho privado Robert Hinckley.
    La legislación positiva “promueve conductas que los managers
    no suelen condonar en sus vidas privadas. Tales normas los lleva a actuar
    como si los accionistas fuesen psicópatas, obsesos en ganar cada
    día más, sin tener en cuenta costos humanos o ambientales.
    Así, los ejecutivos dicen que sólo hacen lo que la ley exige:
    defender los intereses de propietarios y accionistas”.
    Existen en Estados Unidos unos 80 millones de ellos, pero es absurdo suponer
    que todos buscan utilidades sin atender el interés público.
    No obstante, al obedecer leyes basadas en esa premisa, managers decentes
    toman decisiones, en nombre de accionistas decentes, que generan conductas
    antisociales.
    En realidad, hoy muchos directorios adoptan resoluciones que encaran temas
    de RSE en serio, aun apoyando acciones que tal vez no redunden en sus
    intereses a corto plazo. Más empresas encaran iniciativas para
    proteger el ambiente o mejorar la comunidad donde actúan. Pero
    son cambios lentos, paulatinos y expuestos a reversiones. No es posible
    aguardar decenios cuando se trata del efecto invernadero o la contaminación
    urbana.
    Sin duda, los grandes conglomerados pueden adherir a valores sociales,
    si los ciudadanos de las economías centrales lo exigen constantemente.
    “Para obrar sobre instituciones psicopáticas –subraya
    Levin–, se necesitan pautas de conducta claramente definidas y penas
    en casos de infracción”. Para empezar, debiera dictarse un
    código modelo de civismo empresario cuyo principio básico
    sea que “la búsqueda de lucro no debe ser a expensas del
    ambiente, los derechos sociales y laborales, la salud pública ni
    el bien común”.

    Conceptos antagónicos

    Una forma de capitalismo bifronte

    Quizá el concepto clave de los años 90 y de la actual década
    sea la responsabilidad social empresaria, aunque hoy parezca en reflujo. Su
    idea básica es que ya no alcanza con hacer dinero para propietarios y
    accionistas de una compañía. Hay que beneficiar al resto de la
    sociedad y muchos hombres de negocios así lo suponen. ¿Será
    cierto?

    En una encuesta a 1.500 participantes regulares del Foro económico mundial,
    Davos, efectuada hace dos años, menos de 20% aceptó que las utilidades
    netas sean la mejor medida de éxito. No obstante, apenas 5% citó
    la RSE como parámetro relevante. Pero 24% sostuvo que lo más importante
    son la reputación y la integridad de cada marca emblemática, si
    bien la calidad del producto pesa más (27%). Al preguntar cuál
    era el mayor riesgo para la seguridad o la integridad de la marca, 38% respondió
    que la economía o el mercado. Todo apuntaba a un perfil sin duda contradictorio.
    Sin duda, la RSE mantiene equipos y burocracias, sitios web y ejércitos
    de consultores lo indican. Los balances de casi todas las mayores empresas del
    mundo describen las buenas obras cumplidas. Las bolsas de Londres y Nueva York
    tienen índices de compañías socialmente correctas.
    ¿Es esto bueno? Posiblemente no, creen muchos analistas ortodoxos. Desde
    un punto de vista ético, el problema de la RSE es obvio: se trata de
    filantropía con plata de otros. Normalmente, las empresas cotizantes
    en el mercado son manejadas por ejecutivos en nombre de los accionistas. Apoyar
    buenas causas con los generosos salarios e incentivos de esos gerentes sería
    admirable, pero no lo es hacerlo con ingresos correspondientes a accionistas
    e inversores. “De todas formas, ¿no es resorte de ejecutivos y
    organizaciones no gubernamentales decidir juntos las prioridades sociales? No.
    En una democracia –subraya el Financial Times analizando aquella
    encuesta–, eso es cosa de votantes y políticos elegidos”.

    Capitalismo compasivo
    La respuesta de quienes defienden la RSE es que ésta también rinde
    utilidades. Pero hay otro problema: una RSE que dé dividendos no suele
    contentar a los sectores cuyos reclamos le dieron origen. En tanto, una que
    no los depare resultará éticamente dudosa.
    Existe, sí, un persuasivo abogado de la RSE: Marc Benioff, cuyo “capitalismo
    compasivo” beneficia a accionistas, personal y necesitados, todo al mismo
    tiempo. El ejemplo liminar es, claro, salesforce.com, una firma no registrada
    en bolsa que ofrece servicios en línea para gestión de relaciones
    con clientes (sí, el viejo CRM) y le pertenece al gurú.
    En un reciente libro, Benioff afirma que la filantropía empresaria, bien
    hecha, transforma la cultura de una firma, atrae o retiene mano de obra de mejor
    calidad y es más productiva. Su receta: 1% de acciones en salesforce.com,
    1% en utilidades y 1% de horas-hombre dedicado voluntariamente a actividades
    benéficas de la compañía o elegidas por cada empleado.

    A diferencia de otros defensores de la RSE, este emprendedor se opone a que
    el gobierno se haga cargo de la beneficencia, pues su acción –naturalmente
    compulsiva– neutralizaría las ganancias de un contexto empresario.
    En todo caso, si Benioff tiene razón, sólo una RSE sabia contribuye
    al éxito en los negocios.
    La ausencia de compulsión es, no obstante, lo que marcha mal en la RSE
    convencional, afirman hoy varias ONG. Christian Aid difundió un informe
    para “revelar la verdadera cara de la RSE” y exigió a los
    políticos “asumir responsabilidades ante la escasa transparencia
    de las compañías”. Ese documento define la RSE como “instrumento
    vital sólo para maquillar la imagen de los grandes conglomerados”.
    M