Como a fines de los ´80, la devaluación ubicó a las tarifas telefónicas argentinas entre las más accesibles del mundo. Las empresas de este segmento reclaman la urgente intervención del Estado para que permita el aumento de las tarifas internacionales, asegurando que ese incremento no afectará a los clientes genuinos sino que servirá para poner fin a las comunicaciones ilegítimas.
Para la concreción del tráfico internacional, las empresas locales establecen acuerdos con operadores externos, a quienes se entrega dicho tráfico para que lo canalicen hacia el país de destino. En este momento, esa operación representa una pérdida para las telefónicas que se desempeñan en la Argentina, ya que deben pagar a los operadores internacionales en divisas extranjeras y cobrar a sus clientes en pesos. Por ejemplo, por una llamada Argentina-Cuba el operador local cobra $ 0,70 el minuto y debe pagar al internacional US$ 0,70. La diferencia es más que evidente.
Sin embargo, en los últimos meses las empresas telefónicas locales notaron un incremento desmedido de las comunicaciones internacionales dirigidas a destinos no habituales. Por ejemplo, con respecto al año pasado, Telecom registró en marzo un aumento de 114% en minutos a Cuba, de 1.800% a Honduras y de 9.000% a Etiopía, por dar algunos ejemplos. De esta manera, la compañía advirtió que la Argentina estaba siendo utilizada como puente para derivar llamadas a otros países.
Cómo funciona
Aunque tiene variantes, la operatoria más común es la siguiente: se instalan organizaciones no inscriptas en el país y compran líneas al operador local. Bajo la apariencia de clientes finales reciben tráfico del extranjero y lo reenvían a través del operador local a países del tercer mundo, donde los controles no son eficientes. En el país de destino la llamada es bajada a un sistema de voz por Internet y redireccionada a Europa, Estados Unidos o Japón, que son los tres mayores receptores de llamadas del mundo. Así, el costo de la llamada se reduce a un tercio de su valor real.
Por ejemplo, la Argentina recibe una llamada de España por la que este país paga en pesos, pero la comunicación es desviada a Etiopía a través del operador local, que debe pagar en dólares; en ese país la llamada es bajada a Internet y trasladada a través de un sistema de voz sobre IP -cuyo costo es irrisorio comparado con el de las comunicaciones tradicionales- a algún país de Europa. La organización clandestina que desvía la llamada desde la Argentina está en connivencia con la de Etiopía que la baja a la red, y son ellas las que se quedan con la diferencia.
Telecom asegura que actualmente tiene sistemas de software que le permiten descubrir a estas organizaciones en menos de 48 horas, pero sostiene que no es lo más conveniente ir apresando a cada una de las que se instalen en el país, sino que el problema debe eliminarse de raíz. Por esta razón, la compañía le reclama al Estado la posibilidad de subir el techo de las tarifas internacionales, medida que pondría fin al negocio de la triangulación, derivación fraudulenta del call back.
Hasta diciembre de 2001 la Comisión Nacional de Comunicaciones publicaba mensualmente la cotización del franco oro, referencia a partir de la cual se ajustan las tarifas de las llamadas internacionales. Sin embargo, a partir de enero de este año este valor dejó de publicarse. El pedido de las telefónicas es que la cotización franco oro se dé a conocer nuevamente. Con esto, las empresas de telefonía estarían habilitadas para aumentar el precio de las comunicaciones hasta 400%. Sin embargo, Telecom asegura que este incremento no se dará en los clientes genuinos. “La competencia y la evolución de los incobrables nos impiden aumentar las tarifas internacionales, esta medida sólo será implementada en los casos de llamadas fraudulentas”, explican en la compañía. La idea es aumentar el valor de las comunicaciones a países como Etiopía -que se prestan a negocios clandestinos- y mantener el precio de las dirigidas a los destinos habituales.
Pese a la insistencia de las telefónicas, la respuesta oficial se hace esperar. La dilación puede obedecer al temor de que esta licencia permita a las telefónicas incrementar los precios de todas las llamadas, sin distinguir entre genuinas y fraudulentas. De todas maneras, los mecanismos de triangulación derivados del call back fomentan la pérdida de divisas y la evasión impositiva, consecuencias negativas para el país que deberían ser, al menos, tenidas en cuenta.