Miembro de OISS para el Cono Sur (Brasil, Chile, Uruguay y Argentina) y Mercer Argentina, Ana María Weisz acumula una vasta experiencia en sistemas de retiros y pensiones. Desde ese lugar, opina que la apertura del régimen previsional argentino a más de 2 millones de personas que no percibían haber jubilatorio alguno, sumada al proceso de envejecimiento de la población (un fenómeno global), obligan a agendar un debate de alternativas que ayuden a equilibrarlo. Opina que sería preferible trabajar sobre la recaudación antes que subir la edad jubilatoria (como se hizo en algunos países europeos), y se opone a una eventual incorporación de ahorros voluntarios al sistema de aportes.

-¿Está envejeciendo la población en Argentina?

-El mundo está en un proceso de envejecimiento ligado a lo que llamamos transición demográfica: el paso de un régimen demográfico tradicional (altos niveles de mortalidad y natalidad) a un régimen demográfico moderno (niveles de mortalidad y natalidad bajos y controlados).

La natalidad y la mortalidad han tenido un descenso significativo en especial durante la segunda mitad del siglo pasado.

Según la OISS, entre los años 1950 y 2000 la natalidad bajó de 37,6 a 22,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes mientras que la mortalidad pasó de 19,6 a 9,2 defunciones por cada 1.000 habitantes.

Esta transformación ha provocado un progresivo aumento de la población mundial, y al mismo tiempo su envejecimiento y nada indica que este proceso se vea disminuido durante la primera mitad del siglo en curso.

El ámbito de discusión está dado, más bien diría yo hay varios ámbitos. Hay muy buenos técnicos analizando y pregonando buenas prácticas. Faltan acuerdos a nivel país.

Según Naciones Unidas, en 2009 el número de personas con 60 años o más superaba los 737 millones en todo el mundo representando el 10,8% de la población mundial, el número de personas de 65 y más llegaba a los 512 millones, 7,5% de la población del planeta) y había más de 100 millones de personas con 80 años y más (1,5% de la población mundial). Las proyecciones indican que hacia la mitad  del presente siglo el número de adultos mayores de 60 años alcance la cifra de 2.000 millones (22% de la población mundial).

Por primera vez en la historia hacia 2050, los adultos mayores en el mundo superarán a los jóvenes.

-¿Cómo se manifiesta y qué se puede hacer?

.El envejecimiento de la población es un proceso general que afecta a toda la sociedad global y es también un proceso profundo que tiene significativos impactos:

• En lo económico, en el crecimiento, el ahorro, la inversión, el consumo, el mercado de trabajo, la tributación, las transferencias intergeneracionales y por supuesto en las pensiones.
• En lo social: en la salud y su atención, la composición de la familia, las condiciones de vida,  la vivienda, la migración.
• En lo político: en los patrones de voto.

La propuesta es siempre trabajar en dos sentidos: mejorar el sistema que tenemos analizando dónde hay grietas que rellenar generando ahorros, (vicios del sistema y mejor recaudación haciendo atractiva la formalidad, tal vez postergación de la edad) donde podemos alcanzar a más personas mejorando la elegibilidad y extendiéndose fronteras afuera, curso de la ley de retiro anticipado, y por el tema sustentabilidad financiera deben hacerse las proyecciones a 50 años y sobre todo publicárselas con los supuestos involucrados.

Garantizar la sustentabilidad es un reto de largo plazo que exige altos niveles profesionales en los ámbitos técnicos de la seguridad social.

-Siendo la de Uds. una consultora global, ¿tienen la percepción de que se hará algo en común para encarar este fenómeno entre los países de la región?

-En los sistemas de seguridad social, lo que tienen que cerrar son los números.

En nuestras reuniones con funcionarios de seguridad social de sendos países no vemos que la idea de eliminación de los sistemas de capitalización haya prendido, aunque alguna vez se comentó algo en los medios sobre Uruguay.

Ahora, no es justo hablar de este tema sin mencionar que el gobierno de Bachelet agregó el pilar social a su sistema previsional y Uruguay nunca abandonó el sistema de reparto que tiene un peso específico bastante importante dentro del beneficio previsional.

En Uruguay debemos agregar que, si bien las administradoras pueden ser privadas, quien brinda el beneficio de renta vitalicia es un asegurador estatal, con lo cual la discusión sería genuinamente sobre sistemas de previsión y no sobre agentes (Estado, privados).

Estado de bienestar

-¿Podría llegar a revisarse la edad de la jubilación como se está haciendo en Europa? 

-Argentina tiene una edad más que exigente para el retiro si pensamos en servicios comunes del Sistema Nacional (es decir no considerando los servicios diferenciales como los predisponentes de vejez o regímenes provinciales o municipales no adheridos).

En muchos países todavía se habla de 60 años.

En Argentina, 60 años es una opción para mujeres que pueden jubilarse a los 65.

En reuniones casuales o informales con personal técnico de la Secretaría de Seguridad Social de la época de Walter Arrighi, un equipo muy profesional, recuerdo a una actuaria de dicha Secretaría mostrar el cálculo en materia de sustentabilidad financiera comparando la postergación de 2 años la edad con una mejora de pocos puntos en la recaudación.

Mi opinión coincide con la suya: debemos trabajar en la recaudación antes de postergar la edad.

Porque además hay que pensar que la economía tiene que generar empleo suficiente para no taponar el ingreso laboral a los jóvenes, debido a que  los mayores se quedan más tiempo. Si no, vestimos un santo desvistiendo a otro.

-¿Y qué más tendría que suceder?

-Cuando se analizan las proyecciones de adultos mayores como porcentaje, no sólo se explican por la menor tasa de mortalidad, sino también por la menor tasa de natalidad. Habría que analizar esas proyecciones para ver cuándo la postergación del retiro se transforme en una necesidad (porque no haya jóvenes suficientes para ocupar puestos de trabajo), pero si quisiéramos inscribir esto en la Argentina de hoy, con un desempleo entre el 7% y 7,5%, tasa estable, menor inversión, menor productividad, etc., no veríamos posible postergar la edad de retiro.

-Suelen esgrimirse datos sobre una mejora en las jubilaciones en general y, por otro lado, crecen las demandas judiciales, ¿es un beneficio o una condena la jubilación?

-De los cientos de jubilables que pasan por nuestras manos año a año, diría que el 80% preferiría no jubilarse. Y esto obedece a variadas razones: la gente se siente bien y útil, sin duda, y esto hace que no sienta físicamente la necesidad del retiro, pero también está aferrada a un sistema de vida que transcurre bajo el paraguas protector del trabajo: ingresos, acceso a la salud privada, acceso al mercado financiero, etc.

-¿Cuál sería la tendencia: que las empresas obliguen a jubilarse o que lo dejen librado a la decisión de los que cumplen los requisitos de edad y aportes?

-Más bien lo que vemos son acciones para ayudar a las personas a retirarse: asesoramiento previsional con honorarios del trámite incluido, financiación del plan de salud por un período de entre 1 y 3 años a partir de la desvinculación, una gratificación cuya fórmula obedece a la antigüedad en la empresa y al salario.

El equilibrio entre hoy y estas proyecciones a varios años es delicado y las instituciones gubernamentales deben trabajar en los dos sentidos.

En el mercado actual se habla de escasez de talento (siempre relacionado este concepto a jóvenes), pero se siguen buscando por parte de las empresas soluciones para retirar a los mayores.

Una nueva ley de retiro anticipado sería muy bienvenida.

-El envejecimiento de la población hace que más gente entre en la edad jubilatoria, tenga o no hechos los aportes, ¿es inevitable el camino hacia una nueva moratoria?

-Toda presión sobre los egresos por nuevos beneficios que no quedan financiados afecta la sustentabilidad de los sistemas previsionales.

En Argentina hay dos llaves para la elegibilidad: edad y cantidad de años de servicios con aportes.

Quienes se acogieron a la moratoria (casi 2.000.000 de personas) cumplieron con el requisito de edad y completaron sus años de servicios con lo que hemos dado en llamar “compra de años” y  que no es otra cosa que la posibilidad de hacer aportes retroactivos como autónomo a un valor mucho menor, pagado al contado o en cuotas.

Ahora, el problema que generaría esto, desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera, sería bastante menor si a estas personas no se les asegurara como al resto la jubilación mínima.

Una persona que haya accedido a la moratoria con 20 ó 30 años de autónomo bonificados no llegará a una prestación mínima (hoy algo más de $2.000) y el Estado tendrá que poner la diferencia.

Las razones son loables y nadie puede negarse.

Mi primera reacción es que esto es asistencialismo, lo que debe quedar en manos del Estado, sin duda, pero los fondos adicionales a lo que resulte de la contribución no deberían salir del sistema previsional, ya que este en Argentina está ligado al trabajador aportante. Es decir, Usted queda alcanzado por los beneficios previsionales si trabaja y aporta.

Además, hay mucha tela para cortar en el tema moratoria y vemos que las autoridades hacen algo para evitar abusos, pero faltaría más.

De todas formas caducará sola, ya que cubre al trabajador entre sus 18 años y setiembre del año 1993.

Quienes se incorporaron o incorporen al mercado laboral con posterioridad no estarán alcanzados.

Fórmulas para recalcular

-Si no aumenta la masa de aportantes y el salario, ¿será inevitable que el equilibrio venga por el lado de los aportes?

-En cuanto al alza de los aportes tendríamos que ver primero la razonabilidad del 1,5% sobre el promedio actualizado de los últimos 120 salarios aportados o de las rentas presuntas del autónomo.

En muchos casos, quien toda la vida fue autónomo en una categoría baja probablemente perciba la jubilación mínima, porque el cálculo con la fórmula actual resultaría menor. Es decir, cada tema que se toca permite apreciar que antes de grandes reformas en el sistema de seguridad social, que son largas y casi siempre dolorosas para algún sector, hay otras correcciones para hacer ya mismo que darían aire al sistema.

Menciono otra: la pensión por fallecimiento pensiona a hombres y mujeres de cualquier edad en forma vitalicia. Esto es costoso para el sistema y muchas veces el viudo o la viuda tienen buenos trabajos y se sustentan a sí y a su grupo familiar básico de manera muy adecuada.

He escuchado muchas ideas para solucionar esto sin perder la sensibilidad del caso. Pero siempre en foros de equipos técnicos, muchas veces integrados por funcionarios nacionales, provinciales, municipales de la seguridad social, gente que sabe mucho y está preocupada por las arcas de sus dependencias. Hay mucha plata para el sistema en estas correcciones.

-¿Podría apelarse a alguna forma complementaria de capitalización para el actual sistema de reparto para descomprimir el ensanchamiento de la pirámide de los haberes?

-Si hablamos de ahorros voluntarios, los veo necesarios pero no precisamente para financiar al sistema de reparto. Creo que airea la economía generar ahorro interno y existe en muchos países siempre con un incentivo impositivo.

AVIRA (Cámara de Aseguradoras de Vida y Retiro) está llevando adelante un proyecto interesante junto a la Superintendencia de Seguros de la Nación e incluso lo tuvo al ministro Lorenzetti en su seminario anual en 2012.

Se trata de un monoproducto en compañías de seguros de retiro y vida que permita ahorrar en pesos hasta un tope con deducción impositiva. Por ahora, más que esto, no he escuchado a nivel iniciativas nacionales. Y ya lleva mínimo dos años de conversaciones y trabajo.

Ahora, ¿cómo hará el mercado asegurador para hablar de beneficios impositivos para sistemas de ahorros voluntarios si el Estado aún no cumple con el texto del SIPA (Sistema Integrado de Previsión Argentino), de diciembre de 2008, en lo relativo a la jubilación extraordinaria proveniente de los aportes voluntarios realizados al ex sistema de capitalización? Ese fue dinero contribuido por un tercero (depósitos convenidos) o aportado por el trabajador (imposiciones voluntarias).

¡No se trata de aportes mandatorios, sino del ahorro privado de quienes quisieron y pudieron y cuya reglamentación quedó incluida en la nueva ley! Creo posible que esto no se esté pagando por una enorme complejidad operativa si se quiere aplicar la fórmula de la resolución.

Pero quienes se jubilan y la solicitan reciben una denegatoria y esto generará juicios inútiles.

-¿Cómo se podría combinar la inclusión social en el régimen previsional sin afectar a los trabajadores que aportaron y cumplieron la edad exigida?

-Nuestro sistema es contributivo, es decir cubre a trabajadores que aportan. Conozco a un gran experto del tema, que fue en su momento funcionario de la provincia de Santa Fe, que sostiene que ser “viejo” es condición suficiente para recibir un beneficio previsional, como ser “enfermo” es condición suficiente para ser atendido en un hospital público.  

Esto implicaría un cambio radical del sistema.

De alguna manera, hoy el Estado protege al que no “puede hacer aportes suficientes” (que entrecomillo porque habría que precisar numéricamente qué significa). Es decir, el Estado considera que si no se llega a la jubilación mínima hay subprestación y complementa la diferencia. La moratoria no equipara. Le da una prestación a quienes no hubieran accedido por falta de años en el sistema.

¿Por qué en cambio no permitir que el sistema pague proporcionalmente por menos años que 30, como por ejemplo sucede en Uruguay?  

¿Por qué no tener una Secretaría de Seguridad Social ocupándose de firmar convenios, como en la gestión anterior, para que quienes se trasladan a otro país no pierdan beneficios de no haber aportado durante 30 años producto de ese traslado (fíjate que acá podés llegar al extremo de que ese trabajador tenga antecedentes tan fragmentados que no se jubile en ningún lado)?

¿Por qué no se han seguido todos los pasos para que el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social no quede vigente?

¿Por qué no se reclaman a Colombia los formularios para el Convenio Bilateral firmado por la anterior Secretaría?

¿Por qué no se optimizan procesos de documentación entre países para que los trámites sean más ágiles? (en este sentido la sede porteña de la OISS ha hecho un gran avance con un sistema de intercambio de documentación para el convenio Mercosur)

¿Por qué la mujer que opta por jubilar a los 60 recibe una prestación con la misma fórmula de beneficio que la de 65? (la diferencia sería sólo la de 5 años menos de aportes pero el Estado le paga a una mujer con igual historia previsional (años de aportes y salarios) pero distinta edad exactamente lo mismo.

Es decir, nuevamente, para el objetivo que nos propongamos hay soluciones con el actual sistema. Cuestión de analizarlas, cuantificarlas, y aprobarlas si son sustentables.