El libro “The London Consensus: Economic Principles for the 21st Century”, editado por Tim Besley, Irene Bucelli y Andrés Velasco, reúne ensayos y réplicas de académicos que discuten qué quedó vigente del recetario de los años noventa y qué luce insuficiente frente a los problemas actuales: cambio climático, desigualdad, fragmentación geopolítica, volatilidad financiera y crisis de confianza en las instituciones. No es un “decálogo” nuevo. Es un intento de ordenar prioridades y herramientas con una premisa explícita: el crecimiento y la estabilidad importan, pero ya no alcanzan si se los separa de cohesión social, Estado y política.
La estructura combina capítulos temáticos —innovación y productividad, comercio, política macroeconómica, mercado de trabajo, desigualdad, Estado de bienestar, educación, salud, clima, economía política y capacidad estatal— con comentarios críticos de otros autores. El formato obliga a explicitar acuerdos, disensos y condiciones de aplicabilidad. En ese punto está parte del mensaje: la época de las recetas “talla única” dejó un saldo político que hoy condiciona cualquier reforma.
El capítulo introductorio, a cargo de Besley y Velasco, funciona como brújula. Recorre el paso del consenso de posguerra a la reacción liberalizadora de fines de los setenta y el impacto del Washington Consensus. Reconoce logros —apertura, caída de la inflación, expansión del comercio— y subraya sus puntos ciegos: distribución, externalidades, fragilidad financiera y legitimidad política. El “consenso de Londres” se propone, entonces, como un marco de principios más que como una lista de reformas.
Cinco principios para reemplazar la lógica del “piloto automático”
El libro ordena su propuesta alrededor de cinco principios que buscan corregir la separación tradicional entre eficiencia y distribución, y devolver centralidad a la economía política. El primero sostiene que no basta con el ingreso: el bienestar incluye dimensiones no monetarias —dignidad, reconocimiento, estatus— que no se compensan de manera simple con transferencias. Esa idea aparece como respuesta a los costos sociales de la desindustrialización y a los límites fiscales y administrativos de los Estados para “reparar” todo ex post.
El segundo principio afirma que el crecimiento importa, pero también el lugar: dónde se producen bienes y dónde se crean empleos afecta cohesión social y estabilidad política. La agenda de “políticas territoriales” (place-based policies) surge como alternativa a la protección comercial indiscriminada: si las pérdidas se concentran geográficamente, la respuesta no debería ser sólo arancelaria sino de inversión, capacitación y atracción de actividad en regiones rezagadas.
El tercero propone construir resiliencia y ubica al Estado como asegurador de última instancia ante shocks múltiples: macroeconómicos, sanitarios, climáticos, tecnológicos y financieros. La tesis toma distancia del enfoque de los noventa, más centrado en disciplina fiscal y monetaria como condición suficiente para la estabilidad. Aquí, la volatilidad es económica, pero también política y social.
Innovación, “buenos empleos” y exportaciones como tecnología organizada
En innovación y productividad, Philippe Aghion y John Van Reenen plantean que el motor del crecimiento moderno es schumpeteriano: innovación acumulativa, rentas que financian I+D y destrucción creativa que reemplaza tecnologías y empresas. Esa dinámica exige un equilibrio fino: demasiada concentración frena entrada e innovación; demasiada eliminación de rentas desincentiva inversión. En ese marco, proponen repensar la relación entre política industrial y competencia, y ubican la transición verde como prioridad de orientación tecnológica.
Un detalle relevante para países de ingreso medio es la discusión sobre la “trampa” que surge cuando una economía se queda en el modo “imitación/catch-up” y no actualiza instituciones para competir cerca de la frontera tecnológica. En el propio capítulo se menciona el caso argentino como ejemplo histórico de convergencia parcial seguida de retroceso relativo, asociado a instituciones y políticas que no favorecieron el salto hacia un régimen sostenido de innovación. Esa lectura conecta con un problema clásico de América Latina: estabilidad macro sin transformación productiva, o transformación sin capacidad estatal para sostenerla.
Dani Rodrik aporta un concepto que recorre todo el volumen: productivismo. Lo define como una estrategia que prioriza la difusión de oportunidades productivas en toda la economía, con foco en la creación de empleos “buenos” y productivos. Se distancia del neoliberalism por el rol asignado al Estado y la sociedad civil, y también se aparta del Estado de bienestar keynesiano cuando éste se concentra en redistribución y manejo de demanda sin corregir dualismos productivos. Es, en síntesis, una agenda de oferta con objetivos sociales explícitos.
Ricardo Hausmann, por su parte, reubica el debate exportador: exportar no aparece como consecuencia automática de “fundamentales” correctos, sino como un proceso de búsqueda y aprendizaje tecnológico. En su capítulo sostiene que las fallas de mercado vinculadas a adopción de tecnología son frecuentes y se agravan en bienes transables, sobre todo cuando se intenta diversificar hacia nuevos productos (margen extensivo). Propone, entonces, políticas que organicen ese proceso de descubrimiento: zonas industriales o económicas especiales, subsidios a I+D, formación, bancos de desarrollo, agencias de promoción de inversiones y asociaciones empresarias.
Macro, finanzas y el regreso de la prudencia “con herramientas”
En política macroeconómica, el libro sostiene un giro: más que austeridad como regla, plantea activismo fiscal condicionado por prudencia. La idea central es preservar espacio fiscal para actuar cuando el ciclo o una crisis lo exigen, y construir instituciones que hagan creíble esa conducta (reglas fiscales, consejos fiscales, gestión de deuda). La cuestión no es sólo “cuánto” gasta el Estado, sino si puede funcionar como estabilizador y asegurador sin perder acceso al financiamiento.
En el capítulo monetario-financiero, Hélène Rey discute la ilusión de una globalización financiera “benigna”. Describe el ciclo financiero global y su capacidad de dominar condiciones locales, con Estados Unidos como centro a través de la Reserva Federal. De allí surge una conclusión práctica: inflación objetivo y tipo de cambio flexible ayudan, pero no alcanzan. Se requieren herramientas macroprudenciales de uso sistemático, desarrollo de mercados de deuda en moneda local y, en algunos casos, controles de capital. Es un mensaje relevante para emergentes que viven bajo shocks de flujos y riesgo.
El volumen también toma nota de un problema político recurrente: la estabilidad macro puede perder apoyo social si el costo distributivo se percibe como inequitativo o si las instituciones no ofrecen protección frente a shocks idiosincráticos. Esa observación conecta con el clima posterior a la crisis financiera global y con el rechazo a programas asociados a condicionalidades externas. La macroeconomía vuelve a presentarse como economía política.
Estado de bienestar, desigualdad y capacidad estatal como infraestructura
En el bloque social, el libro revisa desigualdad, Estado de bienestar, educación y salud con un hilo común: el diseño institucional importa tanto como el nivel de gasto. La discusión sobre desigualdad no se limita a ingresos, sino que incorpora desigualdad de oportunidades y dimensiones de bienestar que se vuelven políticamente explosivas cuando se acumulan en ciertas regiones o grupos.
Nicholas Barr aborda el Estado de bienestar desde la economía de las fallas de mercado: seguros incompletos, riesgos de ciclo de vida y necesidad de combinar financiamiento público, provisión mixta y regulación. En paralelo, la sección educativa —con Lant Pritchett— plantea que el desafío no es sólo escolarización sino aprendizaje efectivo, y que el aumento del gasto no garantiza resultados sin cambios de gestión, incentivos y evaluación.
En salud, la pandemia queda como evidencia de fragilidad: sistemas sin capacidad ociosa y cadenas de suministro sin planificación sufren costos altos en crisis. La conclusión del libro es consistente: resiliencia requiere inversión previa, coordinación y capacidades estatales concretas, no sólo diagnósticos.
El tramo final, dedicado a economía política y capacidad estatal, funciona como cierre conceptual. Allí se insiste en que no hay buena economía sin buena política, y que la implementación depende de Estados capaces en tres planos: recaudación, marco legal-administrativo y capacidad de entrega (delivery). Además, se advierte contra el “copiar y pegar” institucional: construir capacidad es un proceso adaptativo y contextual.
Qué deja este libro para América Latina
Leído desde una región con historia de volatilidad externa, inflación y conflictos distributivos, el mensaje del London Consensus resulta nítido: la agenda del siglo XXI no se ordena sólo por precios relativos, apertura y disciplina. Se ordena por productividad con dirección, protección frente a shocks, instituciones creíbles y coaliciones políticas sostenibles.
La propuesta no elimina dilemas. Los vuelve explícitos: competir sin destruir cohesión, innovar sin concentrar poder, abrir sin quedar a merced del ciclo financiero global, expandir derechos sin financiarse con fragilidad. Por eso el libro funciona menos como receta y más como mapa. Un mapa para una economía mundial que ya no ofrece un “centro” estable al cual imitar, y donde la política volvió a ser parte del problema y, a la vez, de la solución.
