“La crisis seguirá latente y los repuntes serán lentos, parciales.
En esta fase, la globalización no genera un nuevo mundo, sino un archipiélago
de bloques disímiles cuya hegemonía les cabrá a Estados
Unidos, la Unión Europea y Asia oriental”.
Así resume el cuadro de situación y las perspectivas internacionales
un estudio conjunto de Lazard Frères y el Centro Einaudi (un sucesor
del Club de Roma, pero en Milán). Técnicamente, el trabajo replantea
las estadísticas económicas estadounidenses –los “grandes
números”– para el trienio 1999-2001y saca una conclusión
clave: “Gobierno y operadores advirtieron con notable retraso los tres
trimestres de recesión vividos en 2001”.
En otras palabras, la economía real estadounidense no comenzó
a salir de la recesión de 1999 a fines de 2000, sino en octubre de 2001.
Por lo mismo, los ataques terroristas del 11 de septiembre no ocurrieron en
plena reactivación, sino a final de un repliegue. De hecho, algunos sectores
mostraban exactamente ese perfil; por ejemplo, empleo, aerotransporte comercial,
telecomunicaciones inalámbricas, hardware informático y entretenimiento.
Por eso, Irak afectó diversas variables (en Estados Unidos) más
de lo que podía esperarse y tuvo un impacto en la conducta de los consumidores
poco proporcional al alza de los combustibles. Esa “recesión después
de la recesión” fue disimulada por tasas exiguas, que estimulaban
el endeudamiento familiar vía créditos hipotecarios y abuso del
dinero plástico. A juicio del análisis, también la Unión
Europea (UE) atraviesa una etapa de estancamiento y crisis sectoriales, aunque
sin el peso que –para Estados Unidos– representan la ausencia de ahorro
interno y los enormes déficit fiscal, comercial y de pagos.
A pesar de la larga recesión japonesa o los riesgos deflacionarios que
afrontan Estados Unidos y la UE (en vísperas de “una ampliación
quizá prematura”), esos dos bloques y Asia oriental (Japón,
China, Taiwán, Surcorea) plantean dos tendencias convergentes. Por una
parte, dominarán la economía mundial –ya controlan la mitad
del comercio– y, por la otra, segmentarán la globalización
en “archipiélagos”. Como algunos son y serán, forzosamente,
más influyentes que otros, el proceso no será equitativo. En este
plano, volverá a su origen: la desigual globalización financiera
iniciada en 1973, que llevó a dos ceses de pagos mexicanos (1982, 1994)
y una crisis sistémica (1997-8) generalizada, pero fuera de los tres
bloques hegemónicos.
Nada de lo anterior ni una variedad de fuentes técnicas convalidan el
curioso optimismo del Departamento de Estado, según lo trasunta un opúsculo
–titulado “La cuenta del reto del milenio” en la versión
castellana– distribuido hace poco. Amén de que 1.000 años
parece un período algo desmesurado (el capitalismo apenas pasa los tres
siglos), el término remite a los “neomilenaristas” que rodean
a George W. Bush y lanzaron, en 1997, un “proyecto para el nuevo siglo
(norte)americano”.
Reformas que inquietan a los bancos del mundo
Terminada la asamblea del Banco de Ajustes Internacionales (BAI), comienza una
etapa que tendrá honda influencia entre los bancos. Se trata de “Basilea
II”, que recién se completará en 2007 y no es buena noticia
para países pobres o en problemas.
En realidad, ya antes de esta reunión los mayores bancos del mundo se
preparaban para cambios de largo alcance en las normas internacionales sobre
operación y, en particular, en torno a los capitales exigibles. El comité
de Basilea abarca los principales bancos centrales y, junto con el propio BAI,
son los únicos organismos multilaterales que incluyen a Suiza. Por eso,
ambos representan la última instancia en materia de pautas sectoriales.
Por de pronto, “Basilea II” llevará a un apreciable aumento
de exigencias en lo tocante a capitales, lo cual resentirá la capacidad
o la conducta crediticia, en perjuicio de países y empresas en problemas.
Si bien el peso de las reformas tal vez no se sienta hasta 2007, un documento
consultivo –publicado al comenzar la asamblea– señala que “por
lo menos 365 entidades deberán elevar capitales contra riesgos”.
Esto resultará de cierto equilibrio futuro entre menores cargas por riesgos
crediticios –excepto los soberanos– y mayores por riesgos operativos
(que son múltiples y pueden involucrar el área de seguros y reaseguros).
Aunque los mínimos regulados por el comité no se modifiquen, es
probable que cada banco central añada cargos, a su criterio, para mantener
una capitalización superior a la planteada por “Basilea II”
desde 2007. Esto quizá se haga en forma paulatina y ya desde 2004. Pero
el documento pone en descubierto un detalle inquietante: virtualmente ningún
banco llega al nivel promedio. Muchas entidades especializadas en custodia de
títulos, administración de carteras y activos, etc., se verán
muy afectadas por las nuevas normas. Entretanto, los bancos minoristas emergerán,
en general, con 20% menos de exigencias; salvo los muy comprometidos con el
negocio del dinero plástico.
Una mayoría de expertos coincide en que “Basilea II” representa
una mejora cualitativa sobre “Basilea I” (rige desde 1988, pero su
cumplimiento dista de ser estricto, aun en economías líderes).
Una minoría sostiene que el proceso no profundiza lo suficiente en cuanto
a permitir que los bancos empleen técnicas tales como modelos matemáticos
de riesgo. También se nota cierta renuencia a encarar el grave problema
de los instrumentos derivativos y sus contratos derivados, claves de la globalización
financiera iniciada en 1973 y de un proceso que ha ido quitándoles poder
a los propios bancos centrales. El solo hecho de que Alan Greenspan, presidente
de la Reserva Federal, haya defendido los derivativos en Basilea crea alarma
y suspicacias.
¿Todo igual en los paraísos fiscales?
Treinta meses después de salir una lista negra, hoy célebre, su
impacto en las plazas financieras extraterritoriales –offshore– de
las Antillas es cualquier cosa menos claro. Salvo una, las mayores siguen prosperando.
La nómina fue publicada por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (Ocde, club de países ricos, París).
Funcionarios de la entidad admiten que el blanqueo de dinero continúa
en esas islas. Algunas, como San Vicente y Granadinas, ni siquiera muestran
cambios.
El mayor lavafondos, Caimán, perdió bancos pero incorporó
compañías financieras dedicadas al métier. El archipiélago
domina el lavado latinoamericano y es el quinto offshore del planeta. ¿Cuáles
son los otros cuatro?… Pues, Nueva York, Londres, Hong Kong y Tokio. Tras
la difusión de la lista negra, desapareció apenas 7% de operadores
dudosos y quedan 69.259 en el registro.
Bahamas vio esfumarse gran parte de bancas de papel pero, como sucede ahora
en Luxemburgo, el Gobierno mismo hizo de escoba. Por el contrario, St. Kitts
Nevis, la pionera, casi ha desaparecido del elenco, tras aplicar las mismas
medidas que ahora pone en práctica Bahamas: normas estrictas en cuanto
a divulgación de cifras y cooperación con autoridades tributarias
del exterior.
Hubo un éxodo pero, todavía, el registro oficial incluye 317 bancos.
Apenas 23,6% menos que un año antes de la publicación de la lista
negra, si bien fuentes privadas sostienen que sólo unos 150 realmente
operan.
Respecto de todo el negocio offshore caribeño, el abogado Vincent Hubbard
(se le atribuye la introducción del sistema, vía St. Kitts-Nevis,
en 1980) estima que el volumen ha disminuido casi a la mitad, por culpa de la
Ocde, y tardará años en recobrarse (algo que Estados Unidos hará
lo imposible para evitar). Finalmente, hay una extraña omisión
en la famosa lista: las Antillas Meridionales. Allá, la banca holandesa
opera offshore desde mucho antes que Hubbard, pues ya gestionaba complejos y
fructíferos mecanismos de lavado… en 1973.
Lobby contra la transparencia
De pronto, senadores, banqueros y empresarios de Estados Unidos atacan a la
Junta de Normas Contables. No quieren que las opciones accionarias incluidas
en remuneraciones se registren como gastos en los balances. Esto es lo que prevé
la ley Sarbanes-Oxley.
En rigor, la Financial Accounting Standards Board (FASB) simplemente dictaminó,
en abril pasado, que el pago a ejecutivos mediante opciones accionarias debiera
deducirse de las utilidades. En otras palabras, se hizo eco de recomendaciones
originadas en la Securities & Exchange Commission, en cuanto a que esas
bonificaciones han de asentarse como egresos en los estados financieros. Tanto
la SEC como la FASB –que está preparando una norma adicional al
respecto– se apoyan en la ley general Sarbanes-Oxley.
A su vez, la Junta Internacional de Normas Contables (IASB, International Accounting
Standards Board), acaba de difundir un proyecto sobre el mismo tema. Ambas entidades
han sido objeto de durísimas críticas desde grupos de interés;
por ejemplo, empresas, auditores, contadores. Pero nadie esperaba que este lobby
fuese tan poderoso como para influir en el Congreso.
Lo cierto es que, de repente, un grupito de senadores sale a proponer una ley
que posponga toda reforma en cuanto al empleo de opciones accionarias como instrumentos
remuneratorios. “Algunos colegas y yo tememos que la IASB y la FASB se
hayan excedido en esta materia”, decía días atrás
Michael Enzi (republicano, Wyoming). Al mismo tiempo, legisladores, dirigentes
políticos –de ambos partidos–, ejecutivos y docentes universitarios
exigían a Robert Herz (presidente de la FASB), “reconsiderar el
efecto de la futura norma en la economía nacional y los ingresos del
personal, que podrían disminuir si las opciones pasan a contabilizarse
como gastos”.
Estas palabras provienen de James Barksdale, ex CEO de Netscape y jefe informal
del lobby contra la FASB. Por supuesto, el sector tecnológico encabeza
la ofensiva porque tiene serios problemas para evaluar el costo de opciones,
dada la volatilidad de sus papeles. M