jueves, 30 de abril de 2026

    “Esperanza nda jãvei”

    En realidad, nadie puede dar razones claras que fundamenten la esperanza. Al
    ver los datos que pintan el panorama económico y social del Paraguay,
    no parece haber motivo evidente para ello. El presidente electo, Nicanor Duarte
    Frutos, pertenece al Partido Colorado, o Asociación Nacional Republicana
    (ANR), al que una gran parte del público (a excepción de los propios
    colorados) culpa de los graves males que aquejan al país. Y lo más
    probable es que su gobierno será objeto de las presiones que un viejo
    y anquilosado aparato estatal (manejado por los colorados) ejercerá para
    preservar los beneficios que desde hace seis décadas distribuye entre
    sus partidarios elegidos. Lo mismo que una parte del sector empresarial que
    se ha acostumbrado a “mamar de las tetas del Estado” y que resiste
    al destete con todas sus fuerzas.

    La corrupción

    No menos terrible es la corrupción que reina campante, y que virtualmente
    ha infectado a toda la sociedad: tráfico de drogas, falsificación
    de cigarrillos, contrabando (de todo tipo), evasión impositiva, etc.,
    y la lista sigue hasta el infinito. El propio presidente saliente, Luis González
    Macchi, daba el ejemplo, paseándose alegremente (hasta que se descubrió
    el hecho) en un auto BMW, blindado, que había sido robado en el Brasil.
    Pero hay esperanzas. Como en la caja de Pandora, luego de abrirla y dejar escapar
    todas las calamidades, en el fondo quedó la esperanza. Bastaron algunos
    gestos de Duarte Frutos: su promesa de luchar contra la corrupción, de
    sanear el aparato del Estado, ejercer justicia para todos, designar como ministro
    de Hacienda a alguien no perteneciente al partido de gobierno, incorporar figuras
    nuevas en otras áreas y su aparente no compromiso con nadie (por lo menos
    por ahora). Todos esperan verlo en funciones, y cumpliendo sus promesas, a partir
    del 15 de agosto.

    El esquivo acuerdo stand by

    El primer desafío será concretar el largamente esperado acuerdo
    standby con el FMI. Sin él, el país no podrá recibir préstamos
    y puede entrar en cesación de pagos, interna y externamente. De hecho,
    ya está atrasado en el pago del servicio de la deuda con el Banco Mundial:
    el 15 de julio venció una cuota de US$ 8,9 millones. Este atraso puede
    hacer que el BM no apruebe el crédito de US$ 23 millones para el sector
    Educación, cuya firma estaba prevista para el 3 de septiembre. Eso no
    es todo, también está atrasado el pago de US$ 5,7 millones a los
    bancos Chinatrust e ICBC, de Taiwán, por intereses vencidos sobre bonos
    emitidos para respaldar un préstamo de US$ 400 millones concedido por
    el gobierno taiwanés, que debía aplicarse a la reactivación
    de la economía, pero que hasta ahora todo el mundo se pregunta adónde
    fue a parar. El gobierno paraguayo ha pedido extensión en el plazo de
    pago, y se espera la respuesta. El contrato de este préstamo contiene
    una cláusula por la cual los bancos acreedores pueden demandar al Paraguay
    y, si la demanda prospera, embargar parte de las reservas internacionales para
    recuperar el total del préstamo.
    En el poco probable caso que se apele a ese recurso extremo, las reservas internacionales
    del Paraguay, que estaban en poco más de US$ 780 millones a fines de
    junio pasado, se reducirán prácticamente a la mitad.
    En el frente interno, hay atrasos en el pago a proveedores y contratistas del
    Estado. Asimismo, los pagos de salarios han estado crónicamente atrasados.
    Y pese a las seguridades dadas por el ministro de Hacienda, Alcides Jiménez,
    de que se cuenta con el dinero para efectivizar esos pagos, los empleados del
    Estado pueden despertar un día con la sorpresa que fueron gastados en
    otras urgencias. Todo el mundo sabe que la disponibilidad depende del pago que
    debe hacer la entidad binacional Yacyretá. Si esto no ocurre y se producen
    atrasos, es de esperar que surjan presiones sindicales. En algunos sectores,
    como los sin techo, campesinos y sindicales, ya se está hablando de realizar
    acciones de fuerza y demostraciones para presionar al nuevo presidente el día
    de la asunción del mando, el 15 de agosto.
    Para lograr el acuerdo con el FMI, el nuevo mandatario deberá obtener
    la aprobación del Congreso a una serie de medidas: reforma del sistema
    bancario y privatización de algunos entes del Estado, aunque en este
    tema el Fondo parece haber flexibilizado su posición y aceptaría
    variantes como capitalización, participación mixta y otras. También
    reforma del sistema tributario para ampliar la base imponible y medidas efectivas
    para evitar –o al menos reducir– la galopante evasión fiscal,
    como el aumento del impuesto al valor agregado, IVA. Según un informe
    del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entregado al nuevo gobierno, el
    peso tributario del Paraguay es el más bajo de América latina
    –menos de 10%– y sólo a causa de la evasión en el IVA,
    el Estado pierde más de US$ 200 millones). Y también un programa
    sustentable de reactivación y crecimiento económico. Además
    de estas “sugerencias” del FMI, deberá hacer frente a una justicia
    inoperante y, en algunos casos, cómplice, con jueces de la Corte Suprema
    atornillados a sus bancas.

    Las prioridades

    Entre los problemas que el público opina que deben ser priorizados por
    el gobierno, según una encuesta de ICA, publicada en el diario Última
    Hora, ocupan los cinco primeros lugares:
    l Desempleo 61,1%
    l Erradicar la corrupción 45,8%
    l Seguridad ciudadana 39,8%
    l Mejorar la economía 33,5%
    l Delincuencia 23,6%
    Al parecer, la mayoría, ingenuamente, cree que todo esto podrá
    hacerse sin la reforma del Estado (sólo un insignificante 2,8% piensa
    que el nuevo gobierno la debe llevar adelante). Lo que podría preanunciar
    resistencia a las propuestas del nuevo gobierno en el Congreso (donde no tiene
    mayoría propia) a cualquier intento de llevar adelante esas reformas.
    No sería la primera vez: el presidente saliente, González Macchi,
    no pudo concretar el acuerdo standby al ser rechazadas sus propuestas en el
    Parlamento por la presión del público y, sobre todo, de un fuerte
    sector campesino que se movilizó en contra de las privatizaciones cuando
    era tratado el tema en ese ámbito. Aunque algunos comentaristas políticos
    sugirieron que fue una simple excusa, pues el propio partido de gobierno que
    en ese momento, irónicamente, funcionaba como opositor a González
    Macchi, no estaba dispuesto a cargar con el costo político de las mismas.

    ¿Un solo corazón?

    Si bien Duarte Frutos no tiene mayoría propia en el Congreso, todo indica
    que no le será muy difícil lograr acuerdos con la oposición.
    Hasta ahora, al menos en declaraciones, todos los líderes opositores,
    han expresado su disposición de acompañar al gobierno en las medidas
    positivas que intente poner en marcha. Desde el segundo partido del país,
    el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hasta el pequeño
    País Solidario, de centro-izquierda. El único que se ha mostrado
    más intransigente y habla de control sobre el gobierno y no de colaboración,
    es el nuevo movimiento Patria Querida, que pronto se convertirá en partido,
    cuyo líder es el empresario católico, antes ligado a las finanzas,
    Pedro Fadul.
    Duarte Frutos ha comenzado una ronda de conversaciones con los líderes
    políticos, a quienes él mismo visitó (no los convocó),
    en un esfuerzo por convencerlos de que lo acompañen en el propósito
    de encaminar al país. Luego de las entrevistas, todo fueron buenas palabras
    y disposición de acompañar al nuevo gobierno, con un “pero”:
    sólo en las medidas que consideren conducentes a solucionar los problemas
    antes mencionados.
    En realidad, esta ronda de visitas parece estar en línea con una propuesta
    lanzada durante la campaña presidencial: formar una “mesa patriótica”,
    cuyos fines no estaban claramente definidos, pero que tendría el objetivo
    de obtener el apoyo de la oposición para los proyectos del Ejecutivo.
    Hasta ahora, todo han sido puras buenas intenciones.

    Lo que piensan los entes multilaterales

    Para dejar en claro lo que, en opinión del FMI y el Banco Mundial, le
    espera a Duarte Frutos después del 15 de agosto, una misión del
    FMI, encabezada por Jeffrey Franks, hizo conocer su “diagnóstico”
    y lanzó sus recetas. Casi simultáneamente, lo hizo el Banco Mundial,
    a través de su representante en el país, Peter Hansen.

    Lo que señaló Jeffrey Franks-FMI

    • El gobierno deberá hacer frente a un déficit fiscal de US$
      158 millones. Para ello deberá recortar el gasto público, incrementar
      la recaudación, reducir la evasión fiscal y obtener un crédito
      de emergencia. Este crédito (se refería al standby) será
      factible sólo a través de un acuerdo económico con el
      Fondo: un programa de reactivación y desarrollo aprobado por el FMI.
    • Habrá un ligero crecimiento (1,5%), pero exclusivamente en el sector
      agrícola, gracias al algodón y la soja. En los demás
      sectores (comerciales, construcción, financieros y servicios), volverá
      a caer en 2%, casi en la misma proporción que en 2002.
    • El sistema financiero del Paraguay no sirve. Deberán aplicarse reformas
      sustanciales. Advirtió también sobre el impacto que produciría
      en la economía una nueva apreciación del dólar.
    • Las deudas del Estado representan más de la mitad de toda la riqueza
      que genera la economía del país en un año; en otras palabras,
      más de 50% del PBI. La deuda externa ascendió de US$ 1.600 millones
      en 1998, a cerca de US$ 2.300 millones a fines de 2002. Los vencimientos que
      deberán pagarse entre julio y diciembre totalizan US$ 173 millones.
      La proporción deuda/PBI creció de poco más de 20% en
      1998 a alrededor de 52% en 2002.
    • Ante este panorama, a Paraguay le será imposible obtener nuevos
      préstamos de las agencias multilaterales o de gobiernos o entidades
      privadas. La única salida es la obtención de un crédito
      standby (la cifra mencionada rondaba los US$ 200 millones), para lo cual deberá
      aceptar las “sugerencias” del FMI.

    Este crédito, que abriría las puertas para el desembolso de otros,
    sólo será posible si el Ejecutivo decide a llevar adelante la
    reforma del Estado y elaborar un programa económico con el acuerdo del
    FMI. Y ésa es sólo la primera parte: una vez elaborado el paquete
    de reformas y el programa económico, deberá obtener la aprobación
    de un Congreso que puede resistirse a darlo y, al mismo tiempo, convencer al
    resto del país, partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos,
    etc., para que no ofrezcan resistencia.
    No será una tarea fácil.


    Las recetas del Banco Mundial

    • Aprobación de la reforma de la banca y el sector financiero (público
      y privado).
    • Eliminar subsidios al gasoil y liberar su importación.
    • Creación de un fondo de mantenimiento vial con los ingresos del
      impuesto a la venta de gasoil.
    • Aumentar impuestos (gasoil, alcohol, tabaco).
    • Atacar la evasión fiscal, fijando la meta de aumentar la recaudación
      en medio punto del PBI cada seis meses.
    • Los ajustes de salarios deberán estar condicionados al aumento de
      la recaudación.
    • Equipos de jueces y fiscales para investigar casos de corrupción
      y evasión fiscal.
    • Reglamentar y transparentar adquisiciones y contrataciones del Estado.
    • Incremento selectivo de ciertos impuestos.


    El acento del BM en el aspecto impositivo se debe a que, según sus cálculos,
    en dos de los tributos considerados clave para las recaudaciones del Estado
    –el impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos aduaneros–, la evasión
    supera 50%. A esto se agrega lo que no hace mucho se dijo que ocurría
    en la oficina de tributaciones: ni siquiera ese 50% llegaba a las arcas del
    Estado. En el proceso “desaparecía” en los bolsillos sin fondo
    de la corrupción, 70% de esa exigua mitad.
    Pese a este lamentable panorama, los paraguayos siguen repitiendo el viejo dicho:
    “Esperanza nda jãvei”. M