Si hay algo de lo que siempre estuvo orgullosa -y con razón- la sociedad estadounidense fue de su celosa defensa de las libertades públicas y de la privacía de sus ciudadanos.
Hace un año, tras el atentado terrorífico contra las Torres Gemelas -el 11 de septiembre se cumple el fúnebre aniversario-, la gente común sintió por primera vez que terminaba la invulnerabilidad en territorio propio, un privilegio del que habían gozado varias generaciones, inclusive durante las dos grandes guerras mundiales del siglo XX.
En consecuencia, la lucha contra el terrorismo se puso en primer plano y un gobierno urgido de explicar lo que no se había previsto o detectado, se lanzó con celeridad a la caza de los responsables, dentro o fuera de Estados Unidos. Además de la intervención en Afganistán, centenares de personas de origen árabe fueron detenidas dentro de las fronteras nacionales para establecer sus probables vínculos con organizaciones terroristas.
Como suele ocurrir con una sociedad donde las instituciones tienen equilibrios y contrapesos, cualquier exceso de la rama ejecutiva termina siendo corregida por otro poder, en especial el Judicial. En las últimas semanas menudearon los pronunciamientos de tribunales que ordenan al Poder Ejecutivo poner a disposición de la Justicia a los detenidos y ventilar públicamente los llamados “casos de inmigración irregular”.
Tras las denuncias de familiares, abogados y organizaciones civiles sobre la existencia de centenares de “desaparecidos”, las cortes de Justicia reaccionaron con celeridad. El FBI y la Secretaría de Justicia respondieron explicando que se trataba de problemas inmigratorios, privativos del Ejecutivo, en los que nada tenía que ver la justicia común.
Lo cierto es que se ha comprobado que hubo casi 1.200 detenidos, sin asistencia jurídica y sin que se supiera su paradero durante largos meses. Aparentemente, hoy no quedan más de 80 presos: el resto, o fue liberado luego de meses de detención, o bien fue extraditado por decisión sumaria.
Los más recientes pronunciamientos judiciales niegan al Ejecutivo capacidad para resolver los llamados “problemas inmigratorios” (cualquier sospechado de terrorismo era acusado por violación a leyes migratorias para sustraerlo de la jurisdicción de los jueces), y obligan de ahora en más a que dichos casos se ventilen públicamente.
La enérgica actitud de los jueces siguió a la respuesta del Departamento de Justicia ante los primeros fallos, con el argumento de que si se trataba de detenciones de “combatientes en la guerra contra el terrorismo”, podían existir detenciones sin término, sin acusaciones formales, y sin asistencia letrada. El gobierno de Bush sostenía q ue la justicia federal no tenía derecho a revisar este tipo de decisiones del Ejecutivo.
Las cortes han puesto las cosas en claro y restituyeron un principio constitucional que no fue violado en más de 200 años.
La reacción de la prensa y de las organizaciones civiles contribuyó también a que las libertades públicas de Estados Unidos fueran las últimas víctimas de un horroroso atentado.