Uno de los requisitos fundamentales que debe cumplir todo programa económico con pretensiones de éxito es el de estar diseñado sobre la base de un diagnóstico preciso de la realidad económica desde la cual se parte, teniendo en cuenta tanto los problemas que hay que superar como las herramientas que esta realidad nos brinda para hacerlo.
La economía argentina vive hoy una de las peores crisis económicas que le ha tocado enfrentar en su historia. Los ingresos reales de la población son extraordinariamente bajos: el PBI en términos reales caerá este año entre 13 y 17%. Si todo va bien, y medida en dólares, la merma será superior a 60%. La inversión es prácticamente inexistente con lo cual la Argentina de hoy no está ni cerca de reponer el capital fijo que se desgasta. Para ponerle números, sería un éxito que este año la inversión caiga sólo 40%, siendo que ya acumula una pérdida superior a 30% en los tres años anteriores. Las variables vinculadas al consumo, normalmente las más estables en una economía, dan cuenta de la enorme pérdida de ingresos: los supermercados perdieron ventas por casi 30% y los shoppings no andan mejor.
Para traducir socialmente el mismo problema, basta con decir que el desempleo está en su pico histórico: 21,5% y un subempleo de 18,6%, la pobreza también es récord con 52% de la gente bajo la línea y más de 40% de esos pobres debajo de la línea de indigencia. De los menores de 18 años, 80% estuvo alguna vez debajo de la línea de pobreza en los últimos dos años y la desigualdad está también en su pico histórico.
Las empresas argentinas tienen grandes dificultades para exportar pese al brutal aumento de la competitividad, dada la falta de crédito y las dificultades para acceder a los mercados del primer mundo. Para poner algunos números, las exportaciones argentinas bajaron 6% en el primer semestre. Es impensable que con la mejora de competitividad experimentada las ventas externas no hayan explotado. Claramente la falta de capital de trabajo es un problema urgente, las retenciones no ayudan y la incertidumbre en las reglas del juego pone un moño al paquete ya que aún con un tipo de cambio favorable, invertir para exportar sigue siendo riesgoso (algo parecido ocurrió en la década de los ´80: precios favorables para los bienes transables pero altos factores de riesgo que frustraron la oportunidad).
La volatilidad de las variables monetarias y cambiarias, sumada a una incertidumbre institucional y política coronan un panorama al que cuesta encontrarle un costado positivo.
Si bien es entendible que este panorama desfavorable lleve a un estado de apatía y pesimismo, MERCADO cree que justamente debe generar lo contrario: una gran voluntad de contribuir al cambio de la situación actual. Y, para provocar esa sensación, es vital que analicemos las posibilidades que se abren en el actual estado de las cosas, porque si son bien aprovechadas nos pueden permitir una salida de esta crisis que ya lleva varios años.
Las buenas noticias recientes
En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los últimos meses parece haberse detenido la fuerte caída de la actividad industrial que se venía registrando desde el año pasado, e incluso se ha visto una leve recuperación en mayo y junio. Y esto es muy importante, porque resulta esencial dejar de caer para empezar a pensar en cómo crecer (es cierto que las cifras de julio no fueron tan alentadoras: 1,5% menos en junio según el índice desestacionalizado del Indec. Si este indicador, tan equívoco, se deja de lado, el crecimiento de julio fue de 6% sobre el mes anterior).
Además, se ha logrado una estabilización del tipo de cambio, lo que comienza a dar alguna certeza sobre su evolución futura, aunque hacen falta muchas otras condiciones para que ésta sea tal que decida a potenciales inversores a comprometer su capital en el país.
La recaudación impositiva también ha mejorado en los últimos meses, lo que ha permitido reducir el déficit fiscal con respecto a los niveles del año pasado, aunque todavía queda mucho por hacer ya que la mejora fue originada en los impuestos más distorsivos que puedan existir y la evasión no está ni cerca de empezar a ser frenada. En cualquier caso, parece haber un mayor compromiso fiscal en varias provincias cuyas recaudaciones crecen a la par de la Nación.
Finalmente, no hay que olvidar que los hechos recientes nos han dejado con un tipo de cambio real que significa un gran estímulo para sectores exportadores de bienes y servicios que deberían poder ayudar a cumplir algunas de las condiciones necesarias que se le piden a la Argentina: sustentabilidad externa.
Las metas
El objetivo central del Plan Económico del Nuevo Gobierno debe ser, sin dudas, el impulso del crecimiento, pues la única forma de mejorar la calidad de vida de la población es con una economía en expansión. En efecto, es la única forma para que aumenten los salarios, se reduzca el desempleo y el Estado tenga la holgura fiscal necesaria para desarrollar políticas de asistencia social de una magnitud significativa como para resolver los problemas que busca atender.
Claramente la inversión juega un papel especial en una política de crecimiento. Si bien la inversión es un componente menor del PBI, es la que posibilitará que la Argentina pueda realizar exportaciones con valor agregado, que atraigan conocimiento y capitales. Pero inversión no son sólo proyectos de biotecnología; inversión también implica un sistema de transportes, una infraestructura, sistemas educativos y sanitarios que se necesitan para apalancar un crecimiento sostenido.
Plan económico para ser usado por los próximos cuatro gobiernos: plan de acción
a) Cómo atraer inversiones
¿Qué se necesita para que comience este proceso de aumento de la inversión? En primer lugar, que los agentes privados vean una perspectiva de obtener una rentabilidad significativa. Algo que hoy la Argentina, con precios relativos muy favorables para la competencia internacional, está ofreciendo en sectores vinculados con el comercio exterior y algunos otros que sustituyen importaciones. Cuando estos sectores se expandan y demanden más empleo, y los nuevos trabajadores gasten sus ingresos en el mercado interno, estas perspectivas deberían extenderse a los sectores más enfocados en el mercado interno y, por supuesto, en los servicios.
Pero la inversión implica un compromiso a largo plazo, lo que exige un grado de certidumbre significativo acerca del mantenimiento por varios años de las condiciones favorables (un gran déficit de la Argentina de los últimos meses).
Contribuye a ello, en gran parte, que en los últimos meses se hayan observado: a) el abrupto abandono de un régimen monetario que había alcanzado un gran consenso y que casi todo el mundo veía como eterno; b) la imposición de limitaciones a disponer de los ahorros (corralito); c) la interrupción del pago de la deuda pública; d) la violación de una inmensa mayoría de contratos (pesificación, tarifas de servicios públicos, etc.); e) cambio permanente de reglas de juego (retenciones a las exportaciones, control de capitales, creación y eliminación del ajuste por inflación, etc.); f) fuerte inestabilidad política con falta de liderazgo y patriotismo para hacer lo mejor en cada circunstancia, más allá de preferencias personales; g) falta de cohesión social.
¿Cómo se hace para superar el temor que generan estos antecedentes para la recuperación de la inversión y el crecimiento sostenido? Es imprescindible evitar volver a cometer los errores que han derivado en estos acontecimientos, errores asociados al tipo de crecimiento que hemos vivido en dos etapas de la década pasada.
Finalmente, para tomar la decisión de invertir, además de observar perspectivas favorables en los mercados hay que conseguir los recursos a una tasa de interés tal que los inversores puedan obtener, al menos potencialmente, rentabilidades positivas. Más allá de que los inversores extranjeros puedan conseguir recursos a tasa baja, el principal motor de la inversión es y será el empresariado local más allá de saludables excepciones o de fondos de capital de riesgo que, en estos días, merodean las empresas argentinas, atractivas más por su bajo valor que por sus perspectivas futuras.
Por estos motivos, es imprescindible que el sistema financiero local muestre una rápida recuperación de la situación por la que está atravesando. Es decir, que los que han retirado sus ahorros del mismo los regresen, permitiendo su vuelta a la normalidad y creando una masa de recursos que haga que los bancos puedan prestar a quienes se acerquen con proyectos rentables. ¿Cuánto podrá demorar esta vuelta de los recursos al sistema? Menos de lo que se cree, ya que si el futuro es promisorio, el pasado se olvida más rápido de lo que nos podemos imaginar en este momento.
b) Sistema financiero
El sistema financiero argentino está totalmente destruido más allá de cómo terminen los balances de los bancos después de una decena de compensaciones cruzadas entre bonos, préstamos garantizados y redescuentos. Y está destruido más allá de las distinciones entre banca pública o privada, nacional o extranjera. Lo que hace que el sistema financiero esté verdaderamente destruido es que la confianza de los ahorristas e inversores esté gravemente herida y ninguna resolución del Banco Central, por maravillosa que sea, puede arreglarla.
Con este diagnóstico inicial, quien tome la posta tiene que saber que ni aun nombrando a los mejores talentos financieros del planeta, podrá reestablecer el funcionamiento pleno del sistema rápidamente. Pero lo que sí puede hacer, es sentar las bases para que lentamente la Argentina recupere un sistema financiero que, como se sabe, es el que lubrica al sistema capitalista y, entre otras cosas, intermedia el ahorro y la inversión, proveyendo la tecnología elemental para que los individuos utilicen ingresos futuros para consumir en el presente o traspasen ingresos corrientes al futuro. Es importante tener en cuenta que el sistema financiero es, hasta cierto punto, un servicio transable ya que los argentinos, una vez más, se las arreglaron muy bien para usar los servicios de otros países.
En primer lugar, es necesario establecer reglas de juego transparentes y duraderas independientemente de qué tipo de sistema financiero se diseñe. Lo que es importante es que quienes confían sus ahorros conozcan los riesgos que corren, es decir qué tipo de garantías existen o qué leyes regirían en caso que las cosas vayan mal. Tanto o más importante que esto es crear el entorno legal para que quienes contraen deudas también conozcan los riesgos de no pagarlas, lo que claramente implica un cambio en los procedimientos judiciales. Quiebras hay en todo lugar del mundo, pero pesificaciones o pago de deudas con bonos que valen 20 centavos por peso, sólo en la Argentina. La literatura denomina esto cultura crediticia y, cuando un país no la tiene, hay que imponerla. Durante buena parte de los ´90 se trabajó bien este tema, pero cuando se autorizó a rehabilitar deudores para que, a través de las multas, se junten fondos para discapacitados, se hizo un bien (la ayuda a discapacitados) y muchos males.
Desde el lado de la supervisión bancaria habrá que duplicar los esfuerzos de la década pasada e inevitablemente sobreactuar en algunas medidas como para que vuelva la confianza. Esto implica obligar a que los ratios de liquidez sean muy altos (para esto tiene que haber compromiso político para evitar que los Ruckauf o Duhalde de mañana ataquen al Banco Central por tener encajes altos). Esto implica que, al principio, la banca sea prácticamente “narrow banking” y que, a medida que la confianza crezca, se bajen marginalmente los requisitos de liquidez.
Una posibilidad interesante es dividir al sistema entre transaccional y banca de inversión, pero ciertamente no es la única. Es importante que el sistema financiero se desintermedie, usando menos la financiación bancaria y más el mercado de capitales, y utilizando, por ejemplo, la figura de fideicomiso -administrado por un banco- para estructurar créditos que luego sean cedidos a inversores.
Otras medidas para apuntalar la confianza implican la fijación de límites a la financiación al sector público, y evitar toda clase de descalce de plazos y monedas aunque eso implique que, por un tiempo largo, el crédito sea sólo de corto plazo. Los bancos no podrán dar más hipotecas a 30 años contra depósitos de 30 días ni tomar dólares de la gente y prestarle esos dólares a gente que gana en pesos. Es función de la Superintendencia de Bancos que eso no ocurra más.
Otra asignatura no menor es la reestructuración bancaria. Hasta que la gente no tenga claro qué jugadores quedan y cuáles son sus estrategias no habrá un flujo de depósitos estables para el sistema financiero. Es evidente que el Central tiene que promover las fusiones y adquisiciones ya que si algunos pensaban que había demasiados bancos con una economía de US$ 7.000 por habitante, con US$ 2.000 de PBI per cápita no deberían quedar dudas de ello. Si eso no ocurriera, los bancos estarían obligados a pagar menos por los depósitos o cobrar más por servicios y préstamos y eso precisamente no alienta la reconstrucción del sistema. Vale recordar que el sistema de pagos no necesita tantos bancos como en los años ´80 ya que ahora las facturas de luz se pagan por Internet o en el supermercado.
En el corto plazo, es imperioso decirle la verdad a la gente y establecer pérdidas. La solución más viable de cuantas hay disponibles (no muchas), parece ser la de constituir fondos comunes de inversión con los activos de los bancos ya que, a su vez, los bancos tendrían incentivos materiales para hacer de esos activos plata líquida que quedará libre de restricciones. A medida que las restricciones se vayan liberando, una parte de ese dinero volverá al sistema para que, cuanto menos unas gotas de capital de trabajo puedan financiarse. Eso de que la gente no volverá a depositar en bancos argentinos por generaciones es tan falso como que ya hay $ 1.200 millones de stock de plazos fijos constituidos poscorralito. Y eso que al cierre de esta edición las soluciones no están a la vista.
¿Qué es lo que no hay que hacer? La idea de banca off shore es, como programa de país, poco menos que una locura. Los servicios de banca off shore ya están disponibles para los dueños de un importante stock de riqueza (aquellos que tienen más de US$ 100.000); entonces corresponde hacerlos extensivos a los pequeños ahorristas. Esto equivale a decir que renunciamos a tener un sistema financiero para siempre.
Ahora, si la Argentina va a utilizar la banca off shore para hacer préstamos a empresas y residentes argentinos, estaríamos suponiendo que: a) un banco de Luxemburgo quiere correr riesgo argentino cuando los argentinos no lo hacen; o b) que la rama off shore de un banco argentino que presta a la Argentina puede realmente captar ahorros como si fueran libres de riesgo (tras lo que pasó con Galicia Uruguay está claro que no). Sencillamente, tener banca off shore, de manera casi obligatoria, no tiene sentido económico, genera enormes costos de transacción y, aun funcionando, generaría una permanente salida de capitales.
¿Qué hacer con la banca pública? Las respuestas obviamente son múltiples, desde privatizarla totalmente hasta darle un rol protagónico en la asignación del crédito. Sin desmerecer estas dos posiciones extremas para las cuales se pueden buscar argumentos racionalmente válidos, optamos por una solución intermedia cuyos matices cambiarán de acuerdo con el gobierno de turno. Creemos que la banca pública se puede centrar en los bancos Nación y Bice, y en las provincias o regiones que institucionalmente puedan afrontar el desafío.
Nación y Bice podrían operar juntos o separados. En el primer caso hay un papel transaccional ya que, por su tamaño, es uno de los pocos que puede darse el lujo de mantener abiertas numerosas sucursales a pérdida, que se consideran un bien público. El Banco Nación también tiene un papel como proveedor de fondos del campo y de las Pymes ya que, por escala, desconocimiento o diversificación, la banca privada puede caer en un proceso de selección adversa y racionar el crédito a este grupo. Análogamente, el Bice debería poder funcionar como el Eximbank americano o sus contrapartes de Europa y Japón, siempre que se atomicen los riesgos debidamente.
Institucionalmente es claro que se debe cambiar el estatuto de estos dos bancos al igual que los provinciales que aún queden en manos estatales para evitar nuevos casos Yoma (Nación) o Gualtieri (Provincia de Buenos Aires), donde las familias que controlan los gobiernos le hicieron perder cientos de millones de dólares al “taxpayer argentino”.
El primer borrador del futuro estatuto del Banco Nación podría decir que se prohíben financiaciones de más de $ 1 millón por deudor. Y, para que el banco estatal no se quede afuera de grandes negocios, se puede permitir que participe en grandes proyectos siempre y cuando su financiación sea un porcentaje menor (10-20%) del total del pasivo de la empresa o proyecto. Por supuesto, con la sofisticación legal de un estudio jurídico de barrio se deben arbitrar los medios para mantener esos porcentajes a lo largo de la vida útil de las financiaciones. En las mismas líneas debería enmarcarse un nuevo estatuto para el Bice.
Estos bancos, bien operados, pueden generar ventajas y ganancias apreciables que el gobierno de turno decidirá si se reinvierten en más volumen de crédito, si vuelven al contribuyente como dividendos al Tesoro o si se trasladan en baja de precios. En principio, la última opción es la más descartable de todas. Dadas las ventajas de diversificación regional y por sectores y las economías de escala, el Banco Nación ya podría tener unos puntos básicos de ventaja frente a otros bancos. Lo que sí tiene que evitar es financiar a tasas subsidiadas y cualquier cosa que huela a estado prebendario.
c) Política monetaria y cambiaria
Este punto debería ser el menos controversial de cualquier programa político ya que estas dos políticas tienen que ser manejadas de manera independiente por el Banco Central. El régimen monetario, naturalmente, debe ser fijado por el Congreso de la Nación.
La independencia del Banco Central debe entenderse como algo tan obvio en el manejo de la moneda como la separación de los poderes en una democracia moderna. Hay pocos países en el mundo -y ninguno de ellos serio- cuyo banco central no sea independiente. Si los franceses y los alemanes se tuvieron que tragar su orgullo y delegaron la política monetaria en una entidad supranacional, pues entonces los políticos argentinos pueden tragarse el mismo sapo y dejar a quienes saben de moneda en serio tomar el control.
Como el Banco Central tiene que ser independiente pero competente, la elección de sus autoridades deberá ser hecha con un cuidado especial, el mismo cuidado que pocas veces se tuvo para elegir jueces de la Suprema Corte de Justicia. Deberá ser alguien no sólo probo sino de sobrados conocimientos técnicos. El presidente del Banco Central es el máximo puesto al que un técnico puede aspirar. Consecuentemente, no debe existir más el nombramiento de “el economista del político X”. Se puede criticar a Paul Volcker, Alan Greenspan, Wim Dusemberg o Eddie George por cualquiera de sus actos, pero difícilmente alguien los acuse de no tener conocimientos técnicos ni de trabajar en pos de un objetivo político, o de no coordinar cuando hace falta con las autoridades económicas.
Además, para atraer a la mejor gente se dará cobertura jurídica, lo que no quiere decir que un directorio que, comete delito no será juzgado sino que por ejemplo, reestructurar la banca no implique que una persona que pasó por el Directorio del Banco Central tenga que pasarse la vida en tribunales costeando abogados. Sin esto, probablemente sólo se consiga gente ávida de poder antes que talentos al servicio del Estado.
Cuando se habla de independencia, no quiere decir una situación “naive” en donde ministro y banquero central no se hablan. En todos los países del mundo los banqueros centrales hablan con sus contrapartes de las áreas políticas, judiciales y del sector privado.
¿Cuáles son las políticas que se deben seguir? En política monetaria el modelo en boga en el mundo es el de inflation targeting que, entre otros, han seguido exitosamente Chile, México y Brasil. Lo sigue el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, de Suecia y muchos otros en Asia. La Argentina todavía tiene un camino importante por andar ya que, los prerrequisitos para tener un modelo de inflation targeting eficiente, están lejos de ser cumplidos.
El concepto implica que el Banco Central toma como primer objetivo un rango de inflación y, a través de la tasa de interés y operaciones de mercado abierto, hace converger la inflación a su objetivo. Esto claramente implica que el presidente no puede solicitar una baja de tasas porque busca la reelección. El problema es que la Argentina está todavía lejos de poder implementar una política de este estilo. Se necesita estabilidad bancaria, un área de análisis en el Banco Central mucho mayor que la actual, un mercado de papeles de deuda profundo y, desde ya, mayor transparencia.
En política cambiaria, hay pocas alternativas a tener un tipo de cambio flotante. La tesorería del Banco Central puede decidir -y dependiendo del grado de independencia que se le dé- cuán limpia o sucia hacer la flotación de acuerdo con las necesidades del momento. Pero dado que la Argentina tiene que construir su Estado desde cero no hay razón por la que deba perder ese instrumento. Además, todo lo que tenía para perder cuando salió de la Convertibilidad, ya se perdió y no se recuperará tan fácilmente con una nueva convertibilidad ni con dolarización por más que los políticos le tengan terror a abrirse otro flanco más, en lo que el economista Guillermo Calvo llamó “Miedo a flotar” en un reconocido artículo.
Un tipo de cambio fijo si bien da certidumbre no deja instrumentos al gobierno para amortiguar shocks como, por ejemplo, futuras devaluaciones en Brasil (probabilidad cercana a uno), caída en el precio de las materias primas (alta probabilidad de nuevo) y todas los condimentos que se le quieran agregar a la Ley de Murphy.
d) Mercado de capitales
El mercado de capitales es una pieza clave para cualquier país capitalista, pero lo es mucho más cuando el sistema bancario está destruido. No será fácil recomponerlo porque la violación de los contratos con pesificación incluida no es precisamente un anzuelo para inversores.
Sin embargo, la Argentina conserva aunque sea una fracción de inversores institucionales que forzosamente tienen que jugar en el mercado doméstico: las AFJP y, en menor medida, las compañías de seguro. Como los inversores institucionales son los que primero entienden el juego hay que empezar por ellos.
En el caso de las AFJP, su rol es clave y deberán ser, al menos en los primeros años tras la renegociación de la deuda, las encargadas de renovar el capital que vaya venciendo. Es decir, los argentinos tendrán que, forzosamente, tener ahorro neto y no como en la década pasada en donde el ahorro previsional sólo compensaba (en el mejor de los casos) el desahorro del sector público. Es clave que se vuelva, como mínimo, al nivel de aporte anterior a noviembre del año pasado (11% del salario bruto) aunque eso signifique una baja del salario de bolsillo.
Como se vio incipientemente en la década pasada, las AFJP obligan al mercado a generar productos y a las empresas a presentar balances serios y a generar información transparente que pueda ser usada por el resto de los inversores. Los más de 100 fideicomisos que se generaron como vehículos para el financiamiento estructurado de compañías es un ejemplo. Otro ejemplo en donde las AFJP ayudan al mercado es en la información sobre qué acciones de bolsa son sus preferidas que, sin duda, dan señales a inversores menos sofisticados.
Obviamente, es necesario acentuar esto porque, tanto en el Congreso como en el actual Poder Ejecutivo, existen proyectos para volver al sistema estatal. Esto sería un paso atrás en materia de mercado de capitales, de transparencia y una nueva violación de contratos.
Respetar y mejorar el marco de las AFJP y otros inversores institucionales es condición necesaria pero no suficiente. Se necesita, como en todos los otros órdenes, un Estado fuerte que ayude. La Comisión Nacional de Valores tiene que empezar a ser más ágil y económica con sus trámites pero, al mismo tiempo, proteger a los accionistas minoritarios, dos grandes déficit de la última década.
Adicionalmente, hay que hacer docencia en el mercado no sólo para que vuelva la demanda sino también para el regreso de la oferta de productos. Hubo casos aislados de compañías medianas que obtuvieron financiamiento a través de la bolsa. Habría que tratar de multiplicar esos casos y, al mismo tiempo, intentar que las compañías argentinas tiendan a abrir más su capital como fuente de crecimiento. Con la burbuja de Internet muerta y enterrada, se acabó eso de vender empresas en la Bolsa por 50 veces las ganancias que nunca se concretarán, pero frente a valuaciones más realistas los entrepreneurs argentinos podrían conseguir mucho más financiamiento. Parte de esta movida implica generar y garantizar transparencia, un costo para muchas empresas argentinas. Pero ese costo se podría llegar a morigerar con desgravaciones impositivas a quienes abran su capital.
e) Renegociación de deuda / política fiscal
Cuando el próximo gobierno tome la posta, es posible que aún no haya concluido la renegociación de la deuda pública. Si ése fuera el caso, el futuro ministro de Economía se encontrará con la difícil tarea de maximizar los beneficios de corto plazo (una mayor quita de capital e intereses) versus los costos de largo plazo en reputación, que serán una de las variables que marcarán los años que tardará la Argentina en volver al mercado de deuda.
Lo fundamental es tratar de generar una quita de capital e intereses que haga pagable la deuda y no se vuelva a caer en default, porque un segundo default dejará a la Argentina en un status de país tipo Congo o Haití.
Hay que recordar que la deuda con los organismos no tiene quita y la deuda pública interna ya fue pesificada; por ende, sufrió una quita importante. Es decir que la negociación va sobre una porción no muy grande de la deuda ya que los Boden y la deuda generada en la compensación bancaria no serán alcanzados por la renegociación.
Con una quita mayúscula de entre 60% y 70% del valor presente de los bonos de la deuda pública (con cualquier combinación entre capital e intereses) y plazos de pagos que descompriman las renovaciones al menos en los primeros tres años, la Argentina entraría en el terreno de lo cumplible.
Aun cuando se dice cumplible, implicará un esfuerzo ciclópeo para todos los argentinos y, obviamente, un liderazgo político a prueba de balas. En el escenario más favorable, el Estado nacional deberá conseguir un superávit primario (antes de intereses) del orden de 3% del PBI. Esto es, varias veces superior al mejor año de los ´90, pero es el esfuerzo que están haciendo países como Brasil y Turquía que, aun así, teclean.
Lo ideal sería que el superávit sea todavía mayor para, poco a poco, reducir la deuda y disminuir la participación de los organismos internacionales que ahora son acreedores de cerca de 50% de la deuda argentina lo que, por ende, obligará a generar programas con el Fondo año tras año.
Para poder alcanzar un superávit primario al menos igual al de los intereses de la deuda (recuérdese que no habrá financiación adicional por un buen tiempo más allá de algún goteo de las AFJP o alguna privatización o concesión de las pocas pendientes) habrá que hacer cirugía mayor tanto del lado de los gastos como de los impuestos.
Del lado de los impuestos claramente urge una reforma tributaria. Pero ésta de nada serviría si no se mejora la administración tributaria. La Argentina recauda en términos de PBI casi la mitad que Brasil aunque las alícuotas sean altas (ganancias e IVA como ejemplos) y existan además importantes impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones y el impuesto a las transferencias financieras. El mensaje es que claramente hay espacio para recaudar más.
La reforma tributaria tiene que contener la menor cantidad de impuestos distorsivos, un tinte redistributivo y, sobre todo, una simplificación de los procedimientos. Claramente, esta reforma no puede estar disociada de la coparticipación federal. Es decir que si la Nación va a coparticipar menos porque surge un IVA provincial (por citar sólo un ejemplo), el IVA nacional tiene que tener una alícuota más baja.
Por impuestos distorsivos se entiende a los tributos que incentivan un cambio en las decisiones de consumo, inversión o producción. Algunas distorsiones pueden ser buenas para corregir un mal (por ejemplo, impuestos altos al tabaco o al alcohol) pero la mayoría no lo son. Lo cierto es que las retenciones a las exportaciones generan un incentivo a la subfacturación.
Algo similar pasa con el impuesto al cheque. Hoy con corralito e inseguridad altísima no hay demasiadas alternativas, pero con libre movimiento de cash se genera un fenomenal incentivo para hacer transacciones en efectivo y, como se sabe, eso en la Argentina es primo hermano de la evasión. Si por razones fiscales (o de facilidad en la recaudación) no se puede quitar este impuesto, hay que volver al esquema anterior en donde se toma como un pago a cuenta de otros tributos.
También hay espacio para gastar mejor. La Argentina no tiene un tan elevado nivel de gasto respecto del PBI, pero si se miran la calidad y cantidad de bienes públicos provistos por el Estado, el gasto es desproporcionadamente alto. Es decir que, como mínimo, hay que cambiar el perfil del gasto en el Estado para reducir personal redundante. Y en aquellos lugares donde el Estado funciona como un seguro de desempleo en las sombras, otorgar seguros y subsidios y no sueldos que exceden largamente a los del sector privado. La teoría es que aunque el Estado no reduzca su gasto, si mejora su calidad, esto se derramará en dos acciones positivas: a) servirá para apuntalar el crecimiento y la equidad, y b) eliminará esa muletilla de los evasores que dice: “Como total el gasto se lo roban; entonces, ¿para qué pagar impuestos?”. A ninguna sociedad del mundo le gusta pagarlos, pero está comprobado que cuando existe coerción (el que no paga es sancionado) y buen uso del gasto, las recaudaciones mejoran ostensiblemente.
Hacer cirugía mayor por el lado del gasto exige, obviamente, algo más que un plan bien presentado en PowerPoint. Esto requiere un gran liderazgo político y herramientas legales generadas desde el Congreso para hacer una reforma del Estado mejor que la llevada a cabo por Menem y Cavallo.
Otro capítulo de la reforma fiscal tiene que ver con la forma en que los presupuestos se confeccionan. Habría que ir hacia un presupuesto base cero en el que las partidas de gasto no aparezcan simplemente porque figuraron el año anterior. Pero tal vez más importante que esto sea mejorar las cuentas del almacenero que siempre hay en el presupuesto. Durante la década pasada, la inmensa mayoría de los presupuestos -tanto nacionales como provinciales- se hicieron sobre la base de proyecciones de crecimiento optimistas, lo que dio origen al déficit que, a su vez, generó la deuda que no se pudo pagar. Desde ahora hay que programar crecimiento en los gastos, al menos en dos puntos porcentuales por debajo del crecimiento de la economía.
Esta tibieza se puede basar en dos argumentos: a) los shocks negativos no se prevén pero existen; b) hay que suponer que la productividad de los gastos estatales algo mejora a lo largo del tiempo (es cierto que la tendencia histórica es que la productividad en los servicios crece más despacio que en la industria) y, por ende, se puede proveer el mismo bien público con menos recursos.
En materia de relación fiscal con las provincias, es obvio que hay que cambiar los incentivos perversos por los cuales los gobernadores no tienen interés en que sus gobernados paguen impuestos nacionales porque canibalizan su propia base tributaria a cambio de casi nada. Además, institucionalmente hay varios precedentes como para que las provincias trabajen con el supuesto de que sus crisis financieras serán resueltas por el Estado nacional. Es indispensable que cualquier reforma a la coparticipación nacional (recuérdese que la Constitución del ´94 obligaba a tener una nueva para el ´96) tenga los siguientes ingredientes:
- Mayor correspondencia fiscal (los impuestos se recaudan en donde se gasta).
Tener 100% es imposible y no es deseable porque se necesita cierta redistribución
geográfica de recursos, pero un desbalance como el actual, en donde
un nivel de gobierno gasta y el otro recauda, no es sostenible. - Límites al endeudamiento provincial. En Estados Unidos, casi todos
los 50 estados tienen, por constitución, obligatoriedad de mantener
presupuestos equilibrados. En la Argentina podríamos tener un esquema
menos rígido pero con límites al endeudamiento, lo que garantizaría
de facto un equilibrio presupuestario plurianual. - Otro tema vinculado es el de regionalización. Más allá
de si se llega o no a una regionalización, hay que, por lo menos, regionalizar
algunas actividades como para ganar en economías de escala. Mantener
24 administraciones tributarias, judiciales, legislativas, policiales, es
muy gravoso para un país con un PBI de menos de US$ 3.000 por habitante. - Prohibir taxativamente el uso de cuasi-monedas.
f) Política industrial incluyendo renegociación de contratos con privatizadas y agencias regulatorias
Si volvemos al objetivo principal de que en el largo plazo la única vía es el crecimiento económico y las inversiones juegan un papel protagónico, es imperioso buscar un entorno competitivo inteligente, estable, con protección del consumidor pero rentabilidad para sostener esas inversiones que apuntalarán una mejora en la productividad y ésta, a su vez, el ingreso de los argentinos.
Los servicios públicos son hoy el problema más urgente. Sus contratos anteriores fueron violados, muchos de ellos recurrieron a tribunales internacionales en donde, seguramente, ganarán. Pero la Argentina no puede volver atrás esos contratos porque dejaría precios ridículamente altos que no serían beneficiosos para nadie.
El statu quo tampoco sirve ya que se están poniendo en juego el mantenimiento y la inversión futura. Claramente hay que buscar una negociación de buena fe en donde las empresas (y sus acreedores externos) asuman parte de la pérdida y el Estado, lo antes posible, genere un sistema tarifario que permita rentabilidad y reinversión con mecanismos de indexación cumplibles. Hay que evitar sentarse a negociar cada vez que hay un cambio macroeconómico (que no los debería haber, pero la vida está llena de contingencias). Los costos de transacción asociados a estas negociaciones, lobbies cruzados, los termina pagando el consumidor de todas maneras.
En aquellos casos que la tarifa óptima a cobrar sea demasiado alta, el Estado tiene la facultad de crear subsidios que reciben las empresas pero son a beneficio de los consumidores. No hay nada de malo en subsidiar la tarifa del tren, cuyos pasajes deben estar asociados a los costos de las empresas operadoras pero también al ingreso de quienes son usuarios de ese tren. Claro que los subsidios deben ser manejados con sumo cuidado, mucha transparencia y sobre todo, mucha comunicación.
La teoría económica describe con toda claridad cómo los subsidios atraen a los rent seekers, con lo cual sólo un Estado fuerte y con una burocracia eficiente podría otorgar subsidios. Rediseñar las agencias regulatorias para que estén a la altura de las circunstancias es clave.
En materia industrial, el Estado tiene roles vitales. Por un lado, el desarrollo de la infraestructura es clave para mejorar la productividad. Si bien la infraestructura puede ser financiada por la actividad privada, la mayoría de las obras no encontrarían un operador si se licitaran. Hay decenas de caminos secundarios, puentes, acueductos, dragados, etc. cuya rentabilidad social es altísima pero es difícil que un privado se la pueda apropiar. Tal podría ser el caso de eliminar pasos a nivel en Capital Federal: disminuyen los accidentes, el tráfico circula más fluidamente y se genera valor pero no hay privado que se apropie de ese valor.
El otro rol que tiene el Estado es el de fomentar la creación de industrias de valor agregado. Está claro que el mejoramiento del sistema educativo y un mayor acercamiento entre las universidades nacionales a las empresas sería más que importante porque, a través de la educación pública, se da uno de los subsidios al sector privado más transparente y equitativo. La inversión en educación capacita a la fuerza laboral del futuro para poder adaptarse sin dificultades a los distintos escenarios y, en caso de ser gratuita como lo es en nuestro país, constituye un elemento igualador de oportunidades muy importante. Por eso, es vital interrumpir el deterioro que se está viendo en la formación de nuestros jóvenes, para que la movilidad social sea algo más que la probabilidad de ganar el Loto.
También es necesario que el Estado tome un papel activo en el estímulo a la inversión en sectores que presentan externalidades positivas para el resto de la economía. Es decir, sectores cuyo desarrollo ofrece beneficios para personas que no son los propietarios de las empresas, lo que hace que estos beneficios no sean tomados en cuenta a la hora de decidir si invertir o no.
Otro punto no menor es el de “elegir los ganadores”. Esto ha sido muy discutido en el mundo y es un tema controversial. Sin embargo, incluso después de la reciente devastación, el país tiene dos fuentes de donde emanan sus ventajas competitivas: sus recursos naturales y sus recursos humanos. Una sabia combinación de estas ventajas definirá en cada caso el papel de políticas proactivas por parte del Estado.
La solución más lógica sería hacer algo de esto pero sin exagerar. Los subsidios (ya sea con protecciones arancelarias, facilidades para instalación, desgravaciones impositivas, etc.) tendrían que ser sumamente limitados, transparentes por tiempo finito y con compromiso de devolución; es decir que los sectores beneficiarios tendrían que devolver el subsidio como si fuera un préstamo. Los sectores deberían tener ese componente de valor-agregado-conocimiento que los haga impolutos y se esquive a esa vieja costumbre argentina de vivir del Estado, al mejor estilo pesificación a la Mendiguren. Sectores ligados a la tecnología, conocimiento, generadores de divisas, etcétera.
g) Política exterior. Exportaciones como prioridad. Mercosur y otros acuerdos
Nuestra economía requiere un crecimiento liderado por su sector exportador. La Argentina necesitará en los próximos años generar un superávit comercial gigante para compensar la salida de capitales que surge del pago de intereses, dividendos y royalties ya que previsiblemente el ingreso de capitales por la vía financiera, al estilo de la década pasada, se dará con cuentagotas.
Por lo expuesto hasta aquí, podemos decir que el plan económico del nuevo gobierno debe ser un verdadero Programa de Desarrollo en Economía Abierta, en el que la inserción de la economía argentina en los mercados internacionales se vuelve fundamental. Y esta inserción debe darse tanto mediante los productos tradicionalmente exportados como con nuevos productos para cuya creación nuestro país tiene un gran potencial, el que muchas veces no es aprovechado por falta de información, infraestructura, crédito, y por otros problemas mencionados en este trabajo.
El Estado argentino tiene tres grandes misiones para posibilitar este proceso. En primer lugar, encontrar la mejor forma de abrir los mercados mundiales a los productos tradicionalmente exportados por nuestro país. En segundo lugar, solucionar los problemas, mencionados recientemente, que impiden el crecimiento de nuevos sectores productivos. Finalmente, alcanzar y garantizar la continuidad de un marco macroeconómico estable que brinde certidumbre acerca de los resultados a esperar de las inversiones que se realicen en nuestro país.
También será una decisión estratégica de magnitud resolver el tema de los acuerdos internacionales. Fortalecer el Mercosur parece lo más cercano a tener los pies sobre la tierra, pero claramente el juego está abierto y el Alca podría llegar a ofrecer oportunidades tentadoras, sobre todo si la Argentina consigue hacer un buen team negociador con Brasil y Chile, dos países de los que habría que copiar sus estrategias de negociación. No se trata de buenos negociadores, que los tienen, es la idiosincracia de esas naciones lo que las hace más fuertes, aunque no escapa que para ganar respeto Brasil pone su tamaño y Chile su éxito, dos atributos que la Argentina no posee.
h) Política social
La política social es la arista menos económica del plan, pero posiblemente una de las más importantes. Desde la seguridad física hasta la educación y la equidad son valores que un mercado aprecia. Mejorando la distribución del ingreso no sólo se acabarían (o disminuirían) los secuestros express, sino que la Argentina volvería a tener un mercado interno profundo.
La situación actual es tan grave que el próximo gobierno deberá emplear una estrategia de pinzas. Por un lado, seguir con el muy exitoso plan de Jefes de Hogar. Pese al clientelismo político con que las familias de la Provincia de Buenos Aires han recibido estos planes, ha servido para contener la creciente hambruna e incluso los scanners de los supermercados ya están dando cuenta de un aumento en el consumo en las bocas del segundo cordón del conurbano. Obviamente todo esto es perfectible. Con un buen gerenciamiento y una burocracia eficiente se podría coordinar para que los receptores de los planes colaboren en la obra pública. De hecho, al Estado aportar mano de obra sin costo, podría generar bajas de precios en determinados contratos de obra pública.
Pero también hay mucho para hacer en el largo plazo. En lo institucional, el clientelismo político debe ser desterrado. Hay que cambiar las leyes impositivas para ampliar las facultades de las empresas para donar plata y alimentos. Hay que monitorear el trabajo de las ONG para que las donaciones no vayan a fundaciones que dirigen políticos o cuyo objetivo sea realzar la imagen de alguno de ellos (ejemplos, en la historia reciente, sobran).
i) La continuidad de las reformas estructurales
Por más que las fallas del proceso de crecimiento experimentado en la década pasada son significativas, creemos que también se ha avanzado en muchos aspectos. La valoración de la estabilidad monetaria es uno de ellos, aunque no se haya entendido la disciplina fiscal que esto requería. Las reformas que modernizaron los servicios públicos, las AFJP, el proceso de desregulación de algunos sectores son otros ejemplos.
A pesar de que estas reformas han introducido elementos favorables, creemos que no está todo terminado. Hay que continuar ocupándose del tema y llevando adelante los cambios necesarios para mejorar la situación en lo que hace a cada uno de estos temas.
Se necesitan imperiosamente:
- Una reforma tributaria.
- Una reforma política.
- Una reforma al sistema de salud incluyendo al Pami.
- Una profunda reforma judicial.
- Un verdadero ataque a la corrupción.
- Una reforma sindical.
- Una reforma del Estado (morfología).
- Que el Estado haga cumplir las leyes.
Si todos estos cambios se hacen en un marco de liderazgo político pero con buen grado de representatividad y de ello sale un marco distinto que impulse una meritocracia -en donde lo que se dice se cumple, el que roba va preso, el sindicalismo represente a los trabajadores-, la Argentina estará en óptima posición para aprovechar una excelente dotación de recursos naturales y sus todavía valiosos recursos humanos.
En ese caso, los objetivos fijados a continuación se podrán cumplir. Si no se pueden hacer estas reformas, por más que una sequía en Estados Unidos haga mejorar el precio de la soja, la Argentina no será un país desarrollado.
Las premisas
La construcción del plan se inició a partir de 21 premisas:
- La educación es la principal condición extra-económica
del desarrollo. - La cohesión social es tan importante como el equilibrio macroeconómico
a fin de aumentar la productividad. - Para asegurar la cohesión social, debe promoverse el mayor grado
de igualdad posible, entre individuos, grupos sociales y regiones. - El desarrollo no es espontáneo: requiere la movilización
de recursos -materiales y humanos- en función de prioridades nacionales. - La ciencia básica es el soporte necesario para la creación
e incorporación de tecnología. - Industrias poderosas, innovadoras y competitivas a escala mundial, son
imprescindibles. - Las Pymes deben formar parte de cadenas de valor, a fin de adquirir la
dimensión y competitividad necesarias para lidiar en el mercado global. - El desarrollo científico-técnico es compatible con la preservación
del medio ambiente. - La creación de nuevas ventajas competitivas es condición
necesaria para irrumpir en el mercado mundial. - La competitividad general se asegurará mediante la investigación,
la innovación, la expansión de la infraestructura y los bajos
costos internos medidos en divisas. - Desde la infraestructura hasta el servicio exterior, todo debe ser diseñado,
de ahora en más, para satisfacer las necesidades de un país
exportador. - La consolidación de un mercado interno ampliado (Mercosur), que
otorgará la escala mínima necesaria, exige una nueva especialización
industrial: distribución geográfica de actividades hoy inexistentes
en el área. - Estado y sector privado deben formar una alianza estratégica a fin
de promover conjuntamente el desarrollo y abrir mercados para la oferta argentina
en el mundo. - Excelencia y calidad deben ser objetivos comunes a todas las áreas
de actividad: pública o privada, económica o social. - El acceso a las redes informáticas se considerará un servicio
público. - El ahorro interno y la formación de un mercado de capitales deben
ser estimulados. - Las exportaciones deben multiplicarse por 2,5 en el período 2000-2010.
- La deuda externa debe reducirse al equivalente de un año y medio
de exportaciones. - El Estado no fabricará bienes ni proveerá servicios que la
actividad privada esté en condiciones de fabricar o proveer. - El equilibrio fiscal disminuirá el costo del dinero y estimulará
la inversión en actividades productivas. - Instituciones políticas y judiciales ágiles, competentes
y translúcidas son indispensables a fin de impulsar este plan.
Objetivos
Los objetivos del plan son:
- Que la Argentina se ubicara, antes de 2010, entre los 20 economías
de mayores ingresos, según la clasificación del Banco Mundial.
En 1999, la 20ª era Israel, con $ 15.940. - Que cada una de las regiones del territorio nacional fuera una “economía
de altos ingresos”, según la nomenclatura del Banco Mundial . A valores
de 1999, esto significaba que ninguna región debería tener,
en 2010, un PBI por habitante inferior a $ 9.361. - Que cada una de las regiones del territorio nacional ostentare un “alto
desarrollo humano”, según la nomenclatura del PNUD. El PNUD ha elaborado
un índice (0-1) que refleja, además del producto bruto, la longevidad
y los logros educativos de la población. El objetivo era que la media
nacional se ubicara por encima de 0,90 y que todas las regiones del país
estuvieran por encima de 0,80, que es el piso del alto desarrollo humano.
Supuestos
Para cumplir las metas finales (2010) y las intermedias es necesario poner en marcha políticas de corto y mediano plazo. Para la definición de dichas políticas, partimos de estos supuestos: las ventajas competitivas del país se encuentran en la prodigalidad de sus recursos naturales, pero también -por lo menos hasta hoy- en la excelencia de sus recursos humanos. Ambos atributos deben utilizarse con sabiduría cuando el Estado propicie políticas industriales proactivas con fuerte énfasis en la exportación.
Así, en el primer caso, habrá que tener en cuenta las oportunidades que surjan del complejo maderero-forestal, de la agroindustria (¿qué mejor símbolo de la capacidad exportadora argentina que la exitosa reconversión de la producción vitivinícola, que afirma su presencia en los grandes mercados consumidores y ya va haciéndose un nombre?), la acuicultura, la minería, el turismo, la producción informática y la cultural, todos ellos son sectores en los que la Argentina presenta ventajas comparativas indudables, y en los que la frontera de posibilidades de crecimiento, si es que existe, aún está lejos de avizorarse. Estas actividades están en condiciones de generar exportaciones adicionales por alrededor de US$ 20.000 millones durante la primera mitad de esta década.
Todas estas actividades intensivamente exportadoras de reciente desarrollo, junto con las actividades industriales tradicionales que van sorteando los desafíos y aprovechando las ventajas de la apertura económica, complementarán como proveedoras de divisas a lo que hoy sigue siendo la madre de nuestras exportaciones: la producción agropecuaria y sus derivados más inmediatos.
Pero, como decía el inolvidable Saburo Okita, son las industrias del mañana -y no las de ayer- las que deben merecer vigilante atención por parte del Estado. En ese sentido:
- Ante la declinación de las industrias tradicionales, es necesario
incubar industrias nuevas, en las cuales el conocimiento científico-técnico
sea un contribuyente principal al valor agregado. Esto debe hacerse a alta
velocidad, para evitar un rezago tecnológico e industrial que luego
sería difícil salvar. Y debe hacerse en distintos campos a la
vez, impidiendo así que el desempleo se torne endémico. - Las nuevas industrias dependerán de nuestra capacidad de seguir
el paso de la tecnología mundial y, en algunos campos, innovar y disponer
de capacidad de anticipación. - El país necesita ampliar su capacidad científica-técnica
en las áreas que permitan, en particular, el desarrollo de las siguientes
actividades: - Biotecnología.
- Microelectrónica.
- Software.
- Comunicaciones.
- Telemedicina.
- Tele educación.
- Comercio electrónico.
- Distribución y logística.
- Robotización.
- Ingeniería de materiales.
- Reciclado.
- Saneamiento ambiental.
- Nuevas fuentes de energía.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cómo reconstruir el sistema financiero Por Osvaldo Cortesi La economía no puede funcionar Por otro lado, también es necesario En este momento de crisis que atravesamos, Por consiguiente, la estrategia argentina Sobre nosotrosMercado
N° de edición: 7.690 - 31/12/2025
www.mercado.com.ar
[email protected]
Todos los derechos reservados.
R.P.I.: EX-2024-134168305 Quiénes somosMercado es un medio multiplataforma fundado en 1969, que aborda en profundidad las temáticas más relevantes del mundo corporativo. ContactoPublicidad: [email protected] © 2026 Revista Mercado. Todos los derechos reservados. |
