Hace cinco años los Países Bajos perdieron un juicio que obligaba al país a recortar sus emisiones de gases de invernadero. Fue la primera vez que se obligaba a un gobierno a tomar medidas contra el cambio climático, decisión que fue refrendada en 2019 por la corte de apelaciones. En consecuencia, las autoridades holandesas tuvieron que reducir 25% sus emisiones comparadas con las de 1990.
El caso, que fue llevado a juicio por el grupo Urgenda, argumentaba que la falta de acción del Estado estaba poniendo en peligro a los ciudadanos holandeses. Y la corte estuvo de acuerdo.
Ahora el mismo abogado que llevó la acusación del juicio en 2015, Robert Cox, tiene la mira puesta en Royal Dutch Shell, y ha iniciado una batalla legal en La Haya que algunos creen obligará a las compañías de gas y petróleo a acelerar el abandono de los combustibles fósiles.
En diciembre Cox, en representación del grupo activista Milieudefensie, dijo que el modelo de negocios del grupo anglo-holandés y su estrategia de negocios “choca con los objetivos del clima global” y “presenta un gran peligro para la humanidad”.
Los activistas quieren que Shell recorte 45% sus emisiones totales de carbono para 2030 comparado con los niveles de 1919. Para eso el grupo energético debería remodelar completamente sus operaciones y estrategia de negocios. Están abriendo un nuevo frente de lucha sobre la responsabilidad frente al cambio climático y se basan en un razonamiento simple. Si quemar combustibles fósiles crea emisiones que provocan el cambio climático los que contaminan deberían compensar a las autoridades por los gastos en que deben incurris para mitigar los efectos.
Estas exigencias a las compañías energéticas no es nueva. Pero hasta ahora por lo general el foco se ponía en hacer que paguen por daños pasados. Estos nuevos juicios procuran modificar el accionar de toda la industria.
