Sus precios han llegado a quintuplicarse entre 2002 y 2006, según revela un trabajo de Wieland Gurlit, Eduardo Mencarini y Ricardo Montealto. El mercado se enfriaba a mediados de 2007 y sus niveles han disminuido, pero poco. La demanda futura y la escasez de reservas conocidas indican que los precios difícilmente cedan bajo el promedio de 2005/6. Por el contrario, es probable que suban.
No obstante, algunas multinacionales mineras siguen obsedidas por presuntos riesgos sociopolíticos y macroeconómicos, por lo cual se muestran renuentes a invertir en la región. Se equivocan. Pese a brotes de populismo en Venezuela y Bolivia, el peligro es relativamente bajo en el área, especialmente comparado con África subsahariana (la otra zona rica en minerales e hidrocarburos).
Las multinacionales controlan una significativa porción de activos en Brasil, Chile, Perú y Colombia (la única excepción en cuanto a violencia política sistémica). Por ende, esas compañías obtienen muchas de sus ganancias globales en Sudamérica, donde ningún país aplica restricciones o discriminaciones onerosas a inversiones de empresas extranjeras. La parte del gobierno, en regalías e impuestos, es baja en relación con ventas o flujo de caja.
Lo que es más, casi todos los países del área han estabilizado su situación macroeconómica. No afrontan deudas pesadas, insolvencia ni repentino deterioro cambiaria. Por el contrario, desde julio el mundo viene sufriendo efectos de la crisis hipotecaria (Estado Unidos, Gran Bretaña, Alemania) y la iliquidez financiera global. En canto a la minería, precios y demanda dependen del mercado físico, no del financiero.
Si bien algunos países, por ejemplo Chile, tienen sectores mineros maduros, hay buenas oportunidades de crecimiento ahí y en todo el continente. Pero más en nuevos proyectos que en la compra de activos existentes y eso vale para todos los metales. Pero, para encararlos, hacen falta capitales de US$ 1.000 millones para arriba –que deben aguardar años para rendir- , equipos de gestión local comprometidos, hábiles en manejar grupos de interés.
Una serie de emprendimientos bien planeados puede hacer que la región mantenga o mejore su posición como extractora. Estimaciones de los autores señalan que, en el decenio 2003-12, alrededor de US$ 54.000 millones –28% de las colocaciones globales en el sector- se orientan u orientarán a nuevas explotaciones o grandes ampliaciones de las existentes. Ninguna otra parte del planeta ofrece semejantes perspectivas.
Dos tercios de ese monto se dirige a Brasil, Chile y Perú, con objeto de elevar capacidad extractiva de cobre (los tres países), mineral de hierro (Brasil, sobre todo), bauxita, níquel (el mismo) y cinc (Perú). A la inversa, en otros insumos primarios –acero, celulosa, papel-, las condiciones generales de oferta y demanda no dan para semejante auge.
A las economías locales, la minería les depara notables superavit comerciales y, por tanto, les permite sostener y hasta repreciar sus monedas. En Perú, el sector aporta 75% de ingresos por exportaciones y 19% del producto bruto interno. En Chile las cifras son 44 y 9%. Aun en Brasil, una economía más grande, avanzada y diversificada, los metales han desempeñado papel relevante en el prolongado aumento del real contra el dólar. No es casual que, a mediados de octubre, el dólar haya caído a R 1,79.
Salvo Venezuela, Bolivia (hostiles al capital foráneo) o Colombia (virtualmente balcanizada), en general Sudamérica da la bienvenida a las multinacionales. Les impone pocas restricciones, regalías bajas y –quizá demasiado- y tributación razonable. Chile, primer producto global de cobre, lo nacionalizó en 1971 (gobierno de Salvador Allende), vía la corporación nacional del cobre (Codelco). La dictadura militar no la abandonó –como hizo Argentina con YPF-, pero reabrió el sector al capital externo (1979) y atrajo cientos de millones.
Mineras internacionales como Anglo American, BHP Billiton, Phelps Dodge, Río Tinto o Xstrata controlan casi la mitad del cobre chileno y Codelco funciona como empresa testigo, algo que ha desaparecido a este lado de los Andes. Si YPF aún lo fuera, cosas como la guerra entre Buenos Aires y Royal Dutch/Shell no sucederían. En 2006, Anglo y BHP obtuvieron 27 de sus ganancias operativas globales en Sudamérica, mayormente en Chile.
El perfil brasileño es muy distinto. Nunca se nacionalizaron activos extranjeros, pero el gigante estatal Companhia vale do rio Doce (CVRD) pesa más que las multinacionales. En 1997 se la convirtió en sociedad de derecho privado, pero con privilegios de firma estatal: acceso preferencial a reservas, derechos mineros en todo el territorio y una red ferroportuaria para llevar producción a los mercados. Opera como empresa testigo, igual que Petrobrás en hidrocarburos (papel que puede terminar desempeñando en todo el Mercosur).
Por el contrario, en Perú las multinacionales controlan la mayoría de activos en el sector. Mientras BHP, grupo México y Xstrata se centran en cinc, el resto lo hace en oro. Antiguamente, la estatal Centromín dominaba en cinc, pero ha privatizado la mayoría de sus actividades y éstas quedaron en manos de compañías peruanas.
Como se ha notado, hay un sólido flujo de inversiones externas orientado a los recursos minerales sudamericanos y sería mayor si las compañías adoptasen criterios más flexibles al evaluar el riesgo de cada país. Por ejemplo, la percepción de los ejecutivos que no viven en la región suele ser demasiado influida por la excesiva cobertura de prensa en el caso de la violencia colombiana. Tampoco advierten que el énfasis en el nacionalismo venezolano o boliviano se relaciona con hidrocarburos, no con minerales.
Un examen detenido revelará que, en materia minera, casi todos los países son mucho menos peligrosos que años atrás. Así, los problemas atinentes a mano de obra no llegan de lejos al grado exhibido por Angola o Congo. En su lugar, la evaluación de riesgos debiera enfocarse en factores institucionales o regulatorios capaces de limitar la capacidad de una compañía extranjera para poseer o explotar activos mineros. Entre esas claves figuran nacionalización, reclamos territoriales indígenas, posibilidades de asegurarse concesiones, pactar regalías y gravámenes a la exportación.
Muchos directivos del exterior, ante desagradables noticias de un país específico, tenderán a generalizar. Eso los llevará a excluir zonas en verdad estables y propicias a la inversión extranjera. Pero los “riesgos regionales” no existen en Sudamérica. Cualquier empresa minera que los imagine podría estar soslayando oportunidades –digamos- en Brasil, Chile o Perú. Acá aparece otro punto equívoco: quienes se colocan en instrumentos o valores financieros pueden observar correlaciones entre mercados locales. Pero no ocurre con activo físicos, tangibles.
Sin embargo, los riesgos regulatorios han subido desde 2006, junto con la presión social para redistribuir más equitativamente los beneficios del aumento de precios. Aunque eso choque con normas establecidas, contratos, etc. Por ello, las decisiones gubernamentales que afectar los retornos mineros presentan cierto grado de riesgo regulatorio. Pero, en la mayoría de países sudamericanos, ese tipo de acciones tiene escaso efecto en las compañías como tales.
Sus precios han llegado a quintuplicarse entre 2002 y 2006, según revela un trabajo de Wieland Gurlit, Eduardo Mencarini y Ricardo Montealto. El mercado se enfriaba a mediados de 2007 y sus niveles han disminuido, pero poco. La demanda futura y la escasez de reservas conocidas indican que los precios difícilmente cedan bajo el promedio de 2005/6. Por el contrario, es probable que suban.
No obstante, algunas multinacionales mineras siguen obsedidas por presuntos riesgos sociopolíticos y macroeconómicos, por lo cual se muestran renuentes a invertir en la región. Se equivocan. Pese a brotes de populismo en Venezuela y Bolivia, el peligro es relativamente bajo en el área, especialmente comparado con África subsahariana (la otra zona rica en minerales e hidrocarburos).
Las multinacionales controlan una significativa porción de activos en Brasil, Chile, Perú y Colombia (la única excepción en cuanto a violencia política sistémica). Por ende, esas compañías obtienen muchas de sus ganancias globales en Sudamérica, donde ningún país aplica restricciones o discriminaciones onerosas a inversiones de empresas extranjeras. La parte del gobierno, en regalías e impuestos, es baja en relación con ventas o flujo de caja.
Lo que es más, casi todos los países del área han estabilizado su situación macroeconómica. No afrontan deudas pesadas, insolvencia ni repentino deterioro cambiaria. Por el contrario, desde julio el mundo viene sufriendo efectos de la crisis hipotecaria (Estado Unidos, Gran Bretaña, Alemania) y la iliquidez financiera global. En canto a la minería, precios y demanda dependen del mercado físico, no del financiero.
Si bien algunos países, por ejemplo Chile, tienen sectores mineros maduros, hay buenas oportunidades de crecimiento ahí y en todo el continente. Pero más en nuevos proyectos que en la compra de activos existentes y eso vale para todos los metales. Pero, para encararlos, hacen falta capitales de US$ 1.000 millones para arriba –que deben aguardar años para rendir- , equipos de gestión local comprometidos, hábiles en manejar grupos de interés.
Una serie de emprendimientos bien planeados puede hacer que la región mantenga o mejore su posición como extractora. Estimaciones de los autores señalan que, en el decenio 2003-12, alrededor de US$ 54.000 millones –28% de las colocaciones globales en el sector- se orientan u orientarán a nuevas explotaciones o grandes ampliaciones de las existentes. Ninguna otra parte del planeta ofrece semejantes perspectivas.
Dos tercios de ese monto se dirige a Brasil, Chile y Perú, con objeto de elevar capacidad extractiva de cobre (los tres países), mineral de hierro (Brasil, sobre todo), bauxita, níquel (el mismo) y cinc (Perú). A la inversa, en otros insumos primarios –acero, celulosa, papel-, las condiciones generales de oferta y demanda no dan para semejante auge.
A las economías locales, la minería les depara notables superavit comerciales y, por tanto, les permite sostener y hasta repreciar sus monedas. En Perú, el sector aporta 75% de ingresos por exportaciones y 19% del producto bruto interno. En Chile las cifras son 44 y 9%. Aun en Brasil, una economía más grande, avanzada y diversificada, los metales han desempeñado papel relevante en el prolongado aumento del real contra el dólar. No es casual que, a mediados de octubre, el dólar haya caído a R 1,79.
Salvo Venezuela, Bolivia (hostiles al capital foráneo) o Colombia (virtualmente balcanizada), en general Sudamérica da la bienvenida a las multinacionales. Les impone pocas restricciones, regalías bajas y –quizá demasiado- y tributación razonable. Chile, primer producto global de cobre, lo nacionalizó en 1971 (gobierno de Salvador Allende), vía la corporación nacional del cobre (Codelco). La dictadura militar no la abandonó –como hizo Argentina con YPF-, pero reabrió el sector al capital externo (1979) y atrajo cientos de millones.
Mineras internacionales como Anglo American, BHP Billiton, Phelps Dodge, Río Tinto o Xstrata controlan casi la mitad del cobre chileno y Codelco funciona como empresa testigo, algo que ha desaparecido a este lado de los Andes. Si YPF aún lo fuera, cosas como la guerra entre Buenos Aires y Royal Dutch/Shell no sucederían. En 2006, Anglo y BHP obtuvieron 27 de sus ganancias operativas globales en Sudamérica, mayormente en Chile.
El perfil brasileño es muy distinto. Nunca se nacionalizaron activos extranjeros, pero el gigante estatal Companhia vale do rio Doce (CVRD) pesa más que las multinacionales. En 1997 se la convirtió en sociedad de derecho privado, pero con privilegios de firma estatal: acceso preferencial a reservas, derechos mineros en todo el territorio y una red ferroportuaria para llevar producción a los mercados. Opera como empresa testigo, igual que Petrobrás en hidrocarburos (papel que puede terminar desempeñando en todo el Mercosur).
Por el contrario, en Perú las multinacionales controlan la mayoría de activos en el sector. Mientras BHP, grupo México y Xstrata se centran en cinc, el resto lo hace en oro. Antiguamente, la estatal Centromín dominaba en cinc, pero ha privatizado la mayoría de sus actividades y éstas quedaron en manos de compañías peruanas.
Como se ha notado, hay un sólido flujo de inversiones externas orientado a los recursos minerales sudamericanos y sería mayor si las compañías adoptasen criterios más flexibles al evaluar el riesgo de cada país. Por ejemplo, la percepción de los ejecutivos que no viven en la región suele ser demasiado influida por la excesiva cobertura de prensa en el caso de la violencia colombiana. Tampoco advierten que el énfasis en el nacionalismo venezolano o boliviano se relaciona con hidrocarburos, no con minerales.
Un examen detenido revelará que, en materia minera, casi todos los países son mucho menos peligrosos que años atrás. Así, los problemas atinentes a mano de obra no llegan de lejos al grado exhibido por Angola o Congo. En su lugar, la evaluación de riesgos debiera enfocarse en factores institucionales o regulatorios capaces de limitar la capacidad de una compañía extranjera para poseer o explotar activos mineros. Entre esas claves figuran nacionalización, reclamos territoriales indígenas, posibilidades de asegurarse concesiones, pactar regalías y gravámenes a la exportación.
Muchos directivos del exterior, ante desagradables noticias de un país específico, tenderán a generalizar. Eso los llevará a excluir zonas en verdad estables y propicias a la inversión extranjera. Pero los “riesgos regionales” no existen en Sudamérica. Cualquier empresa minera que los imagine podría estar soslayando oportunidades –digamos- en Brasil, Chile o Perú. Acá aparece otro punto equívoco: quienes se colocan en instrumentos o valores financieros pueden observar correlaciones entre mercados locales. Pero no ocurre con activo físicos, tangibles.
Sin embargo, los riesgos regulatorios han subido desde 2006, junto con la presión social para redistribuir más equitativamente los beneficios del aumento de precios. Aunque eso choque con normas establecidas, contratos, etc. Por ello, las decisiones gubernamentales que afectar los retornos mineros presentan cierto grado de riesgo regulatorio. Pero, en la mayoría de países sudamericanos, ese tipo de acciones tiene escaso efecto en las compañías como tales.
