Las últimas estadísticas del Banco Central muestran que la economía uruguaya está peor de cuanto se creía. La recesión se profundiza y las reservas se contraen a tal ritmo que el reciente “blindaje” probablemente ya no alcance. En la flotación del dólar dispuesta el 20 de junio, el salto de la divisa (25% en horas) dio clara idea del problema.
Durante el primer trimestre, la actividad declinó 10,1% respecto de un año atrás, medida en términos de producto bruto interno. La única buena noticia es que, a fines de 2001, ese retroceso se reduce a 3,6%. Sin embargo, lo apremiante son las reservas que -en los primeros cinco meses del año- han caído de US$ 3.100 a 1.260 millones. Es decir, 59%. Si se examinan las reservas netas (los activos más líquidos menos las obligaciones a corto plazo), la baja es de 53,9%.
Entretanto, la ola de elogios externos, encabezados por el FMI, no ha impedido que el apoyo público al presidente Jorge Batlle (Partido Colorado) haya bajado a 20%. De ahí que su socio en la coalición, el Partido Blanco, haya anunciado que -con vistas a las próximas discusiones presupuestarias- pondrá sobre la mesa “15 propuestas concretas para reactivar la economía, promover inversiones y ampliar la cobertura social”.
La oposición, o sea el Frente Amplio (FA) -el cual controla el mayor bloque unido en el Congreso y avanza velozmente en las encuestas sobre intención de voto-, piensa hacer casi lo mismo. Y, como el FA y los blancos, el sector privado cree que “existen severos problemas macroeconómicos y es preciso que parte de cualquier financiamiento externo asequible se destine a sectores productivos”.
Por otro lado, el paro general del 12 de junio, convocada por el Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), sirvió para medir el estado de ánimo público. El motivo ostensible era “protestar contra el ajuste fiscal en demanda de trabajo y paga decente”, pero la adhesión de las cooperativas de transporte urbano inmovilizó Montevideo, donde reside la mitad de la población. El paro fue mayor en las oficinas públicas y menor en el comercio o en el interior.
Otro síntoma, esta vez en los mercados, coincidió con la huelga: Merrill Lynch se sumó a una lista de operadores bursátiles y financieros, reduciendo las expectativas económicas en el país. Es decir, disminuyó el componente de bonos uruguayos en la cartera periférica que recomienda a los clientes.
Paquete controvertido
Antes de esos acontecimientos, el 22 de mayo, el Senado oriental pasó un paquete fiscal que eleva los ingresos públicos en US$ 220 millones y recorta el déficit a 2,5% del PBI. Esto responde a que el “blindaje” aprobado por el FMI exige esa relación este año y 2% el próximo.
Pero la clave reside en que el nuevo “superimpuesto” a los réditos no se les cobrará a quienes ganen hasta el triple del sueldo mínimo ni a jubilados que perciban hasta seis veces ese básico. Ello excluirá 500.000 aportantes del sistema tributario. Para compensar, los empleados públicos que ganen más de 35 veces el sueldo mínimo pagarán 20% sobre remuneraciones. En el sector privado, quienes perciban más de 50 veces el básico oblarán 18%.
El nuevo régimen, se supone, permitirá recaudar US$ 172 millones anuales. También se elimina el IVA sobre el transporte de pasajeros y lo rebaja de 23 a 14% para servicios sanitarios. Otros servicios públicos -por ejemplo, telecomunicaciones- abonarán 3% sobre facturación. Pero, los porcentajes sobre ganancias y comisiones (5% y 10,5% respectivamente) quedan como estaban, irritando a sectores privados.
Cristián Bolz, presidente de la Cámara Mercantil sostuvo que “elevarles impuestos a las empresas carece de sentido, dado que muy pocas obtienen hoy utilidades imponibles”. En este plano, la política tributaria podría fomentar más recesión, advierten sus objetores. En realidad, la estrategia se cifra en lograr mejores precios agrícolas, exportación inclusive, para sacar a la economía del marasmo.