Por Carina Martínez
Andrea Rey y Leandro Dores
Foto: gabriel Reig
Anualmente, EY publica el Global Information Security Survey (GISS), un estudio que en 2016 presentó su 14va edición y que revela información interesante sobre múltiples aspectos vinculados al mundo corporativo. Esta edición, recoge las opiniones de 1.755 ejecutivos de 67 países, de niveles jerárquicos similares. Además, cuenta con un apartado especial sobre la Argentina, que brinda un panorama repleto de desafíos.
En términos generales, las conclusiones marcan una alerta amarilla. 36% de los consultados asegura que su empresa no puede prevenir un ataque informático y más de la mitad (56%) considera que la fuga o pérdida de información es una de las principales preocupaciones, a la cual se suman la recuperación ante un desastre, las operaciones de seguridad, tecnologías móviles y cloud computing. El pishing –suplantación de identidad que permite acceder a información confidencial de forma fraudulenta (como puede información sobre tarjetas de crédito)– es la principal amenaza identificada y se mantiene la noción de que los empleados son la fuente primaria de los ilícitos.
Al creciente temor –justificado– a los ataques se combina que mayoritariamente no hay suficiente adaptación al cambio. En este sentido, 54% de las organizaciones dice no tener actualmente un rol o departamento de Seguridad de la Información, mientras que 57% piensa que la falta de recursos capacitados en seguridad de la información influye negativamente en las organizaciones.
Corrupción y soborno: el principal enemigo
Para desmenuzar otros detalles sobre la investigación anual, Mercado se reunió con dos socios de EY Argentina, Andrea Rey y Leandro Dores, quienes forman parte de FIDS (Forensic Investigation and Dispute Services), un área de negocios cuyo volumen de trabajo ha crecido nada menos que 90% en el período 2015-2016.
Ambos dan cuenta de los cambios identificados en esta 14va edición, que se centran, en principio, en un nuevo foco. Hoy, las empresas están más preocupadas por el soborno y la corrupción que por el clásico “fraude ocupacional” –aquel perpetrado por los empleados de la empresa en detrimento de sus resultados y que por lo general no toma estado público–. Esto es así por diferentes motivos. Por un lado, nuevas tecnologías han permitido minimizar los riesgos de ocurrencia de delitos de este tipo –aunque a su vez se renuevan cotidianamente las técnicas y formas de llevarlos a cabo–. Por otro, en un mundo donde la información es imposible de detener, los múltiples casos de corrupción que se han ventilado en los últimos años han puesto a Gobiernos, empresas y sociedad en pie de guerra. Reclamos de unos y otros sobre la necesidad de transparentar tanto los negocios como las gestiones públicas y de llevar adelante las actividades éticamente han sido un estímulo para quienes tienen responsabilidad pública y privada en este tema.
Mejora de resultados vs conducta ética
Si bien hoy hay más herramientas, mayor desarrollo de legislación, de sistemas de compliance y control de las compañías, reflexiona Andrea Rey, también hay mayor desarrollo de métodos y tecnologías que favorecen nuevas modalidades de fraude, así como elementos que propician la ocurrencia del fraude, soborno y corrupción. “En un mercado volátil, de competencia feroz y donde las oportunidades de negocios se achican, la presión sobre los entes que actúan en los mercados es creciente, de tal manera de lograr mejores resultados”. Pagos ilegales para conseguir una licitación, manejo fraudulento de los balances y distintas modalidades similares parecen estar a la orden del día, o por lo menos, la potencialidad de su ocurrencia.
¿Cómo se posiciona la Argentina en el terreno de las presiones por resultados? No demasiado bien. “En el caso de las subsidiarias, por ejemplo, tienen que rendir a las casas matrices y reciben mucha presión –asegura Leandro Dores–. Cuando los resultados a escala global comenzaron a decaer, los países periféricos –como Brasil o la Argentina– tuvieron más presión para mostrar y compensar esos números. Al pasar a ser mercados más atractivos y con necesidad de presentar mejores resultados, hubo más incentivo hacia el potencial defraudador a cometer un ilícito”, explica.
“Otra contra para mejorar los indicadores de la Argentina –asegura Rey– es la bajísima efectividad de los mecanismos de control. Hay una estructura que se podría utilizar, que responde en forma cercana a lineamientos internacionales; pero el control y las penalidades concretas tienden al mínimo. Eso desalienta mucho a que la gente desarrolle los negocios de manera transparente”.
Hay que tener en cuenta, además, que como suele suceder, las regulaciones y organismos de control no se manejan proactivamente, sino que avanzan como respuesta ante los hechos ya consumados, de manera de prevenir los próximos. Esto se convierte en un juego del perro que se muerde la cola, porque, “hecha la ley, hecha la trampa”, las nuevas regulaciones llegarán cuando nuevas estrategias delictivas estén actuando. Esto, sumado a la aparición de renovadas formas de delito, de la mano de tecnologías de punta, plantea un escenario desafiante.
“En el ámbito privado, hay mucho por hacer –reflexiona Andrea Rey–. Mejorar sistemas, políticas, procedimientos, establecer cuáles son claramente los códigos de ética y conducta, y las formas de hacer negocios; cumplirlas y hacerlas cumplir, y tener mecanismos internos de detección. Hay grandes corporaciones involucradas en actos de corrupción que llevaron adelante prácticas que, por supuesto, no están permitidas en los códigos de ética internos. Pero por otra parte, hay ciertas prácticas internas que a veces contradicen esos códigos. Por ejemplo, puede darse el caso de que una firma establezca que hay que ganar, sí o sí, 5 puntos de cuota de mercado, pero que si llevan a cabo los negocios siguiendo el código de ética interno, ese objetivo resulte imposible de lograr”, asegura.
“Además vemos que la cultura de las corporaciones va cambiando, tomando principios de otros países –suma Dores–. En la Argentina, a veces no se incorporan algunos principios o no se publica determinada información, que en países más desarrollados en la lucha contra la corrupción sí se hace. Por ejemplo, una empresa en EE.UU. no puede hacer negocios con una compañía de la que no se sabe quiénes son sus accionistas. Y en la Argentina eso puede ser de lo más común. Al incorporar principios de otros países, se van identificando actos de corrupción que antes no se tomaban como tales, por eso también se conocen más casos de ilícitos”.
En este sentido, En este sentido, ambos destacan un dato revelador del apartado “Argentina” de la investigación: el bajo grado de lealtad que muestran tener los ejecutivos respecto de la compañía, de sus pares, jefes y delegados. “Este indicador, que puede parecer negativo, para nosotros es positivo, porque marca una mayor propensión de los empleados a denunciar”, estima Rey, por lo cual si se implementaran dentro de las organizaciones canales adecuados para recibir las denuncias, podrían esperarse resultados positivos.
Un mundo que pide transparencia
Tal como explican los ejecutivos, si bien el hecho delictivo en sí puede ser el mismo, la diferencia entre fraude y corrupción se vincula con quién es la contraparte. Si la contraparte es privada, se trata de fraude, y los defraudadores pueden ser los ejecutivos, los accionistas o mismo alguno de los stakeholders. Un ejemplo típico de fraude en nuestro país es el manejo de los estados financieros, ya sea para mejorar los rendimientos de la empresa –y así lograr, por ejemplo, el pago de bonos–, o bien falsear los datos para pagar menos de impuestos. Si la contraparte es pública, se habla de corrupción, y algunos ejemplos clásicos son las dádivas o pagos para recibir una habilitación en un área promocionada o lograr una licitación de obra pública.
Como se ha comentado, como dato central de la investigación, Rey y Dores verifican un cambio en cuanto al foco de la inquietud, que pasó a centrarse en problemáticas de soborno y corrupción, desplazando al clásico “fraude ocupacional”. Esto no era así hasta hace unos años, en que el eje de la preocupación y de los controles estaba puesto en prevenir el fraude interno, que impacta directamente en los resultados de la empresa. Esto no significa que este haya dejado de existir o que se hayan aflojado los controles. Más bien, según explican los ejecutivos, responde a, por un lado, la existencia de mecanismos de prevención y compliance más rápidos y efectivos, gracias a las nuevas tecnologías como big data y data analytics, y a una mayor conciencia interna y directivas en línea, sumados a la “aceptación” de que una cuota mínima de ocurrencia de fraude va a existir casi inevitablemente. Por otro lado, y fundamentalmente, los casos de soborno y corrupción acaecidos en los últimos tiempos han alertado al mundo, que exige medidas concretas para lograr más transparencia.
Con esto como fondo, las compañías perciben que existe más exposición y las pérdidas son mucho más significativas por causa de los actos de corrupción y de soborno que las surgidas por fraude ocupacional.
Tal como lo relata Rey, los Panamá Papers, las alteraciones de información pública sobre emisión o contrataciones fraudulentas generan efectos sobre la sociedad, que reclama acciones para evitar nuevas ocurrencias. Y el costo que la corrupción tiene para las empresas involucradas es incalculable. No solo por las multas multimillonarias que deben afrontar –fundamentalmente en los países más avanzados en la materia–, sino por el golpe reputacional y en la imagen, un intangible que puede significar el mayor de los daños.
“Casos como Fifa Gate o Panamá Papers son puntos de inflexión. Y han generado un reclamo mundial en sociedades, compañías y Gobiernos de lograr que efectivamente los negocios se realicen en un entorno de mayor transparencia y ética. Incluso los mismos competidores reclaman, porque una compañía que no participa de actos de corrupción claramente está en desventaja, porque pierde oportunidades de negocios. La sociedad, por su parte, pide conducta ética porque siente que los actos de corrupción van en detrimento de su propio bienestar. Los Gobiernos tienen que mostrarse eficaces a la hora de prevenirlos. ¿Cómo se entra en un círculo virtuoso? Por un lado, los Gobiernos deben volver a trabajar sobre la legislación anti soborno y anti corrupción; hacerla más flexible, más amplia. La Argentina tiene temas de data privacy que deberá revisar, para hacerla más abierta, acorde a los estándares internacionales. También se debe: mejorar legislaciones internacionales y locales, avanzar con la figura de los arrepentidos –que, en el mundo, ha demostrado ser una buena de forma de obtener información–; crear y mejorar los recursos de los organismos de control y, principalmente, lograr que los actos de corrupción terminen con condena, tanto económica como moral”, reflexiona Rey.
“EE.UU. es el país que más está trabajando para prevenir casos de soborno y corrupción –asegura la ejecutiva–. No solo por los mecanismos implementados y las regulaciones sino por el altísimo nivel de multas que impone a las empresas que participan de estos actos, así sea que estén operando en otro país”. “Además –agrega Dores–, los ejecutivos tienen responsabilidad penal, individual, y hay varios casos en que han terminado en prisión”, todo lo cual redunda en mayor conciencia y mejor accionar.
La concientización respecto de la necesidad de evitar el fraude y la corrupción parece ya no ser el principal problema. Por el contrario, ahora cabe evitar el exceso. Según explica Rey, la “sobre-promesa” respecto de cómo se reaccionará ante actos de fraude, soborno o corrupción, si luego no redunda en acciones concretas que demuestren resultados contundentes, puede resultar muy negativa y socavar con creces todo el esfuerzo realizado.
EY en acción
El área FIDS ha sido la de mayor crecimiento en los últimos años. Aquí, Rey explica cuál es su tarea.
La mayoría de sus clientes son privados, y trabajan de dos maneras. 1. La investigación interna, sea porque la compañía ya sufrió un caso de delito, o tiene la sospecha de casos de fraude o corrupción, o porque es objeto de una inspección por parte de un ente gubernamental. En esos casos, los ayudan en la investigación, siguiendo protocolos específicos; brindan la metodología que permite llevarla adelante para que resulte útil. 2. Investigaciones referidas a due diligence; en este caso, las empresas los contratan para ayudarlos a conocer a sus stakeholders; a sus clientes, proveedores y partners de sus negocios. Saber cuáles son sus actividades, qué tipo de vida llevan, cuáles son sus relaciones sociales… Esto se hace mediante bases de datos mundiales, a las cuales se suscriben, y utilizan esa información pública (sus protocolos no permiten tener la información privada de las personas) para entender quién es quién y evitar la corrupción que puede originarse en las terceras partes.
También trabajan para entes públicos, cuando buscan saber qué actos ilícitos podrían suceder dentro sus áreas, para hacer una investigación dentro de sus organismos o para ayudarlos a hacer una investigación sobre una compañía.
En la Argentina, mucho por hacer
Como país, ocupa el puesto 107 de 168 países en el ranking de percepción de la corrupción en el sector público elaborado por Transparency International. Aquí, algunos puntos destacables del apartado local de la 14va edición de la encuesta global realizada por EY:
• Cada vez hay mayor visibilidad y consenso en que la corrupción no solo se traduce en el enriquecimiento de funcionarios públicos y empresarios, sino que impacta sobre los sistemas educativo, de transporte, de seguridad y salud.
• 40% de los participantes opina que el Estado no está ni siquiera dispuesto a avanzar en procesos judiciales por delitos de corrupción, siguiendo a Ucrania y Sudáfrica (los peor rankeados).
• Solo 44% de los participantes cree que el Gobierno está dispuesto a avanzar con este tipo de procesos pero aun en el caso de que el Gobierno apoyara las medidas investigativas y procesales, no sería efectivo en conseguir condenas, claramente por debajo del 53% de la región (Sudamérica).
• En el plano microeconómico, 66% de los ejecutivos argentinos respondieron afirmativamente sobre la amplia ocurrencia de casos de corrupción y soborno en el ámbito de los negocios, incluso 2 puntos porcentuales por encima de los resultados de la Encuesta Global realizada el año anterior y muy lejos de los mercados desarrollados con 21% de percepción, o de los mercados emergentes (51%).
• Respecto a la percepción de si el soborno suele utilizarse comúnmente para ganar contratos, con 18%, la Argentina se encuentra en peor situación que los mercados desarrollados (4%) pero bastante en línea con los resultados que obtienen los mercados emergentes (15%).
