El nuevo Presidente ha sido cauteloso en materia económica. No quiere
crear expectativas que a poco pueden convertirse en frustración. Además,
al poner el acento de las primeras medidas en los planos institucional, político
y social, refleja una tónica que pretende dar contenido a su gestión.
Es cierto que hay temas centrales del campo económico en debate y que
el FMI pone presión para su pronto abordaje. Pero también lo es
que el Ejecutivo conoce las batallas que deberá librar en el Congreso
y la necesidad de consolidar el incipiente proceso de recuperación.
Las exigencias del Fondo pasan por formular una reforma impositiva integral;
por asegurar un nuevo sistema de coparticipación federal en la distribución
de lo que se recauda por tributos, una reformulación del sistema financiero,
un pronto aumento en las tarifas de servicios públicos, y una reestructuración
de la deuda externa.
Habrá un simulacro de ofensiva sobre el Parlamento con la presentación
de varios proyectos de ley, pero en el Ministerio de Economía nadie se
hace ilusiones.
En la batalla parlamentaria, áspera y de larga duración, habrá
que mechar los temas urgentes que reclamará la Casa Rosada, como la vía
libre para el programa de obras públicas.
Con certeza, se enviarán al Congreso proyectos para obtener acuerdos
sobre un nuevo método de coparticipación federal (que será
difícil definir este año); para compensar al sistema financiero
por la pesificación asimétrica (se renovará el interés
por la iniciativa a consideración legislativa); reformas al sistema financiero
y a la carta orgánica del Banco Central (sin incluir la pretensión
del FMI de privatizar la banca pública); y también sobre cambios
en la estructura impositiva, tratando de eliminar los gravámenes distorsivos
(sin mucha prisa de parte del Ejecutivo, que necesita mantener los niveles de
recaudación fiscal).
En cuanto al delicado tema de las tarifas, habrá seguramente un aumento
de emergencia para calmar a las privatizas sin irritar demasiado a la opinión
pública. El tema de fondo, la recuperación de rentabilidad de
las empresas afectadas quedará supeditada al análisis previo de
las ganancias obtenidas por las privatizadas y al cumplimiento de los contratos
originales. Roberto Lavagna busca una ley que faculte al Poder Ejecutivo a redefinir
un nuevo esquema, una meta realmente ambiciosa.
Sobre la deuda externa, lo más probable es que el esfuerzo se centre
en renovar otro acuerdo para dilatar pagos con los organismos multilaterales
de crédito. Sería sorprendente que antes de fin de año
comenzara una negociación en serio con los tenedores privados de deuda
pública.
Consensos
La definición que finalmente tuvo la elección presidencial le
agrega al análisis de la marcha de la economía y, en particular,
a las perspectivas para los próximos meses un ingrediente negativo, si
bien no del todo inesperado.
Es cierto que aun cuando el Presidente hubiese triunfado en el ballottage con
70% de los votos, esto no implicaba de modo alguno un cuadro político
cohesionado que asegurara la gobernabilidad, ni mucho menos que la sociedad
extendiera un cheque en blanco a partir del apoyo irrestricto a las personas
o a las ideas del gobierno electo.
No menos cierto es que, si de todas formas iba a ser necesario un arduo trabajo
de construcción de consensos a partir de la gestión de gobierno,
puede hacerse más difícil dada la forma en que el Presidente asumió
(sin la consagración de la segunda vuelta).
Lo más probable es que, en la medida que Néstor Kirchner se muestre
firme en sus convicciones y sólido en sus argumentos, la inquietud inicial
irá disipándose y los mercados seguirán en calma.
No hay demasiado margen en lo inmediato para cambiar la estructura impositiva
ni para encarar la reforma del régimen de coparticipación, dado
el peso que hoy tienen las retenciones en la recaudación. Tampoco habrá
avances significativos en la renegociación de la deuda ni recursos suficientes
como para encarar la reforma del sistema financiero.
Lo que cabe esperar es alguna iniciativa orientada a conseguir una renovación
provisoria del acuerdo con el FMI que permita finalizar el año en calma
y tomarse algún tiempo para discutir las condiciones para alcanzar un
acuerdo de mayor alcance.
En esta línea, lo más probable es que haya alguna ofensiva oficial
para cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo vigente y que aun están
pendientes, tales como el ajuste de las tarifas públicas, la definición
de la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica,
y los amparos y la cuestión de la suspensión de las ejecuciones
hipotecarias.
Con relación al primer tema, lo más probable es que se intente
con las privatizadas un acuerdo basado en una recomposición gradual y
parcial de las tarifas que permita mejorar el cuadro actual con el menor costo
político posible.
Respecto de la compensación a los bancos, hay un proyecto de ley en el
Congreso que incluye una discutida cláusula de atar el otorgamiento de
los títulos públicos al aumento del crédito de las entidades
financieras al sector privado. Más allá del loable objetivo de
aumentar el crédito, no parece muy prolijo imponer un condicionamiento
de este tipo, además de que parece bastante dudoso que el FMI lo acepte.
En la cuestión de las ejecuciones, el objetivo de mínima sería
asegurarse de que no habrá una nueva dilación impuesta por el
Congreso.
Por lo demás, lo más probable es que no vayan a producirse otros
cambios de importancia, ni tampoco desvíos significativos en relación
con la calma de los mercados financieros o respecto del sendero de recuperación
de la actividad económica. M