La mañana de la entrevista con Alberto Abad, las portadas de los principales diarios hacían referencia al récord de recaudación en el primer mes del año. Los ingresos fiscales alcanzaron los $ 7.160 millones, una cifra superior a la meta de $ 6.632 millones pautada en el presupuesto aprobado por el congreso nacional. Un mes atrás, también los titulares dedicaban un espacio generoso al tema, pues en diciembre los ingresos sumaron algo más de $ 6.700 millones y, así, la recaudación total de 2003 mostraba un crecimiento de 43,2% sobre el año anterior, totalizando $ 72.274,7 millones.
Se entiende, entonces, que en el edificio de Hipólito Yrigoyen el ambiente parezca perfumado y el buen humor esté en la orden del día. La contracara, quizá, del clima que por esos días se vivía en el Ministerio de Trabajo, donde el ala dura de los piqueteros ingresó con bombos y palos en reclamo de más planes sociales. El titular del organismo recaudador, sin embargo, prefiere mostrarse satisfecho antes que eufórico.
A poco más de dos años al frente del organismo, Abad divide su experiencia en dos etapas. La primera fue la que vino de la mano del programa de emergencia. Por entonces, la recaudación impositiva, aduanera y previsional se encontraba fuertemente condicionada por una profunda crisis institucional, política, económica y social. Sumado a ese contexto, se hacía todavía más difícil recaudar casi sin sistema financiero, un elemento que, para quienes no son especialistas en la temática, pasó inadvertido.
¿Cuál era la estrategia en ese período?
Puede dividirse en dos partes. La primera tenía el foco en un programa de emergencia. En ese contexto se implementaron las retenciones y se aguantaron a pie firme los embates para colocar un sistema de ajuste por inflación. En paralelo, nos concentramos en mejorar la atención al contribuyente, aumentamos el número de intimaciones y trabajamos muy fuerte con la información del sistema financiero, como el seguimiento de los giros al exterior, de los fondos depositados en el corralito. Por otra parte, pusimos en marcha un programa de educación tributaria.
¿Cuándo comenzó la segunda etapa?
En simultáneo, veníamos trabajando en una serie de nuevas estrategias, que fueran orgánicas, para la lucha contra la evasión. Y esto coincide con la llegada de [Néstor] Kirchner a la Presidencia, con la famosa frase traje a rayas para los evasores; algo que dio impulso político a esta actividad. Al mes de iniciada la nueva gestión, el Presidente tomó la decisión de enviar el paquete antievasión al Congreso.
¿Cuál es su posición frente a cuestiones tales como el comercio internacional y los paraísos fiscales?
El tema de las operaciones internacionales es un problema no ya de carácter local sino global. Y asociado a él aparece otro fenómeno: el de la concentración de las actividades productivas que, en la actualidad, determina que 60% de las transacciones de comercio exterior sean realizadas entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico cuyo domicilio legal, por lo general, coincide con un paraíso fiscal. Eso hace que las transacciones hechas por las distintas filiales en distintos países sean transacciones entre hermanas, con lo cual los precios pautados en las operaciones de compra y venta no tienen por qué ser los precios del mercado. Lo que se busca es que el precio dé las mayores utilidades con el menor costo impositivo. La cuestión es, entonces, cómo hace una administración tributaria local para poder dar una respuesta más o menos inteligente a organizaciones globalizadas que tienen la tecnología contable, económica, financiera y legal para maximizar sus utilidades. Somos parte de un sistema donde la evasión está globalizada pero el control de la evasión es local. Esto supone un gran desafío: globalizar el accionar de las administraciones tributarias nacionales.
¿Qué perspectivas ve para 2004?
Aquí hay que pensar que, en la medida que la actividad económica se estabilice, el gran parámetro que puede marcar la pauta es el crecimiento del PBI. No obstante, hay que ser muy persistentes en la actividad, ampliar la base tributaria y fomentar el cumplimiento voluntario.
El cumplimiento voluntario es un objetivo muy importante, pero ¿cómo se lo alcanza en la Argentina?
Me parece que en el país hay tela para cortar, pero al compás del crecimiento económico. Tiene que ser un proceso legítimo, porque la administración tributaria debe tener legitimidad. Una administración tributaria legitimada es para mí una gran ayuda para legitimar al Estado. A nadie le gusta pagar impuestos, se lo toma como una obligación. Pero a medida que la calidad de los servicios públicos y los gastos públicos mejoren, creo que la gente va a aceptar con mayor naturalidad el pago de impuestos. La educación tributaria es, por otra parte, una cuestión central en nuestra visión. Sería inteligente ver a la evasión como un fenómeno social. La evasión, en la Argentina, como cualquier incumplimiento, es parte de una cultura. Y la cultura simplemente se forma, o se transforma, a través de la educación.
En la agenda para este año está el tema de una nueva ley de coparticipación federal. ¿Cuáles deberían ser, a su juicio, los criterios técnicos para un nuevo régimen de coparticipación?
Creo que las relaciones con las provincias son un problema que tienen todos los países federales, con ventajas y desventajas. En lo referido al tema de la administración tributaria en particular, nosotros estamos empeñados en una actividad muy federal. Creemos que, a nivel de la administración tributaria provincial, hay un camino interesante para recorrer. Tenemos que mejorar mucho el intercambio de información con las provincias porque, en la administración tributaria, hay una base de tipo tecnológica y de gestión que es central.
¿Cuentan las provincias con la infraestructura para hacer toda la recaudación local, en el caso de ir hacia un esquema de corresponsabilidad fiscal?
Creo que hay problemas de tipo técnico. Por ejemplo, hay muchos contribuyentes con gestión internacional, que tienen actividades en distintas provincias. Y, si uno no tiene una capacidad centralizada de juntar toda la información, es una limitación para las provincias, porque quedarían en una situación de gran debilidad. Yo creo, por eso, que en este momento hay que mejorar lo que está haciendo cada una de las provincias en sus ámbitos de competencia. Mejorar muy fuerte el intercambio de información y, cuando esto esté nivelado, se puede empezar a pensar si hay algunos impuestos que podrían tener a su cargo las provincias.
¿Cree que el sector financiero puede fortalecerse a partir de la modalidad de pago de impuestos con tarjeta de crédito?
Sí. El combate más sistémico frente a la evasión del IVA es la bancarización. Ésa es la respuesta más integral e integrada, y por eso nosotros apostamos mucho a ello. Allí se está abriendo un negocio para los bancos. Considero que la bancarización es una aliada para la administración tributaria. Simplifica la gestión y es una simplificación para la gente. Me parece que el sistema financiero tiene que ser socio nuestro en eso.
¿Tendremos en 2004 algún gran evasor con traje a rayas?
No nos ponemos objetivos en ese sentido. Pero vale la pena aclarar que las denuncias penales que hicimos durante 2003, duplicaron los montos de las que hicimos durante 2002 y hubo más de ciento y pico de detenidos. Es decir que la actividad punitiva funciona. Es una de las caras de la administración tributaria. No es la única ni la más importante. Para nosotros la más importante es la educación tributaria.