Mucho más que una emergencia

El relato podría comenzar en una confortable oficina donde reina un sigilo explicable por el riguroso pedido de off the record por parte de la persona entrevistada.

Ésta parece ser una constante en el escenario económico argentino. Sobre todo si en la contienda se mueven empresas privatizadas, usuarios, asociaciones civiles, tribunales y representantes del Estado, como la que se lleva a cabo por la renegociación de las tarifas de los servicios públicos luego de consumarse la debacle argentina, con el alegre anuncio de default y la importante devaluación. También están los que hablan abiertamente y quienes se mueven entre las dos posturas.

La historia puede continuar con la descripción que se hizo en varios medios acerca de los aumentos pedidos por las privatizadas, que irían de 24 a 173,7%, según el sector. Cifras que ganarían solidez luego de que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó un Presupuesto 2003 con una inflación estimada de 45%.

Podría hablarse de las quejas de los protagonistas antes de que las audiencias públicas fueran suspendidas por la Justicia, que consideró ilegítima la convocatoria del Ministerio de Economía.

Tal vez porque la Argentina vive una crisis económica inédita un ejecutivo de una privatizada inicia los off the record de la narración y ejemplifica: “Nuestras circunstancias hacen que todo carezca de antecedentes. Puede haber variables comunes en otros países, pero los contextos son distintos. Lo que sucedió aquí no figura en ningún libro”.

La renegociación de tarifas, luego de algo más de 11 años, también ofrecerá un escenario nuevo. Tan nuevo como el tratamiento que se le da desde el Estado, que creó un organismo renegociador, más allá de los entes regulatorios.

Una comisión presidencial

Son 59 los contratos a renegociar en la nueva Argentina. Aquí aparecen representativas visiones de la emergencia, las inversiones y las dificultades. Pero sobre todo se traza el potencial escenario de fines de 2003, cuando la renegociación que empezó en enero pasado comience a tomar otros ribetes.

“La ley 25.561, de Emergencia Económica, promulgada el 6 de enero, alteró los contratos, los desdolarizó y congeló las tarifas. Y es una ley que se extiende hasta fines de 2003”, dice un especialista que conoce la discusión desde los calientes primeros días de este año. Cuenta que con esa ley el Poder Ejecutivo invitó a las empresas privatizadas a renegociar, y que el decreto 293/02, sancionado a fines de febrero, le dio el poder al Ministerio de Economía para crear la Comisión de Renegociación, que tenía 180 días para resolver los incrementos. Y agrega que dicha comisión no fue idea del entonces ministro Jorge Remes Lenicov: “Fue exclusivamente de Presidencia de la Nación”.

El decreto estableció un cronograma que venció el 9 de agosto. El 17 de septiembre el Gobierno extendió los plazos 120 días hábiles. Y se facultó al Ministerio de Economía para extender la prórroga otros 60 días. Comenzó con una ley de emergencia, una emergencia de la que, por ahora, hablan los protagonistas.

“No pedimos nuevas tarifas, salvo un aumento de 36%. De esa cifra, 12% nos correspondería a nosotros. Porque el restante 24% que paga el cliente pertenece en partes iguales a la tarifa pura y al pago por la compra de energía”, dice Alberto Lippi, jefe de Prensa de Edenor. Y agrega: “Pedir un aumento de emergencia de 260%, el de la devaluación, es irreal. Porque la peor tarifa es la incobrable”. “Necesitamos aumentos inmediatos y graduales para capear la emergencia. Es una recomposición de ingresos”, asegura el ejecutivo.

Adriana Lauro, directora de Comunicación de Aguas Argentinas, sostiene, como Lippi, que la empresa propone, con realismo, un aumento de 10,5% en términos de bolsillo del cliente, lo que se logra rebajando los impuestos. “Le pedimos al Gobierno pagar la mitad del Impuesto al Valor Agregado y así podemos reducir el aumento. Hay un esfuerzo por parte del cliente, del Estado y de Aguas Argentinas”.

Desde una de las telefónicas afirman -en off, claro- que “la empresa solicitó un valor que está ahora por debajo de la inflación, un incremento de alrededor de 35%. Y aclaramos que es sólo un ajuste de emergencia”.

Un universo sin cifras

Si embargo, hay quienes niegan haber hablado de cifras. Es el caso de Juan Bautista Ordóñez, director de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Metrovías, la concesionaria de las líneas de subterráneos de Buenos Aires. “Acercamos una propuesta sobre el cambio de reglas de juego en lo económico y financiero. No mencionamos porcentajes”.

Ordóñez aclara que la tarifa no es la variable fundamental y que su nivel depende de la actividad económica. “Nos resistimos a reducir un tema tan complejo a una cifra o un porcentaje. Por otro lado, nunca pensamos en que el proceso sería fácil porque la crisis no lo permite”, dice.

En la otra megatelefónica también se refieren al tema eludiendo las cifras. “El pedido de aumento depende de cada empresa. Hay compañías quebradas, en default o no. A todas las apremia la ausencia del ajuste. Pero cada empresa es una unidad de negocios y no hay porcentajes convencionales. La idea es, por lo menos, compensar la inflación”, admite un ejecutivo que comienza a castigar al Gobierno. “Pese a sus intenciones de hacer un ajuste de 8 a 10%, no hay parámetros”.

Los aumentos de emergencia no son, como quedará claro, una declamación. Un consultor afirma que pueden estar ligados a varios factores, entre ellos, los costos operativos. “Estos costos pueden variar. Se puede disminuir el servicio y bajar la calidad”, dice, también en off. “Hay dos extremos: aumentar enormemente la tarifa o no incrementar nada. Ambos son malos. Entre estas dos opciones hay soluciones intermedias, como la reducción de la calidad del servicio, la postergación de inversiones, reducción del pago del canon o impuestos. Así se puede atenuar el impacto y permitir que las empresas tengan operatividad y ganancias, porque son privadas”, dice en su estudio.

Iván Saubidet, gerente general de Telenexo, consultora especializada en reducción de costos en telecomunicaciones para empresas y proveedora de información inteligente, se refiere a la emergencia más allá de las formas de atenuar el golpe tarifario. “El resultado no le gustará a ninguna de las partes: Gobierno, empresas y consumidores”, asegura categórico.

Insumos e inversiones

Se afirma que en el sector de telecomunicaciones los insumos son importados y forman un componente fundamental en la operatoria. Desde una de las telefónicas dicen que 50% de los insumos vienen del exterior. Y desde la otra mencionan una cifra superior: 70% de los equipos se paga en dólares. “Se trata de mantener la inversión”, dice el ejecutivo, en su oficina del bajo. “En estas condiciones se verá la obsolescencia que Entel tuvo en el período final. Un solo chip que se deba reemplazar es importado. Es fácil imaginar que habrá un deterioro acelerado de los servicios públicos”.

El uso de insumos tiene su peso, aunque desde cierto enfoque se relativiza.

“En telecomunicaciones hay un mantenimiento que no en todos los casos requiere insumos importados”, afirma un especialista, según el rito del off. “Se pensó que la devaluación impactaría en tres aspectos”, agrega. “En los insumos importados, en las deudas tomadas en dólares y en la caída de la demanda. Luego se vio que esto estaba mal evaluado. Porque hay varios insumos nacionales, como ciertos combustibles”, aclara.

El secretario de Energía, Enrique Devoto, asegura que no renegocia tarifas, pero luego de algunos minutos de charla aporta su experiencia en el tema, y afirma que las privatizadas utilizan insumos importados. “Pero en varios sectores estos componentes no son mayoría”, aclara.

De costos operativos y emergencia se habla, pero no se manejan estimaciones de la inversión que necesita cualquier emprendimiento. Las razones son la caída de la economía y, en el caso de los servicios públicos, el retraso tarifario.

En los andenes de los subterráneos de Buenos Aires se han escuchado quejas por la falta de aire acondicionado en verano. Y ahora los usuarios agregan la caída de las frecuencias. ¿Metrovías no invierte? Ordóñez no cree que haya menos frecuencias: “Brindamos un servicio de calidad. Implementamos Infosubte, un sistema on line de información para los usuarios en los andenes y en las boleterías”.

En cuanto a la falta de aire acondicionado, “la concesión indica que es una obligación del Estado nacional, concedente del servicio”, dice el ejecutivo del transporte.

“En estas condiciones, con tarifas casi sin ajuste, como empresa nos quedamos como hasta ahora. Ahora se debe invertir en dólares, por lo que hay que cuadriplicar cualquier cifra”, afirman desde el sector de telecomunicaciones, sobre la base de la devaluación.

Pero la crisis no sólo es argentina. Saubidet, de Telenexo, dice que en el campo de las telecomunicaciones hay una desinversión mundial. “En la Argentina esta inversión es necesaria. Obviamente, en estas condiciones nadie invertirá sin retorno”, aclara el gerente general de Telenexo.

El factor fiscal

Para Saubidet, el incremento tarifario, de emergencia o el que se renegocie oportunamente, “no debe ser establecido ni por el Gobierno ni por las empresas. Quien lo haga, debe ser un tercero, una consultora independiente”.

Mientras tanto, con vistas a futuro, hay un factor con el que en algunas empresas aseguran que se puede jugar, del que Lauro, de Aguas Argentinas, dio un adelanto: el componente impositivo de las tarifas.

Las telefónicas aseguran que la incidencia de los impuestos es de alrededor de 40%. “Cobramos para el fisco nacional. Podría haber un margen para renegociar si los impuestos bajan”, dicen.

Lippi, de Edenor, asegura que este componente puede atenuar el impacto en el bolsillo del usuario. “En Capital Federal la tarifa tiene un componente impositivo de 28%. Y en la provincia de Buenos Aires, ese porcentaje asciende a 44%”, aclara. Y coincide con un consultor, que pide reserva y asegura que los impuestos tienen una gravitación importante y pueden manejarse.

Daniel Montamat es abogado, economista y especialista en el sector energético. Cuando se refiere a los impuestos, dice: “Hay un margen para jugar con este componente de las tarifas de modo de atenuar el impacto que sufrirá el consumidor final en la recomposición. Puede evitarse el incremento en ciertos consumidores con menos poder adquisitivo. Pero debe pasar por el Congreso”.

Desde Adigas, la Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina, sólo mencionan una cifra. Al menos 30% de la facturación al cliente (porcentaje que varía según distritos) corresponde a gravámenes. Como se ve, hay cierta coincidencia entre empresarios, analistas y consultores. La pregunta es de qué manera el Estado argentino, apremiado por el default podría jugar con la variante impositiva. Si bien afectará a la recaudación, es probable que baje el nivel de morosidad, lo que permitirá brindar más servicios.

Las deudas de la devaluación

Las deudas de las privatizadas muestran cifras preocupantes para esta Argentina. En 1991 sus obligaciones alcanzaban los US$ 1.000 millones. Y en 1999 esa cifra llegó a los US$ 17.000 millones.

En Adigas afirman que las tarifas están congeladas y desfasadas por la devaluación e inflación. Por otro lado, la deuda externa del sector es de unos US$ 2.400 millones. Los fondos tomados se usaron para financiar los US$ 3.900 millones de inversiones en infraestructura, cuando la plaza financiera argentina no ofrecía tasas ni plazos equivalentes.

Los distribuidores de gas completan el panorama financiero cuando afirman, con deuda externa e insumos en dólares, operan en una economía pesificada, tarifas congeladas, aumento del tipo de cambio, inflación y marco regulatorio roto.

Lauro, de Aguas Argentinas, informa que desde el comienzo de la concesión del servicio, en 1992, la firma ganó $ 427 millones, de los que pagó dividendos por 25% y reinvirtió 75%. “En el primer semestre de este año Aguas Argentinas perdió $ 886 millones. Y tenemos una deuda de US$ 700 millones. Le decimos al Gobierno que renegociamos con bancos para suspender pago de intereses”.

Edenor, según Lippi, “tiene US$ 520 millones de deuda porque en el exterior el interés era de 4%, la mitad de lo que se pagaba en la Argentina”.

También desde una de las telefónicas explican su deuda en dólares. “Nos endeudamos en el exterior porque por el volumen de inversiones requeridas, si lo hacíamos en la Argentina, subía la tasa de interés local. En el exterior, la tasa de interés era y es más baja. Hoy, con la devaluación, los montos son impagables”, dice un ejecutivo. “Además de los costos provocados por la devaluación, lo que invita a renegociar tarifas, la renegociación también es necesaria con los acreedores”.

El 21 de septiembre, La Nación informó que Juan Carlos Masjoan, había renunciado a la titularidad de Telecom. La telefónica tuvo en el primer semestre del año un saldo negativo de $ 4.097 millones, mientras en el mismo período de 2001 había ganado $ 80 millones. En la compañía confirman la crisis. “En diciembre de 2001 teníamos un patrimonio equivalente a US$ 2.400 millones. Al cierre del primer semestre de este año, es de US$ 150 millones”. La devaluación de activos y la deuda de Telecom, de alrededor de US$ 3.200 millones, por la que entró en default en abril, explican la caída.

Sobre los argumentos de las telefónicas, un experto afirma que el verdadero problema de estas empresas, “es su deuda financiera”. Y formula una pregunta con final abierto: “¿La renegociación de estas deudas, la debe pagar el usuario?”.

El fondo de la solución

Planteada la situación de emergencia y los aumentos requeridos, además de lo que acepte el Gobierno, ¿hay chances de vislumbrar un escenario con una solución de mediano plazo? “Es prematuro decirlo, debido a que tiene que asumir el nuevo gobierno. Estamos en un país nuevo y no podemos perder lo logrado hasta ahora. Queremos seguir siendo una empresa sustentable, seguir recaudando y ganando y reinvirtiendo las ganancias. Es muy fuerte hablar de solución de fondo, además, porque pensamos en el largo plazo”, dice Lauro, de Aguas Argentinas.

Lippi considera que, de alguna forma, se ha desperdiciado una importante oportunidad, debido al congelamiento. El ejecutivo de Edenor cree que lo ideal hubiese sido hacer una recomposición lenta y sistemática. “Pero el Gobierno perdió ocho meses”.

Desde el sector telefónico, en off continuo, afirman que no hay una estimación del nivel tarifario. Hay muchos factores que inciden en este valor, como los índices de calidad o de crecimiento de la penetración. “Y además se relaciona con el país que el Gobierno quiera proyectar en los servicios de telecomunicaciones. Hasta ahora el único proyecto fue el de las privatizaciones”.

Saubidet, de Telenexo, cree con firmeza en la desregulación en las telecomunicaciones como solución de fondo. “Desregular en serio es mucho más importante que renegociar tarifas. No se puede renegociar donde no se puede garantizar la competencia. Hay mercados cautivos en gran parte del país y los precios son altos”, dice el ejecutivo.

Cuando a un ejecutivo de la firma de comunicaciones se le pregunta si la desregulación total de multicarrier y portabilidad del número telefónico puede generar ventajas, de modo tal que el mercado establezca el precio de las tarifas, contesta: “Es una alternativa. Pero no tendremos el desarrollo de los países industrializados. Porque la competencia se instalaría en los centros urbanos e industriales”.

En clave de luz y gas

Montamat aclara el panorama y el objetivo en el cual hacer foco. “Los sectores claves son electricidad y gas. Las tarifas en el precio del gas y el precio mayorista eléctrico son libres, por regulación. Pero de hecho se han pesificado”.

Explica que antes de la megadevaluación, el precio del gas valía entre US$ 1 y US$ 1,20 el millón de BTU (British Termic Unit, la unidad de mercado), y ahora es de US$ 0,30. Dice que en electricidad el costo del megawatt por hora era de US$ 23. Ahora es de US$ 7.

Apunta a su objetivo y afirma: “La recomposición tiene que comenzar por la tarifa del gas natural. Porque es la piedra angular del andamiaje energético. El gas natural como elemento energético sustituye al petróleo. Si no hay gas natural, se deja de exportar petróleo para usarlo en el mercado interno o hay que importarlo”.

“Si no hay gas, la energía eléctrica pasa a depender de fuentes térmicas menos eficientes, que consumen derivados del petróleo. El gas natural es clave. Éste es el tema central de la recomposición tarifaria: su precio y su abundancia porque, a su vez, la oferta de energía primaria depende en 49% del gas natural. Y con precios de US$ 0,30 el millón de BTU, se compromete seriamente las inversiones. Y es probable que algunos productores que no recuperen costos marginales cierren pozos”, se explaya el especialista.

Montamat dice que las empresas son conscientes de que no pueden violentar la realidad social: “Y saben que ya no se volverá a la época del $ 1 a US$ 1. Se debe trabajar sobre una nueva base de costos”.

Las soluciones de fondo de empresarios, ejecutivos y analistas pasan por un tamiz distinto del propuesto por Devoto, secretario de Energía. Para el funcionario la resolución del dilema “será posible durante el próximo gobierno. Estamos en una transición y es más difícil lograr resultados ahora. Y desde varios sectores políticos se obstaculiza cualquier acuerdo”.

Recomposición, problemas y precios

Con aumentos de tarifas, devaluación e inflación es posible volver a los tiempos en que la ilusión del teléfono propio sólo quedaba en un sueño del cual se despertaba luego de 20 años o más. A los cortes de energía o a la escasez de gas en invierno. ¿Es posible volver atrás?

“Si no hay una recomposición seria, no habrá inversiones y caerán los servicios”, dicen en el sector telefónico. “El achique de la Argentina es brutal. Todas las empresas se prepararon para un país en expansión. Pero con la devaluación se achicó a un tercio”, afirma un ejecutivo.

Agregan que los tiempos en la industria de telecomunicaciones juegan un papel vital. “Por eso puede pasar lo mismo que en Entel, que tuvo buenos servicios y cayó totalmente en sus últimos tres años”, dice un ejecutivo de una de las firmas en riguroso off, claro.

Saubidet no se muestra muy conforme con estas explicaciones y sostiene que las telefónicas debían haber previsto un escenario con dificultades. “En 1989, cuando se privatizó Entel, sabían que llegaban a un país difícil. Estaban contemplados factores como devaluación, por ejemplo. Hoy no pueden pretender que se respeten los contratos iniciales”.

De hecho, la privatización de Entel se produjo en noviembre de aquel año, dos meses antes de la hiperinflación del primer gobierno de Carlos Menem.

Servicios de la nueva Argentina

Los porcentajes de emergencia están planteados, pero son sólo eso. La falta de inversiones y el manejo del componente impositivo han sido expuestos. Mientras tanto, es pertinente indagar cuáles son los servicios públicos que tendrá el país.

“Hubo un nivel de inversiones de infraestructura de base. No es que nos quedemos sin servicios. Pero habrá un deterioro importante si no se recomponen las tarifas. Aunque no será mañana, se producirá en los próximos tres años. Pero no creo que lleguemos a eso”, dicen desde una privatizada.

Patricia Vaca Narvaja es la titular de Consumidores Argentinos y se planta frente a las firmas y el Gobierno. “El problema está en la capacidad del Estado para ejercer su rol y sentar a las partes para una renegociación integral y no de emergencia”. Vaca Narvaja dice que las normas de calidad básicas se pueden mantener con el esquema de caja de las empresas. “Son concesiones por muchos años, por lo que se puede recuperar rentabilidad más adelante y no con la emergencia económica”.

Montamat también apunta al Gobierno. Y cree que el Poder Ejecutivo debe definir los pasos que vendrán. “Si no es así, esto se transformará en una bomba de tiempo que le explotará a la próxima administración. Además se dejaron de lado los entes reguladores, como el Enre y el Enargas. Todo cayó en manos de la Comisión Renegociadora, que fue formada ad hoc“.

Ordóñez recala en el cuerpo social y dice que debe haber decisión de la sociedad y las autoridades acerca de qué servicios quieren tener. “Se trata de establecer qué nivel de frecuencia de servicios quiere el usuario. Y en este punto hay que ser prudentes y cuidadosos a la hora de proponer. El entorno no es precisamente floreciente, por lo que ahora se trata de aguantar con un servicio acorde a las condiciones”.

En una de las telefónicas se hacen eco del ejemplo Belindia. “Podemos tener los servicios de Bélgica y de la India. La estructura fue renovada pero también se puede volver a los tiempos de Entel. La tecnología de comunicaciones se vuelve obsoleta en muy poco tiempo. La amortización de equipos tiene una obsolescencia de unos 20 años, pero Entel llegó a utilizar equipos de 40”. El ejecutivo opina que la determinación de los servicios dependerá de un proyecto de país. “Y no hay una percepción muy clara en este sentido”.

Para Saubidet hace falta tiempo. El gerente general de Telenexo cree que todo dependerá del acuerdo final. “Si es desfavorable, caerá el servicio, cosa que sucede en telecomunicaciones. Cayó el ancho de banda de Internet y empeoró la atención al cliente. Pero a la época de Entel no se llegará”, disiente con las telcos. “Hay una base instalada muy fuerte”. Y agrega que las empresas de telecomunicaciones saben que si el aumento es muy grande caerá el número de usuarios. “Por eso no pedirán un incremento ridículo”.

Un especialista afirma que la infraestructura montada es buena. “No hay un problema inmediato de colapso como para volver a la época de Entel o Segba. Pero si no hay algún ajuste, en un año la infraestructura estará mal. Y en dos, muy mal”.

En Adigas dicen que los distribuidores son conscientes de la necesidad de desarrollar alternativas para adecuarse a las necesidades de los hogares de menores ingresos.

Y que la violación del marco regulatorio, la inseguridad jurídica, la distorsión de las variables por la devaluación y las dilaciones para resolver la crisis, ponen a la industria del gas natural en el límite de su capacidad para mantener la calidad y seguridad de sus prestaciones, además de que el sector no es sustentable.

Y afirman: “De no resolverse la crisis actual del sector, se producirán cortes o restricciones del servicio, deterioro de la calidad, merma de la seguridad, reducción de puestos de trabajo y desinversión”.

Lauro se prepara para los nuevos contratos con una sentencia más que realista. “Hay que repensar contratos para un nuevo país, con más pobres”.

La verdad no tan lejana

En abril se realizó una reunión de directivos de las empresas de servicios públicos. Alguien alertó sobre los costos y la falta de adecuación de las tarifas. “Si esto no cambia, habrá cortes de energía en los próximos meses”, dijo uno de los ejecutivos presentes. Alguien le contestó que faltaba muy poco para el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol, en Corea-Japón. El directivo que había dado el aviso, dio un puñetazo en la mesa. “Entonces el Mundial deberán verlo en el Uruguay”, aseveró con vehemente tono de altivo león.

El enervado cruce fue confirmado por dos fuentes.

“Sin embargo no hubo cortes”, ironiza un ejecutivo. “Creo que más bien se trata de presiones para lograr los aumentos o para que el Gobierno se meta en el tema”, agrega. ¿Hay presión de las empresas y desinterés del actual Gobierno? ¿Cómo y cuándo se define la renegociación seria de los servicios públicos que parecían eternos?

“Está claro que las empresas afrontan costos operativos y gastos en capital. En referencia a estos últimos, utilizan dinero propio o se endeudan a través de préstamos u obligaciones negociables. Los bancos que otorgan préstamos y el mercado bursátil, obligaciones negociables, quieren recuperar ese capital. El problema es que hoy, con la tarifa, se mantiene sólo el funcionamiento”, dice un conocedor del proceso de renegociación de tarifas.

“Pero para que la empresa siga adelante hay que decirle que tendrá pérdidas de capital y a quienes prestaron que no recuperarán todo. Por lo tanto se debe trazar una senda que permita constituir un flujo de fondos para empezar a remunerar el capital, que permita vislumbrar su devolución. Todo esto debe trazarse con vista a 2004.”

¿Por qué a 2004? Porque el problema tarifario estallará en los inicios de ese año, en poco más de 15 meses. Y nadie anticipa cuáles serán las condiciones macroeconómicas del país para esa época, en que comenzará la RENEGOCIACIÓN [con mayúsculas], más allá de la emergencia.

“En diciembre de 2003, con el término de la ley de Emergencia, se renegocia realmente. Hasta principios de 2004 debe haber un mecanismo de ajuste. Y luego un ajuste real. Esto sucederá en ese momento. Allí se producirá el debate en serio. Hoy no se pueden fijar pautas ni servicios. Todos los contratos están muertos. Formalmente, la lógica es fijar un sendero hasta la renegociación profunda, en enero de 2004″, asegura el especialista.

¿Cuál es el panorama que vislumbran las empresas para ese momento, con contratos de largo plazo?

“Las empresas quieren renegociar”, afirma el experto. “No quieren litigios para validar los contratos iniciales, que permiten renegociar”. “Hay una irresponsabilidad muy grande en varios sectores políticos y sociales, que piden que no se aumente nada. Por acuerdos de reciprocidad comercial entre la Argentina y los países en los que varias privatizadas tienen su casa matriz, puede haber juicios.”

¿Qué puede suceder con esos juicios, a partir de 2004?, pregunta MERCADO: “Generalmente estos juicios recaen en Nueva York. ¿Entiende lo que esto significa? Sin una solución, vamos a los litigios que pagaremos todos”.