La Guerra del Uruguay

    Por Daniel Alciro

    El proceso debió ser éste:
    1- Mercosur discute si va a fabricar o importar papel.
    2- Si decide fabricar papel, o al menos pulpa, escoge la tecnología.
    3- Si esa tecnología es la TFC (totalmente libre de cloro), establece un código ambiental que prohíbe, a todos los países del área, blanquear con cloro elemental y con dióxido de cloro.
    En realidad, ocurrió esto:
    1- Brasil y la Argentina comenzaron, cada uno por su cuenta, a fabricar pulpa. Brasil ya es el séptimo productor mundial. La Argentina tiene unas 60 plantas, la mayoría pequeñas.
    2- En ambos países, se blanquea con cloro gaseoso o elemental; y, en las plantas más modernas, como la de Alto Paraná S.A., con dióxido de cloro.
    3- Cuando Uruguay resolvió fabricar pulpa, Entre Ríos (y luego el Estado nacional) objetaron la construcción de “papeleras” en territorio uruguayo, a menos que se utilizara allí la tecnología TFC, que no se usa en Brasil ni en la Argentina.
    Parecía difícil sostener la posición argentina. Sin embargo, ésta encontró sustento en el Estatuto del Río Uruguay. Las plantas de Botnia y Ence –las dos firmas que se instalarán en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú– verterán efluentes sobre ese río. Eso no se podía hacer sin previas consultas con las autoridades argentinas.
    Montevideo no hizo tales consultas, temeroso de que la Argentina vetara las mayores inversiones extranjeras en la historia del Uruguay: casi US$ 2.000 millones.
    Dado que el Producto Interno Bruto del Uruguay equivale a 9,51% del PIB argentino, una inversión de casi 2.000 millones allá es como una de 21.000 millones aquí.
    El temor al veto fue alimentado por la campaña del gobernador entrerriano Jorge Busti, que alentó la movilización popular bajo el slogan “No a las papeleras”.
    Exigir la minimización del impacto ambiental parecía más razonable. Sin embargo, aún este reclamo se llevó al extremo: se dijo que Botnia y Ence deberían aplicar el TCF.
    Sin dudas, el TCF es el método óptimo. Como dice el Banco Mundial, “el uso de cloro elemental para blanquear no es recomendado. Sólo el proceso ECF es aceptable y, desde el punto de vista ambiental, el proceso TCF es preferible”.
    Pero hay que reconocer la realidad. La propia organización Greenpeace, que auspicia el TCF, dijo en un informe reciente: “25% de la pulpa blanqueada químicamente a escala mundial se fabrica con el método tradicional de blanqueo por gas cloro y alrededor de 70% de la pulpa se blanquea con dióxido de cloro (ECF)”; es decir, el método que seguirán las plantas de Fray Bentos.
    La organización reconoce que “la incorporación del blanqueo con ECF ha tenido un gran impacto positivo sobre el medio ambiente, en comparación con el gas cloro”, pero no ceja en su lucha por el TCF. Claro que, debe admitirlo, “solamente una pequeña parte de la pulpa (5%) es totalmente libre de cloro”.
    Es incongruente, por parte de Greenpeace, sostener que el sistema TFC es “la opción óptima” desde el punto de vista de “los costos de inversión”. Si la organización sugiere que la pulpa libre de cloro es más barata, no se entiende por qué apenas 5% de la producción mundial responde a esa tecnología.
    Lo real es que, cuando se blanquea con agua oxigenada y ozono en lugar de dióxido de cloro, los costos operativos trepan, y el papel que se obtiene es de inferior calidad. Hay un mercado, con vocación ecológica, dispuesto a pagar más por un producto inferior; pero esa no es la regla del comercio mundial.
    Exigirle a Uruguay que imponga el TFC a Botnia y Ence es como exigirle que no construya las plantas. Lo razonable es que la Argentina y Uruguay acuerden un plan para minimizar el impacto ambiental del ECF, teniendo en cuenta la magnitud de las plantas a instalar (capacidad de producción agregada, 1.500.000 toneladas), la proximidad de centros poblados, el régimen de vientos, el cauce y el régimen del río. Expertos de ambos países pueden cooperar en ese plan, y una comisión binacional fiscalizarlo.
    Lamentablemente, los gobiernos de Uruguay y la Argentina tomaron un curso muy peligroso, de resultado imprevisible:
    En Montevideo, se creyó que lo mejor era el fait accompli. El razonamiento fue, más o menos, éste: “Si le damos participación a la Argentina, como requiere el Estatuto del Río Uruguay, no tendremos papeleras. Hay que empezar, aguantar lo que venga y llegar al punto de no retorno. La Argentina no podrá demandar la demolición de papeleras, una vez construidas”.
    A la vez, en la Argentina se creyó que el Uruguay no podría soportar un “sitio”. El corte del puente General San Martín (Gualeguaychú-Fray Bentos), dispuesto en plena temporada de turismo, golpearía a los uruguayos. Era una fuerte sanción económica. El gobierno de Néstor Kirchner niega que haya habido sanción, alegando que no hubo acción estatal; pero en este caso lo que cuenta es la inacción. Si un grupo de particulares corta un paso internacional, el Estado debe reabrirlo. La Gendarmería, que está para preservar el orden en las fronteras, fue enviada a disolver un piquete que obstruía el paso en una ruta de Santa Cruz. En cambio, tiene orden de no frustrar a los entrerrianos que ansían dejar al Uruguay completamente aislado, hasta que se rinda y renuncie a las papeleras.
    La escalada se vuelve cada vez más peligrosa.
    Tabaré Vázquez se calza la banda presidencial para firmar, en presencia de todos sus ministros y las cámaras de televisión, el decreto que autoriza las obras de Ence. Anuncia, además, que él mismo irá a Fray Bentos a poner la piedra fundamental, ocasión en la cual realizará allí una reunión de gabinete. También anticipa que realizará una gira sudamericana, pidiendo el apoyo de otros presidentes de la región.
    Kirchner no hace ningún esfuerzo por recomponer la situación, no respondió una carta de Tabaré, y se limitó a pedir que el Congreso aprobase su decisión de ir a La Haya. En verdad, el Ejecutivo podría haber ido a la Corte Internacional de Justicia en cualquier momento, sin necesidad de pedir la luz verde del Congreso. Lo que Kirchner quería (y logró) fue un blanqueo de todo lo actuado por el gobierno. La resolución que votaron diputados y senadores presupone que la Argentina hizo todo lo que podía y, ante la intransigencia uruguaya, se ve obligada a someter el caso a La Haya.
    Nadie piensa en lo que sucederá mientras tanto. Estas son algunas hipótesis:
    • Uruguay sigue adelante con las obras.
    • La Argentina no logra que la Corte Internacional de Justicia dicte una medida cautelar.
    • Uruguay concurre al Tribunal de Asunción, reclamando porque los cortes de puentes afectan la libre circulación de personas y mercaderías.
    • El Tribunal ordena que se libere el paso en todos los puentes transnacionales.
    • Los ambientalistas no se sienten obligados por la decisión del Tribunal.
    • El gobierno de Entre Ríos respalda la continuidad de los cortes.
    • Un barco de Greenpeace intenta detener en alta mar un buque chileno que transporta insumos y equipos para las plantas de Fray Bentos.
    • El gobierno argentino prohíbe el paso por el territorio nacional a cualquier medio de transporte que lleve material para esas plantas.
    • Uruguay pide una reunión cumbre del Mercosur para tratar el tema.
    • Se producen episodios de violencia, tanto en Uruguay como en la Argentina.
    Antes de pasar a instancias internacionales, susceptibles de agravar el conflicto, hay que agotar las posibilidades de entendimiento bilateral.
    Esta es una responsabilidad personal de los dos presidentes, Kirchner y Vázquez. Después de tantos desencuentros burocráticos, errores diplomáticos y demagogia política, ambos jefes de Estado deben enfriar el conflicto y ordenar la búsqueda de una solución racional.
    Los halcones de uno y otro lado, por supuesto, quedarán insatisfechos.
    Pero ambos países se habrán ahorrado las imprevisibles consecuencias de agravar este absurdo conflicto. M

     

    Como si el Mercosur no existiera

    La Argentina no quiere llevar la controversia al Tribunal de Asunción porque allí perdería muy rápido. Según el Protocolo de Olivos, suscrito por los cuatro países el 18 de febrero de 2002, cuando dos países no puedan resolver un diferendo mediante negociaciones directas, designarán, cada uno, un árbitro; y entre ambos, un tercero.

    El 21 de junio de 2001, la Argentina firmó –junto con Uruguay, Paraguay y Brasil– el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur.
    El preámbulo de tal acuerdo dice que los cuatro países se obligan a “cooperar para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable de los recursos naturales”.
    A ese fin, en el artículo 1° reafirman “su compromiso con los principios enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992”.
    El objeto del acuerdo –dice el artículo 4°– es “el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente”.
    Con ese fin, en la parte dispositiva se prevé la gestión ambiental “de los recursos naturales”, incluyendo:
    • Fauna y flora silvestres
    • Bosques
    • Diversidad biológica
    • Bioseguridad
    • Recursos hídricos
    • Recursos ictícolas y acuícolas
    • Conservación del suelo

    También se prevé que los países miembros preserven la “calidad de vida” en la región, administrando adecuadamente:
    • El saneamiento básico y el agua potable
    • Los residuos industriales
    • Los residuos peligrosos
    • Las sustancias y productos peligrosos
    • La calidad del aire
    • El uso del suelo
    • La evaluación de impacto ambiental de los proyectos

    Por último, el acuerdo asegura que las distintas actividades –incluyendo la forestación, la pesca y el ecoturismo– sean “ambientalmente sustentables”.
    Para el caso de “controversias que surgieran” respecto de la “aplicación, interpretación o incumplimiento” del Acuerdo, el artículo 8° remite al Sistema de Solución de Controversias del Mercosur.
    Ese sistema se rige actualmente por el Protocolo de Olivos, suscrito por los cuatro países el 18 de febrero de 2002.
    Según ese instrumento, cuando dos países no puedan resolver un diferendo mediante negociaciones directas, designarán, cada uno, un árbitro; y entre ambos, un tercero. Se constituiría así un Tribunal Arbitral Ad Hoc, que deberá resolver la disputa dentro de los 90 días. Para evitar que “el mantenimiento de la situación” ocasione “daños graves e irreparables” a una de las partes, el tribunal podrá dictar medidas precautorias. La cuestión de fondo deberá ser resuelta dentro de los 90 días.
    En determinados casos, el laudo será recurrible ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con sede en el palacete Villa Rosalba, Asunción. El cuerpo –conocido como Tribunal de Asunción– está compuesto por cinco miembros: uno por cada país, y un quinto designado por consenso.
    Si recibe en revisión un arbitraje, el tribunal deberá emitir decisión definitiva e inapelable dentro de los 45 días.
    Para abreviar el procedimiento, las partes tienen la opción de obviar el arbitraje y ocurrir, directamente, al Tribunal de Asunción.
    Parece indiscutible que el diferendo sobre las papeleras debe ser resuelto por el Sistema de Solución de Controversias del Mercosur, aplicando el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur.
    ¿Por qué el gobierno argentino ignora esta vía y quiere ir a la Corte Internacional de Justicia?
    El canciller Jorge Taiana ha explicado sus razones:
    1- Los asuntos relativos al río Uruguay están reglados por un tratado específico.
    Se refiere al Estatuto del Río Uruguay, del 26 de febrero de 1975 (complementario del Tratado de Límites en el Río Uruguay del 7 de abril de 1961).
    Taiana reconoce que esos instrumentos son anteriores a Mercosur y, por lo tanto, previos al Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente en el Mercosur.
    Sin embargo, considera que el Estatuto es una norma específica, mientras que el Acuerdo es una norma general. Un principio general del derecho establece que lo específico tiene precedencia sobre lo general.
    Es cierto que el Estatuto –a diferencia del Acuerdo– se refiere al río Uruguay. Sin embargo, es menos específico en cuanto a la materia: la protección del medio ambiente.
    Entre los diversos objetos de ese Estatuto figuran:
    • Las facilidades y la seguridad de la navegación.
    • El dragado y el balizamiento.
    • Las instalaciones portuarias, los alijos y los complementos de carga.
    • El salvamento de buques.
    • El aprovechamiento de las aguas para fines domésticos, sanitarios, industriales y agrícolas.
    • La pesca.
    • La explotación de los recursos del lecho y el subsuelo.
    El texto incluye, por cierto, disposiciones que procuran asegurar “la calidad de las aguas” (artículos 7, 11, 13 y 35), y “evitar la alteración del equilibrio ecológico” (39), previniendo la “contaminación” (40). De ahí no se deduce que el Acuerdo sea más “específico” (en cuento a la materia) que el Estatuto.
    Es bizantino, de todos modos, discutir qué instrumento protege “más” el medio ambiente en la cuenca del Uruguay. Ambos se complementan: es imposible cumplir uno e incumplir el otro. O se cumple con ambos, o se los viola ambos.
    Por lo tanto, habida cuenta de que hoy existe Mercosur (inexistente en 1975) y un mecanismo regional para la solución de controversias, nada impediría que las partes requiriesen al Estatuto de Asunción que se expidiera, teniendo en cuenta el Acuerdo y –como antecedente– las normas relativas a calidad de las aguas y equilibrio ecológico que se suscribieron 31 años atrás.

    2- El Tribunal de Asunción es comercial y no ha resuelto problemas de medio ambiente. No es así. El Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur establece que el Tribunal de Asunción es el órgano competente para dirimir controversias sobre problemas ambientales. Que su jurisprudencia sea breve, se explica: el Tribunal Permanente de Revisión se inauguró el 18 de febrero de este año.
    La verdadera razón por la cual la Cancillería quiere evitar el Tribunal de Asunción es porque no quiere arriesgarse a una derrota rápida.
    En la Corte Internacional de Justicia, la Argentina puede perder; pero eso será dentro de varios años y, mientras tanto, “el caballo puede aprender a hablar”.
    En cambio, perder este año crearía serios problemas políticos al gobierno de Néstor Kirchner.
    ¿Por qué la Argentina tendría que perder en Asunción?
    Es claro que el poder de decisión lo tendrían los dos países de Mercosur no involucrados en el conflicto: Brasil y Paraguay. A fin de pronosticar su actitud sobre el caso, conviene tener en cuenta algunos datos:

    Brasil. Es el séptimo productor mundial de pulpa de papel, y no utiliza en ninguna de sus plantas la tecnología que la Argentina le exige a Uruguay.
    En Fray Bentos se fabricará celulosa de eucalipto, blanqueada según el procedimiento ECF.
    Nadie, en el mundo, fabrica más celulosa de eucalipto blanqueada por ECF que el grupo brasileño Aracruz Celulose, formado por:
    • El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), dependiente del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.
    • Votorantim Celulose e Papel (VCP), empresa privada brasileña, encabezada por Antônio Emírio de Moraes.
    • Grupo Safra, complejo bancario de capital brasileño.
    • Lorentzen, empresa noruega.
    En sus actuales instalaciones, Aracruz Celulose produce 2.400 millones de toneladas por año, y pasará a producir 3.300 millones cuando esté lista la planta que levanta en el Estado de Bahía, junto con el grupo sueco-finlandés Stora Enso.
    A la vez, una de las empresas integrantes de Aracruz, anunció el 3 de noviembre del año pasado la construcción de una planta casi idéntica a la que Botnia levantará en Fray Bentos. Se trata de la empresa Votorantim, con una capacidad de producción de 1.000.000 de toneladas por año, que estará emplazada en Río Grande do Sul.
    Brasil tiene plantadas 5 millones de hectáreas de eucalipto, principalmente para la producción de celulosa mediante la misma tecnología que Botnia y ENCE emplearán en Fray Bentos.
    Es imprevisible que Brasil condene a Uruguay por hacer lo mismo que hace hasta el Estado brasileño (BNDES).

    Paraguay. La Argentina tiene en las costas misioneras del Paraná, frente a Paraguay, dos plantas de celulosa.
    Los paraguayos no objetan la de Alto Paraná S.A., ubicada en Puerto Esperanza, porque utiliza la misma tecnología (ECF) que emplearán las plantas de Fray Bentos.
    En cambio, se quejan de Pastas Celulósicas Piray S.A., fábrica emplazada en Puerto Piray, que produce con cloro gaseoso o elemental.
    El Ministro del Ambiente de Paraguay, Alfredo Silvio Molinas Maldonado, se presentó ante la Fiscalía General del Estado y denunció a la empresa argentina por contaminar las aguas frente a Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa.
    En su presentación, Molinas Maldonado dijo que en la planta de Piray se blanquea la pasta celulósica mediante “la tecnología más nociva de las conocidas” (cloro elemental) y se vierten “los desechos, sin previo tratamiento, en el arroyo Los Angelitos, casi en su desembocadura en el río Paraná, frontera natural entre la Argentina y Paraguay”.
    De modo que Paraguay no estaría dispuesto a condenar la tecnología que acepta (la de Fray Bentos, igual a la de Alto Paraná) para defender la posición de la Argentina, que mantiene una planta de alto poder contaminante frente a territorio paraguayo.
    En suma, la Argentina perdería en Asunción, y lo haría dentro de pocos meses. Esa habría sido la razón por la cual el Palacio San Martín decidió llevar el caso a la lenta Corte Internacional de Justicia. M

    Fuente: abeceb.com en base a INDEC

    Históricamente, el intercambio comercial entre la Argentina y Uruguay se ha mantenido superavitario para nuestro país. En los últimos 10 años, el saldo promedio los US$ 416 millones a favor de la Argentina y superó los US$ 500 millones por primera vez durante 2005.

    Fuente: abeceb.com en base a INDEC

    En términos de grandes rubros, en el año 2005 el 68% del intercambio (suma de exportaciones e importaciones), se correspondió a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI).
    Por su parte, teniendo en cuenta los capítulos del Nomenclador Común del Mercosur (NCM), se observa que los de mayor participación en las exportaciones son Combustibles, Plásticos y Vehículos. Entre las importaciones, en tanto, se destacan las ventas de Vehículos, Plásticos y Papel y cartón.

    Orientales y porteños
    Una historia de amor/odio signada por las incomprensiones

    La semana anterior, en Buenos Aires, se había instalado el “primer gobierno patrio”. O, como se llamó entonces, la Junta Gubernativa.
    Montevideo era la capital de la Banda Oriental: territorio que debía su nombre a su ubicación, al este del río Uruguay.
    Los orientales estaban, en principio, dispuestos a ser gobernados desde Buenos Aires. De hecho eso es lo que aceptaron, en Cabildo Abierto, la mañana del 1° de junio de 1810.
    Pero esa misma noche, llegó a la rada montevideana un barco con noticias de España: en Cádiz se había constituido un Consejo de Regencia, que pretendía ejercer las funciones del Rey mientras Fernando VII estuviera preso.
    Con la Península ocupada, ese Consejo tendría escaso poder. Sin embargo, algunos montevideanos apreciaron que la nueva institución les ofreciera una oportunidad de autogobierno.
    No perdieron el tiempo. Aunque el 2 de junio era sábado, igual reunieron un nuevo Cabildo Abierto, a fin de trocar lealtades. Borrando lo escrito el día anterior, esta segunda asamblea decidió que la ciudad respondería exclusivamente al Consejo de Regencia de Cádiz.
    Cuando la mala nueva llegó a Buenos Aires, la Junta le ordenó a su secretario, Juan José Paso, que viajara a Montevideo y disciplinara a los cabildantes.
    El pobre Paso debió soportar que, en su propia cara, un nuevo Cabildo Abierto ratificara que los orientales dependían de Cádiz, no de Buenos Aires.
    Mientras tanto, el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, trenzaba en la propia Cádiz. Hombre previsor, había viajado a España antes de que cayera Baltasar Hidalgo de Cisneros, cuando la caldera porteña había empezado a hervir. Se presentó en Cádiz alegando que la sede del virreinato debía estar en la más leal de las ciudades del Plata: Montevideo.
    El timing fue perfecto. Elío estaba allá cuando se conoció que el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había sido derrocado en Buenos Aires. Conclusión: Elío volvió a Montevideo con el título de Virrey. El Consejo de Regencia dispuso, además, que el general Gaspar de Vigodet asumiera como Gobernador Militar.
    Apenas se instaló en la nueva sede del virreinato del Río de la Plata, Elío exigió la subordinación de Buenos Aires. Desairado, declaró la guerra a la Junta y, con la ayuda del Reino Unido (aliado de Cádiz en la lucha contra Napoleón) más el Brasil (colonia de Portugal), bloqueó el puerto de Buenos Aires por varios meses.
    Claro que Elío no sólo encontró resistencia entre los porteños. También entre los orientales.
    El virrey le ordenó a José Gervasio de Artigas, un capitán de blandengues de 50 años, estacionado en Colonia del Sacramento, que preparase su guarnición para lanzar un ataque contra Buenos Aires.
    Lejos de acatar la orden, Artigas vino a ofrecerle sus servicios a la Junta.
    Seis días más tarde, a orillas del arroyo Asencio –a unos 30 kilómetros de Fray Bentos, donde se construirán las cuestionadas “papeleras”– un grupo de revolucionarios proclamó su adhesión a las autoridades porteñas.
    El grupo era liderado por Pedro José Viera (Perico el Bailarín, un capataz de estancia, nacido en Viamão, hoy estado de Río Grande do Sul, en Brasil) y Venancio Benavídez (un cabo de milicias). La proclama de ambos, lanzada el 28 de febrero de 1811, se conoce como el Grito de Asencio.
    Al día siguiente de aquel “grito”, los alzados capturaron la ciudad de Mercedes. En las semanas siguientes, con Benavídez al frente de las tropas, se apoderaron de El Colla (hoy Rosario), San José y Colonia.
    Artigas ya estaba de vuelta en su tierra, como Comandante General de las Milicias Patriotas de la Banda Oriental. Después de derrotar a los realistas en Las Piedras, se propuso tomar Montevideo por asalto. Pero no tuvo inconvenientes en ponerse a las órdenes de José Rondeau, cuando Buenos Aires envió a éste como jefe de las fuerzas sitiadoras.
    La plaza resistió con fiereza y aquí se sufría la desmoralización posterior al desastre de Huaqui. En esas circunstancias, un ejército portugués, al mando de Diego de Souza, invadió la Banda Oriental. Siguiendo un consejo del embajador británico en Brasil, Lord Strangford, el Triunvirato –que había sucedido a la Junta– firmó un armisticio con Elío, para evitar que se consolidara una alianza entre portugueses y españoles. Con la promesa de que los portugueses abandonarían el Uruguay, el ejército de Rondeau volvió a Buenos Aires.
    Artigas, convertido en Primer Jefe de los Orientales, juzgó que el armisticio era una claudicación y abandonó su país. Fue el éxodo oriental, en el cual fue seguido por 300 soldados y 1.600 civiles que cruzaron el río Uruguay y levantaron un campamento a orillas del Ayuí, un arroyo que desemboca en el río Uruguay, a la altura de Concordia.
    Como los portugueses no abandonaron la Banda Oriental, el Triunvirato decidió un nuevo ataque sobre Montevideo. Eligió, para eso, a un triunviro: Manuel de Sarratea, quien recibió el encargo de pactar con Artigas.
    Menuda tarea.
    Sarratea había declarado a Artigas “traidor a la Patria”. A su vez, el caudillo oriental había acusado al triunviro por ejercer una “abominable prostitución”. Ahora, Sarratea debía comunicarle al Primer Jefe de los Orientales que debía subordinársele, y volver al Uruguay como oficial de un ejército comandado por un porteño. Por extraño que parezca, Artigas aceptó.
    Pero el sitio de Montevideo, que era violado permanentemente desde el agua, fue ineficaz; y las tropas porteñas terminaron por amotinarse, desconociendo a Sarratea. En su reemplazo asumió Rondeau, a quien Artigas volvió a subordinarse, ratificando su desprendimiento y probando que deseaba la integración de la Banda Oriental a la embrionaria Argentina.
    Entonces sucedió algo que lo defraudó.
    Buenos Aires estaba por celebrar la Asamblea Nacional General Constituyente (la Asamblea del Año XIII) y en el campamento de Artigas fueron elegidos los representantes de la Banda Oriental. El propio Artigas redactó las instrucciones. Sus hombres debían reclamar:
    • La formal declaración de Independencia.
    • La libertad civil y religiosa.
    • La organización política bajo la forma federal.
    • La elección de una capital federal distinta de Buenos Aires.

    La Asamblea no permitió la incorporación de los diputados orientales. Alegó que no tenían legitimidad porque los había elegido un campamento militar. Objetó, además, que tuvieran instrucciones: algo incompatible con el carácter soberano de la constituyente.
    El motivo real del rechazo fue el contenido de aquellas instrucciones, que afectaban al centralismo porteño.
    El 20 de enero de 1814, Artigas –disgustado, también, con negociaciones que se hacían en Montevideo a sus espaldas– abandonó el sitio.
    “Reo de traición a la Patria”, lo declaró el Directorio.
    Comenzaba así el largo proceso de la independencia uruguaya.

     

    Derecho internacional

    Uno de los argumentos que se esgrimen para exigir que Uruguay adopte el sistema TFC es la prohibición de blanquear con cloro (aun con dióxido) que habría impuesto la Unión Europea.
    En realidad, la UE no prohibió el ECF. Fijó metas voluntarias para una mayor reducción de la emisión de dioxinas y furanos.
    La única tecnología proscripta es la que blanquea con cloro elemental. En un documento sobre las mejores técnicas disponibles (Best Available Techniques, BAT), presentado en marzo de 2003, los técnicos de la UE dijeron que tanto ECF como TFC estaban entre esas técnicas válidas.
    Los militantes contra las “papeleras” uruguayas dicen que violan las Reglas de Helsinki y la Convención sobre Cursos de Agua son más exigentes.
    Las reglas de Helsinki fueron elaboradas en 1966 por la International Law Association (ILA), una organización académica no oficial. La llamada Convención sobre Cursos de Agua fue redactada en 1997 por la International Law Commission (ILC).
    Ninguno de esos instrumentos es obligatorio. Ambos instan, sin embargo, a lo que Uruguay y la Argentina deberían acordar sin que nada los obligase: el uso “razonable y equitativo” de un río, a fin de que “un ribereño pueda lograr sus objetivos sin causar daño sustancial a otro ribereño”.

     

    ¿Allá o acá?

    Buenos Aires y Montevideo tienen en común el tango, el mate, la pasión por el fútbol y –como símbolo de todo eso– algunas similitudes arquitectónicas que comparten.

    Palacio Barolo, Buenos Aires

    Palacio Salvo, Montevideo