¿Y qué sucedería si mañana mismo,
como por arte de magia, saliera del área de la Organización Mundial
del Comercio la esperada reducción de los subsidios agrícolas?
Lo primero es que la Argentina, como país productor de bienes primarios
reputado como eficiente, levantaría la copa para festejar la conquista.
Pero enseguida, vendría la factura: ¿estamos preparados para absorber
la contrapartida de apertura arancelaria que exigirían los países
industrializados?
La experiencia que dejara la apertura económica fue concluyente en ese
sentido: una invasión de importaciones arrasó con una industria
nacional en pañales y sobreprotegida.
Los sucesivos fracasos en las negociaciones de la Ronda Doha han llevado a simplificar
el temario, de los 19 puntos originales a tres: agricultura, acceso a mercados
de bienes no agrícolas (NAMA) y servicios.
El que mayor impulso trae es el relacionado con los aranceles industriales,
que es precisamente donde radica el principal interés de los países
más poderosos, ya que la posición defensiva de los menos desarrollados
se concentra en aquellos sectores de mayor valor agregado.
En estas rondas no hay duda sobre si está antes el huevo o la gallina.
La trabada relación entre el Mercosur y la Unión Europea es un
indicio elocuente. Las diletancias del ALCA es el otro. Las naciones industrializadas
ponen por delante la concesión a sus productos a la apertura de su agro
para que entre competencia foránea.
La Conferencia de Doha viene de postergación en postergación.
En septiembre de 2003 fracasó en Cancún, en julio de 2004 pasó
para diciembre de 2005 en Hong Kong y se prorrogó a mayo, según
narra en su informe Mauricio Claverí, especialista de la consultora Abeceb.com.
Pero nadie da el brazo a torcer. Y la nueva fecha para que se presenten las
listas globales de productos a desgravar ya está encima: 31 de julio
de 2006.
En marzo último, la Argentina llevó una posición crítica
hacia las propuestas de agricultura y NAMA, en la cual se destaca la notoria
desigualdad entre ambas: tilda de muy ambiciosa la de NAMA y muy defensiva la
de agricultura.
China, Australia, Brasil, India, Venezuela, Malasia, Sudáfrica y Uruguay
aplaudieron el documento. No significa más que eso, ya que la repercusión
favorable no garantiza ninguna mano levantada.
La Unión Europea, Corea, Suiza y Japón lo criticaron. Estados
Unidos dijo ni.
Una fórmula matemática determinará la desgravación
arancelaria de productos industriales. La más difundida es la suiza,
la cual utiliza un coeficiente que, cuanto mayor es, menor es la desgravación
arancelaria.
La Argentina pugnaba por un valor inicial más alto, próximo a
15, con lo que la reducción del arancel consolidado promedio en bienes
no agrícolas sería de 68 %. Iría de 31 a 10 %.
El calzado, los textiles, la indumentaria y los automotores serían los
más expuestos de toda la industria nacional.
El otro riesgo es la pérdida de buena parte de la progresividad arancelaria,
con lo cual se van desguarneciendo los eslabones que incorporan mayor valor
agregado en las cadenas productivas.
En la industria automotriz es en la que más se nota el efecto igualador
que provoca el coeficiente más restrictivo en todas las etapas de la
cadena.
Por ahora no parecen dadas las condiciones para que los países más
desarrollados cedan paso a los productos agrícolas de los más
débiles, o que éstos hagan el gesto de abrirse a los industriales
desprotegiendo a su sector fabril.
Pero en cualquier momento puede madurar el fruto y la Argentina no se ha preparado
aún para asimilar dentro de su estructura productiva una nueva escala
arancelaria.
Estas negociaciones multilaterales cobran importancia y se aceleran cuando menos
se lo espera. Las consecuencias se descargan sin que se hayan tomado precauciones.
El nuevo escenario que se abrirá entraña oportunidades que se
pueden aprovechar si primero la industria prevé las consecuencias que
la baja arancelaria puede ocasionar en su competitividad.
El convenio firmado con China el año pasado ha tomado de sorpresa a las
ramas de la industria que aplican mano de obra intensiva, como el calzado, el
bazar y la indumentaria.
El tratado contenía cuestiones estratégicas para el país,
como inversiones en infraestructura y combustibles, y la apertura que a cambio
requerían los chinos no parecían incidir demasiado en el conjunto
de la actividad productiva.
Los fabricantes de calzado ya venían inclusive de acomodar su escala
económica al intercambio con Brasil, que culminó en la firma de
un acuerdo entre los gobiernos.
Pero los productos chinos pasaron como por un colador y en estos momentos hay
55 mil puestos de trabajo en riesgo de desaparecer.
Es tradicional en la Argentina descuidar la posibilidad de prever una adecuación
arancelaria apelando a instrumentos crediticios y de promoción que refuercen
a los fabricantes locales durante el período previo a la desprotección
en ciernes. Se suele confiar en los lobbyngs gremiales empresarios
para frenar las amenazas externas. Pero ese expediente es cada vez menos confiable.
Pero los beneficios que traerá acarreado el ingreso de los productos
rurales made in Argentina en aquellos mercados que le estaba vedado
bien pueden justificar el intento. M
