Con una demora parlamentaria de dos años, finalmente la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley -sin debate- el Régimen de Etica Pública, uno de los temas que había quedado pendiente de la reforma constitucional de 1994. La norma establece, según su texto, “deberes, prohibiciones e incompatibilidades” para los funcionarios de toda categoría, incluidos el presidente de la Nación, senadores y diputados. La ley obliga a todos a presentar una declaración jurada de bienes al inicio de su gestión, que deberá ser renovada cada año; además permitirá la difusión pública de los datos obtenidos, con lo cual se impulsa un régimen de control de la conducta y del patrimonio de los funcionarios. Quienes se hubieran enriquecido en forma ilegal en la función pública, según la ley, serán castigados con prisión de dos a seis años más una multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento. También dispone la norma la creación de la Comisión Nacional de Etica Pública, que funcionará en el ámbito del Congreso en forma independiente y actuará con autonomía funcional.
(La Nación, Clarín)
Con una demora parlamentaria de dos años, finalmente la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley -sin debate- el Régimen de Etica Pública, uno de los temas que había quedado pendiente de la reforma constitucional de 1994. La norma establece, según su texto, “deberes, prohibiciones e incompatibilidades” para los funcionarios de toda categoría, incluidos el presidente de la Nación, senadores y diputados. La ley obliga a todos a presentar una declaración jurada de bienes al inicio de su gestión, que deberá ser renovada cada año; además permitirá la difusión pública de los datos obtenidos, con lo cual se impulsa un régimen de control de la conducta y del patrimonio de los funcionarios. Quienes se hubieran enriquecido en forma ilegal en la función pública, según la ley, serán castigados con prisión de dos a seis años más una multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento. También dispone la norma la creación de la Comisión Nacional de Etica Pública, que funcionará en el ámbito del Congreso en forma independiente y actuará con autonomía funcional.
(La Nación, Clarín)
