El pasado ha sido duro, pero, ¿por qué tanta incertidumbre sobre el futuro? Hay varios factores que lo explican. El más importante es que la presidencia Duhalde no ha comenzado la renegociación con los acreedores externos, de modo que no existe certeza alguna acerca del superávit comercial que se va a requerir para pagar las deudas con dólares ni acerca del superávit fiscal primario que hará falta para que el Estado obtenga los pesos para comprar dichos dólares. Hay, como corolario, un interrogante sobre el tipo de cambio real y sobre las cuentas fiscales en el futuro próximo.
En cuanto al sistema financiero, todavía no ha terminado de derrumbarse el que tuvimos durante los años ´90. Hasta ahora, cuatro entidades extranjeras han decidido abandonar sus negocios en la Argentina y dos entidades locales están suspendidas. Pero esto sólo parece el punto de partida de una profunda reestructuración. Por lo demás, la precondición para edificar un nuevo sistema financiero es que exista una moneda colectivamente aceptada como reserva de valor. Esto remite al régimen cambiario, aún en debate entre los especialistas y en el conjunto de la sociedad.
Mientras los candidatos comienzan a modelar sus posiciones frente a los temas de fondo, el presidente Eduardo Duhalde, el ministro Roberto Lavagna y el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, riñen sobre la coyuntura. Afortunadamente, tienen días calmos en el mercado del dólar gracias a un mejor manejo del control de cambios y a la “piedad” de los altos funcionarios del FMI. Pero esa calma no ha evitado que se abran nuevos frentes. Por un lado, el ministro Lavagna ha tenido que contemplar cómo se desmoronaba la primera fase del canje voluntario de depósitos reprogramados por deuda pública.
Los bancos privados y Pignanelli han vuelto a la carga argumentando la necesidad de un canje compulsivo, pero Lavagna insiste en el canje voluntario mejorando los incentivos. Lo subrayable en este tema es que hace seis meses que está en el centro de la escena y no se ha podido encontrar una solución. Si no se la encuentra, el propio programa monetario, que tan bien comenzó en junio, está en peligro.
La réplica de Lavagna es que no habrá solución al problema monetario-financiero si los bancos extranjeros no ponen su parte. Desde su punto de vista, la complejidad de la crisis que enfrenta puede explicarse del siguiente modo: si emite redescuentos para financiar la salida de depósitos corre el riesgo de un desborde inflacionario; si la totalidad de los depósitos se convirtiera en bonos públicos se agravaría la situación de insolvencia del Estado. En consecuencia, para escaparle a la trampa los bancos tienen que capitalizarse, inyectar liquidez y hacerse cargo de sus obligaciones para con los ahorristas.
Naturalmente los accionistas de los bancos extranjeros argumentan que con la devaluación y la cesación de pagos el gobierno argentino ha roto las reglas de juego y ha licuado sus carteras activas. Si a ello se agrega que no hay un proyecto coherente para una nueva arquitectura financiera, tienen un pretexto para no aumentar su exposición al riesgo argentino. El Ministro está inmerso en esta sorda puja desde que se hizo cargo de sus funciones y no ha logrado mayores progresos.
Cinco objetivos
Después del llamado anticipado a elecciones realizado por el presidente Duhalde, el ministro Lavagna sorprendió con un programa para la transición. Remarcó cinco objetivos para los próximos once meses: la solución para la indisponibilidad de depósitos y la reestructuración del sistema financiero; un acuerdo con el FMI; la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados internacionales; la reformulación de los contratos de concesión de los servicios públicos; y el diseño de un esquema de renegociación de las deudas privadas con el exterior.
La ambición de este programa resulta sorprendente. Nada se hizo durante los siete meses de gestión de Duhalde en los cinco frentes mencionados. Casi todo pretende hacerse hasta que el 25 de mayo de 2003 asuma un nuevo presidente. Es poco creíble: resolver cada problema no es independiente de lo que se haga con el resto y todo debería estar enmarcado en un programa económico completo y consistente que el actual gobierno ya no puede tener. Más razonable parece que el ministro Lavagna concentre sus esfuerzos en una estrategia que evite un deterioro adicional de la economía y siente las bases para que la nueva administración encuentre la solución de fondo.
En primer lugar, si bien la crisis financiera es el principal problema de política económica, desde que en diciembre de 2001 se puso en práctica la indisponibilidad de los depósitos y, como consecuencia, se derrumbó la confianza en los bancos, el gobierno no está en condiciones de edificar un sistema financiero nuevo. Sí podría, en cambio, dar los primeros y modestos pasos hacia la normalización resolviendo el problema de los depósitos inmovilizados.
Para ello, debe acertar con el diagnóstico: el plan de canje voluntario de depósitos reprogramados por bonos públicos ha fracasado y una nueva reprogramación de lo que ya se reprogramó significaría una huida hacia adelante que mantendría la incertidumbre sobre la riqueza financiera de los ahorristas.
Lo que Lavagna debería hacer es desactivar la bomba de tiempo de los depósitos indexados por inflación que comienzan a vencer en enero de 2003, dándole a la cuestión un corte definitivo: o bonos compulsivos o solución de mercado, aceptando en este caso que muchos bancos caerán.
Modestia y sensatez
Los restantes puntos del programa de transición ideado por el Ministro no requieren sólo modestia sino también sensatez. Nada se ha avanzado en la renegociación de la deuda pública con los acreedores internacionales y, por lo tanto, es imposible cerrar un trato en diez meses. La aceptación de una quita de capital importante como la que va a necesitar la Argentina requiere perspectivas de crecimiento y solvencia fiscal, algo que las autoridades a cargo no pueden garantizar. En consecuencia, el objetivo debería ser comenzar las conversaciones y desalentar cualquier conducta oportunista de los acreedores (por ejemplo juicios) que posteriormente complique la renegociación.
El gobierno argentino prevé lograr una quita de capital de más de 50%, un plazo de gracia en el que no se pagarían los intereses ni el capital, y una extensión de los plazos originales. Aun cuando semejante programa se cumpliera, la consecuencia inmediata y segura sería la de un país carente de crédito internacional por varios años.
Algo parecido ocurre con los contratos de concesión de los servicios públicos, hoy afectados por la devaluación-pesificación y por las poco serias conversaciones llevadas adelante hasta el momento. En este campo, el establecimiento de nuevas reglas es una tarea sumamente compleja. Pero la inacción sería perjudicial ya que se podría comprometer la continuidad de los servicios. Por lo tanto, es razonable que comiencen a otorgarse pequeños ajustes de tarifas para que las empresas cubran sus costos variables, dejando las modificaciones a los marcos regulatorios para más adelante.
Por fin, el ministro Lavagna incluyó en su programa el tema de las deudas privadas con el exterior, que han llevado a muchas firmas a la cesación de pagos. ¿Ha sido una buena decisión? Durante los últimos meses la negociación entre deudores argentinos y acreedores privados internacionales se ha desarrollado en forma privada, y en muchos casos los acreedores han aceptado modificar las condiciones de endeudamiento, fundamentalmente alargando plazos. Si bien puede resultar positivo que el Estado intervenga para que las empresas nacionales mejoren su posición negociadora, el riesgo de la socialización de pérdidas a través de seguros de cambios, a la manera del Cavallo de 1982, no se ha despejado.