Cambió la cúpula Fuerzas Armadas y de la Policía Federal,
avanzó sobre el Pami y la Corte Suprema de Justicia; se muestra hiperactivo,
enfrentando centros de poder, cerca de la gente y haciendo anuncios cotidianos.
Es el estilo de gobierno que impuso el presidente Néstor Kirchner y que
los medios han denominado el “estilo K”. Sin embargo, en cuestiones
económicas importantes como la negociación con los acreedores
externos, la redefinición del sistema financiero o renegociar los contratos
con las empresas privatizadas, parece acumular asignaturas pendientes. Y esta
diferencia entre política y economía comienza a ser percibida
por la sociedad.
En un sondeo realizado en Capital y Gran Buenos Aires por Rosendo Fraga, uno
de los analistas políticos más escuchados en el mundo de los negocios,
77% de imagen positiva de la gestión presidencial se transforma en sólo
36% de aceptación sobre la marcha de la economía. Por eso, a la
hora de analizar la actual política económica algunos especialistas
advierten que, debido a la postergación de muchas decisiones para los
próximos meses, deben evitarse las conclusiones apresuradas.
Sin grandes cambios a la vista, los sectores más beneficiados son los
heredados, al igual que el equipo económico, de la devaluación
y pesificación de deudas realizada por la administración Duhalde.
“La devaluación, que fue lo más importante desde 2001, mejoró
fuertemente los ingresos de todos los sectores exportadores, básicamente
del sector agropecuario pampeano, y sectores industriales que sufrían
una fuerte competencia de productos importados como textiles y metalmecánica,
que hoy sustituyen importaciones”, afirma Jorge Schvarzer, economista del
Plan Fénix. Pero aun con un tipo de cambio muy favorable, el boom exportador
estuvo lejos de producirse: en 2002 las ventas al exterior sumaron US$ 25.383
millones, una disminución de 5% respecto del año anterior. La
falta de crédito, de inversiones y las retenciones a las exportaciones
explicarían este pobre desempeño.
Concentración
Los productos más comercializados con el exterior fueron las manufacturas
de origen agropecuario (derivados de la soja, aceite, harinas, carnes y frutas),
petróleo y algunos commodities industriales (acero y aluminio); a la
vez que se produjo una fuerte concentración de las operaciones en un
pequeño grupo de empresas tradicionalmente exportadoras. Esta estructura
del comercio exterior muestra la primarización de la economía
argentina y la preponderancia de los grupos económicos más concentrados
ya que apenas 100 empresas, entre las que se encuentran Repsol, Techint, Pérez
Companc, Arcor y Acindar, representan 80% del total de las exportaciones del
país.
“Los ganadores son los grandes grupos económicos locales y algunas
empresas extranjeras que son el núcleo de la cúpula exportadora.
Con el dólar alto ganan con la expansión de sus ventas al exterior
y, mucho más, por tener divisas en el extranjero”, resume Martín
Schorr, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
la entidad contratada por el ministro de Planificación, Julio De Vido,
para asesorarlo sobre la renegociación con las privatizadas.
Más terminante, Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía
y rector de la Universidad del Cema, considera que “el señor De
Mendiguren y una parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) estaban
a favor de terminar con la convertibilidad para generar un tipo de cambio alto,
que les devolviera la fracción del mercado que habían perdido
frente a la competencia internacional más eficiente. Era el sector de
los empresarios fundidos y deudores. Nada más a favor de una devaluación
y una crisis que un empresario que está fundido y endeudado, porque le
licuan la deuda y le devuelven el control del mercado”.
En el primer semestre de 2003 la economía creció 6,5% con respeto
al mismo período del año anterior, lo que le permite a Economía
estimar un crecimiento de 5,5% para todo el año. En este punto, los especialistas
coinciden que luego de la fuerte caída de 10,9% del producto en 2002,
cambios relativamente menores producen saltos estadísticos grandes. A
pesar de este resultado, o justamente por este resultado, la polémica
se centra en las características de la recuperación: en junio
no hubo crecimiento con respecto a mayo y la actividad industrial acumuló
una caída de 2,5% en el segundo trimestre del año.
Si bien en julio la industria volvió a recuperarse 1,5%, esta vez impulsada
por el consumo interno, especialmente por alimentos y su arrastre sobre la producción
de plásticos y vidrio, los límites a este crecimiento estarían
dados por el deprimido consumo interno que no logra recuperarse. Por otra parte,
el sector textil retrocedió 1,6% comparado con junio, producto de la
leve baja de la cotización del dólar y la recesión en Brasil.
El sector es uno de los más dinámicos desde la devaluación
y en los primeros siete meses del año acumula un crecimiento de 113,3%
con respecto al mismo período del año anterior.
Contabilizando heridos
Al momento de contar a los perdedores del nuevo contexto económico se
destacan el conjunto del sector de servicios y, en particular, los bancos y
las empresas concesionarias de los servicios públicos privatizados. Junto
a estos sectores se encuentran los trabajadores que soportan altísimos
niveles de desempleo y una fuerte caída del salario real producto de
la devaluación.
Para el mundo de los negocios, Martín Schorr considera: “Hasta ahora,
los grandes perdedores son las empresas privatizadas y los acreedores externos.
Sin embargo, está por verse cómo se define la negociación
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el default y cómo se renegocian
los contratos de las privatizadas. Los bancos se encuentran en una posición
intermedia porque ya recibieron un subsidio por la pesificación y están
discutiendo compensaciones por la diferencia entre el CER y el CVS y los depósitos
en dólares que la Justicia les ordenó pagar a valores de mercado”.
En cuanto a los salarios, Enrique Arceo, investigador del Instituto de Estudios
y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), destaca que
“los trabajadores perdieron entre 20 y 30% del ingreso. Con el agravante
que los trabajadores informales, prácticamente el único sector
donde se crea algo de empleo, perdieron aún mucho más”. Para
seguir su evolución, Flacso mide la relación entre los salarios,
los precios (IPC) y el tipo de cambio desde octubre de 2001. En abril de 2003
se observa una caída de los salarios de más de 20% respecto de
los precios y de casi 60% considerando el tipo de cambio; lo que muestra que
no sólo cayó en general el poder adquisitivo de los salarios sino
que afectó más a los sectores de menores recursos porque el tipo
de cambio afecta directamente el precio de los alimentos.
La complejidad de las tareas que tiene por delante el Gobierno se pone de manifiesto
en la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, donde
debe considerar realidades y necesidades totalmente distintas. Desde la devaluación
las empresas reclaman incrementos tarifarios por los aumentos de sus costos
y la necesidad de hacer frente al pago de la deuda en dólares contraída
en el exterior. Mientras el Gobierno mantiene las tarifas congeladas, la discusión
gira en torno a otorgar aumentos y luego renegociar los contratos o avanzar
en una revisión integral de los mismos, incluyendo las tarifas.
Para Santiago Urbiztondo, especialista en servicios públicos y defensa
de la competencia de la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (Fiel), bajo ninguna concepción es factible mantener
las tarifas congeladas porque “se están violando los contratos en
todas las interpretaciones posibles. Debe separase la discusión sobre
el cumplimiento de los contratos –y tomar las medidas que correspondan–
de la necesidad de aumentar las tarifas por efecto de la devaluación”.
Y agrega: “Las ganancias que tuvieron en los ’90 incluían el
riesgo de operar en un país como la Argentina. Discutir hoy esas ganancias
es inconstitucional”.
“La clave es ver hacia el futuro. Las empresas deberán aceptar sus
pérdidas patrimoniales, en dólares, y desde ahora estipular un
nuevo margen de ganancias que permita mantener la infraestructura y realizar
inversiones”. Desde Fiel consideran que estas empresas no pueden ser discriminadas
y deben recibir el mismo trato que el resto de la economía, cuestión
que está presente en los tratados bilaterales de protección de
inversiones que van a regir como ley para interpretar estos contratos y donde
la Argentina continúa acumulado juicios.
Flacso milita en la vereda opuesta. Considera que los aumentos de tarifas deben
formar parte de la renegociación total de los contratos, de forma de
poder evaluar los cumplimientos de niveles de inversión, el impacto de
las tarifas en la distribución del ingreso, en la competitividad de la
economía y en la rentabilidad de las empresas. “El tema de los incumplimientos
en algunos sectores es muy importante, los que menos cumplieron son Aguas Argentinas,
Correo, Aeropuertos y Ferrocarriles. Antes de discutir si corresponde que aumenten
las tarifas hay que discutir cosas mucho más importantes”, puntualiza
Schorr.
Sector energético
Para Flacso, el sector energético es un claro ejemplo del mal funcionamiento
de las privatizaciones. La generación es un mercado formalmente desregulado,
pero fuertemente concentrado en torno a Repsol, que tiene más de 50%
de la producción de petróleo y gas; a su vez, le permitían
a las distribuidoras de gas y electricidad trasladar automáticamente
a las tarifas las variaciones de los precios mayoristas, motivo por el cual
no tienen ningún incentivo para negociar precios más bajos. Pero
además, por la integración vertical de toda la cadena, Repsol
también participa en distribución, y empresas como Techint están
presentes en la producción, el transporte y la distribución, lo
que reduce aún más los incentivos para competir vía negociación
de precios. Puntualmente, Flacso recomienda articular la regulación para
el conjunto del mercado porque prácticamente está controlado por
los mismos actores.
Mientras avanza el debate sobre las tarifas, Jorge Schvarzer, del Plan Fénix,
desdramatiza la situación. Considera que si bien deben analizarse caso
por caso las situaciones con que se enfrentan las empresas para evaluar si cubren
sus costos, el nivel de endeudamiento y las necesidades de inversión,
“todo indica que la forma de manejar el problema será permitiendo
ajustes graduales de tarifas en función de las demandas reales de costos”.
Un round aparte es la posibilidad de segmentar las tarifas. El único
avance en la materia es el acuerdo sobre la necesidad de implementar una tarifa
social, que le conviene tanto a las empresas como a los usuarios de menores
recursos. Como siempre, la materia opinable es quién se hace cargo del
costo. Donde la discusión no está saldada es respecto de los clientes
industriales. Urbiztondo considera que “no es para nada razonable tener
tarifas distintas para usuarios industriales, conforme a si exportan o no, si
les fue bien o mal. Así –enfatiza– no se hace política
económica, no puede haber ni precios, ni tarifas con nombre y apellido,
porque sería un nido de corrupción y muy ineficiente como forma
de asignar recursos”; y se pregunta “entonces ¿para qué
algunos sectores impulsaron la devaluación?”.
Desde el Plan Fénix afirman que se puede dar exactamente la situación
opuesta a la existente durante la década pasada. “Si se pueden aumentar
las tarifas eléctricas a los sectores industriales que exportan, que
en general son empresas muy grandes, muy concentradas e importantes consumidores
de electricidad, se podría resolver una parte del problema de las empresas
eléctricas sin afectar el consumo de los particulares. En realidad, en
todos los países del mundo hay diferencias entre las tarifas de consumo
y las industriales. Hasta ahora, las tarifas eran bajas para el sector industrial
y altas para los consumidores”.
Buscando un modelo K
Con distinto énfasis, tanto desde Fiel como desde el Cema consideran
que no se definió un plan económico que permita recrear la confianza
y la inversión. Para Urbiztondo existen demasiadas “indefiniciones,
tal vez razonables en el sentido de construir poder; pero la realidad es que
no se decide un curso de acción concreto. Una cosa parece clara: la medida
parece ser postergar las soluciones. Tal vez, en los próximos tres meses,
cambie la situación”.
Más dogmático en sus apreciaciones, Carlos Rodríguez es
categórico: “Para mí, ésta es la política económica
de la salida de capital, default sin solución y tipo de cambio alto”.
El sistema explotó y “se violaron todos los derechos de propiedad,
hubo salida de capitales, se paró la inversión y eso generó
un dólar alto, de pánico, que hizo caer el salario y desaparecer
el crédito. Pero el país no está creciendo porque las fuerzas
políticas tienen actitudes setentistas, anticapitalistas, antimperialistas.
No hay en la sociedad y en el Gobierno una actitud contestataria frente a los
factores que generaron la falta de confianza”, afirma el ex viceministro
de Economía, que reclama fuertes gestos de una alianza de Kirchner con
los principios del capitalismo, para que vuelva la confianza y permita el crecimiento
económico con un país integrado al mundo que honra sus compromisos.
Una visión distinta proviene del Plan Fénix, donde Jorge Schvarzer
considera que la supuesta falta de un plan económico no puede ser una
crítica: “El Gobierno quiere, a partir de un tipo de cambio alto
que es una definición de política económica, reasentar
la estructura productiva argentina. Eso es un programa económico”.
Desde esta concepción, muy cercana a la de Economía, Schvarzer
es optimista respecto de la recuperación económica, porque espera
que, a partir de reducir la incertidumbre interna, con estabilidad del tipo
de cambio y de la inflación, se puede volver a los niveles de actividad
previos a la crisis. Desde esta perspectiva, con un mínimo de inversión
pública se dinamizaría la economía, se reconstruiría
gradualmente la confianza y, posteriormente, deberían implementarse políticas
para “promover sectores productivos y ver en la práctica a cuáles
hay que apoyar con más fuerza, los más dinámicos, los que
muestran el camino. Para promover no es necesario subsidiar, se pueden dar préstamos
a largo plazo, generando algún tipo de protección a esas producciones
(aranceles, compre nacional) o fortaleciendo la investigación científica
y tecnológica para atender estos sectores”.
Para Martín Schorr, de Flacso, “la asignatura pendiente es empezar
a ver que el dinamismo económico viene más del lado del mercado
interno, ligado a una distribución mucho más progresiva del ingreso,
que a una salida exportadora. Apostar todo a las exportaciones y al dólar
alto no es suficiente”.
Desde la CTA, Enrique Arceo profundiza el análisis y considera que habrá
“enfrentamientos puntuales del Gobierno con los sectores que se beneficiaron
con la devaluación, porque Kirchner intenta conformar un Estado con una
fuerte presencia reguladora que, necesariamente, deberá reforzar la recaudación
impositiva”. Sin embargo, podría mantenerse un modelo “más
productivo”, muy parecido a los ’90, en el cual “el motor sean
las exportaciones, sin política industrial, con índices de crecimiento
mediocres del orden de 3%, lo que mantendría los actuales niveles de
exclusión social”. En definitiva, en la central obrera consideran
que hay que evitar que se “naturalicen” las consecuencias de la devaluación,
para buscar un modelo industrial inclusivo.
Más allá de los análisis, consejos y disputas por imponer
una visión del proceso económico, el presidente Kirchner debe
mostrar nuevas habilidades para transformar la construcción de poder
político en consenso vía medidas económicas. Objetivamente,
algunos empresarios, como Paolo Rocca, han reconocido públicamente que
se están generando condiciones para volver a invertir y que tienen tarifas,
como la energía eléctrica, muy baratas. En línea con las
aspiraciones del Gobierno, ¿habrá que esperar hasta fin de año
para conocer el “modelo K”? M