En un mundo cada vez tiene más conciencia sobre la necesidad de cuidar el medioambiente y proteger los derechos sociales, el papel de las empresas como motor en la transición hacia una sociedad y una economía más comprometidas y sostenibles es fundamental.
Por Antonio Díaz Pérez, Ana M. Escribano López, y Raquel López García (*)
Desde la perspectiva de la gestión empresarial se consolida con fuerza la idea de que la incorporación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, Environmental, Social and Governance) a la estrategia de la empresa contribuye a su revalorización en el largo plazo.
A esto se suma la creciente demanda de activos financieros sostenibles por parte de los inversores. Según el Foro Español de Inversión Sostenible y Responsable SpainSIF, el importe destinado a la inversión sostenible a finales de 2021 superaba con creces el destinado a la inversión tradicional, con cerca de 350.000 millones de euros gestionados.
En la práctica, esto se traduce en un aumento en el potencial de inversores y en mayores facilidades de financiación para aquellas empresas que operan bajo el paraguas ESG.
¿Cómo se consiguer la distinción ESG?
Dicho de otro modo, ¿de qué manera pueden atraer a los inversores que incorporan criterios ESG en sus decisiones de inversión? Hablando en términos amplios, podemos distinguir dos alternativas:
- Que la empresa obtenga la etiqueta ESG.
- Que la empresa emita un instrumento de financiación bajo el etiquetado ESG.
Consideremos la primera alternativa.
Cualquier empresa está interesada en las ventajas que otorga recibir la etiqueta ESG. Tanto las empresas que calculan índices ESG como las gestoras de fondos de inversión sostenibles realizan una clasificación de las empresas en función del grado de cumplimiento de los criterios ESG, lo que determina su inclusión en los mismos.
Así, la inclusión en un índice de sostenibilidad o la etiqueta ESG otorgada por las gestoras de fondos sirve de guía a quienes buscan invertir en activos de empresas líderes en sostenibilidad.
En las últimas décadas han proliferado un elevado número de índices bursátiles y fondos de inversión sostenibles como los de la familia de índices FTSE4Good (que incluye el FTSE4Good IBEX Index relativo a empresas españolas), o los índices pioneros de Standard & Poors (incluido el S&P 500 ESG Index) y los índices DJSI World.
Respecto a la emisión de instrumentos etiquetados como ESG (como bonos y obligaciones), la actividad continúa su tendencia al alza, en especial desde 2020. Según el último informe anual de Ofiso, en 2021 se colocaron en España 28.548 millones de euros en bonos verdes, sociales y sostenibles, casi el doble que en 2020. Y, a nivel mundial, esta cifra alcanzó los 902.000 millones de euros, un 66,4 % más que en 2020.
Estas cifras muestran el creciente interés en la financiación sostenible tanto de empresas como de inversores minoristas concienciados y, sobre todo, de grandes gestoras de fondos que apuestan por instrumentos ESG.
Diversos tipos de bonos sostenibles
Los bonos verdes son la modalidad más conocida de bono asociado a la sostenibilidad o respetuoso con los criterios ESG. Un bono verde financia exclusivamente proyectos que fomenten la sostenibilidad del medioambiente.
Existen varias taxonomías internacionales de proyectos verdes según sus objetivos: mitigación y adaptación al cambio climático, uso sostenible del agua, transición hacia una economía circular, conservación de los recursos naturales, control y prevención de la contaminación y protección de la biodiversidad. Está, por ejemplo, la taxonomía de actividades sostenibles para Europa publicada por el Banco de España.
Aunque con un crecimiento elevado en los últimos años, el peso de los bonos verdes en la financiación sostenible ha ido mermando y en 2021 tan solo representan la mitad del total emitido, según la Climate Bonds Initiative (hasta el tercer trimestre).
La razón de esta reducción es la eclosión de los bonos sociales, los bonos sostenibles y los bonos de transición, y la irrupción, a finales de 2020, de los bonos ligados a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bonds, SLB).
El funcionamiento de los bonos sociales y de los bonos sostenibles es similar al de los bonos verdes. Se trata de bonos que financian proyectos sociales elegibles o una combinación de proyectos verdes y sociales elegibles, respectivamente.
Los bonos de transición son emitidos por empresas que presentan dificultades para alcanzar los estándares de emisión de bonos verdes. Son grandes empresas de sectores marrones: industrias con elevadas emisiones de carbono, como las de producción de gas y productos químicos.
Estos bonos permiten financiar planes de transición hacia objetivos climáticos y medioambientales sostenibles, ahorrando energía y apostando por la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por último, los bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB) no están ligados a ningún proyecto verde o social específico sino al compromiso del emisor de alcanzar objetivos concretos en materia ESG dentro de un plazo establecido. Si no se alcanza el objetivo se penaliza al emisor aumentando la cuantía del cupón a pagar al inversor.
Sostenibilidad no tan sostenible
Es loable el compromiso de las empresas de operar acorde a factores ESG pero, además, la presión social y las ventajas financieras de operar bajo la etiqueta de sostenible propician la aparición de conductas fraudulentas. Es el fenómeno de ecoblanqueo o greenwashing.
Casos recientes como los de ExxonMobile en Estados Unidos o el de Volkswagen en Europa han tenido un gran impacto en la opinión pública y han alimentado la amenaza del fantasma del ecoblanqueo sobre la financiación sostenible.
En cuanto a las finanzas sostenibles, las prácticas de ecoblanqueo afectan tanto a la calificación ESG de las empresas como a la emisión de deuda sostenible.
Una investigación publicada por Bloomberg revela que los ratings o calificaciones que utiliza BlackRock, la gestora del mayor fondo ESG del mundo, para justificar la inclusión de una empresa en esa cartera apenas tienen relación con su impacto medioambiental y social. Solo uno de los informes de las 155 empresas ESG del índice S&P500 citaba un recorte real en sus emisiones de carbono.
En este sentido, cada vez son más las voces que afirman que el problema del ecoblanqueo entronca en parte con la validez del término ESG. A la hora de calificar una empresa como ESG se entremezclan tres ámbitos (ambiental, social y de buen gobierno), y medirlos conjuntamente puede suponer un obstáculo en sí mismo para impulsar la financiación sostenible.
Respecto a la deuda sostenible, informes como el de Blackrock concluyen que los bonos verdes son un placebo peligroso para atraer inversiones. La mayoría de los emisores tienen algunas iniciativas ecológicas que cumplen los requisitos y les permiten emitir estos bonos sin necesidad de alterar los planes generales en la empresa. Pero nada les impide llevar a cabo actividades decididamente no verdes con sus otras fuentes de financiación.
Más y mejor regulación
Falsear o exagerar las prácticas ESG no solo implica un riesgo reputacional, dañando la confianza de consumidores e inversores, sino que también supone riesgos legales. Cada vez es mayor el nivel de escrutinio aplicado a los activos ESG por parte de los reguladores y los inversores minoristas e institucionales.
Los reguladores internacionales están trabajando en el desarrollo de normas de información sobre sostenibilidad enfocadas a la protección de los inversores contra los riesgos de ecoblanqueo. Entre estas medidas se encuentra la Taxonomía de la UE aprobada en 2021 sobre las actividades empresariales que pueden etiquetarse como respetuosas con el clima.
También se pueden citar iniciativas europeas y norteamericanas sobre el desarrollo de normas de divulgación de información y transparencia sobre sostenibilidad, o los esfuerzos para establecer normas internacionales comunes. Además, existe la norma voluntaria sobre bonos verdes europeos, así como normas relativas a nuevos tipos de bonos respetuosos con los criterios ESG.
Es esperable que la regulación contribuya a arrinconar el ecoblanqueo en pro de una financiación sostenible rigurosa y creíble.
(*) Antonio Díaz Pérez es Catedrático de Universidad, área de Economía Financiera, Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de Castilla-La Mancha; Ana M. Escribano López es Profesora Contratado Doctor Interino, Área de Economía Financiera, Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de Castilla-La Mancha; y Raquel López García es Profesora Contratado Doctor Interino, Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de Castilla-La Mancha.
