Costos sociales de demorar las reformas estructurales

CAPÍTULO VII | Sector social
Por Alejandra Torres y Jorge Colina (*)
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Entre los años 2004 y 2011, la tasa de desempleo bajó desde 14,5% a 7,4% (ambos medidos al 1º semestre de cada año); el empleo asalariado formal aumentó desde 5 millones a 7,5 millones de puestos registrados y el salario real de los trabajadores registrados creció desde $3.200 (a precios de 2011) en el año 2004, hasta los $5.200 que el Ministerio de Economía reporta para el 1º semestre de 2011.  
Ciertamente que en el año 2004 el salario real estaba “licuado”, por los efectos inflacionarios de la megadevaluación. Pero aun comparado con la situación previa a la crisis del año 2002, el salario real muestra un nivel superior (por ejemplo, 17% más alto que el valor real registrado en el año 2000).  
Aunque las mejoras laborales a lo largo de la década son importantes, resultaron claramente insuficientes para corregir los severos déficits sociales. Sigue siendo masiva la presencia de personas que viven en la pobreza, en condiciones muy precarias de vida y con muchas carencias. Por ejemplo, según el Censo 2010, 25% de la población habita una vivienda con alguna carencia básica, como techo de cartón, sin baño o agua dentro de la vivienda, cerca de un basural, una villa o tiene tres o más personas por dormitorio. En términos de ingresos, 30% de la población más pobre vive con menos de $870 mensuales. ¿Por qué la bonanza no se tradujo en progreso para todos?
La dualidad del mercado laboral 
Una particularidad distintiva del mercado de trabajo argentino es su fuerte segmentación. Esto es, la mitad de los ocupados trabaja en el segmento de la economía formal, entendida como los empleos en empresas modernas, salarios razonables y “en blanco” pagando las cargas sociales. La otra mitad, trabaja en el segmento de la economía informal, con salarios muy bajos, precarios y sin protección social.  
Un rasgo muy notable es que esta dualidad no se ha modificado sustancialmente con la bonanza económica. El gráfico 1 ilustra este fenómeno en base a la información generada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Si bien estos datos son parciales, porque corresponden a los 31 aglomerados urbanos más importantes del país, es altamente representativa para analizar la dinámica laboral. Excluyendo de este universo a los patrones y empleadores, aparece que en el segmento formal (sintetizado en los asalariados privados registrados, empleados públicos registrados y cuentapropistas profesionales) en el año 2011 se detectaron 5,6 millones de trabajadores. Esto implica un crecimiento neto de 1,8 millones de puestos de trabajo, respecto al año 2004 (gráfico 1.a).  
En paralelo, el segmento informal no disminuyó en tamaño absoluto (gráfico 1.b). Este segmento (sintetizado en los asalariados privados y públicos no registrados, los cuentapropistas no profesionales y el servicio doméstico) pasó de 4,3 millones a 4,4 millones entre los años 2004 y 2011. Esto sugiere que la informalidad no es un fenómeno transitorio asociado a los ciclos económicos sino que tendría una parte sustancial de raíz estructural. De allí su persistencia, aun en los períodos de bonanza.  
Para profundizar en el entendimiento de la dualidad resulta pertinente destacar un par de rasgos. Por un lado, las empresas con hasta 25 trabajadores (microempresas) representan 44% en el segmento formal, pero 87% en el segmento informal.  
Por el otro, los trabajadores que no superaron el nivel educativo básico de secundaria completa representan 26% en el segmento formal, pero 53% en el segmento informal. O sea, sin desconocer que la informalidad es un fenómeno complejo en el que operan una multiplicidad de factores causales, la información disponible permite resaltar que para una microempresa o un trabajador con bajo nivel de educación, el hecho de que la economía crezca y se generen muchos empleos formales no implica automáticamente que lograrán insertarse en la formalidad.
Pobreza e informalidad  
Que el crecimiento no reduzca la informalidad tiene, como impacto más relevante, la imposibilidad de que muchos hogares mejoren su nivel de vida. En el gráfico 2 se presenta la distribución de la informalidad entre los deciles de ingresos de los hogares. El decil I corresponde a 10% de los hogares de menores ingresos y el decil X a los de mayores ingresos. Se observa que la informalidad se da con mucha mayor frecuencia entre los hogares de menores niveles de ingresos y que esta situación no ha cambiado sustancialmente en los años de la bonanza. 
Para los más pobres, la bonanza significó avances muy modestos. En muchos casos los progresos estuvieron más asociados al crecimiento en el gasto asistencial que a mejoras en la situación laboral. Según los datos de la EPH, excluyendo el Plan Jefes, en el año 2004, 7% entre 30% de los hogares informales más pobres declaraban recibir algún tipo de ayuda asistencial. En el año 2011, 49% entre 30% de los hogares informales más pobres declara recibir algún tipo de ayuda asistencial.  
En este crecimiento media la Asignación Universal por Hijo y la multitud de planes asistenciales que se instrumentan desde las áreas de desarrollo social de la Nación, las provincias y los municipios. Por ser una encuesta (que no está diseñada para capturar información sobre asistencialismo) los datos son imprecisos, pero tamaña diferencia sugiere que para los hogares más pobres la bonanza se tradujo más en mayor asistencialismo que en mejora de la calidad laboral.
Perspectivas y recomendaciones 
El carácter estructural de la informalidad lleva a enfatizar que el crecimiento económico no alcanza para impulsar su reducción. El crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Además, si se considera que el año 2012 se perfila con tasas de crecimiento más modestas y que los costos laborales han alcanzado niveles superiores a los que tenían antes de la megadevaluación del año 2002, hay razones para el pesimismo.  
Si con bonanza y costos laborales licuados la informalidad mostró fuertes resistencias para reducirse, en las condiciones que se avecinan es muy probable que no haya avances e incluso que pueda volver a crecer. 
Frente a este panorama una estrategia posible es apostar a profundizar la rigidez en la legislación laboral, las penalizaciones al empleo irregular e intensificar las inspecciones laborales. Se trata de líneas de acción profusamente utilizadas en los últimos años. Pero su fracaso está garantizado en la medida que la informalidad, en su mayor parte, esta centrada entre las microempresas y los trabajadores menos educados.  
Dicho de otra manera, el diseño de políticas no debería ignorar que la persistencia de la informalidad está asociada a que para una microempresa y/o para las personas de bajos niveles de educación el cumplimiento de las normas es muy difícil o directamente imposible. Existe una brecha demasiado grande entre los costos que implica cumplir con las normas y la productividad que tienen esos empleos.
Igual en blanco o en negro 
Por eso, es fundamental revisar las instituciones laborales. En la Argentina, tener un empleado “en blanco” implica pagar cargas sociales por casi el 50% del salario de bolsillo del trabajador. Este nivel es prohibitivamente alto para los segmentos productivos más débiles. Además para una persona de bajo nivel de ingreso el beneficio de estar “en blanco” no difiere significativamente de las ventajas de estar “en negro”. Las personas sin aportes, de una u otra forma terminan accediendo a un beneficio previsional similar a las personas con aportes, cobran asignaciones familiares en el mismo monto que las personas con aportes, tiene cobertura de salud en el hospital público que es a donde terminan recurriendo las personas de bajos salarios que aportan a una obra social y, posiblemente el incentivo más relevante, es que acceden a beneficios asistenciales que el carácter de trabajador registrado le imposibilitaría.  
El cambio debe pasar por adaptar el sistema de protección social a la realidad de un mercado laboral dual. Hay que aceptar que casi la mitad de los trabajadores no tiene posibilidad de afrontar las cargas sociales y que, con las actuales reglas, se van a mantener en la informalidad, máxime cuando la formalidad no otorga beneficios relevantes y genera la exclusión de los programas asistenciales.  
Por eso, resulta crucial, como factor de progreso social, reducir sustancialmente las cargas sociales y pasar a financiar más intensamente la protección social con impuestos generales (IVA y Ganancias). En paralelo, construir un sistema de protección social no contributivo permanente que articule armónicamente con el sistema contributivo.  
La lógica sería que para los trabajadores que ocupan puestos de menor nivel de productividad, generar reglas para que operen “en blanco”. Esto exige eliminar o reducir sustancialmente los impuestos al trabajo y las trabas burocráticas y ofrecer un sistema de protección social no contributivo. Para las personas con mayores niveles de productividad resulta recomendable perfeccionar el esquema contributivo dándole mayor proporcionalidad a los beneficios en función del esfuerzo contributivo. 
En paralelo, y con una perspectiva de mediano y largo plazo, es vital recomponer los incentivos tendientes a potenciar la inversión. Tanto la inversión física y en tecnología como la inversión en capital humano. Bajo estas condiciones de mayor inversión, se potenciarán los dividendos sociales de avanzar en una inteligente revisión de las instituciones laborales.
(*) Alejandra Torres y Jorge Colina son investigadores de IDESA.
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