Ayer 15 de febrero una jueza federal dio aprobación preliminar para la conciliación
de diferencias entre casi 300 compañías que pasaron a cotizar en bolsa durante
el boom tecnológico de los ´90 y los grupos de inversión que se declaran víctimas
de defraudación.
Las causas involucran una suma total de US$ 1.000 millones.
El acuerdo deja a 55 bancas de inversión a merced de los grupos inversores
reclamantes. Según los inversores los 55 bancos otorgaban acciones en medio
de caldeadas ofertas públicas iniciales (OPI) que favorecían a los clientes,
acordaban con inversores institucionales para comprar acciones después de la
flotación y así inflar los precios artificialmente y presentaban investigaciones
falsas para ganar los acuerdos.
La decisión de ayer limita la responsabilidad de las empresas involucradas.
Si los inversores recuperan más de US$ 1.000 millones de los bancos de inversión,
las empresas no tendrán nada que pagar. Si la cantidad es menor a US$ 1.000
millones, deberán pagar la diferencia.
Como parte del arreglo, las empresas aceptaron cooperar con los abogados de
los inversores, un compromiso que la jueza Shira A. Scheindlin anotó en la página
52 de la opinión emitida ayer por el tribunal del distrito de Nueva York de
Estados Unidos.
Alan Bromberg, especialista en leyes referidas a títulos y valores de la Southern
Methodist University, cree que lo ocurrido es un “importante paso dado en
dirección a la traslación de las costas y la responsabilidad de las empresas
hacia los suscriptores, o sea quienes emitieron los valores”. Bromberg interpreta
que “el tribunal está admitiendo que si uno mira hacia atrás, hacia la burbuja
tecnológica de los ´80 y ´90, la responsabilidad primera la tuvieron los que
emitían los valores. Las empresas aprovecharon la situación, claro, pero no
fueron quienes dieron el primer paso”, remató.
Gandolfo V. DiBlasi, socio del estudio legal de Sullivan & Cromwell que representa
a Goldman Sachs en un caso de OPI y que actuó como nexo entre los 55 bancos
demandados, no hizo comentarios.
El año pasado los bancos trataron de bloquear el acuerdo entre empresas y inversores
argumentando que fomentaba la connivencia entre las partes creando un incentivo
para implicar a los bancos de inversión mientras simultáneamente reducían su
propia exposición.
Pero la jueza desestimó el argumento.
Las compañías involucradas, casi todas start-ups, llegaron a un acuerdo
preliminar en junio de 2003, cuando aceptaron pagar los US$ 1.000 millones a
los inversores perjudicados. Luego en 2004 las partes sellaron un acuerdo formal.
Las firmas de Wall Street tuvieron que afrontar gran cantidad de demandas judiciales
desde que reventó la burbuja tecnológica. Desde entonces también se comenzó
a analizar con lupa el papel que cumplieron los bancos en el armado y concreción
de tantos acuerdos. Muchos bancos de inversión han cerrado casos separadamente
con la Securities and Exchange Commission, NASD o la Bolsa de New York
con respecto a reclamos similares.
Ayer 15 de febrero una jueza federal dio aprobación preliminar para la conciliación
de diferencias entre casi 300 compañías que pasaron a cotizar en bolsa durante
el boom tecnológico de los ´90 y los grupos de inversión que se declaran víctimas
de defraudación.
Las causas involucran una suma total de US$ 1.000 millones.
El acuerdo deja a 55 bancas de inversión a merced de los grupos inversores
reclamantes. Según los inversores los 55 bancos otorgaban acciones en medio
de caldeadas ofertas públicas iniciales (OPI) que favorecían a los clientes,
acordaban con inversores institucionales para comprar acciones después de la
flotación y así inflar los precios artificialmente y presentaban investigaciones
falsas para ganar los acuerdos.
La decisión de ayer limita la responsabilidad de las empresas involucradas.
Si los inversores recuperan más de US$ 1.000 millones de los bancos de inversión,
las empresas no tendrán nada que pagar. Si la cantidad es menor a US$ 1.000
millones, deberán pagar la diferencia.
Como parte del arreglo, las empresas aceptaron cooperar con los abogados de
los inversores, un compromiso que la jueza Shira A. Scheindlin anotó en la página
52 de la opinión emitida ayer por el tribunal del distrito de Nueva York de
Estados Unidos.
Alan Bromberg, especialista en leyes referidas a títulos y valores de la Southern
Methodist University, cree que lo ocurrido es un “importante paso dado en
dirección a la traslación de las costas y la responsabilidad de las empresas
hacia los suscriptores, o sea quienes emitieron los valores”. Bromberg interpreta
que “el tribunal está admitiendo que si uno mira hacia atrás, hacia la burbuja
tecnológica de los ´80 y ´90, la responsabilidad primera la tuvieron los que
emitían los valores. Las empresas aprovecharon la situación, claro, pero no
fueron quienes dieron el primer paso”, remató.
Gandolfo V. DiBlasi, socio del estudio legal de Sullivan & Cromwell que representa
a Goldman Sachs en un caso de OPI y que actuó como nexo entre los 55 bancos
demandados, no hizo comentarios.
El año pasado los bancos trataron de bloquear el acuerdo entre empresas y inversores
argumentando que fomentaba la connivencia entre las partes creando un incentivo
para implicar a los bancos de inversión mientras simultáneamente reducían su
propia exposición.
Pero la jueza desestimó el argumento.
Las compañías involucradas, casi todas start-ups, llegaron a un acuerdo
preliminar en junio de 2003, cuando aceptaron pagar los US$ 1.000 millones a
los inversores perjudicados. Luego en 2004 las partes sellaron un acuerdo formal.
Las firmas de Wall Street tuvieron que afrontar gran cantidad de demandas judiciales
desde que reventó la burbuja tecnológica. Desde entonces también se comenzó
a analizar con lupa el papel que cumplieron los bancos en el armado y concreción
de tantos acuerdos. Muchos bancos de inversión han cerrado casos separadamente
con la Securities and Exchange Commission, NASD o la Bolsa de New York
con respecto a reclamos similares.
