<p>La enérgica campaña federal contra los establecimientos que cultivan y distribuyen marihuana para uso medicinal ha sacudido un negocio que genera miles de millones de dólares de ganancias por año. El conflicto nace, en realidad, por un problema de jurisdicción: la ley de California permite el cultivo y la venta de marihuana desde 1996 pero la ley federal entiende que es un crimen grave. Los establecimientos que distribuyen el producto para uso medicinal, entonces, están en un limbo legal que puede costarles varios millones, confiscación de bienes y hasta prisión. <br />
Aunque en 2009 el Departamento de Justicia afirmó que no perseguiría a los empresarios que distribuyeran marihuana a pacientes enfermos, hoy los fiscales encargados de imponer la ley federal han atacado duramente a los productores y vendedores de la droga en California cobrando impuestos excesivos que pondrían en riesgo la sustentabilidad del negocio y amenazándolos con confiscación de bienes y hasta prisión. <br />
Algunas de estas empresas hasta son consideradas por las autoridades estaduales como modelos a seguir por su cumplimiento de la ley y por el pago puntual de sus impuestos. La fiscal general de California, Kamala D. Harris, dijo que este ataque a los dispensarios sólo sirve para aumentar la incertidumbre sobre qué ley rige en el Estado. Argumenta también que las autoridades federales están poco dispuestas a diferenciar entre instituciones cuyo objetivo verdadero es la venta medicinal e instituciones que usan la medicina como fachada para el narcotráfico. <br />
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La campaña del gobierno federal podría cerrar varias cooperativas que hoy proveen a 750.000 californianos de marihuana para tratar los dolores derivados de tratamientos contra el cáncer o para regular la ansiedad. Desde la aprobación de la ley estadual en 1996 que permite el cultivo y la distribución de dos onzas de producto por semana (56,69 gramos), las cooperativas de producción y venta se han insertado profundamente en la sociedad pagando más de US$ 100 millones en concepto de impuestos y uniéndose a cámaras de comercio locales. <br />
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El problema es, en definitiva, de jurisdicción. Las 94 cooperativas que tienen permisos estaduales ahora temen que los organismos federales vengan por ellos. En Oakland existe Harborside, una cooperativa sin fines de lucro con 95.000 miembros/pacientes que cuenta con 120 empleados y que genera ingresos por valor de US$22 millones anuales con lo cual se convierte en un contribuyente clave de la comunidad. En octubre pasado el Internal Revenue Service (equivalente a la AFIP) le notificó que su actividad comercial es considerada un crimen y que por lo tanto no podrían deducir alquileres y salarios como gastos del negocio. Le envió una factura por US$2,5 millones en concepto de impuestos atrasados. Esta reducción haría insostenible el negocio. <br />
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La iniciativa del gobierno federal reaviva el debate: ¿es preferible conseguir la droga de manera segura o de vendedores callejeros? El gobierno no se opone de manera directa a que existan organizaciones sin fines de lucro que distribuyan la droga pero sí a las empresas que generan millones de dólares por año. Argumentan que en California “cualquiera puede acceder a una recomendación del médico” y, entonces, el uso es irrestrictito. En California están a favor de regulaciones estrictas pero no de una persecución abierta. <br />
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Es por que eso que el senador demócrata Mark Leno está trabajando con el Fiscal General Harris para crear una nueva ley que establezca nuevos códigos para el cultivo, venta y distribución de marihuana medicinal. <br />
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La ley federal contra el negocio de la marihuana medicinal
En Estados Unidos la ley estadual de California permite la venta de marihuana para uso médico desde 1996. Pero la ley federal entiende que la venta y posesión de flores de marihuana es un delito grave y va por la regulación de los establecimientos que la distribuyen.
