La máxima opositora es Kerr-McGee, que insistió durante una audiencia en la cámara baja que tiene derecho a las prebendas (conocidas como “descuento de regalías”), aunque el precio del crudo tejano intermedio siga encima de US$ 68/70 el barril. También Exxon Mobil no ve razones para aceptar que se cambien esos subsidios.
Las divergencias entre algunas de las mayores compañía mundiales de hidrocarburos (no de “energía”, como suele decirse ahora) ponen en evidencia dificultades de naturaleza judicial para el congreso y la administración federal. Resultará arduo subsanar un “error técnico” –nada casual- que podría costarle al gobierno hasta US$ 10.000 millones en regalías durante veinticinco años. Son las que corresponderían por explotar petróleo y gas natural en área marítimas de propiedad federal.
Republicanos y demócratas –que se juegan bancas en las próximas elecciones parlamentarias- tratan de bloquear esas prebendas. Pero, por otro lado, el miércoles el oficialismo auspiciaba un proyecto separado, tendiente a levantar la veda (data de 1981) a la explotación de gas en vastas franjas epicontinentales. En efecto, el comité de recursos pasó una medida que alcanza a casi toda la plataforma submarina, aunque les permitirá a estadps que se oponen (Florida, Oregon, etc.) imponer prohibiciones propias.
En teoría, Washington puede recaudar regalías de 12 ó 16% sobre hidrocarburos extraídos de aguas federales. Pero un programa orientado a promover producción en el golfo de México, que languidecía en los años 90 por la baja de precios mundiales, el departamento de Interior permitió a las empresas eludirlas. En un “error” hoy sujeto a varias investigaciones, no se fijaron límites en tiempo ni topes en precios a licencias concedidas en 1998-9.
La codicia de algunas petroleras es increíble, claro; en particular la de Kerr-McGee (algunos de sus antiguos directivos sirvieron de modelos para la serie “Dinastía”). No sólo se niega a admitir esos errores, sino que amenaza demandar al gobierno federal para obtener incentivos aún mayores que los actuales. Si a la compañía le fuera bien en los tribunales (tiene abogados duros y una billetera fácil para cabildeos), el estado podría perder US$ 60.000 millones adicionales en veinticinco años.
El diputado Darrell Issa, presidente del subcomité para reformas administrativas, fue muy duro con la firma. “Kerr-McGee actúan de mala fe, como es su costumbre,. Mala fe es firma un contrato voluntariamente, sin formular objeciones, y hacerlas planteando litigios al momento de cumplirlo”.
No obstante, siguen sin apareces explicaciones de cómo altos funcionarios de Interior, en tiempos de William J.Clinton, cometieron errores tan groseros. Tampoco se sabe por qué, al advertirlos, no alertaron al congreso. Un fuerte tufo a corrupción sobrevuela el asunto. Especialmente luego de que por lo menos dos ejecutivos petroleros revelaran, hace poco, que sus empresas notaron el error casi de inmediato. Tampoco abrieron la boca en aquel momento (1999) ni, después, cuando altos funcionarios y legisladores iban convirténdose en jubilados de lujo.
En mayo, diputados pasó una clausula propuesta por demócratas, que eventualmente sancionaría a compañías por negarse a renegociar arriendos prebendarios. La medida les vedaría obtener nuevas áreas. El sector privado y su poderosos “lobby”, el American Petroleum Institute, están intentado frustrar esa reforma al presupuesto de Interior antes de que llegue al piso.
La máxima opositora es Kerr-McGee, que insistió durante una audiencia en la cámara baja que tiene derecho a las prebendas (conocidas como “descuento de regalías”), aunque el precio del crudo tejano intermedio siga encima de US$ 68/70 el barril. También Exxon Mobil no ve razones para aceptar que se cambien esos subsidios.
Las divergencias entre algunas de las mayores compañía mundiales de hidrocarburos (no de “energía”, como suele decirse ahora) ponen en evidencia dificultades de naturaleza judicial para el congreso y la administración federal. Resultará arduo subsanar un “error técnico” –nada casual- que podría costarle al gobierno hasta US$ 10.000 millones en regalías durante veinticinco años. Son las que corresponderían por explotar petróleo y gas natural en área marítimas de propiedad federal.
Republicanos y demócratas –que se juegan bancas en las próximas elecciones parlamentarias- tratan de bloquear esas prebendas. Pero, por otro lado, el miércoles el oficialismo auspiciaba un proyecto separado, tendiente a levantar la veda (data de 1981) a la explotación de gas en vastas franjas epicontinentales. En efecto, el comité de recursos pasó una medida que alcanza a casi toda la plataforma submarina, aunque les permitirá a estadps que se oponen (Florida, Oregon, etc.) imponer prohibiciones propias.
En teoría, Washington puede recaudar regalías de 12 ó 16% sobre hidrocarburos extraídos de aguas federales. Pero un programa orientado a promover producción en el golfo de México, que languidecía en los años 90 por la baja de precios mundiales, el departamento de Interior permitió a las empresas eludirlas. En un “error” hoy sujeto a varias investigaciones, no se fijaron límites en tiempo ni topes en precios a licencias concedidas en 1998-9.
La codicia de algunas petroleras es increíble, claro; en particular la de Kerr-McGee (algunos de sus antiguos directivos sirvieron de modelos para la serie “Dinastía”). No sólo se niega a admitir esos errores, sino que amenaza demandar al gobierno federal para obtener incentivos aún mayores que los actuales. Si a la compañía le fuera bien en los tribunales (tiene abogados duros y una billetera fácil para cabildeos), el estado podría perder US$ 60.000 millones adicionales en veinticinco años.
El diputado Darrell Issa, presidente del subcomité para reformas administrativas, fue muy duro con la firma. “Kerr-McGee actúan de mala fe, como es su costumbre,. Mala fe es firma un contrato voluntariamente, sin formular objeciones, y hacerlas planteando litigios al momento de cumplirlo”.
No obstante, siguen sin apareces explicaciones de cómo altos funcionarios de Interior, en tiempos de William J.Clinton, cometieron errores tan groseros. Tampoco se sabe por qué, al advertirlos, no alertaron al congreso. Un fuerte tufo a corrupción sobrevuela el asunto. Especialmente luego de que por lo menos dos ejecutivos petroleros revelaran, hace poco, que sus empresas notaron el error casi de inmediato. Tampoco abrieron la boca en aquel momento (1999) ni, después, cuando altos funcionarios y legisladores iban convirténdose en jubilados de lujo.
En mayo, diputados pasó una clausula propuesta por demócratas, que eventualmente sancionaría a compañías por negarse a renegociar arriendos prebendarios. La medida les vedaría obtener nuevas áreas. El sector privado y su poderosos “lobby”, el American Petroleum Institute, están intentado frustrar esa reforma al presupuesto de Interior antes de que llegue al piso.
