El desarrollo de software es una actividad que posee dos características fundamentales para contribuir al crecimiento de toda economía: gran generación de valor agregado y demanda de trabajo intensivo. En abril de este año, la Cámara de Diputados comenzó a trabajar en el diseño de una ley que promocione al sector. Al cierre de esta edición los interesados en que se apruebe el proyecto no perdían las esperanzas de que, antes de que concluyera el período de sesiones ordinarias el pasado noviembre, fuera tratada la iniciativa.
“La Argentina tiene que empezar a crecer en productividad y a fomentar el empleo. Uno de los sectores que en el corto y mediano plazo podrá cubrir estas necesidades es el desarrollo de software”, afirma Alberto Briozzo, diputado justicialista por la provincia de Buenos Aires, principal mentor del proyecto de ley. “El sector demanda gran cantidad de mano de obra y la Argentina es un país que garantiza su número y calidad”.
De aprobarse el texto con los últimos cambios realizados, el régimen de promoción representará, para los diseñadores de software, lo siguiente:
* Desgravación de 90% del Impuesto a las Ganancias a cambio de un porcentaje de la facturación aún a determinar a invertir en investigación y desarrollo.
* Crédito fiscal a cuenta de IVA por 70% del pago realizado en concepto de contribuciones patronales a la seguridad social.
* Estabilidad fiscal. Las empresas incluidas en el régimen no podrán ver incrementada su carga tributaria total en lo concerniente a impuestos nacionales.
* Exención del pago de derechos de importación extrazona por la introducción de hardware y demás componentes de uso informático necesarios para el desarrollo de la actividad (para la compra de este material, las empresas quedan excluidas de cualquier tipo de restricción al giro de divisas).
Beneficios
Con la implementación del régimen de promoción, los protagonistas
del sector tienen la esperanza de que se produzca en la Argentina un salto tecnológico
similar al experimentado en otros países no centrales, como fue el caso
de Irlanda, India, Israel o Singapur, en los que la producción interna
creció de la mano de las exportaciones.
Jorge Cassino, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, asegura que la sanción legislativa es, sin dudas, “la punta del iceberg para el sector, ya que establecerá las bases de una estrategia nacional y ayudará en gran medida a superar la etapa de crisis que vive el país”.
“La ley reducirá los costos de las compañías y generará más en investigación y desarrollo, ya que lo descontado de los tributos debe destinarse a ese fin. Eso hará que se desarrollen mejores productos y se requiera mayor contratación de empleo”, sostiene Ariel Pacecca, director de Asuntos Corporativos de Microsoft. “Este ahorro permitirá una mayor inversión en marketing, que estará destinada en el corto y mediano plazo a incentivar las exportaciones aprovechando las ventajas de la devaluación. Y finalmente, si este descenso en los costos se traduce en una baja de precios, se ampliará el mercado para los desarrollos de software.”
El diputado Briozzo cree, además, que la implementación de la ley servirá para atraer más inversiones y también evitará que las existentes se muden a países vecinos: “Brasil y Uruguay tienen regímenes de promoción de software desde hace diez y dos años respectivamente. La Argentina tiene que estar al mismo nivel que sus vecinos, de otra manera las empresas decidirán facturar en esos países. Así, esta ley evitará también que haya grandes desequilibrios a escala regional”.
El factor empleo
El mayor costo de desarrollar software es la mano de obra. Después
de la devaluación, los profesionales argentinos destacados por
su calificación representan costos sumamente atractivos para los
desarrolladores foráneos. Por eso, las empresas nacionales temían
que las extranjeras importaran la mano de obra local, dejándolas sin
“materia prima” para llevar adelante su negocio. La exigencia de la ley de facturar
en el país para acceder a los beneficios impositivos, pone fin a esta
alternativa. Las empresas que quieran contar con los servicios de los profesionales
locales deberán instalarse en la Argentina y facturar desde aquí.
“Las beneficiadas serán las que produzcan y comercialicen software
en el país y no aquellas que sólo compren las horas hombre
y facturen en el extranjero. En otras palabras, para entrar en el régimen
de promoción que marca la ley es necesario facturar la producción
desde la Argentina”, subraya Gustavo Viceconti, presidente de la desarrolladora
nacional de software Neuralsoft. “De esta manera, la Argentina comenzará
a producir galletitas y no trigo.”
Con el mecanismo introducido en el proyecto de ley, las empresas que no facturan en el país quedan afuera del régimen. “Nosotros queremos que las empresas extranjeras vengan a producir al país, generando el valor agregado del negocio acá. Pero estábamos en desacuerdo con fabricar en la Argentina y facturar desde otro lado porque así estaríamos invirtiendo recursos para aumentar la recaudación de terceros países. Con lo dispuesto por la ley se evita este manejo”. Por su parte, Pacecca afirma: “Otro temor que existía en las compañías locales era que, como pasa en Uruguay, se beneficie a empresas que facturen en el país sin importar que desarrollen el producto ahí. Esto no genera valor agregado ni puestos de trabajo calificado. El proyecto de ley actual elimina esta posibilidad”, destaca el ejecutivo de Microsoft Argentina.
El impacto de la ley en el desarrollo del sector será significativo. El diputado Briozzo asegura que la industria del software creció entre 1998 y 2000 período recesivo más de 40%. Para 2002, se estima que las exportaciones llegarán a US$ 60 millones pero después de la aplicación de la ley se espera que lleguen a US$ 200 millones a principios de 2005.
Según los datos del legislador, la industria mueve hoy cerca de US$ 350 millones al año, de los cuales US$ 120 millones corresponden al desarrollo de software y el resto a servicios informáticos (consultoría, outsorcing, mantenimiento). “Confiamos en que el sector pegará un gran salto con la implementación de la ley, sobre todo a nivel de contratación de empleo, factor que representa entre 70% y 80% de los costos totales de las compañías”, puntualiza el diputado.
En el mismo tono, Viceconti sostiene que a partir de la entrada en vigencia de la ley, habrá otro ánimo en las empresas. “Se van a arriesgar a invertir mucho más ya que mejorará su situación impositiva. De esta manera, se podrán dedicar más recursos a la investigación y el desarrollo, y eso implica también mayor contratación de recursos humanos. Esto es sembrar para cosechar en el futuro: no podemos esperar facturar el triple en un año, pero sí podemos hacerlo en diez”.
La ley y el plan
La Ley de Desarrollo de la Industria del Software es sólo uno de los pilares que integran el Proyecto Argentec, programa diagramado por las secretarías de Comunicaciones, Relaciones Económicas Internacionales y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Subsecretaría de Gestión Pública, bajo la coordinación del ex vicejefe de Gabinete Eduardo Amadeo, y con amplia participación del sector privado. Argentec tiene como objetivo impulsar la incorporación de la Argentina en la sociedad de la información en todas sus dimensiones: asegurando la conectividad a Internet de todos los hogares, promoviendo el desarrollo de las industrias asociadas al conocimiento y la información, impulsando la exportación de las industrias de hardware y software de origen nacional y apoyando la actividad de emprendedores, desde la concepción de la idea hasta su realización.
Para incentivar el desarrollo de software, Argentec prevé, además de la ley de promoción, la creación de un fondo fiduciario para financiar de manera sólida a las empresas del sector, que surgirá principalmente del Impuesto a las Ganancias que las desarrolladoras deben tributar (10% de lo tributado por cualquier otra compañía). También se creará una Agencia de Exportación que fomentará la inserción de las compañías locales en el exterior.
Por otra parte, se piensa crear una marca a nivel país para el desarrollo
de software y obligar a las empresas a que en el plazo de cuatro años
después de entrada en vigencia la ley ajusten su producción
a parámetros de calidad internacionales; amén de incentivar vía
créditos fiscales la inserción de las compañías
en las universidades a través de capacitación que apunte a fomentar
el perfil profesional requerido en el futuro.
- “Exportamos, pese a todo”. MERCADO, diciembre de 2001.
- “Software con calidad”. La Nación,
22 de julio de 2002.
- “Ley de desarrollo de la industria del software”. Cámara
de Diputados de la Nación.