Minas argentinas

“El primer proyecto de desarrollo minero con visión nacional fue
sarmientino”. La frase es del secretario de Minería de la Nación,
Jorge Mayoral, quien agrega que “en 1865 Sarmiento planteaba desarrollar
las minas del Tontal para extraer plata, para acuñar una moneda, para
institucionalizar un país. Una visión modernísima”.
De esta forma, Mayoral busca de algún modo dar fundamento a la jerarquización
del área minera (de Subsecretaría a Secretaría) dentro
de la estructura político administrativa nacional.
Hombre de confianza del senador justicialista José Luis Gioja, Mayoral
estuvo al frente de la Subsecretaría de Minería durante todo el
período en el que Eduardo Duhalde estuvo a cargo del gobierno nacional.
En mayo de este año, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia
de la nación, el funcionario fue confirmado en el cargo y se convirtió
en el secretario del área. En el ambiente no son pocos quienes aseguran
que recibieron con verdadera sorpresa la noticia. Por su parte, Mayoral admite
que todavía está “aprendiendo” a moverse en la política,
un mundo al que arribó recién en enero del año pasado.
Por otro lado, los distintos referentes aseguran que, en el sector, todos recibieron
con satisfacción y esperanza la elevación del estatus del área.
La medida fue interpretada como una definición importante y positiva
respecto de la relevancia del campo minero y como posible preámbulo para
el diseño de nuevas políticas.
A pesar de la relevancia que, según Mayoral, Sarmiento daba a la minería,
recién fue en la última década cuando se advirtió
una saludable evolución en la administración sectorial, en el
sentido de que el marco normativo y los ejes de política generados durante
los ’90 resultaron adecuados y suficientes para dinamizar el proceso de
inversión y la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros. En concreto,
la política minera ganó el estatus de política de Estado.
No obstante, la realidad es que el proceso de inversión se redujo sustancialmente
y, en concreto, en los últimos diez años sólo se han puesto
en marcha cuatro grandes yacimientos: Alumbrera (de oro y cobre, en Catamarca),
Cerro Vanguardia (de oro y plata, en Santa Cruz), Mina Fénix (de litio,
en Catamarca) y, en poco tiempo, Veladero (de oro y plata, en San Juan), cuando
son varios más los que han demostrado tener reservas suficientes para
su puesta en funcionamiento. El quinto proyecto, en Esquel (de oro, en Chubut),
está paralizado en medio de un singular conflicto entre el gobierno provincial,
la empresa concesionaria y la comunidad.
Los motivos de la relativa pérdida de protagonismo del sector son varios.
Entre otros, se cuentan el de haber diluido la presencia argentina en el exterior
y cierta pasividad para enfrentar los nuevos desafíos de la industria.
También se destaca la falta de una política adecuada para enfrentar
la complejidad de la cuestión ambiental y, desde la devaluación,
la ausencia de un programa adecuado para capitalizar las ventajas para las pequeñas
y medianas empresas mineras.
Sin embargo, el nombramiento de Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación
Federal, uno de los de mayor importancia en el gabinete presidencial, ilusiona
a muchos en el sector. Sucede que en Santa Cruz, y particularmente durante la
gestión de De Vido como ministro de Gobierno, algunos aspectos de la
política minera provincial, se desarrollaron con criterios claramente
diferenciados respecto de la política nacional. La empresa provincial
Formicruz, por ejemplo, desarrolló políticas mucho más
activas que las usuales y el Estado provincial tuvo un gran protagonismo como
promotor del desarrollo, no sólo de minerales metalíferos sino
también en el campo de las rocas ornamentales o de aplicación
(para la industria de la construcción, pórfiros en este caso)
y minerales industriales (cales y arcillas, entre otros).

En los ’90, el take off

A diferencia de diversos sectores industriales, la minería tuvo en la
década de los ’90 un impulso como nunca había tenido en su
historia. Hasta entonces, en el contexto de una economía cerrada, el
escenario macroeconómico le era adverso, el marco legal precario, el
ambiental inadecuado, la información existente era muy limitada y el
riesgo para la inversión privada resultaba muy alto.
En los primeros años de la década pasada se definió un
nuevo marco jurídico, se fortalecieron los organismos institucionales
de referencia (el Consejo Federal Minero, las direcciones provinciales de minería
y el Servicio Geológico Minero Argentino, por ejemplo), se puso en marcha
el Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino (o Pasma) y se firmó
un tratado de integración minera con Chile, cuyo objetivo es implementar
la aplicación del principio de tratamiento nacional, para facilitar la
exploración y explotación de recursos mineros en zonas cordilleranas
sin restricciones.
Los principales resultados de esas decisiones se advirtieron con claridad rápidamente.
Por ejemplo, la inversión acumulada en la actividad minera exploratoria
entre 1992 y 2000 ascendió a US$ 713 millones. A su vez, el valor bruto
de la producción creció más de 250% entre 1992 y 2000,
puesto que pasó de US$ 438 millones a US$ 1.103 millones, teniendo su
pico en 1999, cuando trepó a US$ 1.150 millones. Las exportaciones, en
tanto, pasaron de US$ 17 millones en 1992 a US$ 708 millones en 2000. En 1999
se registró el punto más alto: ascendieron a US$ 775 millones.
En la actualidad, la actividad minera representa en la Argentina algo más
de 0,4% del PBI y el valor bruto de la producción ascendió a US$
849 millones el año pasado. Para el presente trienio se proyecta una
producción de US$ 870 millones para el año en curso, US$ 918 millones
para el próximo y, si se cumplen las expectativas de inversión
previstas, US$ 1.508 millones para 2005.

¿Cuántos son los recursos geológicos?

Hace apenas un año, de los 2,8 millones de kilómetros cuadrados
de superficie continental de la Argentina, sólo se había explorado
20%. En ese porcentaje de áreas estudiadas hay reservas medidas de alrededor
de US$ 60.000 millones de metales sin explotar. La movilización de estos
recursos requiere una inversión del orden de US$ 5.000 millones. Sin
embargo, en el mes de octubre se pondrá en funcionamiento el proyecto
minero de mayor importancia (el de Veladero), que prevé una inversión
de US$ 425 millones, apenas 7% del potencial. El emprendimiento, en el que se
extraerá oro y plata, estima una facturación anual que alcanzaría
los US$ 150 millones por un período de 15 años.

El mito dice que la Argentina tiene muchos recursos. De hecho, el Servicio Geológico
Minero Argentino (o Segemar), organismo descentralizado de la Secretaría
de Minería, tiene la responsabilidad de generar la información
necesaria para cuantificar los recursos nacionales y promover su aprovechamiento.
Así, informa respecto de las áreas potenciales y efectúa
estudios que podrían catalogarse como de preinversión. Entre ellos,
releva la geología y la metalogenia del territorio nacional.
Sin embargo, es imprescindible explorar para tener la certeza y cuantificación
económica, tarea que llevan adelante las empresas privadas. “Nosotros
pensamos que tenemos muchos recursos, pero se sabe una vez que se explora”,
enfatiza Liliana Tassile, secretaria ejecutiva del Consejo Federal Minero (o
Cofemin). Y agrega que, en poco tiempo, debería salir un decreto muy
importante para la actividad en ese sentido, ya que reglamenta una modificación
a la ley de inversiones mineras que extiende a las empresas exploratorias los
beneficios que hasta ahora sólo tienen aquellas que se dedican a la explotación.
Tassile confía en que la nueva reglamentación volverá a
despertar el interés de las empresas exploratorias –conocidas en
el sector como junior– que, entre 1997 y 1998, tuvo su pico en la Argentina,
cuando alrededor de 80 compañías extranjeras hicieron pie en el
país para realizar exploraciones.

Reglas claras

Entre otros beneficios, la ley de inversiones mineras prevé estabilidad
tributaria, equipos a precios internacionales, regalías de hasta 3%,
una previsión de hasta 5% de ganancias para la protección ambiental
y propicia la inversión de riesgo.
Para el director nacional de Minería, Miguel Ángel Guerrero, que
lleva más de 30 años en el sector, “la ley de promoción
minera –anterior a la que está en vigencia, que es la de inversiones–
fue seguramente uno de los instrumentos más favorables para incentivar
a un sector de la economía. Sin embargo, el resultado fue que entre créditos
fiscales y el fondo de promoción, el Estado resignó más
de US$ 500 millones y, en concreto, casi no se pusieron minas en marcha. Medida
en resultados, fue una iniciativa completamente frustrante”.

En cambio, la ley actual resultó para Guerrero, y en esto coinciden casi
todos los referentes consultados, “una verdadera ley de inversiones, porque
ubicó el desarrollo del sector a partir de las necesidades que tienen
las empresas”. Como la duración de los emprendimientos mineros puede
extenderse por mucho tiempo (desde las exploraciones hasta la generación
de ingresos pueden pasar hasta 15 años), las empresas realizan un estudio
muy minucioso del marco jurídico y tributario antes de comprometerse
con el proyecto. En ese sentido, la ley de inversiones actual garantiza una
estabilidad tributaria de 30 años desde el momento en el que cede un
yacimiento. “Así, quien se involucre en un proyecto minero gozará
de las leyes al momento del acuerdo y por tres décadas, aun si las reglas
cambian al día siguiente”, resume Guerrero.

Políticas activas

Además de la seguridad jurídica, el sector privado reclama una
“señal clara por parte del gobierno nacional sobre la política
minera”. El pedido lo hace por medio del ingeniero Jorge Fillol Casas,
presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (o Caem), quien
además estima que “hasta el año 2010, y sólo desarrollándose
los proyectos conocidos, se requerirá una inversión de entre US$
4.000 y 5.000 millones y las exportaciones podrían llegar a los US$ 2.500
millones”.
Para Mayoral, la generación de políticas activas da lugar a los
dos últimos puntos de los cinco que constituyen el “ideario básico”
que guía a la Secretaría de Minería en esta nueva etapa.
Los otros tres consisten en, primero, la reivindicación del sector minero
como política de Estado; luego, la generación de escenarios jurídicos
estables que hagan previsible el modelo de inversión; y, en tercer lugar,
la reivindicación del modelo productivo nacional minero.
El cuarto punto estaría dado por la “generación de políticas
activas en el marco de lo regional, ya que la integración con los países
vecinos va a facilitar el desarrollo del sector de esta parte del continente”,
continúa Mayoral. Según datos de Metals Economics Group sobre
el total de inversiones proyectado en todo el mundo para el quinquenio 2003-2007,
estimado en US$ 48.489 millones, 41% se harán en América latina
y el Caribe. En segundo lugar, bastante más atrás, se encuentra
Asia donde se prevé 21% de las inversiones, y luego Oceanía, 15%.
En tanto, el último punto del ideario básico consiste en “generar
políticas para tratar las problemáticas sofisticadas que cuestionan
la producción, abordándolas activamente, con instrumentos que
permitan relaciones amigables entre el sector productivo y la comunidad, el
sector productivo y el medio ambiente”, explica Mayoral. En relación
con el medio ambiente afirma, además, que la minería ha sido la
primera actividad productiva que hizo suyo el cuidado ambiental, cuando lo incorporó
al código que la reglamenta.
El funcionario remarca además, en relación con los cinco puntos
de su ideario, que en la actualidad existe “un escenario macroeconómico
favorable para sustentar la puesta en marcha del sistema productivo, que tiene
que ver con dos visiones: la de llevar adelante un modelo de sustitución
de importaciones y, por otro lado, la de hacer realidad la generación
y desarrollo de mercados externos”.
No obstante, Mayoral señala que, atado a estas visiones, uno de los desafíos
más inmediatos es la recomposición de los créditos. Y en
ese sentido es que la Secretaría está trabajando en la actualidad
con el Banco Nación y el Bice, con el propósito de poner al sector
“en la órbita de quienes manejan los instrumentos financieros”.
Según el secretario, la Argentina “ha sustentado su desarrollo económico
y social en torno de las expectativas que generó siempre la pampa húmeda,
mientras que otros sectores como el minero, en teoría más pequeños
o marginales en términos geográficos, nunca han sido contemplados
por políticas activas ciertas y por las herramientas financieras”.
“Nuestro objetivo es redefinir esos escenarios, por eso salimos a plantear,
con humildad, cuáles son las expectativas que abriga el sector, porque
la tradición dice que sólo hay minería a partir de proyectos
de US$ 1.000 millones, pero en la realidad eso no es así”, redondea.
Por el contrario, para Mayoral “hay un talle de proyecto a la medida de
la capacidad financiera del jugador de turno”. Según datos de la
Dirección General de Minería, la participación de las Pymes
en el valor de la producción minera ronda 46%. M