Muchos podrán ofenderse; el gobierno quizás desespere un poco porque siempre hace falta que la gente se entretenga con algo, y el fútbol es el mayor entretenimiento que tienen los argentinos; los medios deportivos harán como que no pasa nada y sugerirán que no importa, porque total reclaman por algo que les sobra.
Pero lo concreto es que un fin de semana sin fútbol equivale a perder un negocio que en conjunto involucra unos US$ 20 millones por cada fecha, si sumamos las transmisiones radiales, las televisivas, la recaudación de las boleterías y los más de 150.000 personas que se movilizan, gastan y consumen alrededor de este deporte.
Fue, con todo, el mismo gobierno el que pareció reaccionar con más celeridad y decidió ponerle pimienta al asunto: el vicejefe de Gabinete Armando Caro Figueroa sugirió que si no pueden pagar las deudas que asumen quizás sea el momento para que los clubes pasen a convertirse en sociedades anónimas.
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, aseguró por su parte que “de ahora en más a los clubes que no cumplan con los pagos a los jugadores en término, no se les permitirá jugar en su categoría e irán a una inferior, tal como ocurre en Europa”.
De ser así, ¿cuántos clubes permanecerán en primera división sabiendo en entre los clubes más grandes -como Boca y River- se reparte la mayor porción de los ingresos por televización de partidos, venta de entradas, tranferencia de jugadores, merchandising de indumentaria y accesorios, sponsorización y publicidad en los estadios? ¿Qué porcentaje del negocio les queda a los más chicos (la grán mayoría) para afrontar sus obligaciones económicas?
Todos elementos que permiten inferir que el Gobierno no aceptará que la pésima organización interna del fútbol profesional argentino siga sumándole problemas a las de por si complejas agendas de sus funcionarios.
Bullrich, que desde los albores de la medida de fuerza planteada por Futbolistas Argentinos Agremiados se mostró como una solícita mediadora del conflicto, dijo que entre mañana y pasado “estaremos en condiciones de homologar los acuerdos de los futbolistas y entonces se levantará el paro”.
Sin embargo, habrá que esperar a que los dirigentes se reúnan mañana para analizar los nuevos pedidos de Agremiados, ya que la entidad aclaró que les parecía una buena oferta pero que no habían avales firmes para la propuesta del pago de US$ 35 millones que formuló la AFA.
La idea es que los clubes paguen ese monto a fines de mayo y que la AFA responda si no lo hacen, pero no hay una idea clara de quien es exactamente el grupo, la institución financiera o la marca que le prestará o adelantará US$ 100 millones al organismo que conduce Julio Grondona.
Y los jugadores no confían en la solvencia de sus propios clubes, ni en la cintura de Grondona. Saben que hace menos de una año la AFA tuvo que conseguir US$ 50 millones más para sanear las deudas de sus asociados y nada les hace pensar que esa labor esté ni medianamente concluida.
El tema es que Agremiados replica que ya hubo un convenio en el que los clubes se comprometieron a afrontar las deudas de sus presupuestos a riesgo de ser sancionados, y los futbolistas entienden que si no se respetó aquel acuerdo, tampoco habrá garantías de que se respete este.
Es cierto que los dirigentes tienen la mayor responsabilidad, por embarcarse hasta más allá de lo posible en compromisos que no pueden pagar.
Pero también es cierto que los jugadores aprovechan su predicamento y la repercusión de lo que hacen para lograr reivindicaciones imposibles para cualquier otro gremio, y que cualquier futbolista con una calculadora sabe que el negocio es demasiado grande como para que todos los clubes tengan el manejo pulcro y elogiable de instituciones como Colón o Los Andes.
En este contexto, la relación costo-beneficio parece apuntar a estructuras organizacionales distintas, para las cuales la sociedad anónima parece más adecuada y tal vez los futbolistas, sin saberlo, estén jugando a favor de quienes pretenden imponer esta figura en el fútbol argentino.
Muchos podrán ofenderse; el gobierno quizás desespere un poco porque siempre hace falta que la gente se entretenga con algo, y el fútbol es el mayor entretenimiento que tienen los argentinos; los medios deportivos harán como que no pasa nada y sugerirán que no importa, porque total reclaman por algo que les sobra.
Pero lo concreto es que un fin de semana sin fútbol equivale a perder un negocio que en conjunto involucra unos US$ 20 millones por cada fecha, si sumamos las transmisiones radiales, las televisivas, la recaudación de las boleterías y los más de 150.000 personas que se movilizan, gastan y consumen alrededor de este deporte.
Fue, con todo, el mismo gobierno el que pareció reaccionar con más celeridad y decidió ponerle pimienta al asunto: el vicejefe de Gabinete Armando Caro Figueroa sugirió que si no pueden pagar las deudas que asumen quizás sea el momento para que los clubes pasen a convertirse en sociedades anónimas.
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, aseguró por su parte que “de ahora en más a los clubes que no cumplan con los pagos a los jugadores en término, no se les permitirá jugar en su categoría e irán a una inferior, tal como ocurre en Europa”.
De ser así, ¿cuántos clubes permanecerán en primera división sabiendo en entre los clubes más grandes -como Boca y River- se reparte la mayor porción de los ingresos por televización de partidos, venta de entradas, tranferencia de jugadores, merchandising de indumentaria y accesorios, sponsorización y publicidad en los estadios? ¿Qué porcentaje del negocio les queda a los más chicos (la grán mayoría) para afrontar sus obligaciones económicas?
Todos elementos que permiten inferir que el Gobierno no aceptará que la pésima organización interna del fútbol profesional argentino siga sumándole problemas a las de por si complejas agendas de sus funcionarios.
Bullrich, que desde los albores de la medida de fuerza planteada por Futbolistas Argentinos Agremiados se mostró como una solícita mediadora del conflicto, dijo que entre mañana y pasado “estaremos en condiciones de homologar los acuerdos de los futbolistas y entonces se levantará el paro”.
Sin embargo, habrá que esperar a que los dirigentes se reúnan mañana para analizar los nuevos pedidos de Agremiados, ya que la entidad aclaró que les parecía una buena oferta pero que no habían avales firmes para la propuesta del pago de US$ 35 millones que formuló la AFA.
La idea es que los clubes paguen ese monto a fines de mayo y que la AFA responda si no lo hacen, pero no hay una idea clara de quien es exactamente el grupo, la institución financiera o la marca que le prestará o adelantará US$ 100 millones al organismo que conduce Julio Grondona.
Y los jugadores no confían en la solvencia de sus propios clubes, ni en la cintura de Grondona. Saben que hace menos de una año la AFA tuvo que conseguir US$ 50 millones más para sanear las deudas de sus asociados y nada les hace pensar que esa labor esté ni medianamente concluida.
El tema es que Agremiados replica que ya hubo un convenio en el que los clubes se comprometieron a afrontar las deudas de sus presupuestos a riesgo de ser sancionados, y los futbolistas entienden que si no se respetó aquel acuerdo, tampoco habrá garantías de que se respete este.
Es cierto que los dirigentes tienen la mayor responsabilidad, por embarcarse hasta más allá de lo posible en compromisos que no pueden pagar.
Pero también es cierto que los jugadores aprovechan su predicamento y la repercusión de lo que hacen para lograr reivindicaciones imposibles para cualquier otro gremio, y que cualquier futbolista con una calculadora sabe que el negocio es demasiado grande como para que todos los clubes tengan el manejo pulcro y elogiable de instituciones como Colón o Los Andes.
En este contexto, la relación costo-beneficio parece apuntar a estructuras organizacionales distintas, para las cuales la sociedad anónima parece más adecuada y tal vez los futbolistas, sin saberlo, estén jugando a favor de quienes pretenden imponer esta figura en el fútbol argentino.
