Juntémonos y vayan

En noviembre, el gobierno se encontró ante dos tareas penosas: negociar con el FMI luego de reconocer que en octubre se había registrado un déficit fiscal de algo más de US$ 670 millones, y tratar de ignorar las evidencias de que el canje de deuda se parece mucho a una cesación de pagos.

Varios analistas económicos coinciden en pronosticar que, aunque en diciembre se registraran ahorros del gasto público como consecuencia del nuevo megacanje y por la menor transferencia a las provincias, el desequilibrio del último trimestre no será inferior a los US$ 1.500 millones.

La impresión predominante es que la estrategia de déficit cero está prácticamente agotada y no hay ninguna que la sustituya.

Es que la raíz del problema fiscal está en la recaudación, y la caída de la recaudación tiene su origen en la depresión económica. Cada mes, los ingresos del Tesoro son casi $ 600 millones inferiores al nivel del mes anterior, y ese dato neutraliza cualquier esfuerzo que se haga por el lado del gasto. Esto es lo que explica el fallido intento del ministro Domingo Cavallo de impulsar a algunos legisladores a proponer un incremento en la alícuota del impuesto a las ganancias para las grandes empresas, aún consciente de que la iniciativa afectaría el nivel de inversión.

¿Default o no default?

En cuanto al verdadero carácter del canje de deuda (¿se trata de un default que no osa decir su nombre?), nadie hace tanto para adjudicarle el carácter de cesación de pagos como el secretario del Tesoro norteamericano, Paul O´Neill. Para la mayor parte del gobierno republicano ­incluidos los economistas allegados Charles Calomiris y Allan Meltzer­ lo importante es que los prestamistas que invirtieron en riesgos altos reciban una paliza, si es posible con quita de capital. Cavallo describió esto como una aventura en la que la Argentina resulta ser un conejillo de Indias que, de aceptar esta estrategia, por mucho tiempo no recibiría ingresos de capitales.

El análisis del Ministro de Economía no carece de fundamento. Si se concluyera que la Argentina llegó a la cesación de pagos con apoyo estadounidense, la oferta de fondos a las naciones emergentes seguramente disminuiría.

Y el principal beneficiario sería Estados Unidos, que en estas circunstancias necesita, como pocas veces antes, convertirse en destinatario de una nueva oleada de fuga hacia la calidad.

¿No alcanza?

Aunque al cierre de esta edición el tramo local del nuevo canje de deuda parecía contar con el apoyo necesario de las entidades financieras como para asegurar su éxito, entre los analistas nativos y foráneos comenzaba a circular la tesis de que una reestructuración voluntaria de deuda al 7% de interés, sin quita y con tres años de gracia, resulta, de todos modos, insuficiente para recuperar la solvencia.

El último informe mensual de la prestigiosa consultora local Macroeconómica desplegó cifras concretas que respaldan esa tesis.

Partiendo del “mejor escenario posible para el 2002” (con canje de deuda por US$ 82.000 millones que permitiría un ahorro de US$ 2.700 millones en intereses, la quita de 13% de las transferencias a las provincias y una performance económica sin cambios importantes durante el primer semestre del próximo año), los analistas de Macroeconómica proyectan un déficit fiscal consolidado, sumando gobierno nacional y el total de las provincias, de US$ 7.300 millones.

“Obviamente, una vez que planteamos un escenario de reprogramar la deuda con una quita importante en los intereses, no existe posibilidad alguna de acceder al mercado financiero para cubrir ese déficit fiscal”, razonan.

Para cerrar esa brecha, habría que pedirles a las AFJP que canalicen a bonos públicos el total de US$ 1.200 millones que podrían obtener el año próximo. Otra vía contemplada en el análisis de Macroeconómica sería el impuesto adicional sobre las ganancias que permitiría una recaudación de $ 600 millones (una iniciativa desestimada por el gobierno después de la elaboración de este informe).

De todas formas, quedarían sin financiar US$ 5.500 millones.

“Este es el gran desafío para el próximo año”, advierten los expertos de Macroeconómica, “porque de la credibilidad de las medidas de ajuste de gastos y recursos depende que se concrete nuestro acceso a las entidades multilaterales de crédito, que son la única fuente de financiamiento abierta hoy en la Argentina.”

Grietas peligrosas

En noviembre volvió a confirmarse, además, que el punto más vulnerable de un régimen monetario de convertibilidad es el sistema financiero. Es por eso que varios economistas propusieron, tiempo atrás, reformarlo, eliminando la figura del depósito a plazo que recibe un interés, y sustituyéndola por un modelo de securitización en el que los ahorristas compran bonos del gobierno y de las empresas, que pueden subir o bajar de precio. En un escenario de depresión económica y de desconfianza, los bonos tienden a perder valor y, por lo tanto, los ahorristas tienen que aceptar una pérdida de capital si quieren venderlos para comprar dólares. Se introduciría, de este modo, la deflación en el único segmento de la economía que no la sufre: los pasivos de los bancos.

Esta reforma tiene costos y beneficios, pero todo indica que ya resulta tarde para introducirla. En todo caso, si la crisis se profundiza, el gobierno puede hacer lo que ya hizo en el pasado: convertir los depósitos en un bono. Pero eso no sería una reforma, sino una ruptura de contratos dictada por la desesperación.

El problema, por otra parte, no es extender la deflación, sino detenerla. La deflación genera más recesión porque nadie está dispuesto a consumir e invertir si los precios van a ser más bajos en el futuro. Además, la deflación erosiona las cuentas fiscales, y aplicar recortes adicionales de gasto público involucra, en la Argentina, riesgos políticos, pero también económicos.

Ni los cavallistas más fieles sueñan con lograr una reactivación reduciendo gasto público en un contexto en el que las empresas argentinas no tienen acceso al mercado internacional de capitales y, por lo tanto, no pueden expandir su propio gasto para compensar la caída del gasto público.