El sistema financiero estadounidense se muestra, desde hace demasiado tiempo, remiso o imposibilitado en cuanto a prevenir, detectar e inclusive reprimir toda clase de delitos. Así lo sostiene la subsecretaría federal de Seguridad Interior, en un análisis sobre “agujeros negros” en la economía del país.
Por supuesto, el gobierno reconoce que la banca ha insumido altas sumas en lo tocante a prevenir ataques informáticos. Pero no ha hecho casi nada en materia de fraudes, irregularidades contables, lavado de dinero y figuras conexas. Por el contrario, muchas entidades financieras han hecho y hacen la vista gorda ante movimientos de fondos turbios. Particularmente, vía áreas extraterritoriales dentro o fuera de EE.UU.
El estudio sostiene que bancos comerciales, bancas de inversión, fondos, firmas de valores, aseguradoras y compañías de crédito “no logran instrumentar las medidas de seguridad y los contralores más elementales. Por ejemplo, investigar antecedentes de empleados, ejecutivos y clientela”. El informe básico se hizo en la universidad Carnegie-Melon (Pittsburgh) y abarca veintitrés incidentes, protagonizados en 1996-2003 por el sistema.
En general, los delitos individuales no involucraban alta complejidad técnica pero si planeamiento y colaboración externa. Estuvieron a cargo de pocas personas, sus razones eran usualmente el lucro y 27% de sus autores tenía antecedentes delictivos.
Otro cantar son los delitos institucionales. Acá entran factores políticos y los propios medios. Así, el caso más reciente –investigado por el Senado, no ya por agencias federales- afecta al Banco Riggs y fondos presuntamente ilícitos de Augusto Pinochet Ugarte –ex dictador chileno colocado por Washington en 1973- y su numerosa familia. El clan poseía más de US$ 8.000.000 en esa entidad vía cuentas no declaradas en Chile.
Pero el caso no es nuevo ni, mucho menos, excepcional. Desde mediados de los 90, abundan fortunas de políticos latinoamericanos y dirigentes árabes en bancos de EE.UU., el Caribe y Europa occidental. Particularmente Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y pequeñas plazas “off shore” de la región.
Ya en 1999, el subcomité de investigaciones del Senado norteamericano ponía en la picota a Citibank por hacer aceptado, sin preguntas incómodas, más de US$ 120 millones de Raúl Salinas Gortari, virtual testaferro de su hermano Carlos, ex presidente de Méjico. En 2001, el tema fueron US$ 38 millones colocados en Miami por Vladimiro Montesinos, operador del ex presidente peruano Alberto Fujimori.
Poco después, varias entidades financieras estadounidenses fueron quedando comprometidas en la larga serie de escándalos iniciada por la tejana Enron. Se pasaron leyes más duras en el Congreso y el público seguía de cerca denuncias, procesos y sanciones que involucraban directivos, ejecutivos, banqueros y funcionarios. Al cabo, el caso Riggs demostró que el negocio financiero no había aprendido la lección ni tomaba en serio las nuevas normas.
En escala latinoamericana, hay varios escándalos potenciales por estallar. Dejando de lado los sospechados alrededor de Carlos Ménem, su entorno y su gobierno, queda Alfredo Stroesner. Su dorado exilio en Brasil no es ajeno a una larga actividad como traficante de armas –vinculado a la Triple Frontera y a la familia Pinochet, de paso- y a los bancos que lo financiaban.
El sistema financiero estadounidense se muestra, desde hace demasiado tiempo, remiso o imposibilitado en cuanto a prevenir, detectar e inclusive reprimir toda clase de delitos. Así lo sostiene la subsecretaría federal de Seguridad Interior, en un análisis sobre “agujeros negros” en la economía del país.
Por supuesto, el gobierno reconoce que la banca ha insumido altas sumas en lo tocante a prevenir ataques informáticos. Pero no ha hecho casi nada en materia de fraudes, irregularidades contables, lavado de dinero y figuras conexas. Por el contrario, muchas entidades financieras han hecho y hacen la vista gorda ante movimientos de fondos turbios. Particularmente, vía áreas extraterritoriales dentro o fuera de EE.UU.
El estudio sostiene que bancos comerciales, bancas de inversión, fondos, firmas de valores, aseguradoras y compañías de crédito “no logran instrumentar las medidas de seguridad y los contralores más elementales. Por ejemplo, investigar antecedentes de empleados, ejecutivos y clientela”. El informe básico se hizo en la universidad Carnegie-Melon (Pittsburgh) y abarca veintitrés incidentes, protagonizados en 1996-2003 por el sistema.
En general, los delitos individuales no involucraban alta complejidad técnica pero si planeamiento y colaboración externa. Estuvieron a cargo de pocas personas, sus razones eran usualmente el lucro y 27% de sus autores tenía antecedentes delictivos.
Otro cantar son los delitos institucionales. Acá entran factores políticos y los propios medios. Así, el caso más reciente –investigado por el Senado, no ya por agencias federales- afecta al Banco Riggs y fondos presuntamente ilícitos de Augusto Pinochet Ugarte –ex dictador chileno colocado por Washington en 1973- y su numerosa familia. El clan poseía más de US$ 8.000.000 en esa entidad vía cuentas no declaradas en Chile.
Pero el caso no es nuevo ni, mucho menos, excepcional. Desde mediados de los 90, abundan fortunas de políticos latinoamericanos y dirigentes árabes en bancos de EE.UU., el Caribe y Europa occidental. Particularmente Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y pequeñas plazas “off shore” de la región.
Ya en 1999, el subcomité de investigaciones del Senado norteamericano ponía en la picota a Citibank por hacer aceptado, sin preguntas incómodas, más de US$ 120 millones de Raúl Salinas Gortari, virtual testaferro de su hermano Carlos, ex presidente de Méjico. En 2001, el tema fueron US$ 38 millones colocados en Miami por Vladimiro Montesinos, operador del ex presidente peruano Alberto Fujimori.
Poco después, varias entidades financieras estadounidenses fueron quedando comprometidas en la larga serie de escándalos iniciada por la tejana Enron. Se pasaron leyes más duras en el Congreso y el público seguía de cerca denuncias, procesos y sanciones que involucraban directivos, ejecutivos, banqueros y funcionarios. Al cabo, el caso Riggs demostró que el negocio financiero no había aprendido la lección ni tomaba en serio las nuevas normas.
En escala latinoamericana, hay varios escándalos potenciales por estallar. Dejando de lado los sospechados alrededor de Carlos Ménem, su entorno y su gobierno, queda Alfredo Stroesner. Su dorado exilio en Brasil no es ajeno a una larga actividad como traficante de armas –vinculado a la Triple Frontera y a la familia Pinochet, de paso- y a los bancos que lo financiaban.
