Por Carlos M. Leguizamón (*)
La evolución reciente de la distribución de los recursos fiscales que se asignan entre la jurisdicción nacional y las provinciales permite poner en perspectiva uno de los resultados poco visibles, pero no por eso menos sensible, de la última década: la importante disminución en la capacidad de inversión autónoma por parte de los estados provinciales de la Argentina.
Desde el año 2000 hasta aquí se verificaron los siguientes hechos:
• el porcentaje provincial de participación en estos recursos cayó de 40% a un promedio de alrededor de 33%,
• Esta menor participación fue compensada por el fuerte incremento en el total de estos recursos, y
• El Gobierno nacional incrementó su participación en los recursos, se benefició por el incremento de su masa y, finalmente, aumentó el stock de tributos no coparticipables.
Este fenómeno puede ser interpretado desde diversas perspectivas pero, en cuanto concierne a la inversión pública en infraestructuras, el resultado no admite mucha controversia: el Gobierno central incrementó su participación en “la torta” de recursos, la propia “torta” creció significativamente y así esta jurisdicción se instaló como aquella que posee el monopolio (o casi) de los recursos de inversión en este terreno. No es menos cierto que la mayoría de las jurisdicciones provinciales admitieron esta “anomalía” sin mucha oposición.
La cuestión no sería grave en sí misma (existe una buena cantidad de naciones con constituciones políticas “unitarias”) de no ser por la cuestión jurisdiccional que plantea el carácter “federal” de la Constitución argentina por la que los Gobiernos provinciales y municipales son los responsables legales de la construcción, ampliación y mantenimiento de estas instalaciones sujetas a su jurisdicción.
La cuestión central no es entonces la falta de recursos, no hasta ahora al menos, sino la ausencia de mecanismos y criterios técnicos y políticos para asignarlos con equidad en un territorio que registra, crecientemente, falencias, necesidades y desequilibrios en la provisión de infraestructura económica y social.
Finalmente hay que anotar que este proceso de concentración de recursos (por una parte) y delegación de facultades, responsabilidades e iniciativa (por el otro), no es patrimonio del Gobierno de “la última década” ya que, justo es decirlo, tiene antecedentes profundos en la vida política de las décadas anteriores. Su remedio sigue aguardando turno.
(*) Carlos M. Leguizamón es sociólogo (UBA). Especialista en Infraestructura y Transporte. Desempeñó funciones en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), en Trenes de Buenos Aires (TBA) y en firmas consultoras nacionales y extranjeras.
