En todo el mundo, todos los días, a cada hora, hay interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Pero hay cortes de extraordinaria magnitud. Como el de 1998 en Nueva Zelanda; los numerosos de California en 2000; el de hace pocos meses en Londres; o los de pocas semanas atrás en Copenhague y en varias regiones de Italia.
En casi todas estas latitudes la pregunta fue: ¿hay alguna conexión entre estas interrupciones y el proceso de privatización y de desregulación del mercado eléctrico?
Los cortes suceden por un exceso súbito en la demanda, por un accidente de cualquier tipo; o bien por fallas en los componentes del sistema. La eficiencia en el control del daño depende de la habilidad de los recursos humanos involucrados y la disponibilidad de generar excedentes del sistema o de la capacidad alternativa de encontrar otros caminos de suplir la corriente.
Sobre los recientes cortes en la Argentina pende una sospecha: el gobierno cree o quiere hacer creer que han sido intencionales como método de forzar un aumento en la tarifa. Las empresas lo niegan.
¿Qué dice el sentido común? Primero, que en una negociación tan difícil como la que afrontan las empresas distribuidoras es absurdo que enfrenten un riesgo semejante, capaz de enajenarles por mucho tiempo la buena voluntad de la opinión pública.
Segundo, las mismas empresas y muchos expertos, sostienen que hacen falta inversiones en infraestructura paralizadas desde hace años para afrontar el aumento en la demanda. ¿Por qué no se hicieron antes? Porque las empresas privatizadas, según los pliegos originales de licitación, no tenían obligación de hacerlas. Se suponía que con tarifa rentable y ascenso en el consumo, ellas mismas decidirían cuándo era el momento de invertir. Como eso no ocurrió en los últimos años, no hubo obra nueva.
Según la Agencia Internacional de Energía, se precisarán US$ 10 billones (millones de millones) en tres decenios para evitar colapsos eléctricos como los recientes en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Fuentes públicas, privadas y mixtas locales o multilaterales deberán invertir más de US$ 333.000 millones anuales, en 2004-33, para frenar y luego revertir el deterioro de generación y suministro eléctrico.
Los técnicos de la entidad sostienen que ese monto, equivalente a 30% del PBI norteamericano a valores corrientes (o a 90% del déficit fiscal 2003), es indispensable para prevenir cortes tan amplios como los sufridos durante el tercer trimestre en economías centrales. Por supuesto, el cuadro en países emergentes y periféricos es bastante más grave.
En la Argentina, se supone que harán falta US$ 1.000 millones en obras de infraestructura para atender el crecimiento del consumo, y los trabajos requieren un tiempo de maduración no inferior a tres años.
Es decir que hoy, si se aumentaran las tarifas y en algo habría que aumentarlas, los problemas no desaparecerían. Por eso es peligroso que el Gobierno juegue a que las empresas prestatarias del servicio son el villano de la película. Si los cortes se suceden, la gente responsabilizará primero a estas empresas. Pero luego, inevitablemente, al propio gobierno. No se puede jugar con fuego.