La intervención del presidente George W. Bush en el tema de maniobras y escándalos contables entre empresas y auditores de primera línea “puede ser políticamente positiva. Pero suena a ingenua, es vaga y parece un poco optimista”. Así, aunque con matices, se pronuncian Pier Schlesinger experto en Derecho Societario de la Comisión Europea, su tocayo Jacob Schlesinger, del Wall Street Journal, y Paul Krugman.
La intervención presidencial tuvo palabras duras, pero las propuestas parecieron demasiado blandas, especialmente en el Senado que ha preparado un proyecto de ley con penas rigurosas para este tipo de delitos, como también lo ha hecho la otra cámara.
Para esos analistas y otros, inclusive en Tokio y Hong Kong, el problema no es enunciar propósitos sino generar medidas concretas que permitan recobrar la confianza del público en el sistema. Es decir, en el modelo de negocios mismo. “Aumentar penas no es siempre útil. La experiencia jurídica explica el Schlesinger de la CE indica que, si alguien trata de sacar ventajas para sí o su firma en forma ilícita, la sanción que arriesga no le importa. Así ocurre con ciertos tipos de criminales y la pena de muerte”.
Tampoco la obligación de contar con directores autónomos en la junta es garantía. “El solo hecho de ser independientes los aparta de las internas orgánicas. Así opina Krugman, es improbable que adviertan manejos raros en niveles ejecutivos y gerenciales. Además, las trampas las arman los profesionales”.
Tampoco queda claro cómo explicará Bush sus propios antecedentes y los de sus colaboradores más cercanos. El actual presidente formaba parte del directorio de Harken Energy, una firma texana dedicada a energía y combustibles que, en 1992, vendió casi todo el paquete en US$ 9.000 millones. Una semana después, se vino abajo el precio. La Securities & Exchange Commission (SEC) investigó el caso, pero no halló culpables específicos en lo que era filtración de datos internos (tampoco la figura de insider´s trading estaba tan definida como hoy).
En cuanto a Richard Cheney, vicepresidente y virtual neurona del Ejecutivo, hasta 2000 era CEO de Halliburton, compañía acusada de varias irregularidades. Además, Cheney mismo hizo un activo lobby durante 2001 en favor de Enron Corporation. Tanto que, ya caída la firma, intentó que el Congreso no investigara sus maniobras societarias y contables, ni el papel del estudio Arthur Andersen.
Más abajo en la cadena de mando, el secretario de Ejército, Thomas White, afronta serios problemas. Como ex vicepresidente para servicios a terceros en Enron, se lo sospecha de haber estado entre los principales operadores que manipularon el mercado mediante trueques. Además, vendió sus cuantiosas tenencias accionarias pocos días antes del despeñadero.
En el Poder Legislativo aparece el diputado Thomas DeLay, actual líder de la bancada oficialista. Este político estuvo a cargo de recaudar fondos para la campaña presidencial de Bush, cuya mayor fuente en el sector petrolero fue Enron. También se lo sindica por presunto enriquecimiento ilícito vía trueque de valores; es decir, lobby en Washington.
Esta es una crisis ética, de transparencia del capitalismo. Hay un casino que hace trampa en favor de los que están en el círculo íntimo, sean gerentes, auditores, banca de inversión o inversionistas privilegiados, a través opciones en acciones, préstamos irregulares, o insider trading (es decir, venta de acciones en el momento oportuno, cuando se sabe que los precios van a bajar). Lo grave de este particular momento es que todo indica que la Casa Blanca está repleta de practicantes de estos ritos.
La controversia ahora está instalada entre quienes sostienen que son las propias prácticas del mercado las que deben corregir estas groseras distorsiones, y los que propician mecanismos regulatorios profesionales o diseñados por el Estado.