Objetivo: no empeorar

Luego de casi dos años del inicio -o intento de inicio- del proceso de reforma del estado paraguayo, la cámara de diputados guaraní “descubrió” repentinamente varias irregularidades en las privatizaciones de las empresas públicas. Y solicitó tiempo al Ejecutivo para revisar aspectos que no estaban claros del proceso de venta de la empresa de telecomunicaciones, Copaco, y que suponían el otorgamiento a la firma adquiriente del monopolio, de hecho, de este mercado. Agregaron, como razón adicional al pedido de suspensión por 60 días, acusaciones de supuesta corrupción en la Secretaría de la Reforma, entidad encargada de este proceso.

Esta imputación, entre otras -injerencia directa de algunas de las empresas que participan en el proceso, ausencia de regulaciones claras, etc.-, fue la que llevó al Ejecutivo a conceder un plazo para la privatización, para finalmente afirmar, con pretendida determinación, que la privatización se haría “sí o sí” y la venta de Copaco tendría lugar indefectiblemente el 14 de junio.

En realidad fue “no y no”.

En los primeros días de junio, luego de una semana de protestas con bloqueo de rutas, las organizaciones campesinas agregaron a sus reclamos ya no solamente la suspensión de la venta de Copaco, sino la suspensión de la propia Ley de Privatizaciones.

La protesta subió en intensidad, las centrales obreras amenazaron con una huelga general por tiempo indefinido y los campesinos decidieron avanzar hacia Asunción prometiendo cerrar todos los accesos. Llegaron hasta Caacupé, a unos 50 kilómetros de la capital, donde acamparon y aceptaron dialogar, pero no negociar. Todo terminó rápidamente. El presidente Luis González Macchi aceptó suspender sine die la privatización de Copaco. Pero no fue suficiente: los manifestantes exigían la suspensión de la Ley. Con una rapidez inusual, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la suspensión de la misma y el Presidente firmó el decreto correspondiente.

Fin de la historia: no habrá privatizaciones. Al menos por ahora.

De esta manera, el Ejecutivo vio evaporarse sus esperanzas de obtener dinero fresco para cubrir los gastos del Estado. Las escuálidas arcas a duras penas cubrían (y con retrasos) los salarios del sector público. Esperaba (con demasiado optimismo, según algunos) obtener de la venta de Copaco, alrededor de US$ 200 millones.

Un oscuro panorama

Con una recesión casi endémica y necesitado de urgente ayuda financiera, el Gobierno no pudo poner en práctica una de las exigencias centrales del FMI para obtener un crédito stand by por US$ 60 millones. En la segunda semana de junio volaron a Washington el ministro de Hacienda, James Spalding, el presidente del Banco Central, Raúl Vera, y el ministro de la Reforma, Oscar Stark, quienes fueron a dar explicaciones de la suspensión de la ley de privatizaciones. Se reunieron con representantes del FMI, del Banco Mundial y del BID, a quienes trataron de convencer de que el Gobierno seguía “decidido” a producir cambios. La palabra reforma ya no fue mencionada, se habló de hacer “más eficientes” las empresas que seguirán siendo públicas.

Lo único concreto que obtuvieron, aparte de la “comprensión de los organismos” sobre las razones políticas (no económicas, insistieron) que motivaron la suspensión de las privatizaciones, fue la promesa de una visita de una misión “preparatoria” del FMI, otra del Banco Mundial y otra más del BID. Por lo demás, mantuvieron un prudente silencio. Los cínicos de siempre, por supuesto, afirmaban que habían sido seriamente reprendidos y que hubo una grave advertencia: si no se busca una rápida salida a la situación y si no se aplican las medidas recomendadas, los dejarían sin la ayuda prometida. Como en el caso de la Argentina, la receta del Fondo es la misma: “Hagan lo que les decimos o…”. Spalding trató de atenuar las cosas diciendo que no eran exigencias sino propuestas. Una de ellas recuerda en forma ominosa lo que intentó hacer el gobierno argentino: déficit cero, en un lapso de tres a cinco años. Para ello preparan (a instancias del FMI) una “ley de responsabilidad fiscal”.

Además, el Gobierno prometió estudiar otros mecanismos para obtener fondos. Lo primero que se les ocurrió fue pensar en aumentos en casi todos los rubros. En realidad, es una insinuación tardía, de hecho muchos productos y servicios ya han aumentado. La electricidad, el agua, y ahora el gasoil, que provocará un aumento en cadena en otros rubros.

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), a través de su presidente, Gustavo Volpe, en un discurso en vísperas del Día del Empresario (15 de junio), advirtió al Gobierno que con el actual modelo económico el país va camino a la “total anarquía” y pidió una concertación nacional para cambiar el rumbo. Expresó que Paraguay sufre siete años de retracción económica y casi dos décadas de estancamiento. Fundamentó su discurso con alarmantes cifras:

• Se calcula que el déficit de la Caja Fiscal este año llegará
  a 600.000 millones de guaraníes (unos US$ 110 millones).
• La actividad “informal” (eufemismo por actividad en negro) representa más
  de 70% de la economía. Se dejan de percibir unos US$ 200 millones en
  aduanas y otro tanto en concepto de impuestos.
• Cerca de un millón de personas están desocupadas o subocupadas,
  lo que representa más de 35% de la Población Económicamente
  Activa (PEA).
• Más de 60% de la PEA es analfabeto funcional, es decir, 1,5 millón
  de ciudadanos (sobre una población total de cerca de 6 millones) que
  no sabe leer y escribir o que si sabe leer no es capaz de comprender.
• Déficit de 200.000 viviendas.
• La más baja penetración de líneas telefónicas
  del Mercosur (cinco líneas por cada 100 habitantes).
• Sólo 54% de la población tiene acceso a agua potable.

Temor al contagio

Al producirse en la Argentina el default, seguido por el abandono del régimen de convertibilidad, la devaluación, la pesificación y el corralito, nadie pensaba que hubiera un alto riesgo de contagio de esa enfermedad para la cual ningún país del Mercosur, pero en especial Paraguay, tiene una vacuna efectiva.

Lo cierto es que, aun con retraso, las consecuencias comenzaron a verse. Primero fue la reversión de una de las actividades más “tradicionales” del país: el contrabando. Comenzaron a ingresar a Paraguay mercaderías de contrabando desde la Argentina (y no al revés). La ciudad fronteriza de Clorinda, en la provincia de Formosa, se convirtió en una especie de gran supermercado donde iban los paraguayos a surtirse de mercaderías hasta tal punto que el Gobierno tuvo que reducir el cupo permitido, de US$ 500 a US$ 150.

Luego siguió el aumento de las naftas, de la electricidad y del agua. Y, acompañándolos, una disparada sin precedentes del dólar que llegó, a mediados del mes pasado, a un pico de 5.650 guaraníes por dólar, para bajar a 5.550. Algunos economistas afirman que podría llegar a estabilizarse entre 5.700-5.800 guaraníes para finales de julio aunque, en realidad, en una economía donde predomina el sector informal y con un gobierno que hace tiempo ha perdido autoridad, imaginación y recursos, hace falta tener facultades de adivino para predecir lo que ocurrirá, tanto en el corto como en el largo plazo.