Por Miguel Angel Diez
En el ámbito privado, eficiencia se traduce como ganancias. Sería absurdo pretender que una oficina pública obtuviera utilidades. Hay actividades privadas muy rentables pero de cuestionable valor social. Y hay temas de indudable valor social aunque nunca proporcionen utilidades.
Es como si la memoria retornara de pronto, en ráfagas, y pusiera el tema otra vez bajo las luces del escenario. Inexorablemente, cada tantos años, algún acontecimiento o circunstancia realimenta el viejo debate, que por lo menos, lleva más de un siglo.En nuestro país, la polémica resucitó a partir de las designaciones de Gustavo Lopetegui y de Mario Quintana como vicejefes y coordinadores del área en donde Marcos Peña ejerce la Jefatura de Gobierno.
La cuestión es: ¿los empresarios exitosos pueden ser eficientes funcionarios?Si una empresa no funciona bien y su subsistencia está amenazada, ¿los responsables traerían a eficientes funcionarios públicos para hacerse cargo del rescate?Seguramente no. Con certeza traerán a otro empresario, aunque nada garantiza el éxito en situaciones como esta, por más que el presunto salvador tenga los mejores títulos obtenidos en experiencias anteriores.
En cambio en el caso contrario, las experiencias se repiten con monótona insistencia desde hace muchas décadas. Muchos empresarios exitosos se trasladan a la función pública porque subyace la creencia que la misma efectividad demostrada en el ámbito privado será repetida en el público.Debe haber una historia que lo confirme, pero lo cierto es que en la abundante bibliografía sobre el tema, nadie recuerda un caso destacable.
En cambio hay docenas de ejemplos de fracasos.La idea subyacente en diversas latitudes del planeta es que el gobierno debe ser gestionado como una empresa privada. Lo que con toda probabilidad es confundir los roles de ambos protagonistas en el escenario.Lo comprobable es que cuando ambos factores, Gobiernos y empresas, son exitosos y bien gestionados, son buenos, lo son en muy diferentes tareas y metas. A pesar de ello, el reclamo por poner empresarios para que asuman responsabilidades en el sector público no cesa.
El último ejemplo importante de esta tendencia global, lo proporcionó el presidente Donald Trump hace pocas semanas, cuando creó dentro de la Casa Blanca la “oficina de la innovación estadounidense”, a cargo de su yerno Jared Kushner, con la meta de mejorar a la burocracia federal con el aporte esclarecedor de los mejores empresarios del país. “El Gobierno ?dijo el yerno? debe ser gestionado como una gran empresa estadounidense”. Por suerte la avalancha de hechos que aporta la cambiante realidad hará que pronto se olvide frase tan presuntuosa.
Eficiencia y ganancias
La cuestión central a entender por todos es que, mientras los negocios se concentran en el objeto de su actividad, y buscan obtener ganancias, la administración pública debe satisfacer múltiples finalidades con muchas restricciones legales, económicas y presupuestarias. Restricciones, en su mayor parte, impuestas por los ciudadanos en preservación de sus propios derechos.En el ámbito privado, eficiencia se traduce como ganancias. Sería absurdo pretender que una oficina pública obtuviera utilidades (sí, en cambio debe cumplir con el presupuesto acordado y no excederlo).
En síntesis, no todo lo que da beneficios económicos tiene un valor social, y no siempre en donde está en juego el valor social se encuentran ganancias. He aquí, claramente dos esferas de acción y de influencia distintas. Hay actividades privadas muy rentables pero de cuestionable valor social. Y hay temas como seguridad, defensa, policía, bomberos, escuelas públicas y parques abiertos, de indudable valor social aunque nunca proporcionen utilidades.
Para tratar de clarificar un tema con muchas ambigüedades, el punto de partida es: ser un empresario considerado exitoso por sus pares, no descalifica para ejercer cargos relevantes en la gestión pública.Solamente hay que tener en cuenta que en esencia, la meta de los negocios es obtener utilidades en la producción de bienes o servicios. Lo central en la función pública es el servicio, eficiente, pero siempre sin perder de vista que es servicio y capacidad de administrar bien los fondos públicos.Un empresario busca la eficiencia máxima. Si la logra contratando proveedores externos de parte sus productos, lo hace.
El funcionario público persigue la eficiencia suficiente. No se le ocurriría contratar mercenarios extranjeros ?aunque fuera mucho más barato que un ejército propio? para defender la soberanía de la nación.Como alguna vez dijo Milton Friedman, casi con certeza un empresario es un apasionado defensor de los mercados libres, pero si tiene chance de conseguir un subsidio estatal beneficioso o de mejorar una regulación de modo que convenga a su negocio no vacilará en hacerlo.En el terreno de lo privado, basta con premiar a los que exhiben productividad. En el dominio público, el Estado (y el Gobierno en consecuencia) debe proveer una red de seguridad para los habitantes que no se bastan por sí solos.
Dicho todo esto, nada impide que alguien experimentado en el campo privado sea designado (o incluso electo por el voto popular) para cumplir tareas en la función pública. Lo relevante es que su mejor calificación en estos casos no ha de ser el prestigio que traiga del campo empresarial. Son terrenos distintos.Si el cambio se produce en la dirección opuesta, de la esfera de lo público a lo privado, subsisten los mismos inconvenientes. Lo que hace exitoso a un funcionario público no es garantía de buenos resultados en el ámbito privado.Pero si en nuestro país el debate se realimenta con el rol reservado a estos encumbrados funcionarios, en el resto del mundo ha sido la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que ha puesto el tema en foco.
Trump basó toda su campaña en su falta de política experiencia, argumentando que era su principal cualidad, además ?lo que es cierto? de que era un empresario muy exitoso, cuyos métodos aplicaría desde sus nuevas responsabilidades.Han pasado poco más de seis meses desde su ascensión, y las cosas no podrían estar peor. El que prometió arreglar la política estadounidense la ha roto en varios pedazos. Las reformas que se creían necesarias están cada vez más lejanas. Las instituciones del Estado se desdibujan y la cultura política se degrada día a día.Sería injusto atribuir todo eso al “Trump empresario”. Su personalidad tiene mucho que ver con lo que ocurre. Pero también es cierto que la única experiencia que tiene como fuente íntima de consulta, es la empresarial.En forma muy nítida se pone de relieve que negociación y estrategia son cosas muy distintas en el terreno de los negocios y en la actividad política.
Críticas y algún elogio
Ambos ex McKinsey, Gustavo Lopetegui se destacó en el campo de la aeronavegación comercial, y Mario Quintana fue quien concibió en nuestro país un modelo de retail como el de Farmacity. A pesar de que supervisan el accionar de 22 ministerios, 13 organismos descentralizados y 16 empresas en las que el Estado es accionista principal, reciben críticas de ambos campos.Los del ámbito estatal argumentan que se concentran en vigilar un simposio de piojos, mientras una manada de lobos pasa corriendo por delante de ellos sin que la perciban.
Estar en campos opuestos afila la crítica sardónica. Para un ex funcionario, “uno de ellos solo sabe de aviones. El otro se hizo famoso porque inventó ?un superkiosco? que funciona 24 horas al día”. Más allá de la evidente injusticia de este tipo de humor, lo cierto es que su accionar, desde una posición privilegiada, despierta recelos y envidia. Dentro del propio campo empresarial, ha surgido una teoría que justificaría la importancia de lo que hacen ambos empresarios. Sostiene que cumplen un papel esencial en el mundo de los negocios: actúan como controllers, pero del sector público.
Es decir, ayudan a definir metas y objetivos, y aseguran el cumplimiento del presupuesto.Otro empresario, en la misma línea, argumenta que son como auditores externos. A lo cual, una opinión que disiente recuerda que en este caso el auditor debería ser designado por el directorio de la empresa (tal vez el Parlamento) y no por el gerente (traducción: el Presidente) que debe ser sujeto de la auditoría.
