(DYN). – La Justicia frenó la renegociación del contrato por la concesión de los aeropuertos, entre el Estado Nacional y la empresa Aeropuertos Argentina 2000, según una resolución conocida hoy (martes 13).
El juez en lo contencioso administrativo Sergio Fernández hizo lugar a una medida cautelar planteada por la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes, y ordenó “la suspensión de todo acto que implique la modificación del contrato de concesión”.
El magistrado destacó, en su resolución, la necesidad de celebrar “una audiencia pública” para que todas las partes involucradas en la cuestión expongan sus criterios y puntos de vista sobre el particular.
La medida implica que el Estado y la concesionaria no podrán avanzar en una renegociación del contrato, sobre el que existe una fuerte controversia a raíz del reclamo cruzado de deudas por ambas partes.
“La renegociación del contrato de concesión sería susceptible de proyectar efectos concretos en los derechos y obligaciones del concesionarios… lo cual, a su vez, redundará en orden a las prestaciones y condiciones del servicio, lo que involucra los derechos de los usuarios”, evaluó el magistrado.
“Es claro entonces que dichas cuestiones deberán ser debatidas en una audiencia pública como vía o cauce con que cuentan los usuarios para ejercer su derecho de participación… esto es a oir y ser oidos, producir prueba y alegar antes que una decisión que afecta sus derechos o intereses sea tomada”, añadió.
(DYN). – La Justicia frenó la renegociación del contrato por la concesión de los aeropuertos, entre el Estado Nacional y la empresa Aeropuertos Argentina 2000, según una resolución conocida hoy (martes 13).
El juez en lo contencioso administrativo Sergio Fernández hizo lugar a una medida cautelar planteada por la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes, y ordenó “la suspensión de todo acto que implique la modificación del contrato de concesión”.
El magistrado destacó, en su resolución, la necesidad de celebrar “una audiencia pública” para que todas las partes involucradas en la cuestión expongan sus criterios y puntos de vista sobre el particular.
La medida implica que el Estado y la concesionaria no podrán avanzar en una renegociación del contrato, sobre el que existe una fuerte controversia a raíz del reclamo cruzado de deudas por ambas partes.
“La renegociación del contrato de concesión sería susceptible de proyectar efectos concretos en los derechos y obligaciones del concesionarios… lo cual, a su vez, redundará en orden a las prestaciones y condiciones del servicio, lo que involucra los derechos de los usuarios”, evaluó el magistrado.
“Es claro entonces que dichas cuestiones deberán ser debatidas en una audiencia pública como vía o cauce con que cuentan los usuarios para ejercer su derecho de participación… esto es a oir y ser oidos, producir prueba y alegar antes que una decisión que afecta sus derechos o intereses sea tomada”, añadió.
