Hay una cadena de acontecimientos noticiosos, aparentemente inconexos, pero que vale la pena agruparlos y considerarlos con un mismo criterio, con un mismo enfoque. Es lo que hacemos en estas dos páginas.
La predicción es inoportuna. Y además, mala. La economía global parece encaminarse a una nueva crisis. En el escenario hay una peligrosa combinación de deuda récord con débil tasa de crecimiento. Esta es la conclusión del Reporte de Ginebra, a pedido del International Centre for Monetary and Banking Studies, redactado por especialistas de todo el mundo donde sobresalen ex presidentes de bancos centrales. La tasa de interés –advierten– tendrá que seguir baja por varios años más para que los individuos, las empresas y los Gobiernos puedan atender el pago de su deuda y evitar una catástrofe financiera de alcance planetario.
Curiosamente, la advertencia viene justo cuando se acentúa la ansiedad por los débiles indicios de recuperación en las principales economías y cuando se cree inminente que comience un ciclo de alza en las tasas de interés, liderado por la Reserva Federal estadounidense.
Contra lo que han sostenido recientemente analistas financieros privados y de varios Gobiernos sobre el proceso de achicamiento de la deuda total, el informe de Ginebra documenta un continuo crecimiento de la deuda global. Ahora la principal preocupación no es más la “burbuja inmobiliaria” estadounidense, sino el aumento de la deuda pública en mercados emergentes, en especial en China.
El peso de la deuda mundial, pública y privada, que era equivalente a 160% de los ingresos nacionales en 2001, superó 200% en la crisis de 2009, y se sitúa a finales de 2013 en 215%. Entonces, contrario a lo que se cree generalmente, la deuda en lugar de decaer, sigue aumentando.
Tras un nuevo marco en casos de default
A esta altura, la discusión sobre si la Argentina podía o no evitar el default es ociosa. Si hubiera intención de arreglar con los acreedores el año próximo, sería otro el panorama. Pero no hay motivos para creerlo.
En todo caso, lo más relevante es que el mundo financiero global puso foco en los casos de reestructuración de deuda soberana. Es cierto que hace años que se viene analizando el tema (¿quién podría olvidarse de Anne Kruger y de su posición en el FMI, durante el agitado 2001?).
En 2012, y a propósito de la reestructuración de la deuda griega, Alemania impulsó este concepto: igual que un concurso privado de acreedores, el acuerdo queda firme cuando es aprobado por una mayoría de acreedores (70 o 75%). En estos casos, los que no aceptaron la oferta se ven obligados a aceptarla y no la pueden cuestionar judicialmente.
Si este criterio hubiera estado vigente cuando Roberto Lavagna piloteó el operativo que obtuvo finalmente 93% de aceptación, el otro 7% no hubiera tenido otra alternativa que aceptar la oferta.
Sobre eso vuelve la actual discusión en todo el planeta. Hace pocos días, un grupo que representa a 400 de los más grandes bancos, inversores y emisores de deuda acordó un plan que, si entra en vigencia, impedirá –legalmente– la situación por la que está atravesando nuestro país.
La Unión Europea respalda con fuerza la iniciativa –así como logró blindar el salvataje griego– y el mismo Departamento del Tesoro estadounidense impulsa este esquema. La idea final podría ser –no una corte internacional sobre bancarrotas, como algunos habían propuesto– un acuerdo voluntario de todos los actores, con capacidad de obligarlos.
Los juicios contra países que cesaron en el pago de deudas se han duplicado en la última década. Y ahora, en el mundo, la deuda global está en su punto más alto.
El tema se conecta además, con el riesgo bancario en los mercados emergentes. La nueva situación económica, mayor presión regulatoria y –no en el caso argentino– menores ganancias han puesto en primer plano el tema del riesgo. Los ingresos totales del sector en las economías emergentes pasó de US$ 268 billones (en su acepción española: millones de millones) a US$ 1.400 billones en 2012. Ahora, el futuro es mucho más incierto.
La vulnerabilidad de América latina
La percepción –de propios y extraños– es que la época de bonanza, la década de crecimiento glorioso en la región, ha terminado. Pasó el boom. Gusten o no, se avecinan cambios importantes en las economías de Brasil, de Venezuela y de la Argentina. El gigante regional, tras la elección presidencial se apresta a corregir el rumbo. Venezuela está al borde del default. Y la Argentina hace todo lo posible por empeorar su delicada situación.
Han descubierto su vulnerabilidad, justo cuando se produce un descenso importante en el precio de los productos básicos que son la fuente más importante de sus ingresos. Y donde la reducción del excesivo gasto público es una variable que ni siquiera merece consideración.
Fueron, los pasados años, para recordar. Creció, en toda la región, el producto bruto, los salarios, disminuyó porcentualmente la pobreza. Pero ahora, el valor de las materias primas que exporta la zona –como la soja o el cobre– ha caído fuerte. China, la gran máquina de succionar productos de toda el área, ha disminuido su ritmo de crecimiento, y por ende, sus compras.
Algunos analistas creen que en el caso de los tres países mencionados hay cierto agotamiento de los Gobiernos a cargo de la gestión. 16 años de chavismo en Venezuela, 12 de los Kirchner en la Argentina, y 12 en Brasil con el Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma.
Pero lo importante es que también se acabó el tiempo del crédito fácil. Suban o no las tasas de interés (y la polémica sobre este punto va en aumento), la deuda –aunque sea menor que en el pasado– hay que pagarla. Y para eso hay que generar ingresos genuinos con exportaciones en reducción.
En Latinoamérica, los que mejor están para enfrentar este nuevo escenario son los países que favorecieron activamente la inversión externa. Como es el caso de Perú y de Colombia, con altas tasas de ingreso de capitales foráneos.
Lo cierto en el caso de Brasil es que está definiendo su futuro para los próximos cuatro años. El nuevo Gobierno está obligado a delinear las principales pautas económicas para acelerar el crecimiento. Esta es la tesis de la consultora Ecolatina sobre los desequilibrios que la economía brasileña ha acumulado durante los últimos años (apreciación cambiaria, déficit fiscal y en cuenta corriente), que requieren de un reordenamiento estructural.
Lo importante es comprender que la política económica de Brasil requiere un cambio de rumbo: deberían abordarse los desequilibrios con pericia para resolver los problemas de fondo que frenaron el avance del principal país de la región.
Los desequilibrios que la economía brasileña ha acumulado durante los últimos años (apreciación cambiaria, déficit fiscal y en cuenta corriente) requieren de un reordenamiento estructural, y se espera que dichos cambios se implementen tras los comicios presidenciales.
En un contexto de estancamiento (las expectativas de mercado prevén una expansión del PBI de solo 0,3% en 2014) y creciente incertidumbre propia de los períodos pre-electorales, se ha observado una significativa depreciación del real.
Habrá que revertir el moderado crecimiento que la economía brasileña verificó en los últimos tres años. Por caso, durante 2011-2013 el PBI creció solo 2,1% anual, la mitad del ritmo de expansión del período 2008-2010 que estuvo signado por la crisis financiera internacional.
Más aún, en los últimos tres años el PBI per cápita de Brasil prácticamente se estancó (creció solo 0,4% anual, 3 p.p. por debajo de la expansión promedio anual de 2008-2010).
Por el lado de la oferta, este estancamiento de la actividad obedeció al menor dinamismo de la producción local, particularmente de la industria, producto de un tipo de cambio poco competitivo. Por el lado de la demanda, se observó una importante desaceleración en los flujos inversores.
Otro desafío pendiente para la próxima administración es el creciente déficit fiscal. En los últimos años se verificó un pronunciado deterioro en las cuentas públicas con motivo de la expansión del gasto público y/o reducción de impuestos. El resultado primario como porcentaje del PBI se redujo considerablemente, pasando de 3,1% del PBI en 2011 a 1,9% del PBI el año pasado.
