Hay una premisa básica para el desarrollo de una sociedad y es que sus miembros deben ser capaces de resolver la mayoría de sus diferencias de manera autónoma. Cuando son incapaces de hacerlo, nos encontramos frente a una situación anómala, en la que, en esos casos, el sistema judicial actúa como un remedio externo que debe garantizar la paz social.
Llevado al extremo, equivaldría a tener una persona con una enfermedad crónica invalidante a la que deben suministrarle permanentemente altas dosis de medicamentos para mantenerla con vida.
Dentro de las distintas ramas del derecho, el sistema laboral tiene una particularidad adicional y es que busca un grado mayor de precisión normativa, porque la incertidumbre que generan los conflictos laborales atenta directamente contra el desarrollo económico del país.
Por eso, mientras que en el derecho civil la reparación de un daño está sujeta a la prueba, en el derecho laboral la mayoría de las indemnizaciones suelen estar tarifadas. O mientras que en el derecho comercial las partes tienen mucha autonomía para negociar, en el derecho laboral se restringe muchísimo esa posibilidad.
Podemos decir entonces que cuanto más específicas y claras sean las normas laborales, habrá menos incertidumbre, menos conflictos y, por ende, más dinámico será el sistema productivo.
En Argentina, cada año se inician aproximadamente 70.000 juicios laborales y, según el último informe del Consejo de la Magistratura, apenas se cierran unos 24.000 expedientes. Al país no solo le cuesta sostener la conflictividad laboral en salarios, infraestructura, honorarios de abogados, peritos e intereses, sino que, además, debe asumir un importante costo de oportunidad al verse desincentivada la inversión en nuevos emprendimientos, sobre todo en el sector PyMEs.
Vagas regulaciones
Una parte importante de los conflictos se origina, justamente, en la ambigüedad y vaguedad que tienen algunas regulaciones, que llevan a posibles interpretaciones. En estos casos, el diferendo no se trata sobre hechos, sino sobre qué quiere decir la norma, y paradójicamente los jueces también suelen tener diferentes interpretaciones al respecto, aumentándose exponencialmente la incertidumbre.
Es decir, la norma se transforma en una máquina de generar nuevas controversias, lo que, en otras palabras, equivaldría a decir que el sistema padece de una enfermedad autoinmune. Esto es altamente ineficiente desde el punto de vista económico y sumamente doloroso desde la óptica social.
Muchas veces la causa de esta malformación del sistema se origina en lo que podríamos llamar “ambigüedad conducente” o, dicho de otro modo, la búsqueda de una redacción intencionalmente ambigua, con el objetivo de avanzar con velocidad en la regulación, sabiendo que posteriormente será el sistema judicial quien resuelva los conflictos individuales. En otras palabras, se trata de patear la pelota para adelante.
El escenario económico post-pandemia va a requerir de una fuerte voluntad y cohesión social para crear reglas de juego que permitan una acelerada recuperación económica y una rápida generación de empleos. Frente al COVID-19, los argentinos hemos legitimado la importancia de tener paciencia y hacer las cosas bien, incluso a costa de intereses muy valiosos, porque coincidimos en que hay otros valores mucho más importantes que deben preservarse, como la vida humana.
Al sentar las bases de la recuperación, tendremos la oportunidad de demostrar si realmente hemos aprendido y podemos corregir algunos defectos del sistema para lograr una recuperación sostenible, o si seguiremos reincidiendo en la búsqueda de atajos que nos llevan por el tortuoso camino de la conflictividad.
(*) Director General de ManpowerGroup Argentina
