Desde el plantín al árbol, de éste al bosque implantado, de ahí al rollizo, a la pasta celulósica, a la madera, al mueble, el envase, el papel, cientos de miles de agricultores forestales, de aserradores, carpinteros, distribuidos en la húmeda geografía subtropical, le dan vida a una actividad rayana entre la sustentabilidad y el cambio climático, al que puede mitigar captando el dióxido de carbono que emite la generación de energía a la atmósfera, o al revés desguarnecerlo con una tala indiscriminada.
En este delicado equilibrio discurre una actividad agroindustrial que espera turno para recibir inversiones en alguna planta que demande el fruto de una promoción forestal que ocupa 1 millón 300 mil hectáreas, el 80% ciento de la Mesopotamia, del que actualmente sólo se aprovecha la mitad.
La Asociación Forestal Argentina, la de Fabricantes de Celulosa y Papel, la Federación Argentina de Industrias de la Madera, la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA) y otras entidades que integran la cadena de valor sectorial, hace por lo menos 5 o 6 años que se juntaron para hacerse sentir en las esferas nacionales de poder.
Aunque sienten que corren en desventaja en competitividad, macroeconomía y accesibilidad financiera con Uruguay, Chile y Brasil, avizoran una oportunidad de entrar en carrera si se sanciona una ley de promoción industrial para el sector, paralela a la que incentiva la plantación de árboles.
Entrevistado por Mercado, el presidente de AFCP asegura en nombre de las entidades que componen el pool sectorial que “en conjunto seguiremos tirando del carro para que finalmente Argentina tenga su primera planta de celulosa en el corto plazo, y en el mediano y largo, seamos el país donde se instalen todas las plantas de celulosa en los próximos años”.
Plan foresto industrial
–En plena pandemia y una vez fuera del default, ¿qué viabilidad mantiene el plan Estratégico 2030?
–Para que estén dadas las condiciones de que se instale una planta de celulosa en el país, es fundamental resolver el tema del financiamiento, junto con el de la competitividad de nuestro sector y de la Argentina en particular.
Porque para atraer una inversión como esa, que requeriría de unos 2.000/3.000 millones de dólares, el país tendría un costo logístico y de puertos muy alto, fundamental en un proyecto celulósico, que moviliza muchísimas toneladas de madera, de residuos de madera.
–¿A qué le llama muy alto?
–Actualmente un contenedor en Argentina anda por los US$ 2.500 mientras en Brasil se encuentra por debajo de US$ 500. En puertos, la diferencia es similar. Lo primero que se debe hacer es que el país genere las condiciones para que un extranjero que piense en radicar una planta en la región considere que los costos internos que se le ofrecen constituyen la mejor alternativa.
Hoy Argentina produce un poco menos de un millón de toneladas de celulosa, Brasil está arriba de los 22/23 millones, o sea 23 veces más que nosotros. Chile supera los 8 millones de toneladas, es decir, 8 veces más que Argentina; y Uruguay está aproximadamente en 4 millones y varios proyectos en danza, el cuádruple.
Pero la condición natural también cuenta y, mientras en esta parte, un árbol está listo para ser cortado –y hacer papel celulosa– entre 8 y 15 años, en Canadá y los países del norte de Europa tarda entre 35 y 40 años. De modo que el retorno de la inversión de la madera en una planta instalada en nuestra región es mucho más conveniente respecto del Hemisferio Norte.
–¿Normalizar el tipo de cambio allanaría el camino de la competitividad?
–Las condiciones macroeconómicas determinan la competitividad de costos, no sólo lo hace el tipo de cambio. Si bien la ventaja de la región es que sería óptima para implantar, la ecuación de los costos, la logística, la mano de obra, la presión tributaria, el tema aduanero, tienen que brindar la mejor condición que el inversor defina desde el punto de vista de la competitividad para establecer dónde le conviene más, si en Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, o en Argentina.
De hecho, el gobierno uruguayo promulgó una ley a fin de generar condiciones específicas para los proyectos de celulosa y papel, lo cual le permite ofrecer estabilidad legal por 15 o 20 años. Una inversión de este tipo, de US$ 2.000/3.000 millones, tarda 2 a 3 años en ponerse a funcionar y se necesitan como 10/15 años para recuperarla.
De modo que la estabilidad es primordial, tanto en lo referente a competitividad de los costos como con la sanción de una ley que asegure mantener las condiciones en ese lapso.
–¿No existe ya una ley de promoción forestal?
–Sí, hay una ley, que es la 25080, de promoción forestal, que es muy buena para plantar, porque el que invierte hoy sabe que puede cosechar en el noveno y el décimo año. Brinda garantía de condiciones de estabilidad y por eso ha habido en el país inversiones en forestación.
El tema sería para el que viene a invertir en una planta de celulosa. Necesitaría de una ley específica similar para instalarla, que también genere esas mismas condiciones de permanencia en el tiempo para la etapa industrial, que permita el recupero de inversiones muy grandes, a pesar de que no siempre los fondos estuvieron disponibles en la parte forestal. Pero ningún inversor extranjero va a venir al país a montar una fábrica si no tiene garantizada una estabilidad legal menor a 10/15 años.
–¿Por qué no se siguieron plantando árboles si la ley es tan beneficiosa?
–Si hoy ya no se planta es porque hay demasiado plantado y no existe ningún proyecto concreto que se lleve esa madera. Sólo la capacidad actual podría abastecer dos plantas de celulosa de las de 2.000/2.500 toneladas. Así que la actual capacidad forestal sería suficiente para un proyecto particular. Inclusive sobra sin tener nada en vista. Puedo asegurar, no obstante, que si se viniera a instalar una planta en el país, del 1,2 millones de hectáreas pasamos a 3 millones tranquilamente en un momento.
–¿De dónde salen esas proyecciones tan optimistas?
–De lo que sucedió en Uruguay. Tenía una plantación reducida a pesar de que contaba con una ley de promoción y había recibido muchas inversiones externas, pero a partir de la instalación de la planta de Botnia la forestación siguió creciendo de una manera impresionante. Y lo mismo hubiera sucedido en Argentina si hubiese sido de este lado del río.
El sector forestal invierte en la medida en que sabe que puede colocar el producto. Fíjese lo que pasa actualmente en Corrientes, que está sobreforestada y el agricultor forestal está cortando para exportar rollos de madera, porque no tiene una planta que absorba esa materia prima para transformarla en valor agregado de celulosa o papel.
De modo que se la despacha así como se la saca, como se hace con el grano al que no se le sigue la cadena para transformarlo en chancho de exportación. En nuestro caso, la vaca verde, como lo decimos, sería agregarle valor a ese rollizo de madera para que, en lugar de producto final, sea insumo en una planta de celulosa o papel.
–¿El país quedó entonces estancado en una etapa primaria del desarrollo forestal?
–Todavía no superamos el millón de toneladas. Tenemos las condiciones naturales, los árboles plantados, pero no ha llegado al país una inversión que pueda consumir gran parte de la forestación y darle al sector un impulso para que siga creciendo.
En los últimos años se promovió el proyecto Forestar 2030, que contiene el agregado de 2 millones de hectáreas al millón y medio actual en los próximos 10 años. Pero está supeditado a que haya una planta fabril que demande en gran medida la madera que se genere a partir de esa expansión.
Alrededor del árbol hay muchas industrias, está toda la parte de aserraderos, muebles, etc, que no consumen el ciento por ciento sino sólo una parte del árbol. Por eso, el proyecto de mayor magnitud, el que puede llevar un cambio fundamental a la cadena de valor foresto industrial, sería la radicación de una planta de celulosa de condición internacional.
–¿Y qué detiene a ese “proyecto salvador”?
–Las condiciones naturales las tenemos, pero las macroeconómicas habría que generarlas y lo mismo las financieras. De hecho, se está llevando adelante la elaboración de un proyecto que contrató hace poco el sector a una consultora finlandesa muy conocida, que habrá de ponderar la factibilidad para encarar uno o más proyectos en Argentina.
En el plan foresto industrial 15/30 que habíamos hecho ya decíamos que se puede pensar en una planta de celulosa de 2.000 toneladas, que produzca papel de envases y embalajes para cubrir el déficit interno de abastecimiento. Existe en Corrientes un proyecto para producir 500 mil toneladas que permitirían equilibrar oferta y demanda, ahorrando divisas que se destinan a importarlo.
Actualmente, la balanza del sector es negativa entre US$ 500/600 millones y si se concretaran los dos proyectos mencionados en el plan estratégico, podría revertirse ese resultado y pasar a 2.000/2.500 millones positivo, con la posibilidad abierta hacia el mediano y largo plazo de continuar instalando otras plantas, como lo han hecho Uruguay, Chile y lo está haciendo Brasil, para seguir aumentando la posibilidad de producción de pasta.
Con el crecimiento de China y de todo el sudeste asiático, la demanda de celulosa básicamente asume gran importancia. El principal productor de pasta en el mundo es Brasil, con el 10 % del total de las exportaciones, pero Argentina podría ocupar un lugar relevante, dadas las características de la población y la capacidad económica.
Infraestructura atrasada
–¿Cómo jugarían el atraso logístico y de infraestructura en una eventual radicación industrial?
–Por supuesto que está en situación catastrófica el ferrocarril, pero el gobierno actual reactivó el Urquiza, que va a la Mesopotamia y habrá que seguir trabajando. También puso el ojo en la logística regional y en una mejora de la competitividad. La hidrovía será asimismo clave para el desarrollo del sector, concentrado en la región mesopotámica.
Lo mismo con los puertos, bajar los costos, la cuestión del tránsito de las barcazas por los ríos de la zona, en su mayoría de bandera paraguaya, como consecuencia de las condiciones laborales, los costos, las trabas. Es fundamental, porque el costo del traslado de la madera por agua es más bajo que por ferrocarril y mucho más bajo que el camión, que actualmente transporta la totalidad de la carga.
Mejorar esa ecuación logística es fundamental para el desarrollo de las tres provincias de la Mesopotamia y para que sea factible una inversión en la región. La hidrovía, las aduanas, las barcazas presentan problemas a resolver para poder transportar esos volúmenes.
–En este contexto, en consecuencia, ¿qué chances concretas habría de atraer inversiones?
–Un inversor que hoy analice alternativas que ofrece Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, desde el punto de vista de la competitividad de costos para instalarse, obviamente que nos verá en el último lugar. Si se mejorasen esas condiciones, se genera un proyecto de ley que estabilice las condiciones tributarias, legales, posiblemente el año que viene o el próximo vendrá una inversión de ese tipo.
–¿Cuál sería el punto de conflicto entre forestación y biodiversidad?
–La ley de bosques está vigente en el país, y el sector la respeta. Hoy por hoy, los bosques nativos están preservados, asegurados, porque además las forestaciones implantadas están certificadas internacionalmente como que cumplen con las normas ambientales y de respeto del bosque nativo.
Ninguna empresa puede consumir actualmente madera para industrializar en celulosa o papel si no cuenta con las certificaciones correspondientes en la planta y las plantaciones. Todo el material que va a convertirse en celulosa o papel proviene de bosques implantados.
Si creciéramos en forestación por impulso de las plantas de celulosa y papel, el mismo proyecto estaría generando una reducción de las emisiones en Argentina, en el contexto del tema del cambio climático. Por el compromiso asumido por el país, al revés de lo que significa la generación de energía, que emite a la atmósfera dióxido de carbono, el crecimiento de la forestación permitiría captarlo.
