Primero, que los ahorros de la gente común deben protegerse, hasta un umbral alto, como 100.00 euros en la Unión Europea, por ejemplo. Y que las instituciones financieras que prestan a los bancos comprando sus bonos deberían incurrir en pérdidas cuando los bancos son rescatados: los tenedores de bonos deberían compartir las pérdidas.
La lógica de este razonamiento es simple: las instituciones financieras deberían estar lo suficientemente informadas como para evaluar los riesgos de prestar a un banco, y por lo tanto merecen que se las castigue cuando su criterio sale mal; el resto de la gente no tiene manera de saber si su banco está haciendo apuestas imprudentes.
La idea era que los grandes inversores que compran bonos presionarían a los bancos para que mantengan una conducta correcta. Por su parte, los ahorristas minoristas están tan confiados en que su dinero está seguro que nunca sienten la necesidad de correr a retirar lo que es suyo hasta el último centavo.
De manera que lo que muchos en el resto de la eurozona — opina Robert Peston, columnista de la BBC en Londres — ven como escandaloso en los términos del rescate a Chipre es que esos dos principios han sido violados. Los ahorristas minoristas son castigados con un impuesto de 6.75% sobre sus depósitos hasta
100.000 euros.
Y a los tenedores de bonos no se los toca. Eso ocurrió porque el gobierno alemán estaba decidido a que el rescate chipriota no se viera, ante los contribuyentes alemanes, como un rescate a los rusos que lavan dinero depositándolo en Chipre.
Pero esa operación — que acaba de ser aprobada por el parlamento alemán — resultó con serios daños colaterales a la credibilidad de los políticos de la eurozona y el FMI.
El acuerdo con Chipre vuelve a plantear la necesidad de nuevos mecanismos internacionales para poner en orden los sistemas bancarios en tiempos de crisis.
