El tribunal federal de alzada, Washington DC, respaldó la mayor parte de la sentencia emitida, en agosto de 2006, por la jueza Gladys Kessler. Ésta resultaba de una demanda civil por colusión, originada en el departamento de justicia, contra el conjunto de la industria. Según las empresas afectadas, la veda –suspendida durante la apelación, exceso de tolerancia bastante criticado- les costaría “cientos de millones y alteraría el modelo de negocios”. <br />
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Kessler estimaba “razonablemente factible” que las tabacaleras intentasen transgredir las leyes, si no existiera la veda impuesta por la justicia pues –ya durante la causa- “efectuaban declaraciones equívocas o falsas”. Por ejemplo, las demandadas sostenían que el gobierno “no ha logrado probar que determinadas personas intentaban engañar al público como lo exige la ley sobre organizaciones corruptas o influidas por vías ilícitas. <br />
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“Esta cámara de apelación –señala la nueva sentencia- encontró que las empresas tienen un propósito común: engañar o defraudar fumadores presentes y futuros. Se concluye, entonces, que ese tipo de objetivos existe y los procesados han conspirado para su realización”. <br />
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El tribunal de alzada sostuvo la negativa, en primera instancia, a imponer a las compañías el financiamiento de campañas publicitarias contra el cigarrillo y programas para que los jóvenes dejen de fumar. Todo esto comenzó en 1999, cuado el estado demandó por US$ 289.000 millones a la industria y le exigió reembolsar fondos gastados es tratar gente víctima del hábito. <br />
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Altria y otras tabacaleras pierden en otra apelación
Con Altria Group al frente, la industria no logró hacer prosperar una apelación en segunda instancia. El veredicto inicial era claro: las compañías no pueden en Estados Unidos poner light (livianos) o low tar (bajos en alquitrán) en las marquillas.