Hoy, es casi imposible que se violen derechos civiles -aun en lugares remotos- sin que el mundo se entere en horas. Pero, amén de intercambiar datos, la Red canaliza esfuerzos para promover cambios. Así, la caída de Slobodan Miloseviè en Serbia fue orquestada por una organización juvenil, Otpor, difundiendo la consigna “gotov je” (ya fue). Internet también influyó en el derrumbe de Suharto (Indonesia) y Joseph Estrada (Filipinas), en este caso conectada vía celulares a 100.000 activistas.
Donde se restringen o vetan actos callejeros, la Red funciona como sustituta. En Corea del Sur, Park Myung Ok organiza “manifestaciones por Internet” que vinculan más de 500 grupos cívicos. Al difundir denuncias de abusos y corrupción contra políticos, vía Solidaridad Ciudadana, esta red obliga a los medios convencionales a abandonar parcialmente su blandura ante el régimen. De hecho, ya ha logrado reformas en las leyes electorales.
Este grado de conexión es especialmente útil para organizaciones globales estilo Amnesty International (AI), que viene alertando por correo electrónico desde 1987 sobre torturas y otros abusos en forma cotidiana. Informados, miembros de la entidad se ponen en contacto con los gobiernos involucrados, que suelen quejarse porque sus casillas de e-mail, faxes y otros canales se atiborran de protestas.
¿Hay un justo medio?
Actualmente, Fast (fast action stops torture, algo así como acción rápida para detener la tortura), una red de AI lanzada en 2000, cuenta con casi 30.000 miembros. Este grupo ha contribuido a la libertad de las personas en casi 60% de casos donde se involucró y puso en evidencia tormentos.
Sin duda, la Red puede nivelar hasta cierto punto los tantos entre gobiernos y oponentes. Algunos observadores llegan al extremo de pronosticar que el avance de Internet cambiará a países como China. Otros son pesimistas: “Estados Unidos no debe esperar ahí una democracia inducida por Internet”, opinaba en marzo la revista Foreign Affairs. El semanario inglés The economist había ido más lejos, meses antes: “Internet no contribuirá a la paz ni la igualdad. No obstante, esta red abierta, tan difícil de controlar para los gobiernos, dará mayor influencia a ciudadanos individuales”.
¿Dónde está la verdad? Por cierto, los regímenes represivos le temen al ciberespacio y algunos han hecho de todo para dominarlo. En Myanmar (ex Birmania), es delito poseer un módem, enviar e-mails o ingresar en Internet y puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En Uzbekistán, aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, todos los proveedores de servicios por Internet (ISP) deben usar los servidores del Gobierno.
Reporteros sin fronteras (RSF) tiene una lista de 17 países que prohíben o limitan la navegación virtual. Son Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Irak, Kazajstán, Kirghistán, Libia, Corea del Norte, Arabia Saudita, Sierra Leona, Sudán, Siria, Tadyikistán, Türkmenistán y Vietnam. Otros 45 aplican diversas restricciones.
China es el caso extremo, por varios motivos. Entre ellos, 23 millones de usuarios en 2001 que, posiblemente, pasen a 120 millones en 2004 (claro que sobre una población de 1.300 millones), y un régimen naturalmente enemigo de la Red.
Desde hace más de 10 años, Beijing hace piruetas para asimilar y controlar las nuevas tecnologías en medios y comunicación. El Gobierno sabe perfectamente que el futuro económico depende de que el país se conecte al resto del mundo, aun en su modelo de “capitalismo sin democracia”. Por ejemplo, ha obligado a la mayor telefónica a reducir tarifas de acceso a Internet. Pero China también entiende lo útil que es esta herramienta para quienes buscan cambios políticos y sociales.
Por ende, viene intentado -cada vez con menor éxito- bloquear la Web a sitios extranjeros “inadecuados”. Sin embargo, muchos usuarios pueden sortear esas trabas vía servidores remotos. De ahí que las autoridades encuentren más expeditivo intimidar a los ISP, desarrolladores de sitios y administradores de locutorios.
Todo contenido que “revele secretos de Estado”, “perturbe el orden social”, “difunda rumores” o “promueva cultos diabólicos” queda fuera de la ley. Los proveedores de acceso deben rastrear los sitios visitados por cada suscriptor, cortar la trasmisión cuando la consideren inadecuada e informarlo a las autoridades. Muchos locutorios -en las ciudades, suelen ser enormes- son vigilados por operadoras que monitorean accesos y contenidos.
Ingenio vs. mano dura
Si fallan las restricciones indirectas y la autocensura, Beijing no vacilará en usar la fuerza. En 1998, se hizo el primer arresto: Lin Hai, acusado por difundir 30.000 direcciones de correo electrónico a un boletín pro democracia editado en Estados Unidos, que así pudo alcanzar a 250.000 chinos. El juicio duró media hora, la sentencia fue de dos años pero, merced a presiones internacionales, Lin quedó libre seis meses antes.
Para eludir ese riesgo, cuatro disidentes lanzaron el Foro de la Nueva Cultura -primer sitio Web pro democracia en China- el 29 de abril de 2000. Pero lo registraron bajo un nombre falso, “Xin Wenming”. Entretanto, la detención de Huang Qi, editor del e-zine Tianwing, en junio del mismo año (por colgar una lista de gente desaparecida tras la masacre de Tiananmen), iniciaba una fase de mano dura.
Como resultado, uno de los fundadores del Foro huyó de China y, en agosto de 2001, el sitio fue cerrado por “difundir contenidos reaccionarios”. La Oficina de Inspección Informática amenazó con eliminar al ISP si no entregaba a “Xin Wenming”, pero la policía descubrió que el número de contacto era un teléfono público y el documento retenido era falso. En diciembre último, Wang Jinbo fue sentenciado a cuatro años por colgar artículos en sitios del exterior.
Pese a todo, los navegantes siguen desafiando al Gobierno. El grupo más persistente es la secta Falun Gong (objeto de la veda a “contenidos diabólicos”), cuyos adherentes no cejan en comunicarse con sitios afines en otros países.
Otros medios
Pero el éxito de los disidentes se cifra en emplear nuevas tecnologías. Esto depende de varios factores, en general fuera de control para los usuarios.
Uno de ellos es hasta dónde un ISP, tipo America Online o AT&T, esté dispuesto a presionar en favor de acceso sin tantas restricciones. Después de todo, su negocio reside en atender el mayor número posible de usuarios. Sin duda, les cuesta aceptar el reto y tienen miedo de entrar en conflicto con estados tan poderosos como China. Pero como, al mismo tiempo, las redes continúan creciendo fuera del Primer Mundo, tarde o temprano aparecerán emprendedores para quienes un mercado más abierto representará mayor rentabilidad.
Mientras tanto, difundir sistemas o mecanismos criptográficos puede proteger a los disidentes y no exponerlos a riesgos a veces mortales. Pero el panorama se ha complicado a causa del 11 de septiembre de 2001, ya que Estados Unidos mismo ha multiplicado restricciones a software de encriptación y fomenta sistemas de control instalables en servidores. En manos de estados autoritarios o totalitarios, esos recursos podrían imposibilitar todo activismo vía Internet.
Sin embargo, AI y otras grandes organizaciones de derechos civiles en América septentrional y Europa occidental pueden almacenar en sus bases de datos información codificada sobre miembros y actividades de sus filiales o colegas en el resto del mundo. Una serie de acuerdos en Web las cubrirá. Así, aunque los regímenes represivos perturben correos electrónicos, grupos de debates y sitios disidentes, cualquier hacker con experiencia podrá siempre sembrar a distancia el caos en las comunicaciones de esos gobiernos.
El autor es miembro de Amnesty International Estados Unidos.